Miguel Ángel Calderón Martínez
Expediente 1344/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Miguel Ángel Calderón Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se observa que la parte quejosa expuso en el capítulo de antecedentes de su demanda lo siguiente: Que con fecha once de julio de dos mil trece, presentó ante la Agencia de Minería en Tepic, Nayarit, solicitud de concesión o de asignación minera en el formato ********************, registrado con el número de expediente 059-7996, respecto del lote denominado "FRACC. 2"; quien a su vez dicha Agencia envía la solicitud respectiva a la Subdirección de Minas, para que una vez requisitada sea propuesta a título enviándola a su vez a la Dirección General de Minas, quien es la encargada de expedir los títulos de concesión. En ese sentido, si el acto reclamado se hizo consistir en el artículo Quinto Transitorio párrafo tercero de la Ley de Minería, el cual establece "Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente Decreto". En ese sentido, la afectación de la que se duele la parte quejosa es que la solicitud concesión o de asignación minera previamente referida con la sola entrada en vigor del Artículo Quinto Transitorio en su párrafo tercero, de la Ley de Minería, las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite. Luego entonces, este juzgado federal al no tener la certeza sobre el estatus o estado del trámite que se le haya dado a la petición que parte quejosa realizó el trece de marzo de dos mil veintitrés, con respecto a la solicitud de concesión o de asignación minera en el formato ********************, registrado con el número de expediente 059-7996, requiérase al Director General de Minas, residente en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, siguientes al recibo del oficio de notificación correspondiente, comunique si concluyó el trámite o no relativo a la solicitud de concesión previamente referida, esto es si aún sigue vigente o la misma se encuentra concluida, para el caso de que así lo fuera en este último sentido, deberá acompañar las documentales debidamente certificadas que acrediten tal cuestión; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su ordinal 2°. Apercibimiento. Para el caso de que las autoridades previamente requeridas, no dieran cumplimiento sin causa justificada, se les impondrá a cada una de ellas, una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el diverso 237, fracción I de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Asimismo, en la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. María Teresa
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, el informe justificado rendido por el Coordinador de lo Contencioso de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía, quien actúa en representación del Director General de Minas de la Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad de México. Delegados y domicilio. Luego, con fundamento en el numeral 9 de dicha Ley, téngasele designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala la autoridad antes referida, de conformidad con los dispositivos 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del arábigo 2°. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. María Teresa
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, el informe justificado rendido por la Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales de la Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Delegados y domicilio. Luego, con fundamento en el numeral 9 de dicha Ley, téngasele designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala la autoridad antes referida, de conformidad con los dispositivos 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del arábigo 2°. Medios de contacto. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, se le tiene señalando el número correo electrónico indicado únicamente con el propósito de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, pues el objetivo de ello es, que el personal de actuaría de este juzgado federal establezca contacto con el citado ente para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Copias mediante el uso de medios electrónicos. Con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación de Amparo en su ordinal 2º, se autoriza obtener copias mediante el uso de medios electrónicos, para la reproducción de actuaciones que obren en el juicio en que se actúa, previa identificación y constancia que dejen en autos, sin que se haga extensivo a las documentos reservadas o confidenciales. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Noemí Torres Avilés, que autoriza y da fe. María Teresa
- Incidental
. Tepic, Nayarit, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de ********************; por tanto, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el aludido medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los arábigos 84 y 90 de la Ley de la Materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en contra de la interlocutoria relativa a la suspensión definitiva, es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; toda vez que, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 81, fracción I, inciso a), de la ley aludida. En las relatadas condiciones, con fundamento en el dispositivo 90 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del recurso de revisión aludido, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el incidente de suspensión en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el original del incidente de suspensión, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del líbelo de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. María Teresa
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