Michael Rossel May Alvarez
Expediente 1015/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Michael Rossel May Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA IV. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 338/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por interpuesto por el quejoso , por conducto de su defensor particular Iván Gerardo Zavala Cachón, contra la sentencia firmada en este juicio; asimismo, devuelve el expediente original y un anexo; de la cual se advierte que la Superioridad, en su primer punto resolutivo, confirmó la sentencia recurrida; y en el segundo, no ampara ni protege a la parte quejosa. ACÚSESE RECIBO VÍA INTERCONEXIÓN. Como solicita el Tribunal de Alzada entréguese mediante oficio copia del testimonio a la autoridad ordenadora. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido... este asunto es conservable. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de conservación. En el entendido de que el duplicado será destruible en un plazo de seis meses, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo. Finalmente, devuélvase a la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, el original del toca penal número 115/2021 de su índice, junto con dos DVD. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós Agréguese a este expediente el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del juicio de amparo 1015/2022.IV y un anexo, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en dicho juicio de amparo; asimismo, informa que se admitió el recurso de revisión quedando registrado con el número 338/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Iván Gerardo Zavala Cachón, defensor del directo quejoso Michael Rossel May Álvarez, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva firmada el diez de agosto del año en curso dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión y córrase traslado del escrito de expresión de agravios a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y personalmente a la tercero Elmi Natali Medrano Chan. Realizado lo anterior, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente y previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el original del escrito de expresión de agravios y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con el original de este expediente en que se provee, y un anexo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para la substanciación del recurso que se trata. NOTIFÍQUESE Y personalmente a la tercera interesada. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el doce de abril de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Michael Rossel May Álvarez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de los Magistrados adscritos a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número IV.1015/2022; y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. De igual forma, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y Elmi Nathalí Medrano Chan, lo que se realizó en sus términos. TERCERO. Celebración de la audiencia. Seguido el juicio por su secuela procedimental, el once de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en este asunto. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la resolución reclamada fue dictada por una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tiene ejecución en esta ciudad; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro' "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Michael Rossel May Álvarez reclama: La resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós dictada en autos del toca penal 115/2021 de su índice, mediante la cual dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable autoría en el hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por Elmi Nathalí Medrano Chan e imputado por la representación social. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de los Magistrados adscritos a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ya que así lo reconoció la Magistrada Tercera y Presidenta al rendir el informe justificado en su representación. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Certeza que se corrobora con el original del toca penal número 115/2021 y los discos compactos en formato DVD (Disco Versátil Digital) que remitió la Sala responsable, como justificación de su informe y por oficio 982/2022, y que obran al resguardo de la Secretaría, el primero de ellos como cuaderno de antecedentes. Documentales que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, en especial, respecto de los registros de audio y video de la audiencia donde consta la determinación impugnada. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a sus funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción de los discos compactos con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relativas al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta. Además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Máxime que tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la ley de la materia, y menos aún se rindió prueba en contrario para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia; por lo que procede el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos, ya que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de fondo, es importante realizar una breve síntesis de los antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, de las documentales que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, consistentes en el original del toca penal número 115/2021, a las que se confirió valor probatorio pleno en párrafos que anteceden, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Escrito de siete de octubre de dos mil veintiuno del Fiscal Investigador adscrito a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el que solicitó fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación en contra de Michael Rossel May Álvarez, por su probable autoría en la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por Elmi Nathalí Medrano Chan e imputado por la representación social (fojas 26 a 27, del anexo). 