MERLIN CRUZ PEREZ y Otros.

Expediente 705/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
705/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • MERLIN CRUZ PEREZ y Otros.
  • Merlin Cruz Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el alegato ministerial número 377/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo; sin que haya lugar a dictar disposición legal alguna, en virtud de que el presente juicio se encuentra concluido y archivado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de diez de junio del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que el acto que los quejosos MERLIN CRUZ PEREZ, MARCO ANTONIO DZIB COB y EMILIANO GONZALEZ ALVARADO reclamaron en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la citada autoridad de enviar exhorto a la Junta de Conciliación del Estado de México, solicitado por la aquí quejosa en el juicio reclamatorio 722/2018, de su índice, a fin de notificar a la parte demandada el laudo dictado en el citado juicio. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir el informe justificado, se advierte que si bien negó el acto reclamado, lo cierto es que informó que el seis de junio del año en curso, envió el exhorto respectivo, para notificar a la demandada el laudo dictado en el juicio reclamatorio 722/2018, lo cual acredita con el oficio 585/2019, de esa propia fecha y la certificación de la mensajería acelerada a través de la cual envió el mismo. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que ya libró el exhorto correspondiente para notificar el laudo a la parte demandada, en el juicio reclamatorio laboral 722/2018. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de enviar el exhorto a la Junta de Conciliación del Estado de México para que notifique el laudo dictado en el juicio reclamatorio laboral 722/2018; y la responsable ya giró el exhorto respectivo a fin de dar cumplimiento a tal notificación tal como se advierte de su oficio 585/2019 y de la certificación de la mensajería se advierte que fue remitido el mismo el seis de junio de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que ocurrio el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que el acto que los quejosos MERLIN CRUZ PEREZ, MARCO ANTONIO DZIB COB y EMILIANO GONZALEZ ALVARADO reclamaron en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la citada autoridad de enviar exhorto a la Junta de Conciliación del Estado de México, solicitado por la aquí quejosa en el juicio reclamatorio 722/2018, de su índice, a fin de notificar a la parte demandada el laudo dictado en el citado juicio. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir el informe justificado, se advierte que si bien negó el acto reclamado, lo cierto es que informó que el seis de junio del año en curso, envió el exhorto respectivo, para notificar a la demandada el laudo dictado en el juicio reclamatorio 722/2018, lo cual acredita con el oficio 585/2019, de esa propia fecha y la certificación de la mensajería acelerada a través de la cual envió el mismo. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que ya libró el exhorto correspondiente para notificar el laudo a la parte demandada, en el juicio reclamatorio laboral 722/2018. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de enviar el exhorto a la Junta de Conciliación del Estado de México para que notifique el laudo dictado en el juicio reclamatorio laboral 722/2018; y la responsable ya giró el exhorto respectivo a fin de dar cumplimiento a tal notificación tal como se advierte de su oficio 585/2019 y de la certificación de la mensajería se advierte que fue remitido el mismo el seis de junio de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que ocurrio el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

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