Miguel Ángel Beltrán Reyes y Otros.

Expediente 294/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
294/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
18/05/2016

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Beltrán Reyes y Otros.
  • Miguel Ángel Beltrán Reyes
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca" Miahuatlán, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 294/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio constitucional, que negó el amparo a la parte quejosa, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del mismo año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se negó el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA II A En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a las once horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, hora y día señalados en autos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 294/2016, promovido por Miguel Ángel Beltrán Reyes, estando presente el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de los autos. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta que por auto de veintisiete de abril actual, se reservó respecto de la prueba que la autorizada legal de la parte quejosa en este juicio de amparo consistente en el informe respecto del registro de llamadas telefónicas que en su momento rindiera la autoridad responsable, Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, CPS-OAXACA, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; no ha lugar a admitir tal medio de convicción, toda vez que dicha documental resulta inconducente para acreditar inconstitucionalidad del acto reclamado debido a que no es apta para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, -negativa a darle llamada telefónica-. En tales condiciones, es evidente que dicha probanza resulta inconducente para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado y, por tanto, resulta ocioso su desahogo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia según su artículo 2°, como ya se adelantó en líneas precedentes, por inconducente se desecha la prueba consistente en el informe ofrecida, ya que si bien conforme al precepto aludido en primer lugar, en el juicio de amparo son admisibles las toda clase de pruebas, tal numeral debe interpretarse en relación con el principio de economía procesal que rige en todo juicio, y que permite el desechamiento de pruebas que retrasen el procedimiento. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 275, Tomo IX, marzo de 1992, materia común, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO, ADMISION DE LAS. Aun cuando del contexto de los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se desprende que en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho, sin embargo dichos preceptos legales, deben interpretarse en relación con el principio general de derecho que faculta al juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas para justificar los extremos que se intentan. Asimismo, se hace constar que las partes no ofrecieron alguna otra prueba, por lo que se cierra el referido periodo. Abierta la etapa de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, con lo que se concluye esta etapa, y quedan los autos a la vista para la emisión de sentencia. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 294/2016, y R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado Miguel Ángel Beltrán Reyes solicitó el amparo y protección de la Justicia federal, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13" CPS", Miahuatlán, Oaxaca, y otras autoridades, respecto de un acto que estima violatorios de los derechos humanos y las garantías para su protección. Segundo. Trámite del juicio. Admitida a trámite la demanda, se solicitó informes justificados, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se programó la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este juicio, toda vez que se reclama un acto que pretenden ejecutar autoridades con domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. Segundo. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La negativa a darle llamada telefónica. Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Director General, Titular del Área Jurídica, Consejo Técnico Interdisciplinario, Encargado General de Trabajo Social, y Área Técnica, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13" CPS", Miahuatlán, Oaxaca, no rindieron su informe justificado, no obstante haber quedado oportuna y legalmente notificadas de dicha petición (foja 27); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les atribuye. Cuarto. Ausencia de actualización de alguna causal de improcedencia. Dado que en la especie las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni de oficio este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna, procede entrar al estudio del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo. Quinto. Estudio del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso como se señalará a continuación, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 bis, fracción III, de la Ley de Amparo. El peticionario del amparo, en su calidad de interno del Centro Federal de Readaptación Social número 13, reclama de las autoridades responsables, la negativa a darle llamada telefónica, lo cual refiere violatorio de sus derechos humanos. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente señalar lo que establecen los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo: Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. [.]