2. Constancia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno levantada por la Administradora del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, por la cual, en atención a la solicitud realizada por el Fiscal Investigador adscrito, formó la carpeta administrativa 285/2021 y fijó las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de formulación de imputación solicitada (fojas 28 a 28, reverso, del anexo). 3. Acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado accedió a la realización de la audiencia inicial de formulación de imputación y reiteró la hora y fecha fijadas para su desahogo; asimismo, citó a Michael Rossel May Álvarez y ordenó notificar a las demás partes, para que comparecieran a la referida audiencia (fojas 29 a 32, del anexo). 4. El día diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la formulación de imputación por el delito de violencia familiar cometido en agravio de Elmi Nathalí Medrano Chan, una vez hecho lo anterior, se le dio al imputado la oportunidad de declarar, el cual decidió reservarse tal derecho; asimismo, la fiscal solicitó la vinculación a proceso, aportando los datos de prueba para acreditar que se cometió el hecho delictivo y que probablemente fue el aquí quejoso quien lo cometió. Posteriormente, el imputado renunció a los plazos para resolver su situación jurídica y solicitó se resuelva su situación en ese propia audiencia, lo que fue confirmado por su defensor; por lo que, después de escuchar a las partes, el Juez de Control dictó auto de no vinculación a favor de Michael Rossel May Álvarez (fojas 44 a 47, reverso, del anexo). 5. Escritos de veinticuatro y veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por los cuales, el Fiscal Investigador adscrito a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y la querellante Elmi Nathalí Medrano Chan interpusieron recurso de apelación en contra del auto de no vinculación decretado en la carpeta administrativa 285/2021 (fojas 54 a 57, reverso, y 59 a 68, del anexo). 6. Acuerdo de veintinueve de noviembre de dos veintiuno, mediante el cual se tuvieron por interpuestos los citados recursos y se corrió traslado a las partes para que manifestaran lo que su derecho correspondiera (fojas 69 a 71, del anexo); siendo que, por escrito de tres de diciembre de dos mil veintiuno, Iván Gerardo Zavala Cachón, defensor de Michael Rossel May Álvarez, desahogó la prevención realizada y dio contestación a los agravios esgrimidos (fojas 74 a 76, reverso, del anexo). 7. Proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual el Juez de Control ordenó remitir mediante oficio al Magistrado Presidente de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado los escritos de agravios y demás constancias conducentes para la substanciación del recurso de apelación interpuesto; el cual, por razón de turno le correspondió conocer a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y fue registrado bajo el número de toca 115/2021 (fojas 77 a 79, reverso, del anexo). 8. Acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, en el que la Sala responsable se declaró competente para conocer del medio de impugnación interpuesto y lo admitió a trámite, por lo que, entre otras cuestiones, fijó las trece horas del veintitrés de marzo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de ley (fojas 176 a 183, reverso, del anexo). 9. Resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós dictada en autos del toca 115/2021 del índice de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por la cual resolvió los recursos de apelación interpuestos en contra del auto de no vinculación a proceso a favor de Michael Rossel May Álvarez; cuyos puntos resolutivos fueron (fojas 262 a 288, del anexo): "PRIMERO. Resultan infundados por una parte y fundados por otra los agravios hechos valer por los recurrentes, advirtiéndose violaciones a los derechos humanos de la querellante ELMI NATHALI MEDRANO CHAN. SEGUNDO. SE REVOCA LA RESOLUCIÓN APELADA, de fecha 19 diecinueve de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta administrativa 285/2021. TERCERO. Se decreta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO contra el imputado MICHAEL ROSSEL MAY ALVAREZ, por la probabilidad de su autoría en los hechos señalados por la ley como el delito de VIOLENCIA FAMILIAR previsto y sancionado en el numeral 228 doscientos veintiocho del Código Penal del Estado, querellado por la ciudadana ELMI NATHALI MEDRANO CHAN e imputado por la Representación Social. CUARTO. Instrúyase al Juez de control a fin de que continúe la audiencia correspondiente, para que en su caso el Fiscal de la Adscripción solicite las medidas cautelares pertinentes en caso de considerarlo necesario. QUINTO. Devuélvase las videograbaciones y escritos que correspondan a su lugar de origen, para los trámites concernientes, para los efectos legales correspondientes. SEXTO. Remítase al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, copia certificada de la presente resolución, junto con sus constancias de notificación, para su conocimiento y efectos legales que procedan; hecho esto archívese el toca como asunto concluido. SÉPTIMO. Notifíquese y Cúmplase." Esta última resolución constituye el acto impugnado en esta instancia constitucional. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el que deberá negársele el amparo y protección que solicita; sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que establece esa institución a favor de los inculpados o sentenciados dentro de un proceso penal. En la demanda de amparo el quejoso señala que se vulneran en su perjuicio, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; medularmente, porque no existen datos en la carpeta de investigación que permitan establecer razonablemente que cometió el delito de violencia familiar que se le atribuye, así como su intervención como autor directo. Lo anterior, en virtud de que el ministerio público no aportó pruebas suficientes que permitan establecer su probable responsabilidad en el hecho que se le atribuye, existiendo insuficiencia probatoria, toda vez que no se acreditó de las constancias que obran en la carpeta de investigación de origen que el justiciable haya cometido ilícito alguno; así, como que no se acreditó la forma, tiempo, modo y lugar de la ejecución del ilícito que se le imputa. Ahora bien, primeramente se examinará si la Sala responsable cumplió con los requisitos de legalidad y que existan datos suficientes para establecer razonablemente que se haya cometido el hecho señalado como delito por la ley o que probablemente haya participado en el mismo. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso (que dio origen al acto que se reclama) se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema; los cuales establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén los requisitos que debe contener, y disponen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: I. Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el que haga del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. IV. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. II. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. III. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Por tanto, es menester que de los antecedentes carpeta administrativa y del toca de apelación, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que se imputa como delito; así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, y la probabilidad de la comisión o participación del imputado. Asimismo, en cuanto al auto de vinculación a proceso, para la satisfacción del derecho constitucional, es necesaria una correcta y sana crítica de los datos de prueba que se relacionen, en observancia de las reglas de la lógica, conjugadas con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para valorar aquellos elementos (individual y global) que han servido de fundamento y así establecer si los datos de prueba son suficientes para determinar la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y la probable comisión o participación del imputado. Ahora bien, de los audios y videos de las audiencias contenidas en los discos versátiles digitales (DVD) que remitió la Sala responsable, reproducidas y analizadas por la suscrita Juzgadora Federal, asistida de la Secretaria con quien actúa y da fe; se advierte que los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, complementados con los citados ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos, tal y como se analizará a continuación. En relación con el primero de los requisitos, la Sala responsable precisó que se formuló imputación, en audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, contenida en el disco óptico que le fue remitido a dicho órgano colegiado por el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado; asimismo, hizo constar que el imputado manifestó su deseo de reservarse el derecho a declarar, como se advirtió en la propia audiencia. Al inicio de la referida audiencia se individualizó a las partes, y se corroboraron los datos que proporcionaron ante la auxiliar de la Sala responsable. Así, para verificar lo asentado por la autoridad responsable, en los discos versátiles digitales que adjuntó a su informe justificado y oficio 982/2022, consta la audiencia inicial de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno celebrada en autos de la carpeta administrativa 285/2021 del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, donde se advierte que efectivamente se cumplieron con los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo 316 y fracción I del artículo 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los restantes requisitos, relativos a las fracciones III y IV del artículo 316, II y III del diverso 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se analizan de la siguiente manera: En efecto, la Sala responsable consideró que los datos de prueba relacionados por el fiscal investigador adscrito en la audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, permiten establecer que, contrario a lo resuelto por el Juez de control, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; además de que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió. Es así, debido a que los datos de prueba enunciados por el referido fiscal permiten establecer razonablemente que el imputado y la víctima sostuvieron una relación sentimental, así como que el sujeto activo ejecutó actos abusivos de poder dirigidos a dominar a la víctima de una manera física, piscológica y sexual. Hechos que la Sala responsable estimó encuadraban en el delito de violencia familiar, previsto y sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán, el cual establece: "Artículo 228.