Miguel Alvarez Barragan
Expediente 581/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel Alvarez Barragan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICÓ: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del diez al veintitrés de abril de dos mil dieciocho; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de marzo del año en curso, dentro del juicio de amparo número 581/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Dentro del presente juicio de derechos, sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados. En el referido incidente de suspensión no se exhibió billete de depósito. Dentro del citado incidente no existe recurso alguno pendiente de resolver. No existe cuaderno de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en la que se negó al quejoso Miguel Álvarez Barragán, el amparo y protección de la Justicia Federal; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, por tanto, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 581/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Álvarez Barragán demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora, juez de Control del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, Rita de Jesús Ramírez Martínez. Ejecutora, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación Mixta del Nuevo Sistema de Justicia Penal de distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas. Actos reclamados: 1. De la autoridad señalada como ordenadora, la resolución de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada en la carpeta de asuntos varios 16/2017, en la cual confirma la resolución de abstención de investigación ministerial de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación Mixta, del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Aurora Getsemani Flores Martínez de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. 2. De la autoridad señalada como ejecutora, la resolución de abstención de investigación ministerial antes mencionada, dictada dentro de la carpeta de investigación 999/2016, tramitada por los delitos cometidos por servidores públicos, ejercicio indebido de funciones o abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público y el que resulte. Actos que a su parecer resultan ser violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo cual en proveído de trece de junio de dos mil diecisiete, se registró con el expediente 581/2017, se previno al quejoso para que manifestara si insistía en reclamar del agente del ministerio público responsable la resolución de abstención de investigación ministerial de veintinueve de marzo del año en cita, que fue sustituida procesalmente por la resolución del juez de control también responsable, o bien, si únicamente reclamaba actos de ejecución de esta última resolución. Al respecto, en principio el quejoso pretendió dar cumplimiento, sin embargo, en diverso escrito recibido el treinta de junio citado, solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo aclaratorio y se le tuviera como único acto reclamado el atribuido al juez de mérito, por tanto en el auto de tres de junio siguiente, se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se mandó emplazar a los terceros interesados, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad que reside en esta ciudad, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento Oral y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas: La resolución de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, emitida en la carpeta de asuntos varios 16/2017, en la cual determinó que no procedía revocar la resolución de abstención de investigación de la agente del ministerio público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación Mixta, del Nuevo Sistema de Justicia Penal Aurora Getsemani Flores Martínez de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control del Distrito Judicial de la Fresnillo, Zacatecas; aceptó la existencia de la resolución reclamada, pues así lo manifestó en forma expresa en su informe con justificación (foja 37). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por el juez responsable, consistentes en copia certificada de audio y video en formato DVD, de la audiencia de impugnación celebrada el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, donde consta la resolución que constituye el acto reclamado, asimismo, con la copia también certificada, de la transcripción de dicha resolución y con la copia del acta de audiencia con índice cronológico del desarrollo de la misma (fojas 38 a la 44). Documentales, tanto la consistente en el formato DVD, que se considera como tal, como la copia certificada antes mencionada a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, respecto al formato DVD, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, tampoco el suscrito Juez de Distrito, advierte de oficio su actualización, en consecuencia al no haber operado ninguna causa de improcedencia, resulta conducente emprender el estudio de fondo planteado en la demanda. