Miguel Ángel Camarillo Martínez

Expediente 436/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
436/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Camarillo Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.436/2018-5B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Plazo para impugnar acuerdo. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha concluido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de treinta de abril de este año -fojas 10 a 14-, por el cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del desechamiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. En virtud de que en proveído de treinta de abril de este año, se desechó la demanda de amparo y toda vez que en este fecha ha quedado firme tal determinación; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de tal característica, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Fermín Santiago Santiago, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1360/2017-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil dieciocho. Recepción del despacho enviado. Agréguese el oficio 1338, signado por el juez Segundo Mixto de Primera Instancia, Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 110/2018 y origen 50/2018, del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar al quejoso Mauricio Salazar Pérez el proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 181 a 184), del cual quedó notificado el veinte de abril del año en curso. En consecuencia, dése de baja dicha comunicación oficial, en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, toda vez que en proveído de veinticinco de este mes y año (foja 214) se reservó proveer respecto del escrito del quejoso, hasta en tanto la referida autoridad devolviera el referido despacho, lo cual ya aconteció; por tanto, se provee: En relación a las manifestaciones que hace la parte quejosa en su escrito, hágasele saber que en atención al principio de igualdad de las partes procesales, deberá cumplir con lo requerido en proveídos de seis y veintidós de marzo del año en curso (fojas 147 a 150 y 181 a 184); es decir, deberá aclarar cual acto es el que a la fecha de la presentación de la demanda (dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete) reclama, pues aun no queda claro cuál es el acto de autoridad que le agravia; pese a que las precisiones que se hacen se estiman necesarias, para que se integre la litis de manera correcta y con el objeto de lograr una congruencia entre sus pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia de juicio; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional, aunque realizara una interpretación íntegra de la demanda, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben precisar las circunstancias respectivas. Además, para que, en su momento, las autoridades responsables, al emitir su informe justificado, defiendan la constitucionalidad del acto que se les atribuye, en observancia al principio de equidad procesal. Es aplicable la tesis aislada XXVII.3 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1121, Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 184437, con rubro y textos siguientes: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." Subsiste prevención. En consecuencia, hágase saber nuevamente al quejoso que deberá cumplir con lo establecido en los referidos autos; es decir, deberá aclarar bajo protesta de decir verdad: Cuál es el acto que al momento de la presentación de la demanda (dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete) le causaba agravio; es decir, si se trata de 1) la sola emisión y contenido del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/250649/2017, de treinta de octubre del año pasado, que le fue notificado el ocho de noviembre siguiente, donde se le comunicó la orden para el cambio de unidad administrativa; 2) la negativa, en sí, de proporcionarle los gastos para trasladarse, lo cual es en detrimento de sus percepciones; 3) la falta de respuesta a las peticiones que dirigió al Comisionado del Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la ciudad de México; y/o 4) la dilación para responder los escritos. No es inadvertido que nuevamente en su escrito aclaratorio (fojas 196 a 199) dice reclamar el inicio del procedimiento administrativo 039/2017 y la posible destitución, pero ese acto no lo reclamó al momento de la presentación de la demanda; por tanto, no constituye un aspecto de aclaración, ya que surgió con posterioridad; sin embargo, de insistir en su reclamo, lo deberá precisar, a fin de acordar lo conducente. En otro aspecto, en su escrito aclaratorio (fojas 196 a 199) refiere "se me ordenó nuevamente que por mis propios medios, me trasladara al Centro Federal de Readaptación Social Número 111 "CPS Sonora" (foja 198); por lo que deberá aclarar: Por cuál medio le hicieron saber lo anterior; de ser posible, deberá precisar el número de oficio, si es que le fue notificado por ese medio. Cuándo le notificaron del mismo; es decir, si fue posterior a la presentación de esta demanda. Con independencia de lo anterior, cabe precisar que el punto "TERCERO" de su referido escrito de veintitrés de abril del año en curso (foja 196 a 199), aduce textualmente: "TERCERO. Conceder la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva, del