. Del articulo transcrito y en lo que interesa se desprende que en el juicio de amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, la Ley reglamentaria impone al Juez de Distrito la obligación de presumir cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y al quejoso la carga procesal de demostrar los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea inconstitucional o violatorio de derechos humanos en sí mismo, sino que ello dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir el correspondiente informe con justificación, establece una presunción juris tantum sobre la existencia del acto reclamado y sobre su constitucionalidad, a menos de que en tal acto exista una presunción juris et de jure, que establezca la infracción a la norma suprema. Es así que la omisión de rendir informe justificado establece la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos, hechos, motivos, datos o pruebas en que el quejoso basa su acción de amparo, o en que se haya fundado el propio acto tildado de inconstitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79-julio de 1994, materia Común, con rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo. En este orden de ideas, en la especie son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, ante la imposibilidad jurídica y material que tiene el que ahora resuelve para determinar si el acto reclamado es o no inconstitucional. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado, esto es, la negativa a entregarle diversa documentación que aduce llevaba consigo al ingresar al centro penitenciario; no es inconstitucional ni violatorio de derechos humanos en sí mismo, al ser las autoridades responsables que lo emitieron, competentes para dictarlo y por tanto presumirse su constitucionalidad salvo prueba en contrario. Ello, ya que su inconstitucionalidad sólo puede depender de los motivos, datos o pruebas en que la responsable lo haya fundado; aspectos que no fueron aportados al sumario, ni por la autoridad responsable a quien le correspondía en principio, ni por el quejoso, a quienes les correspondía ante la omisión de la primera. Esto es así, ya que al encontrarse el quejoso legalmente privado de su libertad en un centro penitenciario, en consecuencia, su libertad para poseer objetos, pertenencias o documentos también se encuentra restringida y depende de las normas reglamentarias y disposiciones disciplinarias y de seguridad del establecimiento de reinserción social. Además, de que el propio Reglamento de Centros Federales de Readaptación Social, en su artículo 13, fracciones I y V, impone la facultad del Director General de administrar, organizar y operar el Centro Federal e implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro Federal; de igual manera, establece la facultad del Titular del Área Jurídica del Centro Federal de realizar las demás actividades que determinen el Reglamento y las disposiciones aplicables, así como aquéllas que le asigne el Director General. Luego, que si la normatividad prevé la facultad de las mencionadas autoridades, de realizar los actos necesarios para operar el Centro Federal e implementar las medidas necesarias de seguridad en el Centro Federal, es inconcuso que el acto reclamado no puede ser inconstitucional o violatorio de derechos humanos en sí mismo, sino que en todo caso, ello depende de las circunstancias particulares imperantes es la especie, las cuales se desconocen. En efecto, ante la omisión de las responsables de rendir su informe con justificación, era al quejoso a quien les correspondía allegar al presente juicio los motivos, datos o pruebas en que se fundó el acto reclamado, para que este Juzgador estuviera en aptitud de determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, no se cumplió con tal carga procesal. Consecuentemente, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias siguientes: INFORME JUSTIFICADO. INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO PARA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si bien es cierto que el artículo 78 de la Ley de Amparo faculta al juzgador para que de oficio recabe discrecionalmente las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables, que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto, de este precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa a rendir su informe cuando expresamente hay una sanción por esa omisión, conforme al tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. - - - El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme. ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. - - - Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel Beltrán Reyes, contra el acto que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades, en términos del considerando último de este fallo.

  4. Principal

    MESA IIA Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de Silvia Alarcón Gaytán, Defensora Pública Federal del quejoso Miguel Ángel Beltrán Reyes, por el que ofrece como prueba de su parte el informe justificado que en su momento rinda la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, CPS-OAXACA, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, así también, solicita se requiera a la mencionada autoridad para que remita a este órgano jurisdiccional los documentos correspondientes en apoyo a su informe justificado; al efecto se provee: Por lo que hace a la prueba documental que ofrece, resérvese acordar lo procedente, hasta en tanto la citada autoridad responsable rinda su informe justificado, y por lo que se refiere a que se le requiera a la mencionada autoridad a fin de que remita la documentación con el que justifique el citado informe, no ha lugar a acordar favorable su petición, sino hasta en tanto rinda el mencionado informe, y se pueda apreciar si remite las constancias necesarias para apoyarlo o no, y una vez que esto acontezca se acordará lo procedente.

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