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, visible en la página ochocientos treinta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación resultan infundados, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), como se argumentará a continuación. El quejoso señala como conceptos de violación los siguientes: En el capítulo de antecedentes aduce: a) Que el ministerio público fue omiso en considerar en su resolución de abstención de investigación el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis emitido por el juez Primero del Ramo Familiar, elemento que considera forma indicio de prueba plena para acreditar la probable responsabilidad de la servidora pública que tiene el carácter de posible imputada; y que la juez responsable aun cuando constató que el mismo no fue considerado en la determinación impugnada, no tomó en cuenta tal omisión, violando con ello sus garantías de legalidad y seguridad jurídica. En el capítulo relativo a conceptos de violación, que se transgreden en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 20 Fracción C), de la Constitución General de la Republica, por lo siguiente: b) El acto reclamado transgrede las formalidades esenciales del procedimiento, como son la legalidad y el debido proceso porque la responsable fue omisa en considerar los datos de investigación que tiene derecho a aportar. c) La autoridad responsable sin sujetarse estrictamente a lo prescrito en los mencionados preceptos, intenta privar al quejoso de su derecho y acceso a la justicia pronta y expedita. Son infundados los anteriores conceptos de violación. Ahora bien previo análisis respectivo, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida. 1. El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se interpuso ante la Unidad Especializada de Investigación Mixta Uno del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, denuncia por hechos probablemente constitutivos de los delitos cometidos por servidores públicos, ejercicio indebido de funciones o abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, y/o el que resulte, cometidos en perjuicio del ahora quejoso, por servidora pública en funciones de defensora de oficio adscrita a la Procuraduría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (foja13). 2. La denuncia anterior dio inicio a la carpeta de investigación 999/UEI-MIX/2016, en la que una vez que se recabaron los datos de prueba pertinentes para establecer la existencia de hechos probablemente constitutivos de delito el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se dictó resolución de abstención de investigación (fojas 13 a 16). 3. Inconforme el aquí quejoso con la anterior determinación planteó la impugnación ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, la que fue resuelta el veintiséis de mayo del año próximo pasado. Dicha determinación es la que constituye el acto reclamado. Hecha la precisión que antecede, se procede a continuación al análisis de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, los cuales, como ya se dijo, son infundados. Efectivamente, por lo que se refiere al concepto de violación sintetizado en el inciso a), se estima infundado, toda vez que, contrario a lo que aduce el quejoso, la resolución que constituye el acto reclamado no transgrede sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que como se aprecia de la audiencia contenida en el formato DVD que la juez responsable acompañó a su informe justificado, dicha autoridad sí tomó en consideración el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por el cual el juez familiar declaró perdido el derecho que pudo haber ejercitado el ahora quejoso, en el juicio de divorcio promovido en su contra por su esposa y por tanto decretó la rebeldía. Sin embargo, como acertadamente lo indicó la responsable, los argumentos del asesor jurídico del promovente del amparo, en relación con el aludido acuerdo, no resultan suficientes para que dicha autoridad ordene a la agente del ministerio público que reabra la investigación, continúe con ella y no se abstenga de investigar, pues por una parte, si bien es cierto, como lo señaló el mencionado asesor, los cónyuges divorciantes actuaron de buena fe al solicitar la suspensión del procedimiento de divorcio de mérito, también lo es, que la posible imputada Rosario Martín atendió a las funciones que como asesora jurídica estaba obligada a llevar a cabo, dado que les realizó el escrito mediante el cual se solicitaba dicha suspensión, cuyo ocurso, según lo admitió el propio amparista en la audiencia a que se hace alusión, fue entregado por él y su esposa al juez familiar. Por otra parte, el auto que recayó al citado ocurso, se notificó por lista a las partes, por lo que, como en forma correcta lo estimó la responsable, ello significa que el impetrante del amparo y su esposa estaban obligados a asistir al juzgado familiar, de manera periódica o inmediata, para saber cuál fue la contestación a su petición, sin que, como lo indica, exista información al respecto en la carpeta de investigación respectiva, por lo que, esa omisión resulta atribuible a ellos. Además, en cuanto a la conducta que se reprocha a la posible imputada por parte del asesor del quejoso, consistente en que omitió proporcionar información a éste, en relación a que la solicitud de suspensión de procedimiento presentada por dicho amparista y su esposa, debía ser ratificada, esa sola circunstancia no es suficiente para considerar que haya actuado u obrado de mala fe y con dolo para entorpecer el procedimiento familiar o para sacar algún provecho, ya que, como ya se dijo, la notificación relativa a la solicitud en cita, se realizó por lista a las partes, sin que exista información en la carpeta de investigación en el sentido de que el ahora quejoso hubiera ocurrido al juzgado familiar para enterarse del acuerdo que en su caso hubiera recaído, siendo que es obligación de las partes estar al cuidado de sus asuntos. En razón de lo anterior, como lo determinó la responsable, la posible imputada licenciada Rosario Martín actuó apegada al procedimiento que correspondía, ello es así, pues al darse cuenta que no existía por parte de ambos divorciantes la disponibilidad de llegar al acuerdo para suspender el procedimiento de divorcio, ella tenía la obligación de continuar el mismo y solicitar se acusara la rebeldía correspondiente al impetrante del amparo, que fue precisamente lo que hizo, habiendo recaído al efecto el acuerdo