Miguel Alvarez Barragan

Expediente 274/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
274/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Miguel Alvarez Barragan

Actuaciones

  1. Principal

    El once de abril de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiocho de marzo al tres de abril de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince de marzo de los corrientes, dentro del juicio de amparo 274/2017.- DOY FE. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de quince de marzo del año en curso por el que se desechó la demanda de derechos promovida por Miguel Álvarez Barragán; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2, de la propia ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla once de abril de dos mil diecisiete

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 15 DE MARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. " .... Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Miguel Álvarez Barragán, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de diez de marzo del año en curso. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Atendiendo a que ya se registró el expediente con el número 274/2017-1, que por su orden le correspondió, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: Autoridad ordenadora: Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Autoridades ejecutoras: Encargada de la Central de Notificadores y Actuarios del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, con sede en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Actuario y/o Notificador adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a quien se le encomiende dar cumplimiento a la medida cautelar decretada por la autoridad señalada como ordenadora, consistente en requerir al quejoso en la vía de ejecución forzosa para que se ponga al corriente con el depósito de pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del Juicio de divorcio necesario 349/2016. Director de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo Zacatecas, a quien se le haya solicitado el apoyo de la fuerza pública. Todos con residencia en Fresnillo, Zacatecas. Actos reclamados: a) El auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, notificado al quejoso el ocho de marzo actual, dictado dentro del juicio de divorcio necesario 349/2016, promovido contra el propio quejoso por María Yolanda Delgado Lozano. b) El auto de inicio de quince de junio de dos mil dieciséis, emitido en el citado expediente, en donde se decreta el descuento de pensión alimenticia provisional en beneficio de la mencionada María Yolanda Delgado Lozano, por el equivalente a una cuota diaria del salario mínimo vigente en la región, el cual le fue notificado al promovente del amparo el treinta de septiembre de dos mil dieciséis. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de derechos y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. .... Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de derechos y escrito aclaratorio se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de divorcio necesario 349/2016, promovido contra el propio quejoso por María Yolanda Delgado Lozano, por medio del cual se le está requiriendo para que se ponga al corriente con el depósito de la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del propio juicio, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se actuará en su contra en la vía de ejecución forzosa, previa liquidación debidamente aprobada en autos. Asimismo, el diverso de quince de junio de dos mil dieciséis, emitido en el propio expediente, en el que se decreta el descuento de pensión alimenticia provisional en beneficio de la antes mencionada, el que aduce le fue notificado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Además, de lo manifestado por el peticionario del amparo en el primero los antecedentes narrados en su demanda, se desprende, que en el juicio de divorcio necesario 349/2016, del que emanan los actos reclamados, no se ha dictado la sentencia respectiva, pues dicho quejoso refiere que, atendiendo a que feneció su término legal para contestar la demanda entablada en su contra, le platicó a la autoridad responsable la situación que le estaba pasando con su cónyuge María Yolanda Delgado Lozano, y en lugar de exhortarlos a una conciliación, prosiguió el juicio al grado de que, ante peticiones de esta última, determinó, mediante el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete aludido, requerirlo para que se ponga al corriente con el depósito de la pensión alimenticia decretada en el diverso auto de inicio del juicio de mérito, lo que significa que éste no se ha resuelto en definitiva. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues como ya se indicó, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En atención a lo anterior, la suscrita resolutora advierte, que respecto del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de divorcio necesario 349/2016, promovido contra el propio quejoso por María Yolanda Delgado Lozano, por medio del cual se le está requiriendo para que se ponga al corriente con el depósito de la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del propio juicio, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se actuará en su contra en la vía de ejecución forzosa, previa liquidación debidamente aprobada en autos; se actualiza la de modo manifiesto e indudable causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales, en su orden, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de garantías, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la referida ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En diversos criterios nuestro máximo tribunal ha establecido que existen dos condiciones que deben actualizarse conjuntamente para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento: La primera, que afecten materialmente derechos, es decir, que el acto de autoridad impida libremente el ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de fallo definitivo; y La segunda, que tales derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, contrarios a los de naturaleza formal o material, en cuyo caso la afectación no es actual sino que depende de que llegue a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Atendiendo a lo expuesto, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquéllos que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y que tal afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el quejoso obtenga sentencia favorable a sus intereses. En ese