Miguel Ángel Camacho Bogarín

Expediente 1505/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1505/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Camacho Bogarín
  • Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    . Tepic, Nayarit, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Agréguese el oficio del Presidente de la Sala de Jurisdicción Mixta del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, por el que comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; consecuentemente, téngase por hechas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido, de que este órgano jurisdiccional se encuentra a la espera de que transcurra el término concedido al impetrante en el auto de seis de noviembre de este año. Notifíquese. Así, lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. María Teresa

  2. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe ejecutoria. Ténganse por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual, transcribe la ejecutoria de diez de agosto del año en curso, emitida dentro del amparo en revisión 697/2023, y remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 362/2023, de la que se aprecia que quedaron intocadas las consideraciones vertidas con relación a la concesión decretadas en la sentencia recurrida; asimismo, en la materia de la revisión CONFIRMA la misma, donde se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitados por la parte quejosa. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó a partir del escrito en que se interpuso el recurso de revisión. Requerimiento. En ese tenor, atendiendo a la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 20, fracción II, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales por los cuales se adquiera, trasmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, deberá devolver a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación del equivalente a 8 Unidades de Medida y Actualización vigente, por pago de concepto de inscripción de documento público, realizado con sustento el artículo 20, fracción II de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, respectivamente; lo anterior respecto de la transferencia electrónica realizada el veinte de enero de dos mil veintitrés. Ello es así, porque dicha cuota de 8 Unidades de Medida y Actualización vigente, establecida en el artículo 20, fracción XX, de la ley de ingresos reclamada, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, relativa al registro de donaciones de toda clase de inmueble, corresponde a la mínima establecida por el legislador local para la inscripción de documentos que se sujetan al mismo procedimiento de registro. Lo anterior obedece a las razones asentadas en el considerando anterior, en el sentido de que la concesión de amparo respecto de una ley fiscal, siempre y cuando prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar, de modo alguno puede liberar al contribuyente de su obligación de contribuir al gasto público, establecida en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remanente que debe calcularse en función de las erogaciones realizadas por la parte quejosa, acreditadas mediante las impresiones de los formatos de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución de las erogaciones que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos en relación a los pagos que efectuó, sólo respecto conceptos de inscripción de documento público o privado. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Cabe mencionar que, además de devolver el pago de contribuciones realizado mediante transferencia bancaria realizada el veinte de enero de dos mil veintitrés, la devolución también deberá realizarla, en los mismos términos, respecto de la transferencia electrónica realizada el nueve de febrero de dos mil veintitrés (foja 12). Lo anterior, pues del análisis de las constancias, se observa la parte quejosa allegó la factura expedida en favor de Fernando Verdín Heras,(foja 32) relativa al pago de las contribuciones materia de concesión del presente asunto, por la cantidad de $13,671.00 pesos. Luego, tomando en consideración que la presente declaratoria de inconstitucionalidad amplía la desincorporación total, presente y futura de los preceptos reclamados, la concesión del amparo también abarca la devolución de ese pago, bajo los mismos lineamientos que el diverso realizado el veinte de enero de dos mil veintitrés. En la inteligencia que las normas reclamadas señaladas inconstitucionales se tendrán que desincorporadas de la esfera jurídica de la parte quejosa desde el momento en que se le haga devolución de las cantidades que pagó con sustento en dichos preceptos, debidamente actualizadas [.]" Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Requerimiento a superior jerárquico. Con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe. Lulú

  3. Principal

    R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************. Atento a los razonamientos y fundamentos vertidos en el considerando sexto de este fallo constitucional********************Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se desprende que no median al menos ocho días de anticipación al día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio, con la vista otorgada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés; de conformidad con el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Diferimiento y audiencia constitucional. Se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de Jurisprudencia número 54/2000 aprobada por el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98 en sesión del veintiocho de marzo del año dos mil, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de ese Alto Tribunal, y que literalmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, (".el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acuerda y firma Josué Jesús Gaona Ortiz, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141, en relación con el 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaria de la Comisión Permanente, quien actúa con el licenciado Javier Iván Ruiz Salcedo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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