de veinticuatro de noviembre a que se ha hecho referencia; dado que además era asesora jurídica de la esposa de dicho amparista, más no de éste. En conclusión, como se indicó, la autoridad responsable sí tomó en cuenta el aludido acuerdo, sin que pueda considerarse que el mismo resulte ser un indicio suficiente para que dicha juez emita su determinación en diverso sentido, máxime que, como se verá más adelante, la conducta de la posible imputada no se ubica en ninguna de las hipótesis a que se refieren los delitos que se le imputan; por lo tanto, como ya se dijo, resulta infundado el concepto de violación relacionado en primer término, ya que al haberse analizado el acuerdo a que alude el quejoso, se cumplió con las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Tocante al concepto de violación sintetizado en el inciso b), es igualmente infundado pues como se desprende de la reproducción del DVD que contiene la resolución reclamada, la juez responsable también tomó en consideración los datos de investigación que se aportaron a la carpeta administrativa de asuntos diversos en que se emitió dicha resolución, a efecto de dejar firme la determinación de abstención de investigación. Lo anterior se afirma por lo siguiente: 1. Por lo que respecta al delito de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, previsto en la fracción I del artículo 193 del Código Penal del Estado, el cual establece: "193.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas a los servidores públicos que incurran en la conducta prevista en las fracciones siguientes: I.- Al que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión para el que haya sido nombrado sin haber tomado posesión legítima o sin llenar todas las formalidades legales;." Para determinar que no se acredita ese ilícito, la juez responsable, de manera acertada, atendió al informe rendido por la licenciada María Magdalena Murillo López, Delegada de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del que se advierte que la posible imputada licenciada María Rosario Martín fue designada asesor jurídico, con nombramiento definitivo de la mencionada institución, desde el año dos mil dos, por lo que tomó posesión legítima y llenó las formalidades para ese puesto, dado que contaba con título, cédula de licenciado en derecho y nombramiento definitivo otorgado por el Ayuntamiento Municipal de Fresnillo. Lo anterior, porque como lo consideró, la posible imputada se encontraba en posesión legítima de la función mencionada, esto es así, teniendo en consideración que se encontraba ejerciendo funciones del cargo de asesor jurídico, para el que le fue otorgado nombrado por el Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por haber tomado posesión, una vez que cumplió con las formalidades legales correspondientes, es decir, contar con título y cédula de licenciado en derecho. Situación que no fue controvertida por el asesor jurídico del ahora quejoso, en la audiencia en que se emitió la resolución reclamada, pues por el contrario afirmó que al haber sido defensora pública de oficio debía conocer cuáles eran las características y las cualidades que se exigían para tal puesto. 2. Respecto al delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en la fracción III del artículo 194 del Código Penal, cuyo numeral dispone: "194.- Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, agente del Gobierno o sus comisionados, sea cual fuere su categoría: . III.- Cuando dolosamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud; ." Como lo aduce la responsable, también de forma correcta, no se actualiza ninguno de los supuestos que establece la mencionada fracción III del artículo en cita, toda vez que en la audiencia de mérito, el quejoso dijo, que él y su aún esposa comparecieron ante el juez familiar para pedir que les fuera suspendido el procedimiento, por lo cual, no se demuestra que la posible imputada hubiera retrasado o negado a los particulares la solicitud que le hicieron, sino que por el contrario, fue el propio ahora quejoso, quien acudió en compañía de su esposa con la abogada de la misma, que es la imputada, y le pidieron les realizara ese escrito, ésta lo redactó, se los entregó, por cuya razón no hubo ningún retraso, no se negó ningún servicio a un particular y mucho menos se hizo de manera dolosa, sino que se dio curso a la solicitud que estaban pretendiendo ambos divorciantes. 3. Tocante al mismo delito a que se alude, pero previsto en la fracción IV del numeral 194 de mérito, que señala: "IV.- Cuando dolosamente ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Federal o la del Estado; ." Tampoco se demuestra, ya que como lo señaló la responsable, de los datos de investigación no se advierte que la posible imputada haya realizado algún acto arbitrario, dado que no se logró probar un desequilibrio en el procedimiento en materia civil que implicara daño o ventaja en contra del ahora quejoso y como consecuencia un acto doloso, tampoco, que hubiera atentado la supuesta imputada, contra los derechos garantizados por la constitución en favor del propio quejoso, puesto que además de que fue el impetrante del amparo quien compareció en compañía de su esposa con la licenciada María del Rosario Martín, la cual no era su abogada, sino de la esposa del denunciante, asimismo, que dicha profesionista les elaboró el escrito que le solicitaron y que no estuvieron pendientes del acuerdo que al mismo recayera; la propia posible imputada procedió conforme a derecho al solicitar se declarara la rebeldía del propio denunciante, dado que advirtió que no había ratificado el escrito de suspensión del procedimiento del juicio de divorcio que es el que les había realizado. 