sentido, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, dado que son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable; de ahí que, el juicio de garantías resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación. Lo anterior, no implica que las violaciones procesales que se hubiesen actualizado dentro del procedimiento no puedan controvertirse; sin embargo, el derecho a combatirlas, está sujeto al principio de concentración, que tiene como finalidad que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad. Dicho principio restringe el derecho de las partes a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan en la secuela del procedimiento, imponiendo que tales cuestiones se resuelvan de manera simultánea; de acuerdo con ello, las violaciones procesales no pueden ser impugnadas mediante juicios de amparo independientes sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva o laudo y en el juicio de amparo que se promueva en su contra, plantear todas y cada una de dichas violaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Entonces, interpretado en sentido contrario el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional resultará improcedente cuando se advierta que no se está frente a un acto que sea de imposible reparación, que es aquel que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, de acuerdo al derecho jurisprudencial mexicano, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia o laudo favorable. La parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, como se dijo, a reclamar el acto consistente en el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio de divorcio necesario 349/2016, promovido contra el propio quejoso por María Yolanda Delgado Lozano, por medio del cual se le está requiriendo para que se ponga al corriente con el depósito de la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del propio juicio, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se actuará en su contra en la vía de ejecución forzosa, previa liquidación debidamente aprobada en autos. Lo anterior permite sostener que el acto reclamado a que se alude, no es de aquellos considerados de imposible reparación, ya que las violaciones reclamadas no afectan derechos sustantivos, como la propiedad, la libertad, etcétera, sino únicamente adjetivos, toda vez que únicamente se le exhorta a efecto de que exhiba las pensiones alimenticias decretadas en el juicio, condicionando la ejecución forzosa de esa determinación a que, ante su incumplimiento, exista liquidación de las pensiones, debidamente aprobadas en autos; de ahí que, se insiste, tal requerimiento no conlleva afectación de derechos sustantivos, razón por la cual no se satisfacen los requisitos para la procedencia de la presente acción de amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 3ª./J.43 29/89, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIÓN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo" . También sirve de sustento respecto a los actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. .... Ahora bien, el acto reclamado de que se trata, es decir, el auto de quince de junio de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de divorcio necesario 349/2016, promovido contra el quejoso por María Yolanda Delgado Lozano, en el que se decreta el descuento de pensión alimenticia provisional en beneficio de la antes mencionada; según aduce el quejoso, le fue notificado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, lo que significa que dicha notificación surtió efectos al día siguiente hábil, y que por ello, a partir del posterior, también hábil, a éste último, contaba con el término de quince días para intentar la acción de amparo que dio origen al presente juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin embargo, presentó su demanda hasta el nueve de marzo de dos mil diecisiete, según se aprecia del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, es decir más de cinco meses después de que fue notificado del referido acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, lo que permite llegar a la conclusión de que la misma deviene improcedente, al ser notoriamente extemporánea, ya que aun sin realizar el cómputo respectivo, se aprecia con claridad que para la fecha de la presentación de la demanda a que se alude, ya habían transcurrido los quince días que al efecto establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Así como la jurisprudencia que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala". Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia a que se ha hecho mención, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Miguel Álvarez Barragán, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    CUENTA. El diez de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Concepción García Jacobo da cuenta a la juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Miguel Álvarez Barragán, registrada con el número de folio 3395 y copias que de la misma se adjuntaron. La circunstancia de que Martín Alonso Martínez Rodríguez, no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de marzo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Álvarez Barragán, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 274/2017-1 que por su orden le corresponde, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Previamente a proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, resulta procedente prevenir a la parte promovente con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, que indica que el juzgado federal está facultado para hacerlo siempre que advierta que en la demanda se falte a las reglas establecidas, lo cual debe ser enmendado, sea que se trate de: Alguna irregularidad en el escrito de demanda; Si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; y, No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. Si no se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda de amparo. No se hubiere acompañado en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. REQUERIMIENTO. En tales condiciones, se requiere al quejoso para que dentro del término de cinco días bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: En el capítulo de actos reclamados, concretamente en el número uno señala como acto reclamado de la autoridad ordenadora, el acto de requerimiento de pago y/o embargo por concepto de pensión alimenticia decretada en favor de María Yolanda Delgado Lozano, en el expediente 349/2016, relativo al juicio de divorcio necesario que ésta promovió en su contra, en la vía de ejecución