Miguel Álvarez Barragán

Expediente 619/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
619/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Miguel Álvarez Barragán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 619/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; y, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control, Tribunal y Enjuiciamiento Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (foja 27); de igual forma se tienen por emplazados a juicio en su calidad de terceros interesados a Juan Carlos Lozano Uribe (foja 151), y a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, (foja 168). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda de amparo (fojas 8 a 13), así como con la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano que la misma parte hizo valer, y con las diversas que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en un disco en formato DVD de la audiencia de impugnación ministerial de dos de junio del año en curso, copia certificada del acta de audiencia con índice cronológico del desarrollo de la audiencia y de la transcripción de la resolución de dos de junio del año en curso, dictada oralmente en audiencia de la misma fecha (fojas 28, 29 y 31 a 33, respectivamente). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario relaciona los formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante pedimentos 732/2017, 734/2017 y 1134/2017 (fojas 95, 96 y 142), así como los vertidos por el quejoso y tercero interesada agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, mediante promociones registradas con números de folio 9924 y 16051, respectivamente, (fojas 97-98 y 169); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 619/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Miguel Álvarez Barragan, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad residente en donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas: - La resolución emitida en la audiencia de dos de junio de dos mil diecisiete, en el cuaderno varios 17/2017, en la que confirmó abstención de investigación emitida en la carpeta de investigación 1255-UEMIX/2016. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio natural, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el dos de junio de dos mil diecisiete; surtiendo efectos dicha notificación de conformidad con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales al día siguiente, por lo tanto, el plazo para la promoción del amparo transcurrió del seis al veintiséis de junio de dos mil diecisiete, con descuento de los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, y veinticinco de junio del año en curso, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el veintidós de junio de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas (foja 27 del juicio de amparo); al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con copias certificadas del cuaderno auxiliar 17/2017 (fojas 31 a 33 del juicio de amparo), así como con un disco en formato DVD que contiene la videograbación de la audiencia relativa al citado cuaderno; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. En cuanto a la videograbación, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, registro 2004362, página 703, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados, aun supliendo en la deficiencia de la queja, de conformidad con la obligación que impone el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; por las siguientes consideraciones. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 29/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 1, página 508, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.". La quejosa refiere que la responsable transgredió en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 20 constitucionales en virtud de que pasó por alto el derecho que tiene como víctima a aportar datos de prueba en la investigación. Asimismo, aduce que la responsable pasó por alto que el Agente del Ministerio Público omitió realizar una inspección del bien mueble que amparó el título de propiedad del vehículo que el imputado le dio en garantía de pago con el objeto de corroborar que efectivamente lo había engañado, siendo que el imputado solo utilizó dicho acto jurídico para lucrar con él, además que el vehículo que le dio en garantía se encuentra en pésimas condiciones. Finalmente, manifiesta que también pasó por alto que el Agente del Ministerio Público omitió recibir como prueba diversas fotografías que amparaban el estado de uso y conservación del vehículo que le fue dejado por el imputado como garantía. Tales planteamientos son infundados, por las siguientes consideraciones. Conviene señalar primeramente, que el delito de FRAUDE GENÉRICO se encuentra previsto y sancionado por el artículo 339 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, establece lo siguiente: "339.