Miguel Ángel Beltrán Reyes
Expediente 1036/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Ángel Beltrán Reyes
- Javier Arias Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI B Agréguese a los autos el escrito del quejoso Salvador Delgadillo Ramos, por el que, en esencia, solicita se le apoye con atención médica y psicológica respecto a los síntomas de ansiedad que padece, ya que refiere que era adicto a la marihuana, así como para que cesen los actos de tortura de los que es objeto; en atención a su petición, dígasele que no ha lugar acordar favorablemente su petición, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido; pues el quince de enero del presente año (fojas 418 a 422), se dictó sentencia definitiva sobreseyéndose en el juicio por inexistencia de los actos reclamados que hizo consistir en la discriminación, tortura psicológica, falta de atención médica, privación de actividades educativas, privación de actividades psicológicas, privación de talleres laborales y privación a una readaptación adecuada; y en proveído de nueve de febrero siguiente, se declaró ejecutoriada, ordenándose su archivo (foja 464); determinación que le fue notificada el dieciocho de febrero de este año a través de su representante común José Manuel Díaz Olivo (foja 468). No obstante ello, toda vez que el quejoso ha manifestado haber sufrido actos de tortura, con copia del escrito de cuenta, dese vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, la cual tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal del directo quejoso, e identificar y procesar a las personas responsables; todo ello conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidad y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1, 3 y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada CCVII/2014 (10ª), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Notifíquese personalmente al quejoso conforme al calendario de salidas en donde se encuentra recluido, y al Agente del Ministerio Público adscrito.
- Incidental
MESA VI B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino de este incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veinticinco de agosto de dos mil catorce (fojas 60 a 63), se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que respecto de las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de los Centros Federales, con residencia en México, Distrito Federal, no se tenga constancia de notificación de la sentencia aludida y, en consecuencia, no se advierta si ha o no transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; pues de conformidad con lo dispuesto en el numeral 87 de la ley de la materia, ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente los actos que de ella se hayan reclamado, lo que en el caso no acontece, puesto que se sobreseyó en el juicio. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA, POR CONDUCTO DEL ACTUARIO ADSCRITO A ESTE JUZGADO, CONFORME AL CALENDARIO DE SALIDAS A TAL INSTITUCIÓN PENITENCIARIA EN DONDE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS, A FIN DE AGILIZAR EL PROCEDIMEINTO.
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