- Comete el delito de violencia familiar, el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante, adoptado o persona que mantenga o haya mantenido una relación de hecho o de pareja con la víctima, que ejerza cualquier acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera económica, física, patrimonial, psicológica o sexual, en contra de un miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de dos a siete años de prisión y, en su caso, la pérdida del derecho de pensión alimenticia y la privación del régimen de convivencia, patria potestad, custodia o tutela según corresponda. Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez o durante los tres meses posteriores al parto; sea menor de dieciocho años de edad; mayor de sesenta años; o presente alguna discapacidad física o mental, total o parcial, temporal o permanente que le impida comprender el significado del hecho; o se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; se cometa con la participación de dos o más personas; se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; existan antecedentes, legalmente documentados, de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima; o exista imposibilidad material de la víctima de denunciar la violencia familiar ejercida en su contra. La violencia familiar podrá ser denunciada por cualquier persona que tenga conocimiento de este hecho o sea testigo de este. Para tal efecto, la víctima ratificará la denuncia dentro del término de diez días naturales posteriores a su presentación." Del ordinal en comento se advierte que los elementos constitutivos del tipo penal son: a) Que el sujeto activo mantenga o haya mantenido una relación de hecho o de pareja con el pasivo. b) Que el sujeto activo ejerza cualquier acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera económica, física, patrimonial, psicológica o sexual, en contra del sujeto pasivo, dentro o fuera del domicilio familiar. Con base en lo anterior, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la Sala responsable revocó la resolución apelada y resolvió que los hechos que se le imputaron al justiciable encuadran en el marco de ilicitud previsto como violencia familiar; siendo que para establecer lo anterior, de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideró que de los antecedentes enunciados por el fiscal adscrito en audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, los hechos se justificaron razonablemente con los siguientes datos de prueba: Acta de querella de la víctima de identidad reservada de iniciales E.N.M.CH., de treinta y uno de enero de dos mil veinte, ante la Fiscal Investigador Ana María Rodríguez Raz, en la que expresó: "Nos manifiesta que mantuvo una relación sentimental de aproximadamente un año con el citado Michael Rossel May Álvarez, de aproximadamente. refiere su edad y refiere que en el mes de marzo del año dos mil dieciocho; asimismo, refiere que no vivían juntos pero que si pasaban mucho tiempo en su casa la cual se encuentra ubicada. (la cual por reserva de datos su señoría se omite referir). esto en la colonia Lindavista; asimismo, refiere que al principio de la relación todo se encontraba bien, siendo que aproximadamente cuatro meses de dicha relación comenzó a notar un comportamiento del citado Michael que era agresivo, ya que la celaba, así como refiere que consumía bebidas embriagantes y las cosas eran peor; de igual manera, refiere que la insultaba y la humillaba, le cuestionaba sobre las personas con las cuales había estado, así como le decía que de puta no la bajaba, asimismo, le mencionaba que las putas sólo estaban con más de una persona en su vida; asimismo, refiere que incluso la obligaba a tener relaciones sexuales, esto por la vía anal y refiere la ciudadana que por miedo a que. (perdón su señoría).refiere la citada que por miedo ella accedía a tener dicha relación sexual; asimismo, refiere que ella le suplicaba al citado Michael que parara de darle la relación sexual por la vía anal y éste el refería que le excitaba verla sufrir y llorar, sin embargo, a este punto de la relación, refiere la citada ciudadana, no la había agredido en ese momento físicamente, momento después, refiere que hubo un tiempo en que la engaño y ella decidió alejarse, esto en el mes de julio del año dos mil dieciocho; asimismo, refiere que el citado Michael la siguió buscando y logra convencerla para que regrese con él, por lo que, al finales del mes de julio del año dos mil dieciocho regresó con él, y las cosas refiere que tornaban diferentes ya que observó que era ya más agresivo con sus palabras, la humillaba y la insultaba diciéndole que era una puta, no vales nada, no mereces estar con una persona como yo, si no vas a estar conmigo no vas a estar con nadie más, eres