- Comete el delito de fraude el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. El delito de fraude se sancionará: I. Cuando el valor de lo defraudado no exceda de cien cuotas se impondrá al responsable de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas; II. Cuando exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas; III. Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de tres a seis años y multa doscientas a trescientas cuotas; y IV. Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de cuatro a doce años y multa de trescientas a trescientas cincuenta cuotas. Si no se pudiere determinar el monto o el valor de lo defraudado, se impondrán de uno a seis años de prisión, y multa de doscientas a trescientas cuotas. Cuando el sujeto activo del delito restituya en forma espontánea el monto de lo defraudado antes de que se resuelva su situación jurídica, no se procederá en su contra, siempre y cuando no se trate de reincidente." De lo antes transcrito, se advierte que el delito de fraude, lo comete quien engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halle, se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido. En el caso, el juez responsable, esencialmente confirmó la abstención de investigar en la carpeta de investigación, porque consideró que de la denuncia del aquí quejoso Miguel Álvarez Barragán, se desprendía que éste le prestó al imputado Juan Carlos Lozano, la cantidad de diez mil pesos y este último para garantizar el pago le dejó en garantía un título de propiedad de un vehículo, lo que evidenciaba que éstos celebraron un contrato de mutuo. Así, toralmente bajo la premisa de que el denunciante y el indiciado celebraron el contrato de mutuo, y este último dio en garantía un título de propiedad de un vehículo, que era propiedad del indiciado, por lo que éste podía disponer de él, no se encontraba acreditado el elemento de engaño para que pudiera actualizarse el delito de fraude, por ende la vía correcta en que tenía que dilucidarse el problema de los contratantes, debía ser por la vía civil, se reitera, al tratarse del incumplimiento de un contrato de esa naturaleza. Así, este juzgador estima correcta y apegada a derecho la resolución reclamada, pues con base en los datos que el quejoso aportó, se advierte que los hechos que dieron lugar a la denuncia, como la responsable lo consideró, son de naturaleza civil y no penal, por consiguiente se trata de un incumplimiento de contrato, que debe reclamarse por esa vía jurisdiccional, tomando en cuenta, además, la prohibición contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, de que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Lo anterior es así, pues de los hechos narrados por el denunciante, no se advierte que Miguel Álvarez Barragán hubiere actuado con engaño o tratando de inducir al error al denunciante aquí quejoso al celebrar el contrato de mutuo que dio origen a la denuncia, lo que debía actualizarse para que la conducta que se le imputa a Miguel Álvarez Barragán encuadrara en el tipo penal de fraude, pues en una relación contractual, no basta con inferir con base en presunciones que el engaño o error del que fue víctima el sujeto pasivo tenía como fin defraudar y obtener un beneficio ilícito, sino que es necesario demostrar plenamente que existía en la mente del autor una dañada intención, no sólo a inducir a otro a celebrar un contrato, sino a la obtención ilícita de una cosa o al alcance de un lucro indebido, lo que, en el caso, se reitera, no está acreditado, por tanto, el enriquecimiento sin causa obtenido por el inculpado debe considerarse como una cuestión de carácter civil. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia XI.2o J/30 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 941, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "FRAUDE. SI EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL NO SE DEMUESTRA PLENAMENTE QUE EL ENGAÑO O EL ERROR DEL QUE FUE VÍCTIMA EL SUJETO PASIVO TENÍA COMO FIN DEFRAUDAR Y OBTENER UN BENEFICIO ILÍCITO NO SE CONFIGURA DICHO DELITO Y EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA QUE ASÍ OBTENGA EL INCULPADO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA CUESTIÓN DE CARÁCTER CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El elemento engaño o error en el delito de fraude que se refiere el primer párrafo del artículo 324 del Código Penal del Estado de Michoacán, es de naturaleza penal y no civil, y para que se presente en una relación contractual es necesario que exista en la mente del autor una dañada intención que tienda, no sólo a inducir a otro a celebrar un contrato, sino a la obtención ilícita de una cosa o al alcance de un lucro indebido, es decir, que entre la dañada intención del acusado de defraudar y el beneficio ilícito debe haber una relación inmediata de causa a efecto; por tanto, si no se demuestra plenamente que el engaño o el error del que fue víctima el sujeto pasivo tenía como fin defraudar y obtener un beneficio ilícito no puede