Miguel Angel Díaz Montaño

Expediente 451/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
451/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Díaz Montaño
  • Miguel Angel Díaz Montaño y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable denominada Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, remitió copias certificadas de la causa penal 25/2019-V de su índice, como justificación de su informe, con las que se formaron dos tomos de pruebas por separado, devuélvanse las referidas copias a la mencionada autoridad responsable, toda vez que ya no es necesaria su conservación.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos, la determinación que dice: Ténganse por rendidos los informes justificados de la autoridad responsable Titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes y déjese a vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó a sus informes, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a sus informes justificados, para un mejor manejo del expediente fórmense dos tomos por separado, colocándoles las carátulas correspondientes para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Por otro lado, en el presente juicio los quejosos Miguel Ángel Díaz Montaño, Daniel Hernández Vargas y Jesús Sánchez Feregrino, reclaman del entonces Juez Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, lo siguiente: 1. La omisión y/o negativa de proveer lo relativo a la solicitud de traslado que presentaron mediante los siguientes escritos: a) Escrito de trece de julio de dos mil diecisiete, signado por el licenciado Miguel Ernesto Leetch San Pedro, Defensor Público Federal del procesado Miguel Ángel Díaz Montaño, a través del cual promovió incidente de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, en el que actualmente se encuentran al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, presentado en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, el trece de julio de dos mil diecisiete. b) Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, signado por el procesado Daniel Hernández Vargas y otros internos, promovieron incidente de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, en el que actualmente se encuentran al Centro Preventivo y de Reinserción Social en Pachuca, Estado de Hidalgo. c) Escrito de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, signado por el licenciado Manuel Ramírez Arana, Defensor Público Federal del procesado Jesús Sánchez Feregrino, a través del cual promovió incidente de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, en el que actualmente se encuentran al Centro Preventivo y de Reinserción Social en Pachuca, Estado de Hidalgo, presentado en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Cabe destacar, que por acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridad sustituta al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Lo anterior, en atención a que en el Acuerdo General 12/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; la exclusión de turno de nuevos asuntos de los citados órganos jurisdiccionales; su cambio de denominación y competencia e inicio de funciones como Juzgados Octavo y Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el mismo Estado y residencia, su jurisdicción territorial y domicilio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la última materia y entidad federativa indicados; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se determinó el cambio de denominación y competencia del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, para convertirse en Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, por lo que el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, fue el que siguió conociendo del proceso que se les instruía a los quejosos. Ahora, la autoridad responsable Titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, adjunto a su informe justificado copia certificada de las siguientes determinaciones: La resolución de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 25/2019, por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, (antes 37/2011, del índice administrativo del entonteces Juez Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México), en la que se determinó respecto de Miguel Ángel Díaz Montaño lo siguiente: "PRIMERO. Es procedente pero infundado el incidente no especificado de traslado promovido por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, defensor público federal y con tal carácter del procesado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MONTAÑO." La resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 25/2019, por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, (antes 37/2011, del índice administrativo del entonteces Juez Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México), en la que se determinó respecto de Jesús Sánchez Fedregrito o Feregrino lo siguiente: "PRIMERO. Se declara procedente pero infundado el incidente no especificado de traslado promovido por el procesado Jesús Sánchez Fedregrito o Feregrino, al que se adhirió su defensor público federal Manuel Ramírez Arana." La resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 26/2019, por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, (antes 5/2019, del índice administrativo del entonteces Juez Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México), en la que se determinó respecto de Daniel Hernández Vargas lo siguiente: "PRIMERO. Se declara procedente pero infundado el incidente no especificado de traslado promovido por los procesados Daniel y (.) de apellidos Hernández Vargas." Las cuales les fueron notificadas personalmente a cada uno de los quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con sede en la congregación de Cerro de León, municipio de villa Aldama, Veracruz, así como al defensor público federal que se les asignó en el proceso de origen, como a continuación se expone: A Miguel Ángel Díaz Montaño se le notificó la resolución de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el cuatro de junio de dos mil dieciocho; y, a su Defensor Público Federal el treinta de mayo de dos mil dieciocho. A Daniel Hernández Vargas se le notificó la resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el treinta de mayo de dos mil dieciocho; y, a