mía; asimismo, le decía que el hacerla sufrir le alimentaba su ego; ya era tanta la humillación de Michael que decidió nuevamente separarse de él a mediados de diciembre de dos mil dieciocho; de igual manera, continúo manifestando que al principio que ya él la había dejado en paz, ya no le mandaba mensajes ni la buscaba, sin embargo, en el mes de enero del año dos mil diecinueve le envío varios mensajes amenazantes, ya que le decía que se iba a arrepentir de haberlo dejado y que se las iba a pagar pero ella no contestaba ningún mensaje para no agrandar las cosas y tratar de no tener ningún contacto con él, ya que siempre buscaba la manera de convencerla para regresar con él, pero en el mes de febrero del año dos mil diecinueve la busca nuevamente y en el mes de marzo la va a ver, la invita a cenar y ésta accede, sin embargo, la referida querellante refiere que se da cuenta que la estaba engañando, ya que se encontraba saliendo con otra muchacha pero logra convencerla de que no estaba saliendo con dicha muchacha y aceptó salir con él al día siguiente, por lo cual refiere que siguieron saliendo por varias ocasiones y así como la convence que regrese con él a finales de marzo del año dos mil diecinueve; refiere que las cosas ya no eran igual ya que terminaban y regresaban, por lo que, la relación ya era muy inestable, le prohibía salir con su familia, hasta que en el mes de abril de dos mil diecinueve, Michael le refiere que le gustaba meterse agujas y jeringas en las venas cuando éste se encontraba en estado de ebriedad, dejaba que le brote la sangre y en una ocasión refiere la querellante que ella misma la manipulaba para que ella se introdujera dichas jeringas ya que le excitaba ver cómo le salía la sangre, ella refiere que se negaba pero por el miedo y para evitar problemas ésta accede; asimismo, en el mes de mayo del año dos mil diecinueve se encontraba en su casa, en su mismo domicilio del cual se omite referir, ya que éste se reserva, refiere que en ese lugar la agredió físicamente, ya que la toma del cuello y la intenta asfixiar y le empuja contra la pared como pudo le refirió que la suelte y es que, en ese momento, se calmó, a pesar de esto siguió saliendo con él por dos meses más, sin embargo, trataba de alejarse y como él no lo aceptaba la iba a buscar, le tiraba piedras en la ventana de su casa para que pudiera hablar con él, hasta principios del mes de agosto del año dos mil diecinueve decidió terminar la relación por completo y al principio refiere que no la siguió buscando hasta después de una semana que comenzó a enviarle de nueva cuenta mensajes para que regresara con él pero ésta nunca le respondía y éste le comenzaba a amenazar con que se iba a arrepentir, así estuvieron, la buscaba, la dejaba de molestar y nuevamente la buscaba hasta que el día treinta de enero del año dos mil veinte recibió un mensaje de una compañera de su trabajo de la citada querellante, a la cual le refiere que le habían dejado una caja sorpresa en su lugar de trabajo, esto, el cual se ubica en la calle sesenta, por calle cincuenta y siete y cincuenta y siete, letra "A", del centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en la colonia Celia Morales, en el cual la citada amiga le recibió respecto de este paquete, ella va, toma este paquete y observa que era un estuche con flores y en su interior había un estuche de terciopelo con un anillo de diamantes; asimismo, contenía un libro, el cual se encontraba titulado "El matrimonio del cielo y del infierno", lo cual refiere la citada querellante que le sorprendió, al abrir el libro, ya que estaba firmado por el citado Michael; asimismo, refiere que no sabe cuál es el motivo del regalo, por lo cual, en ese momento, lo puso a disposición del fiscal para la debida inspección." Testimonial de María Caridad Castillo Navarrete, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, ante la Fiscal Investigador Ana María Rodríguez Raz, la que expresó: "Que la citada querellante la conoce de toda su vida ya que es su amiga, asimismo, que sabe que la citada querellante tuvo una relación sentimental con el citado, en este momento refiere que no sabe su nombre pero que si sabe de qué se trata de la pareja sentimental; asimismo, refiere que la relación de la citada querellante era tóxica ya que siempre terminaban y regresaban; asimismo, refiere que la citada querellante en ocasiones se la pasaba llorando, le marcaba llorando, ya que la había intentado asfixiar y que le dejó moretones en los brazos y en el cuello pero, asimismo, que la sigue molestando enviándole correos y llamadas y que la seguía insultando diciéndole que eres una zorra, eres una puta, con la que estoy, estoy para ella, soy el primero, pero aun así refiere que la citada querellante pues regresó con el citado ciudadano aquí presente; asimismo, refiere que recibía humillaciones, recibía insultos, la hacía menos; asimismo, refiere que ella siempre ha intentado hablar con la querellante respecto a lo que ella estaba sufriendo pero aun así la citada querellante decidía siempre regresar con el ciudadano aquí presente; asimismo, refiere que se enteró que en agosto del año dos mil diecinueve, al citada querellante terminó por completo la relación que mantenía; asimismo, refiere que la misma querellante le contó que le seguía mandando mensajes para que regrese con él, así como le amenazaba, le decía que se iba a arrepentir, así como