forzosa, sin embargo, enseguida aduce que ello es en razón de lo señalado por la propia responsable en el auto de veintisiete de febrero del año en curso, en el cual, según se aprecia de la copia simple de la cédula de notificación derivada de dicho auto que exhibe, se le está requiriendo para que se ponga al corriente con el depósito de la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del propio juicio, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se actuará en su contra en la vía de ejecución forzosa, previa liquidación debidamente aprobada en autos. Por tanto, se le requiere para que en el mencionado término de cinco días, manifieste bajo protesta de decir verdad, si el primer acto que reclama del Juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de fresnillo, Zacatecas, lo constituye el mencionado auto de veintisiete de febrero pasado. b) En cuanto al segundo de los actos que atribuye al Juez responsable de que se trata, el cual hace consistir en la circunstancia de que dicha responsable haya concedido alimentos provisionales a favor de su aún cónyuge María Yolanda Delgado Lozano; deberá expresar la fecha en que fue emitida la determinación en que dicha concesión se contiene, así como la en que fue notificado de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO. Se hace del conocimiento del impetrante, en caso de dar cumplimiento a los citados requerimientos, dentro del plazo indicado, deberá acompañar a su escrito aclaratorio las copias necesarias del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, ocho copias simples del mismo para ser distribuidas de la siguiente forma: cuatro para las autoridades responsables; una, para dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, una para la tercero interesada y dos para el incidente de suspensión. Al respecto resulta aplicable la tesis VI.2o. J/127, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio quejoso y no los autorizados de éste ni siquiera en términos amplios, debido a que aquélla involucra la expresión de decir verdad inherente al accionante, pues de lo contrario la ley de amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle de La Vid número 506, interior 2, colonia Agronómica 2 de esta ciudad y como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos del artículo 12, última parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a Martín Alonso Martínez Rodríguez, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE MARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPOUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO:"Zacatecas, Zacatecas, diez de marzo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Álvarez Barragán, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 274/2017-1 que por su orden le corresponde, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Previamente a proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, resulta procedente prevenir a la parte promovente con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, que indica que el juzgado federal está facultado para hacerlo siempre que advierta que en la demanda se falte a las reglas establecidas, lo cual debe ser enmendado, sea que se trate de: Alguna irregularidad en el escrito de demanda; Si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; y, No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. Si no se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda de amparo. No se hubiere acompañado en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. REQUERIMIENTO. En tales condiciones, se requiere al quejoso para que dentro del término de cinco días bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: En el capítulo de actos reclamados, concretamente en el número uno señala como acto reclamado de la autoridad ordenadora, el acto de requerimiento de pago y/o embargo por concepto de pensión alimenticia decretada en favor de María Yolanda Delgado Lozano, en el expediente 349/2016, relativo al juicio de divorcio necesario que ésta promovió en su contra, en la vía de ejecución forzosa, sin embargo, enseguida aduce que ello es en razón de lo señalado por la propia responsable en el auto de veintisiete de febrero del año en curso, en el cual, según se aprecia de la copia simple de la cédula de notificación derivada de dicho auto que exhibe, se le está requiriendo para que se ponga al corriente con el depósito de la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del propio juicio, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se actuará en su contra en la vía de ejecución forzosa, previa liquidación debidamente aprobada en autos. Por tanto, se le requiere para que en el mencionado término de cinco días, manifieste bajo protesta de decir verdad, si el primer acto que reclama del Juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de fresnillo, Zacatecas, lo constituye el mencionado auto de veintisiete de febrero pasado. b) En cuanto al segundo de los actos que atribuye al Juez responsable de que se trata, el cual hace consistir en la circunstancia de que dicha responsable haya concedido alimentos provisionales a favor de su aún cónyuge María Yolanda Delgado Lozano; deberá expresar la fecha en que fue emitida la determinación en que dicha concesión se contiene, así como la en que fue notificado de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO. Se hace del conocimiento del impetrante, en caso de dar cumplimiento a los citados requerimientos, dentro del plazo indicado, deberá acompañar a su escrito aclaratorio las copias necesarias del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, ocho copias simples del mismo para ser distribuidas de la siguiente forma: cuatro para las autoridades responsables; una, para dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, una para la tercero interesada y dos para el incidente de suspensión. Al respecto resulta aplicable la tesis VI.2o. J/127, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio quejoso y no los autorizados de éste ni siquiera en términos amplios, debido a que aquélla involucra la expresión de decir verdad inherente al accionante, pues de lo contrario la ley de amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle de La Vid número 506, interior 2, colonia Agronómica 2 de esta ciudad y como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos del artículo 12, última parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a Martín Alonso Martínez Rodríguez, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce."

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