configurarse dicho delito, por lo que el enriquecimiento sin causa que así obtiene el inculpado debe considerarse como una cuestión de carácter civil, tomando en cuenta, además, la prohibición contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, de que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Luego, no se advierte que el indiciado Miguel Álvarez Barragán, hubiere actuado con dolo, pues la camioneta que otorgó en garantía, como lo precisó la responsable estaba a su nombre, por lo que éste podía disponer plenamente de ella, caso contrario hubiera sido que éste no hubiere podido disponer de dicho vehículo, y lo hubiera hecho, en ese caso sí estaríamos frente a una conducta que posiblemente actualizara el delito de fraude, sin embargo, en el caso ello no sucedió, pues como fue precisado por la responsable, Miguel Álvarez Barragán, dio en garantía dicho vehículo el cual era de su propiedad. Entonces, este juzgador comparte el sentido del acto reclamado, pues no se advierte de autos que hubiere habido una actitud engañosa en Miguel Álvarez Barragán, que es precisamente lo que actualiza el delito de fraude. Así, una conducta engañosa es el punto de partida del proceso ejecutivo del delito, la cual está presidida por un elemento de naturaleza predominantemente psíquica, pues, en esencia, consiste en determinar a otro, mediante artificios, a realizar un acto de disposición patrimonial o aprovecharse de un error no rectificado oportunamente. En ese sentido, de capital importancia resulta distinguir la situación en la que un sujeto realmente fue engañado de aquélla en la que simplemente creyó, porque sólo de credulidad puede quejarse el que cedió a simples palabras, que no tienen como finalidad generar en él un estado subjetivo de error, esto es, un concepto falso sobre una cosa, hecho o realidad; cuando no estriban en llevarlo a una concepción falaz de la realidad. En razón de lo expuesto, válidamente puede concluirse, que es condición necesaria para la acreditación del delito de fraude, demostrar que el acto de disposición patrimonial fue generado como resultado del empleo de medios engañosos, ya que si ese acto de disposición obedece a otra circunstancia que no constituye propiamente al engaño es claro que no se configurará dicha hipótesis delictiva. Por tanto, únicamente considerando al engaño en los términos descritos, se puede advertir la secuencia lógica de causa-efecto, con el resto de los elementos constitutivos del delito de fraude, como son el perjuicio o la obtención de un beneficio y, en consecuencia, el resultado de afectar el patrimonio de las personas como bien jurídico protegido. En efecto, el engaño para integrar el fraude debe tener la fuerza suficiente para defraudar a la víctima, esto es, debe influir directamente en la voluntad del sujeto pasivo para despojarse de buena talante de sus bienes. Además, el engaño debe ser de entidad bastante para evidenciar que el sujeto activo desde que celebró el contrato decidió dolosamente no cumplirlo. En ese sentido, se concluye que el fraude no se configura con cualquier tipo de engaño, sino con el suficiente para, desde en la época o momento en que se celebró el contrato o trato de inversión, producir en la otra parte la falsa creencia de que se cumpliría con lo convenido, para lograr precisamente mediante ese ardid la entrega de las cosas, generando el enriquecimiento ilegítimo o la obtención de un lucro indebido en perjuicio del pasivo. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 726 que se comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 681, Tomo III, Materia Penal Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 1917 a septiembre de 2011, de rubro y texto: "FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE UN CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR AL INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO.- Los límites que en ciertos casos separan al derecho penal y al derecho civil son tan sutiles que pueden determinar la desfiguración del derecho privado para servir, desafortunadamente, a quienes merecen la represión del derecho penal; pero, también por la misma sutileza de las fronteras que median entre ambas disciplinas, puede acontecer lo contrario. En efecto, es explicable que a veces los Jueces penales, al estudiar cuestiones de esta naturaleza, incurran en el error de considerar conductas meramente civiles como delictuosas, desvirtuando en esa forma el derecho penal, el cual queda por ello al servicio de intereses particulares, como son los del contratante que se dice víctima del engaño y que al contratar aceptó el riesgo de que su contratante no cumpliera, lo cual puede suceder y de hecho sucede frecuentemente, a pesar de que la parte que no cumple haya celebrado el contrato con la suficiente buena fe y la intención de cumplir. Adoptar criterio distinto conduciría sin esfuerzo a la consideración de que todos aquellos que incumplan con los contratos