Miguel Angel Bejar García
Expediente 61/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Angel Bejar García
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que los promoventes interpusieran recurso de queja en contra del auto de veintiocho de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruirse con posterioridad al ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó la ciudadana licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual los quejosos Miguel Ángel Bejar García y Flor Liliana Bejar García, desahogan la prevención que se le efectuó por acuerdo de veinticinco de enero del año en curso; en consecuencia, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento dictado en el presente juicio, en relación a la demanda promovida en contra actos de la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI, con residencia en esta ciudad, la cual fue registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 61/2022-V-B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante del amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: 1. La determinación de veintidós de enero de dos mil veintidós, dictada por la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI, con residencia en esta ciudad, en la carpeta de investigación XAL/DXI/F10/297/2022, a través del cual prohíbe la incineración del cuerpo de Cristina Guadalupe García Barrios. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;[.]." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. En el caso a estudio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, la Sala precisó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluía que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de éstas. Sobre el particular, razonó lo siguiente: ".tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación." (Lo subrayado es propio). Las anteriores consideraciones dieron lugar a la emisión de las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son de observancia obligatoria para el suscrito, en términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, mismas que son de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En ese sentido, si en el presente asunto se señala como acto reclamado la determinación de veintidós de enero de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación XAL/DXI/F10/297/2022, a través del cual prohíbe la incineración del cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Cristina Guadalupe García Barrios, resulta inconcuso que por tratarse de una prohibición del Ministerio de Público surgida durante la etapa de investigación, en su contra es procedente el medio de impugnación previsto en el artículo legal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues por medio de éste pueden impugnarse las determinaciones en la etapa de investigación. Lo anterior, pues como ya quedó expuesto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la procedencia del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se limita a las determinaciones taxativamente ahí previstas, sino que, en general, se refiere a actuaciones del Ministerio Público en la etapa de investigación que tengan como efecto paralizar, suspender o terminarla, destacando que el diverso artículo 109, fracción XXI, del ordenamiento legal en cita, establece el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones, inactividad o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Es por ello que, se insiste, en el caso, la parte quejosa debió haber agotado el aludido recurso innominado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en las jurisprudencias citadas con antelación, para cumplir con el principio de definitividad, y al no haberlo hecho así, es incuestionable que se actualizó el motivo de improcedencia invocado. Ahora, del contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el Juez de Control una vez interpuesto el recurso innominado, convocará a una audiencia para decidir en definitiva, es decir, en aquella resolverá de plano lo puesto a su conocimiento; de ahí que, no se requiera una disposición expresa respecto a la suspensión del acto, ya que resolución del medio de impugnación en cita en inmediato. Por tanto, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, debido a que el acto que aquí se reclama no contraviene aspectos de constitucionalidad de leyes, ni constituye alguna violación directa a la Constitución y, el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve de inmediato y en definitiva. En esta tesitura, es evidente que los promoventes inobservaron el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, dado que la existencia de dicho medio defensivo se advierte en forma patente, además de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, se pronunció del aludido medio de impugnación, teniéndose la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la observancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional. Sirve de apoyo por analogía la tesis X.1o.1 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro siguiente: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto." (Lo resaltado es propio). Aunado a lo anterior, debe indicarse que conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, si el cadáver de la mortual es necesario para practicar distintas periciales con el objetivo de determinar si la muerte de dicha persona ocurrió a causa de un hecho constitutivo de delito; entonces, dada la naturaleza jurídica de la investigación, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que tales actos verificados durante esta etapa, no irrogan perjuicio a los gobernados, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el archivo de la investigación, su reserva, o bien, el no ejercicio de la acción penal. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda respecto del acto reclamado analizado. Notifíquese vía electrónica a los quejosos.Así lo acordó el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificada mediante oficio CCJ/ST/0046/2022, de diez de enero de dos mil veintidós, quien firma ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Bejar García y Flor Liliana Bejar García, contra el acto que reclaman de la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI, con residencia en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 61/2022-V-B. Obligación legal de prevenir a los quejosos para que aclare la demanda. Este órgano jurisdiccional analizó la demanda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 108 fracción V, 112 y 114, fracciones II, que en lo referente establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) Del citado marco normativo se advierte que, es obligación de los promoventes de amparo narrar los hechos que constituyan dichos actos. En ese tenor, debe destacarse que de la lectura integral del escrito de demanda, específicamente del capítulo de antecedentes del acto reclamado, el suscrito aprecia la ausencia de datos complementarios que resultan indispensables para proveer conforme a derecho la demanda intentada. Lo anterior es así, en virtud de que los promoventes señalan como acto reclamado la determinación de veintidós de enero de dos mil veintidós, dictada por la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XI, con residencia en esta ciudad, en la carpeta de investigación XAL/DXI/F10/297/2022, a través del cual prohíbe la incineración del cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Cristina Guadalupe García Barrios. Sin embargo, considerando que al narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los quejosos se limitaron a señalar que una vez que se enteraron del deceso de su progenitora, se inició la carpeta de investigación XAL/DXI/F10/297/2022, del índice de la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito XI, con residencia en esta ciudad, quien ordenó realizar la necropsia de ley. Además, considerando que el oficio 235/2022, se encuentra dirigido al Oficial Encargado del Registro Civil de Xalapa, Veracruz, por el cual se le solicitó levantar el acta de defunción, es en el que se encuentra inserta la determinación de prohibir la incineración o cremación del cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Cristina Guadalupe García Barrios, el suscrito considera que de lo expuesto por los quejosos en su demanda de amparo, se advierten ciertas omisiones y deficiencias, es decir, no precisan el carácter que tienen en la carpeta de investigación XAL/DXI/F10/297/2022, esto son, agraviados o indiciados en dicha carpeta o en su caso si no son partes en la misma y el estado procesal de la misma, y si en su caso, ellos fueron quienes solicitaron la incineración de los restos mortales de su progenitora. En este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias de ley para correr traslado a cada una de las partes, por tratarse de un requisito personalísimo, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Indiquen qué carácter tienen dentro de la carpeta de investigación XAL/DXI/F10/297/2022, del índice de la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito XI, con residencia en esta ciudad, es decir, si son agraviados o indiciados en dicha carpeta o no son parte en la misma; Asimismo, deberán indicar el estado procesal la carpeta de investigación XAL/DXI/F10/297/2022. Si los promoventes, fueron quienes solicitaron la incineración de los restos mortales de Cristina Guadalupe García Barrios. La anterior prevención encuentra sustento en la tesis número I.7º.A. 100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Lo anterior, resulta trascendental para estar en condiciones de proveer conforme a derecho la demanda que se intenta. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Mientras tanto, consérvese en la secretaría de este juzgado, las copias de la demanda que se provee, para un mejor manejo del presente expediente. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. En atención a la solicitud del promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico y la realización de las notificaciones personales vía electrónica, atendiendo a que proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como "VILLARNOBO", se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice el registro correspondiente en el referido sistema, del usuario antes referido a fin de que la promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico y ser notificada por esa vía; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que la quejosa esté en condiciones de notificarse de los presentes autos electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso Villarnobo Cruz y Flor García Hernández, que tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con los número de registro 52541 y 55387, respectivamente, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Fredy Cuevas Castillo y Jorge Luis López Castillo, por así haberlo solicitado los quejosos. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señalan los ocursantes, a través del(los) cual(es) se podrá(n) entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, toda vez que la parte quejosa manifiesta que se opone expresamente con que en los acuerdos y resoluciones sean publicados sus datos personales o proporcionados a terceras personas; debido a lo anterior, se ordena al Analista Jurídico SISE y a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional que adopten las medidas que sean necesarias para respetar la oposición manifestada por los quejosos. Notifíquese vía electrónica a los quejosos.Así lo acordó el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificada mediante oficio CCJ/ST/0046/2022, de diez de enero de dos mil veintidós, quien firma ante el licenciado Julio César López Céspedes, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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