su Defensor Público Federal el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. A Jesús Sánchez Feregrino se le notificó la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho el treinta de abril de dos mil dieciocho; y, a su Defensor Público Federal el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue suscrita el dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, y depositada en la Oficina de Correos de México el cuatro de abril de esa misma anualidad, esto es, antes de la emisión de las resoluciones de veinticinco de abril, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en las que la responsable proveyó lo conducente respecto a la solicitud de traslado presentada por los aquí quejosos Miguel Ángel Díaz Montaño, Daniel Hernández Vargas y Jesús Sánchez Feregrino, mediante escritos presentados al entonces Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, los días trece de julio de dos mil diecisiete, nueve de agosto de dos mil diecisiete y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Tomo XXIX, Enero de 2009 "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) En otras palabras, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión de la responsable Titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca (antes Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México), de atender sus respectivas solicitudes de traslado de trece de julio, nueve y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dicha autoridad a efecto de que se pronunciara en relación a dichas solicitudes; luego, al existir constancia de que le dio contestación a cada una y que se le notificó personalmente a cada uno de los quejosos, incluso también a sus defensores públicos federales, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Cabe precisar que si bien este órgano jurisdiccional debe otorgar un plazo de quince días a la parte quejosa, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto de un diverso acto vinculado al aquí reclamado, al advertir su existencia de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, tal circunstancia debe operar siempre y cuando de éstas se advierta que, efectivamente, el quejoso tiene conocimiento de la existencia de éste nuevo acto con motivo de la rendición del informe justificado; sin embargo, si de autos se aprecia que los impetrantes de amparo ya tenían conocimiento de su existencia con anterioridad a la rendición del informe, este órgano jurisdiccional no está obligado a otorgarles el plazo de quince días, pues de lo contrario se estaría ampliando indebidamente el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para tal efecto. En esta tesitura, si bien es cierto que del informe justificado se advierten las resoluciones de veinticinco de abril, veintiocho y veintinueve de mayo, todas de dos mil dieciocho, por las que se les negó el traslado que solicitaron los quejosos, no menos cierto es que los impetrantes de amparo Jesús Sánchez Feregrino, Daniel Hernández Vargas y Miguel Ángel Díaz Montaño, fueron notificados de tales resoluciones el treinta de abril de dos mil dieciocho, treinta de mayo de dos mil dieciocho y cuatro de junio de dos mil dieciocho, respectivamente; y, sus Defensores Públicos Federales el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y treinta de mayo de dos mil dieciocho, esto es, hace más de un año. De ahí que, a nada practico se llegaría con prevenirles si desean señalarlas como acto reclamado, puesto que ya las conocían con anterioridad a la presentación de la demanda, además de que resultaría extemporánea la ampliación de la demanda de amparo que promoviera en relación a dichas resoluciones, por exceder el término de quince días que establece la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis I.5o.P.10K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR AL QUEJOSO EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE DESAHOGUE LA PREVENCIÓN DE FORMULARLA, RESPECTO DE UN ACTO DIVERSO, VINCULADO CON EL RECLAMADO, ADVERTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO, SI DE AUTOS SE APRECIA QUE AQUÉL, CON ANTERIORIDAD A QUE SE RINDIERA, TUVO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo establece que cuando el quejoso tenga conocimiento de otro acto de autoridad que guarde estrecha relación con el ya reclamado, la ampliación de la demanda respecto de aquél debe realizarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de dicha legislación, entre éstos, el genérico de quince días (el cual debe computarse conforme a las reglas del diverso normativo 18). Por tanto, el Juez de Distrito debe otorgar el plazo de quince días, para que el quejoso desahogue la prevención que se le haga, a fin de que manifieste si desea ampliar la demanda respecto de un acto diverso, vinculado con el reclamado, advertido del informe justificado de la autoridad responsable, siempre y cuando de las constancias con las que se cuente hasta ese momento, se advierta que, efectivamente, el justiciable tenga conocimiento de la existencia de ese acto con motivo de dicha rendición. En cambio, si de autos se aprecia que el quejoso ya tenía conocimiento del referido acto con anterioridad a dicha prevención, el juzgador no está obligado a otorgarle otro plazo de quince días, contados a partir de la notificación de tal proveído, pues de hacerlo, se estaría ampliando indebidamente el plazo que establece la ley de la materia para tal efecto. Aunado a lo anterior, respecto a las resoluciones de veinticinco de abril y veintinueve de mayo, ambas del dos mil dieciocho, recaídas a las solicitudes de traslado de Jesús Sánchez Fedregrito o Feregrino y Miguel Ángel Díaz Montaño, el suscrito aprecia que también se actualizaría una diversa causa de improcedencia, ya que fueron sustituidas procesalmente por las resoluciones de cinco de julio y veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, que recayeron al recurso de apelación que promovieron en contra de éstas, en las que se confirmó las determinaciones impugnadas, de modo que, sobrevinieron nuevos actos de autoridad que inciden en la vigencia y ejecutividad de las determinaciones señaladas, cuya firmeza de estas se da por el ulterior acto por las cuales fueron sustituidas. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  3. Principal