serían delincuentes, por lo que debe advertirse con claridad en todo caso, la existencia del elemento engaño al celebrarse el contrato para que pueda proceder la represión penal". Igualmente, corrobora lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia 729 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, publicada en la página 684, Tomo II, Materia Penal Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 1917 a septiembre de 2011, que ordena: "FRAUDE. SI EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL NO SE DEMUESTRA PLENAMENTE QUE EL ENGAÑO O EL ERROR DEL QUE FUE VÍCTIMA EL SUJETO PASIVO TENÍA COMO FIN DEFRAUDAR Y OBTENER UN BENEFICIO ILÍCITO NO SE CONFIGURA DICHO DELITO Y EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA QUE ASÍ OBTENGA EL INCULPADO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA CUESTIÓN DE CARÁCTER CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- El elemento engaño o error en el delito de fraude a que se refiere el primer párrafo del artículo 324 del Código Penal del Estado de Michoacán, es de naturaleza penal y no civil, y para que se presente en una relación contractual es necesario que exista en la mente del autor una dañada intención que tienda, no sólo a inducir a otro a celebrar un contrato, sino a la obtención ilícita de una cosa o al alcance de un lucro indebido, es decir, que entre la dañada intención del acusado de defraudar y el beneficio ilícito debe haber una relación inmediata de causa a efecto; por tanto, si no se demuestra plenamente que el engaño o el error del que fue víctima el sujeto pasivo tenía como fin defraudar y obtener un beneficio ilícito no puede configurarse dicho delito, por lo que el enriquecimiento sin causa que así obtiene el inculpado debe considerarse como una cuestión de carácter civil, tomando en cuenta, además, la prohibición contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, de que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". Asimismo, se invoca por compartirse, la jurisprudencia 723, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 678, Tomo III, Materia Penal Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 1917 a septiembre de 2011, que establece: "FRAUDE. CASOS EN LOS QUE UNA CONDUCTA NORMALMENTE CIVIL CONSTITUYE EL DELITO DE.- Para que una conducta de naturaleza normalmente civil, como es la que le da vida al contrato de compraventa, pueda constituir el delito de fraude, es necesario que la persona que la llevó al cabo tuviera desde el momento de contratar la dolosa intención de engañar al pasivo con el específico fin de hacerse ilícitamente de algo, por lo que si no se demuestra que ello ocurre, como sucede en el caso de que el análisis de los elementos de prueba que obren en el sumario no permitan, dado su contenido, estimar plenamente demostrado que previo a la celebración del contrato se hubiera tenido la dolosa intención de no cumplir con lo pactado, no puede válidamente decirse que los hechos de que se trata sean constitutivos del ilícito en mención". Del mismo modo, cobra aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este Tribunal comparte, publicada en la página 334, Tomo XIII, marzo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que señala: "CONTRATO, REQUISITOS PARA QUE EL INCUMPLIMIENTO PUEDA DAR LUGAR AL DELITO DE FRAUDE.- En los procesos penales que se caracterizan por tener como origen un contrato, la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede dar lugar a la confusión de dichos ámbitos, por lo que para considerar que una de las partes ha incurrido en una infracción penal, es preciso acreditar que no se ha cumplido con lo pactado y que la persona incumplida, así como quien con ella coadyuva desde que se celebró el contrato habían decidido dolosamente no cumplirlo; tiene que demostrarse, por lo tanto, que la operación aparentemente civil fue engendrada con el dolo penal de una de las partes, y la prueba de ese dolo original sólo puede consolidarse por medio de aquellos elementos de convicción que engendren en el juzgador la convicción de que el contratante pactó a sabiendas de que no llegaría a cumplir, para obtener el lucro premeditadamente concebido, por lo que si los elementos de prueba sometidos a consideración del juzgador no llevan implícitos un incumplimiento ni poseen fuerza retroactiva, en cuanto que mediante ellos pueda establecerse la existencia de un engaño ocurrido en el pasado, es decir, en la época de la celebración del contrato, el juez no puede atribuir a la simple celebración del contrato y sus modalidades, o al incumplimiento, el carácter de penal; así ni el incumplimiento de un contrato ni mucho menos la sola celebración, necesariamente constituyen una conducta penal". Por lo anterior, se reitera, si el imputado al celebrar el contrato dio como garantía un vehículo del cual podía disponer plenamente, y al no haber dato alguno del cual se advierta que éste se condujo con una actitud