Miguel Ángel Beltrán Simental
Expediente 2608/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2608/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Miguel Ángel Beltrán Simental
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante que mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica lo previsto en los artículos 11, 12, 13, ejercicio fiscal dos mil veintitrés, a fin de que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro tales preceptos legales hasta en tanto no se modifique dicha normativa. De igual modo, la autoridad responsable debería devolver el remanente que excediera de la aplicación de la cuota mínima prevista para el pago de derechos de refrendo de permiso de bebidas alcohólicas y, la respectiva actualización de la cantidad a devolver. Resolución que por un parte fue confirmada, mediante ejecutoria de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexos recibidos en este juzgado federal el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo porque le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de $12,535.87 (doce mil quinientos treinta y cinco pesos 87/100, moneda nacional), mediante transferencia electrónica de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, lo que pone en evidencia que restituyó de esa manera a la parte quejosa en el pleno uso, goce y disfrute de sus derechos violados. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a la parte quejosa en auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. En consecuencia, con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Josué Jesús Gaona Ortiz, que autoriza y da fe. ARMIDA HM
- Principal
. Tepic, Nayarit, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha NO SE HA ACATADO LA EJECUTORIA DE AMPARO, no obstante, a que el procedimiento de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, ya que no se cumpliría lo establecido en el artículo 17 constitucional, es decir, procurar una justicia pronta y expedita. Requerimiento. No obstante a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, realice la devolución de la cantidad erogada por la parte quejosa relativa a los preceptos declarados inconstitucionales, debidamente actualizada. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe. Joceline .
- Incidental
.Tepic, Nayarit, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Apertura de incidente. Tramítese por cuerda separada y en un solo cuaderno físico el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 983/2022, promovido por ********************, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otra autoridad, ello en atención a que el expediente electrónico hará las veces del duplicado, de conformidad con el artículo 264 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Solicitud de informe previo. Con apoyo en los dispositivos 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al en que reciban el oficio respectivo, en el cual, deben concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; para tal efecto se le remite copia de la demanda de derechos. Apercibimiento. Apercibidas que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza del acto que se les reclama. Audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el ordinal 138, fracción II de la Ley de Amparo. Para llevar a cabo la audiencia aludida, de la que se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Procedencia de la medida cautelar. Ahora, conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la ley de la materia, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en página 2347, Tomo III, Libro 10, septiembre de 2014, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Suspensión provisional. Ahora, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se NIEGA a la parte quejosa, la suspensión provisional del acto reclamado, respecto de las consecuencias del acto reclamado atribuidas al Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Nayarit, consistente en la negativa de cualquier posibilidad de inscripción, compra de bases y participación en el procedimiento de Licitación Pública Nacional ********************, para la Adquisición de Despensas para el programa de Alimentación Básica Completa "ABC", para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit; toda vez que se colige que es de aquéllos actos que le reviste el carácter de negativo, contra los cuales, no es posible conceder medida cautelar alguna, si se tiene en cuenta que suspender el acto implica paralizar un acto de la autoridad; máxime, que tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado no se requiere una tutela anticipada; además, que de conceder la suspensión solicitada, se darían efectos que son propios de la resolución que se dicte en definitiva, en el juicio principal de donde deriva el presente incidente. Sustenta a lo anterior la tesis I.3o.C.25 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos sesenta y ocho, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". De igual forma, cobra aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página trescientos doce, Tomo XI, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". En efecto, no procede conceder la suspensión, contra los actos negativos que constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo impetrado por los gobernados Lo anterior, pues en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, el objetivo de la suspensión en el juicio constitucional es conservar la materia de éste hasta su terminación, impidiendo que el acto que lo motiva, de consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal y evitándole los perjuicios que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionarle. De ahí, que la suspensión sólo pueda obrar hacia el futuro y nunca sobre el pasado. Asimismo, al resolverse sobre la suspensión no pueden abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues ello equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Por tanto, lo conducente es negar la suspensión del acto reclamado y sus consecuencias, pues, la sociedad está interesada en que se conserve la materia de los juicios hasta en tanto sean resueltos, lo cual es de orden público como se asentó, pues obrar como se solicita se contravendría el interés social, que es superior al del interés individual, pues lo que se pretende es conservar la materia del juicio. Notificaciones a las autoridades. Las notificaciones a las autoridades responsables y con carácter de terceras interesadas, respecto de acuerdos de trámite que no sean trascendentales, serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal. Habilitación de días y horas hábiles. Desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese..
- Incidental
. Tepic, Nayarit, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la parte quejosa, a través del cual informa que presentó ante el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, los datos bancarios necesarios para que efectúe la devolución de la cantidad erogada derivada de los preceptos declarados inconstitucionales. Agréguese únicamente para los efectos legales a los que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la autoridad responsable por acuerdo de trece de los cursantes para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. Andrea C.
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