    Ténganse por rendidos los informes justificados de la autoridad responsable Titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes y déjese a vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó a sus informes, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a sus informes justificados, para un mejor manejo del expediente fórmense dos tomos por separado, colocándoles las carátulas correspondientes para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Por otro lado, en el presente juicio los quejosos Miguel Ángel Díaz Montaño, Daniel Hernández Vargas y Jesús Sánchez Feregrino, reclaman del entonces Juez Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, lo siguiente: 1. La omisión y/o negativa de proveer lo relativo a la solicitud de traslado que presentaron mediante los siguientes escritos: a) Escrito de trece de julio de dos mil diecisiete, signado por el licenciado Miguel Ernesto Leetch San Pedro, Defensor Público Federal del procesado Miguel Ángel Díaz Montaño, a través del cual promovió incidente de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, en el que actualmente se encuentran al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, presentado en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, el trece de julio de dos mil diecisiete. b) Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, signado por el procesado Daniel Hernández Vargas y otros internos, promovieron incidente de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, en el que actualmente se encuentran al Centro Preventivo y de Reinserción Social en Pachuca, Estado de Hidalgo. c) Escrito de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, signado por el licenciado Manuel Ramírez Arana, Defensor Público Federal del procesado Jesús Sánchez Feregrino, a través del cual promovió incidente de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, en el que actualmente se encuentran al Centro Preventivo y de Reinserción Social en Pachuca, Estado de Hidalgo, presentado en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Cabe destacar, que por acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridad sustituta al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Lo anterior, en atención a que en el Acuerdo General 12/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; la exclusión de turno de nuevos asuntos de los citados órganos jurisdiccionales; su cambio de denominación y competencia e inicio de funciones como Juzgados Octavo y Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el mismo Estado y residencia, su jurisdicción territorial y domicilio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la última materia y entidad federativa indicados; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se determinó el cambio de denominación y competencia del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, para convertirse en Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, por lo que el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, fue el que siguió conociendo del proceso que se les instruía a los quejosos. Ahora, la autoridad responsable Titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, adjunto a su informe justificado copia certificada de las siguientes determinaciones: La resolución de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 25/2019, por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, (antes 37/2011, del índice administrativo del entonteces Juez Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México), en la que se determinó respecto de Miguel Ángel Díaz Montaño lo siguiente: "PRIMERO. Es procedente pero infundado el incidente no especificado de traslado promovido por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, defensor público federal y con tal carácter del procesado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MONTAÑO." La resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 25/2019, por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, (antes 37/2011, del índice administrativo del entonteces Juez Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México), en la que se determinó respecto de Jesús Sánchez Fedregrito o Feregrino lo siguiente: "PRIMERO. Se declara procedente pero infundado el incidente no especificado de traslado promovido por el procesado Jesús Sánchez Fedregrito o Feregrino, al que se adhirió su defensor público federal Manuel Ramírez Arana." La resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 26/2019, por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, (antes 5/2019, del índice administrativo del entonteces Juez Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México), en la que se determinó respecto de Daniel Hernández Vargas lo siguiente: "PRIMERO. Se declara procedente pero infundado el incidente no especificado de traslado promovido por los procesados Daniel y (.) de apellidos Hernández Vargas." Las cuales les fueron notificadas personalmente a cada uno de los quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con sede en la congregación de Cerro de León, municipio de villa Aldama, Veracruz, así como al defensor público federal que se les asignó en el proceso de origen, como a continuación se expone: A Miguel Ángel Díaz Montaño se le notificó la resolución de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el cuatro de junio de dos mil dieciocho; y, a su Defensor Público Federal el treinta de mayo de dos mil dieciocho. A Daniel Hernández Vargas se le notificó la resolución de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el treinta de mayo de dos mil dieciocho; y, a su Defensor Público Federal el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. A Jesús Sánchez Feregrino se le notificó la resolución de veinticinco de abril de dos mil dieciocho el treinta de abril de dos mil dieciocho; y, a su Defensor Público Federal el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue suscrita el dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, y depositada en la Oficina de Correos de México el cuatro de abril de esa misma anualidad, esto es, antes de la emisión de las resoluciones de veinticinco de abril, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en las que la responsable proveyó lo conducente