engañosa ni se aprovechó del error del aquí quejoso, se repite, fue correcta la determinación de la autoridad responsable. Sin que lo anterior implique como lo manifestó el quejoso, que la no abstención de investigar los hechos denunciados, transgreda los derechos contenidos en el artículo 20 constitucional, pues el Ministerio Público solo se encuentra obligado constitucionalmente a indagar hechos que constituyan probablemente una conducta delictiva, por lo que si en el caso, como fue expuesto, los hechos plasmados en la denuncia por el aquí quejoso, no constituye un evento delictivo, sino de carácter civil, no se vulnera lo establecido en el aludido numeral 20 constitucional. Por otro lado, resultan infundados los motivos de disenso en los que la parte quejosa aduce que la responsable no admitió las fotografías del vehículo que se dio en garantía, y omitió realizar una inspección al vehículo que se dio en garantía, toda vez que esas pruebas no resultan trascendentes para el resultado del presente fallo, en virtud que ambas no resulta idóneas para acreditar el elemento de engaño a que se hizo alusión en la presente sentencia, ya que las condiciones en que se encuentra el vehículo dado en garantía no resulta idóneo para demostrar el ilícito de fraude. Máxime que aun y cuando el aquí quejoso aduzca que el vehículo se encuentra en malas condiciones, éste fue otorgado para garantizar el préstamo por la cantidad de diez mil pesos, esto es, no es una suma que de manera notoria un vehículo, aunque se encuentre en mal estado no pueda cubrir, de ahí que no se advierte engaño por parte del indiciado; además, fue el propio denunciante aquí quejoso quien aceptó el aludido vehículo en garantía. Finalmente, es necesario precisar al aquí quejoso, que de manera contraria a lo que precisó en la denuncia así como en la audiencia que dio lugar al acto reclamado, no se actualiza el delito de fraude específico por simulación de actos, toda vez que la simulación, para los efectos penales, consiste en la utilización de un documento jurídico, en cuyo contenido consten elementos que parezcan reales, no siéndolo, para con él generar actuaciones judiciales en perjuicio de otro, sin embargo, en el caso se reitera, no se actualiza dicha figura, pues las partes (denunciante e indiciado) celebraron de manera verbal un contrato de mutuo, esto es, en ningún momento simularon el acto sino lo llevaron a cabo, por lo que si el denunciante se duele del incumplimiento del mismo, esto podría traer consecuencias en la vía civil, pero no penales. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.P.12 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del tenor siguiente: "FRAUDE POR SIMULACIÓN. Para la integración del tipo penal de fraude específico previsto en la fracción X del artículo 387 del Código Penal para el Distrito Federal, por simulación de un acto jurídico, no se requiere la bilateralidad para su actualización, como lo asevera el Juez de amparo, toda vez que la hipótesis normativa a la letra dice: "Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido"; de suerte que la simulación, para los efectos penales, consiste en la utilización de un documento jurídico, en cuyo contenido consten elementos que parezcan reales, no siéndolo, para con él generar actuaciones judiciales en perjuicio de otro, lo cual evidentemente puede hacer una sola persona." Sin que lo anterior deje en estado de indefensión al quejoso, toda vez que éste tiene expedito su derecho para hacer valer el contrato de mutuo con garantía que celebró con el imputado, y mediante la vía civil reclamar la falta de pago, así como para hacer efectiva la garantía que le fue otorgada para garantizar el cumplimiento de dicho contrato, sin que sea obstáculo, como la defensa del quejoso lo manifestó en la audiencia que dio lugar al acto reclamado, que el título de propiedad del vehículo no se encuentre endosado. Al respecto, es importante aclarar que la parte quejosa parte de una premisa inexacta, toda vez que se duele de que el título de propiedad del vehículo no le fue endosado, sin embargo, ello no era necesario, puesto que se reitera, el vehículo fue solo la garantía que cubría el posible incumplimiento en el pago de los diez mil pesos, de ahí que no debía ser endosado a nombre del denunciante; además, para el caso de incumplimiento, el denunciante aquí quejoso podría demandar dicho incumplimiento en la vía civil para ejecutar la garantía que le fue otorgada por el indiciado. Así, resultan infundados los motivos de disenso aún suplidos en su deficiencia, por lo que procede negar el amparo de la Justicia Federal. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Miguel Álvarez Barragan, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de derechos. Lo que se asienta para los efectos legales consiguientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos y con dos promociones con registros 16046 y 16051. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio que remite la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Segundo distrito judicial, con sede en Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual remite constancia de emplazamiento de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del citado distrito judicial, como tercera interesada. Por tanto, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de ese lugar, que obra en autos, para que se imponga de su contenido; hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, con sede en Fresnillo, Zacatecas; y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada en el presente juicio de derechos con el carácter de tercera interesada, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el ubicado en calle Manuel Ávila Camacho número tres, de la colonia Francisco Villa del citado municipio. Asimismo, ténganse por formulados los alegatos que expresa la promovente, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, tomando en consideración que la audiencia de juicio dentro del expediente en que se actúa, se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta minutos del siete de diciembre del año en curso, a fin de dar oportunidad a lo anterior, desde ahora y por economía procesal se difiere la misma para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  3. Principal

    El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que se encuentran señaladas las diez horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Que no existe constancia del emplazamiento del tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, no obstante habérsele dirigido vía mensajería rápida el oficio 23719 al que se le adjuntó copia del escrito de demanda y del auto admisorio para tal efecto. Que a las doce horas con diez minutos llamé al teléfono número 018003782338 de la compañía denominada Estafeta, a efecto de confirmar que se hubiera realizado la entrega al destinatario del oficio 23719, sin que al ser atendido por la recepcionista de dicha empresa quien se negó a proporcionar su nombre, pero informo que el oficio fue rechazado y en seguida colgó. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio; asimismo, según lo expuesto en la certificación secretarial que antecede, no existe constancia de la entrega del oficio 23719, girado al tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control de Fresnillo, Zacatecas, vía mensajería rápida. En tal virtud, mediante oficio que derive del presente proveído solicítese al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, emplace al agente del Ministerio Público que tenga intervención en el proceso penal de origen, número AV. 17/2017, adjuntándole copia de la demanda de amparo y del auto admisorio, debiendo enviar la constancia respectiva. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  4. Principal

    En veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, certifica: Que el licenciado Héctor Manuel Robledo Araiza no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos, con un escrito y un oficio registrados con los números 14346 y 14402, el segundo con anexos que se acompañan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por Juan Carlos Lozano Uribe; y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado en el presente juicio de derechos con el carácter de tercero interesado; asimismo, se tiene señalado como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el ubicado en las Instalaciones del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, edificio 1, planta baja, Ciudad Gobierno, circuito Cerro del Gato de esta ciudad, asimismo, Se tiene por autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos al licenciado Héctor Manuel Robledo Araiza, subdirector Penal del Instituto de Defensoría Pública del Estado, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que éste no cuenta con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de los profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Por otra parte, visto el oficio de cuenta signado por la Juez Primero Penal, con residencia en Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 832/2017 (número de origen 393/2017), enviado a fin de emplazar a juicio al tercero interesado Juan Carlos Lozano, en términos de la actuación practicada el veinte de octubre del año en curso. Acúsese recibo, consecuentemente dese de baja la citada comunicación, y glósese la misma al expediente en que se actúa únicamente para que obre como corresponda, dado lo que se acordó en el párrafo que antecede. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista al citado tercero interesado con el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control, Tribunal y Enjuiciamiento Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, así como con todas las actuaciones que obran dentro del presente juicio, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia

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