4. Por lo que respecta al delito de mérito, contemplado en la fracción XI del artículo 194 del código sustantivo en mención, fracción que a la letra dice: "XI.- Aprovechar el poder o autoridad propios del empleo, cargo o comisión que desempeñe, para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquiera otra persona; y ." Como correctamente lo adujo la responsable, el asesor jurídico del ahora quejoso no precisó de qué forma, la posible imputada aprovechó el poder o autoridad inherentes a su cargo para de esa manera satisfacer un interés propio, además, como ya se dejó asentado en párrafos precedentes, la conducta que se le reprocha es de haber omitido información a Miguel Álvarez, es decir, que tenía que comparecer a ratificar el escrito que presentó conjuntamente con su esposa, sin embargo, no existe información alguna en la carpeta de investigación, que sirva de indicio para demostrar que con ese actuar de la profesionista en mención, hubiera satisfecho algún interés personal o de otra persona. 5. Luego, por lo que se refiere al delito de administración de justicia contemplado en el artículo 207 fracción VII del Código Penal, consistente en que la posible imputada incurrió en omisiones que producen un daño o conceden ventaja indebida, disposición que se transcribe para mejor comprensión: "207.- Se impondrán prisión de seis meses a seis años o destitución del cargo y en ambos casos multa de diez a cien cuotas a los servidores públicos, empleados o auxiliares de la administración de justicia que cometan alguno de los delitos siguientes: . VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio o cualquiera otra persona;." Tampoco se acredita, pues como lo señaló la responsable, en la carpeta de investigación no existe ninguna evidencia o dato que indique que la posible imputada haya incurrido en omisiones que produjeran daño al denunciante, ahora quejoso, o concedieran ventaja indebida a los intereses de su esposa, en el juicio de divorcio a que se ha hecho referencia, como lo pide el texto de la fracción VII en cita, pues la circunstancia de que no les haya informado que el escrito por el que dicho quejoso solicitó, junto con su esposa, la suspensión del procedimiento en el juicio de divorcio promovido por ésta en su contra tendrían que ratificarlo, no implica ventaja para alguna de las partes, puesto que como se dejó asentado, estaban obligados a comparecer ante el juez familiar a efecto de conocer el acuerdo que al efecto recayera, sin que lo hubieran hecho, además, tampoco se advirtió indicio de que el sólo hecho de que se declarara la rebeldía al propio quejoso, le hubiera producido algún daño. Pues bien, como puede apreciarse de lo expuesto, para determinar la responsable que no procedía revocar la determinación de abstención ministerial, tomó en cuenta todos los datos aportados a la carpeta de investigación, en razón de los cuales consideró que no se actualizó ninguno de los delitos que el impetrante del amparo atribuyó a la posible imputada. Por tanto, al haberse analizado los datos que se aportaron a la investigación, no existe violación a las formalidades esenciales del procedimiento, como son la legalidad y el debido proceso a que alude el quejoso. Finalmente, en lo concerniente al concepto de violación precisado en el inciso c), es también infundado, ya que de lo expuesto en párrafos que anteceden, se desprende, que en la resolución reclamada se cumplieran las formalidades del procedimiento, pues la autoridad responsable tomó en consideración todos los datos de prueba aportados a la carpeta de investigación, y con base en el análisis de los mismos, llegó a la conclusión de que no se acreditaba ninguno de los delitos que se atribuyeron a la posible imputada, con lo cual cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, como son la legalidad y el debido proceso a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales. Asimismo, como se aprecia de la reproducción del DVD que contiene la resolución reclamada, el quejoso fue escuchado en la audiencia respectiva al igual que su asesor jurídico, por lo tanto se le respetó su derecho de acceso a la justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 constitucional. De igual forma, la propia resolución se encuentra fundada y motivada conforme al análisis realizado de los datos de prueba referidos; y en cuanto a lo dispuesto por el artículo 20, inciso C) constitucional, concretamente en lo que respecta a la situación del impetrante del amparo en su carácter de víctima, el mismo estuvo asistido por asesor jurídico que al efecto designó. En consecuencia, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la determinación que resolvió la impugnación de la abstención de investigar del ministerio público, viole en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales a que hizo alusión en su demanda, ni advertida, como ya quedó asentado al inicio de este considerando, queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Álvarez Barragán contra el acto reclamado del juez de Control del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa, hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTYE QIUEJOPSA LA SENTENCIA DE 27, DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Álvarez Barragán contra el acto reclamado del juez de Control del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa, hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
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CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN GARCÍA TREJO, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. LIC. JUAN GARCÍA TREJO 459 doce de enero de dos mil dieciséis En tres de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
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