respecto a la solicitud de traslado presentada por los aquí quejosos Miguel Ángel Díaz Montaño, Daniel Hernández Vargas y Jesús Sánchez Feregrino, mediante escritos presentados al entonces Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, los días trece de julio de dos mil diecisiete, nueve de agosto de dos mil diecisiete y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Tomo XXIX, Enero de 2009 "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) En otras palabras, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión de la responsable Titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca (antes Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México), de atender sus respectivas solicitudes de traslado de trece de julio, nueve y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dicha autoridad a efecto de que se pronunciara en relación a dichas solicitudes; luego, al existir constancia de que le dio contestación a cada una y que se le notificó personalmente a cada uno de los quejosos, incluso también a sus defensores públicos federales, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Cabe precisar que si bien este órgano jurisdiccional debe otorgar un plazo de quince días a la parte quejosa, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto de un diverso acto vinculado al aquí reclamado, al advertir su existencia de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, tal circunstancia debe operar siempre y cuando de éstas se advierta que, efectivamente, el quejoso tiene conocimiento de la existencia de éste nuevo acto con motivo de la rendición del informe justificado; sin embargo, si de autos se aprecia que los impetrantes de amparo ya tenían conocimiento de su existencia con anterioridad a la rendición del informe, este órgano jurisdiccional no está obligado a otorgarles el plazo de quince días, pues de lo contrario se estaría ampliando indebidamente el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para tal efecto. En esta tesitura, si bien es cierto que del informe justificado se advierten las resoluciones de veinticinco de abril, veintiocho y veintinueve de mayo, todas de dos mil dieciocho, por las que se les negó el traslado que solicitaron los quejosos, no menos cierto es que los impetrantes de amparo Jesús Sánchez Feregrino, Daniel Hernández Vargas y Miguel Ángel Díaz Montaño, fueron notificados de tales resoluciones el treinta de abril de dos mil dieciocho, treinta de mayo de dos mil dieciocho y cuatro de junio de dos mil dieciocho, respectivamente; y, sus Defensores Públicos Federales el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y treinta de mayo de dos mil dieciocho, esto es, hace más de un año. De ahí que, a nada practico se llegaría con prevenirles si desean señalarlas como acto reclamado, puesto que ya las conocían con anterioridad a la presentación de la demanda, además de que resultaría extemporánea la ampliación de la demanda de amparo que promoviera en relación a dichas resoluciones, por exceder el término de quince días que establece la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis I.5o.P.10K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR AL QUEJOSO EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE DESAHOGUE LA PREVENCIÓN DE FORMULARLA, RESPECTO DE UN ACTO DIVERSO, VINCULADO CON EL RECLAMADO, ADVERTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO, SI DE AUTOS SE APRECIA QUE AQUÉL, CON ANTERIORIDAD A QUE SE RINDIERA, TUVO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo establece que cuando el quejoso tenga conocimiento de otro acto de autoridad que guarde estrecha relación con el ya reclamado, la ampliación de la demanda respecto de aquél debe realizarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de dicha legislación, entre éstos, el genérico de quince días (el cual debe computarse conforme a las reglas del diverso normativo 18). Por tanto, el Juez de Distrito debe otorgar el plazo de quince días, para que el quejoso desahogue la prevención que se le haga, a fin de que manifieste si desea ampliar la demanda respecto de un acto diverso, vinculado con el reclamado, advertido del informe justificado de la autoridad responsable, siempre y cuando de las constancias con las que se cuente hasta ese momento, se advierta que, efectivamente, el justiciable tenga conocimiento de la existencia de ese acto con motivo de dicha rendición. En cambio, si de autos se aprecia que el quejoso ya tenía conocimiento del referido acto con anterioridad a dicha prevención, el juzgador no está obligado a otorgarle otro plazo de quince días, contados a partir de la notificación de tal proveído, pues de hacerlo, se estaría ampliando indebidamente el plazo que establece la ley de la materia para tal efecto. Aunado a lo anterior, respecto a las resoluciones de veinticinco de abril y veintinueve de mayo, ambas del dos mil dieciocho, recaídas a las solicitudes de traslado de Jesús Sánchez Fedregrito o Feregrino y Miguel Ángel Díaz Montaño, el suscrito aprecia que también se actualizaría una diversa causa de improcedencia, ya que fueron sustituidas procesalmente por las resoluciones de cinco de julio y veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, que recayeron al recurso de apelación que promovieron en contra de éstas, en las que se confirmó las determinaciones impugnadas, de modo que, sobrevinieron nuevos actos de autoridad que inciden en la vigencia y ejecutividad de las determinaciones señaladas, cuya firmeza de estas se da por el ulterior acto por las cuales fueron sustituidas. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que aún no comienza a transcurrir el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes estén en oportunidad de conocer e imponerse del contenido de los informes justificados rendidos por la aludida autoridad responsable; por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 32196/2019, de trece de noviembre del año en curso; al respecto, agréguese únicamente sin mayor proveer, en razón de que por auto de diecinueve de noviembre del año en curso, se acordó al respecto. Notifíquese personalmente al Defensor Público Federal Hermenegildo Reyes Méndez y por lista de acuerdos a las demás partes.

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