acto reclamado consistente en el cambio de adscripción y la pretendida privación de su empleo y patrimonio, ordenando se me expida copia por triplicado de esta resolución a favor y a costa del suscrito."; por tanto, deberá el quejoso señalar si solamente reclama su cambio de adscripción y la pretendida privación de su empleo y patrimonio; de ser así, deberá señalar: En cuanto al cambio de adscripción, si reclama el del Centro Federal de Readaptación Social número 13"CPS-OAXACA, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca al Centro Federal de Readaptación Social "CPS SONORA", o algún otro. Lo anterior, pues, al parecer, estaba adscrito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y se queja que lo pretenden readscribir al Centro Federal de Readaptación Social "CPS SONORA", sin proporcionarle su [viatico]. Por otro lado, en el apartado CUARTO de los puntos petitorios de su escrito de aclaración, en vía de protección constitucional, aduce que se le debe respetar su relación laboral ".en la unidad administrativa "CEFEREPSI", de Ciudad Ayala en el Estado de Morelos." Por lo anterior, deberá precisar si reclama su 1) cambio de adscripción; 2) la posible destitución de su empleo; 3) el agravio en su patrimonio que éste le genera; 4) readscripción al "CEFEREPSI", de Ciudad Ayala en el Estado de Morelos; ello, con la precisión antes referida. Es ilustrativa a lo anterior, la Tesis I.7o.A.100 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Sin que con esta determinación se vea vulnerado su derecho al recurso judicial efectivo y acceso a la justicia, como lo pretende hacer notar el quejoso, pues, se reitera, los requisitos que se le exigen son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso a ese recurso. Es aplicable por similitud de condiciones jurídicas, la Jurisprudencia 2a./J.12/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." Por tanto, acuérdese lo procedente una vez que se cumpla con los requerimientos formulados en proveídos de seis y veintidós de marzo del año en curso (fojas 147 a 150 y 181 a 184) o fenezca el plazo otorgado a la parte quejosa. Asimismo, hágase saber al promovente del amparo, que de no subsanar las irregularidades destacadas, o de incurrir en evasivas, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente en que quede notificado de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis 2a./J. 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 182896, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Es aplicable la tesis PC.IX.C.A. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, visible en la página 2233, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2012824, cuyo rubro y texto son: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SU SEPARACIÓN DEL CARGO, NO OPERA A SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el acto reclamado consista en el auto de inicio del procedimiento administrativo para la separación del cargo de los miembros de las instituciones de seguridad pública, no opera a su favor la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la hipótesis ahí contenida establece como condición que el quejoso tenga el carácter de trabajador, calidad que aquéllos no ostentan, ya que su relación con el Estado es de carácter administrativo, y no es el caso de considerar que, al establecer dicho precepto "con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo", sea aplicable la suplencia referida pues, por una parte, existe una restricción constitucional sobre los cuerpos de seguridad pública y, por otra, no puede considerárseles trabajadores o empleados, ya que sus atribuciones, encomendadas por las leyes, son sustanciales para el orden, la estabilidad y la defensa de la Nación; de ahí que su control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo. Se gira despacho para notificar a la parte quejosa. Por otro lado, tomando en consideración que el domicilio señalado por el aludido quejoso en su escrito de cuenta (foja 196), no se encuentra en el mismo lugar en que reside este órgano jurisdiccional; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2, gírese despacho al juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zaachila, Oaxaca, para que tenga a bien comisionar al actuario adscrito, a fin de que, de forma personal, a) le notifique este auto en el domicilio ubicado en Calle Constitución, esquina progreso, sin número, Colonia Guillermo González, Villa de Zaachila, Código postal 71250; asimismo, b) lo requiera nuevamente en los términos indicados; además, c) para que dentro del plazo de tres días señale domicilio en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, o en esta población, para oír y recibir notificaciones; d) con apercibimiento que de no hacerlo, sin previo acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase a la parte quejosa revocando toda autorización que hubiera delegado y respecto de la solicitud de un defensor público, dígase al quejoso que dicha petición deberá solicitarla directamente a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en este municipio, toda vez que esa designación no es propia de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y por despacho a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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