refiere que la querellante pues ya trató de no tener ningún contacto con el imputado aquí presente, bloqueándole de las redes sociales y únicamente nos refiere que de igual manera tiene conocimiento de que en su trabajo de la querellante pues recibió una caja sorpresa, como ya se mencionó, con las rosas en su interior, así como un estuche de terciopelo con el anillo." Testimonial de Azael Donahi Medina Escalante, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, ante la Fiscal Investigador Ana María Rodríguez Raz, el que expresó: "Que el citado testigo conoce de igual manera a la citada querellante aproximadamente once años, ya que estudiaron juntos y son buenos amigos; asimismo, sabe que mantenía una relación sentimental con el ciudadano aquí presente Michael Rossel May Álvarez, asimismo, esto lo sabe por qué lo ha visto, de igual manera, ha observado que el ya mencionado consume bebidas embriagantes frecuentemente y siempre se la pasa ofendiendo a la querellante; asimismo, refiere que el citado Michael le hacía escenas de celos y le gritaba sin ningún motivo, razones por la cual sabe que la citada querellante pues se separaba en varias ocasiones del citado imputado aquí presente; refiere, de igual manera, en el mes de julio del año dos mil dieciocho le contó a él que el citado Michael le refería que siempre le refería que era una puta; asimismo, meses después, sabe que en diciembre regresaron, asimismo, sabe que, de igual manera, que terminó su relación con el citado Michael; asimismo, refirió que en el mes de enero, en una reunión, ella le comentó que el citado Michael le seguía mandando mensajes amenazándola y pidiéndole que regresen; asimismo, de igual manera, refiere que en el mes de mayo, la cual no sabe la fecha exacta, recibe una llamada de la querellante en la cual le solicitaba que fuera por ella ya que se encontraba muy asustada debido a que, momentos antes, Michael le había jaloneado, además de que la agarró del cuello y la intentó asfixiarla; asimismo, refiere que en el mes de agosto la querellante le comentó que había terminado por completo la relación pero que se encontraba asustada debido a que Michael le seguía acosando y buscando; de igual manera, sabe respecto a este regalo que se le envío en su centro de trabajo con las rosas en su interior y el estuchecon un anillo de diamantes." Once correos electrónicos tomados por un perito criminalista de un celular de la marca iphone 11, de color blanco, del Michael Rossel May Álvarez, con correo electrónico rossel@live.com.mx, dirigidos a Elmi Nathalí Medrano Chan, con correo electrónico medrano.f@gmail.com.mx, de los cuales se advirtió: "Que el citado imputado pues como bien mencionó la víctima en su querella, pues la seguía acosando, la seguía buscando, ya que en estos correos le refería que se encontraba arrepentido con lo que había hecho, que era el amor de su vida y que quería regresar con ella, que por favor le conteste los correos; asimismo, se puede observar que está arrepentido por haber peleado, que sufre celos, así como se arrepiente de todas las acciones que le había perpetuado a la víctima, así como le pide perdón; de igual manera, refiere que se ha dado cuenta de lo malo que ha sido él; asimismo, refiere que estas palabras que le ha escrito pues son tal vez ya miserables, ya que no tiene remedio para subsanar todo lo que él le había causado, así como el reconoce que se equivocó en sus acciones y le refiere, de igual manera, celos y envidia por el afortunado que tendrá el honor de estar con ella, así como se pueden observar diversos correos electrónicos su señoría, de los cuales siempre le ha sugerido que regrese con ella, le refiere te extraño, te amo, pero pues la citada querellante pues no le hace ninguna contestación a estos correos electrónicos; de los cuales se puede observar igualmente su señoría que el primero fue enviado en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, en el cual, como bien mencione refiere que quiere arreglar todo lo malo que él ha realizado; el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve le refiere te extraño mucho, daría todo por estar contigo y le pide perdón; el diecinueve de diciembre del año dos mil diecinueve, de igual manera, le envía otro correo; en fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve se tiene otro correo en el cual le pide perdón; asimismo, en veinte de diciembre de dos mil diecinueve, le envía otro correo con una sola imagen; asimismo, se tiene otra imagen que refiere te extraño tanto, estoy roto, no me gusta pensar que jamás te voy a volver a ver ni oler; así como el siete de enero del año dos mil veinte se recibe otro correo electrónico, en el cual, como bien he manifestado se arrepiente por haber peleado, por haberle ocasionado los celos, se arrepiente de sus acciones, así como ya he mencionado anteriormente; asimismo, en fecha cinco de febrero de dos mil veinte recibe otro correo electrónico; de fecha igualmente de siete de febrero de dos mil veinte se recibe otro correo electrónico, así como de fecha ocho de febrero, de los cuales son dos correos electrónicos." Dictamen psicológico forense de fecha dieciocho de julio del año dos mil veinte, realizado por la psicóloga Sofía del Carmen Chávez Moreno, a Elmi Nathalí Medrano Chan, en fecha cinco de marzo de dos mil veinte, se determinó que: "La citada querellante se encuentra ubicada en las tres esferas de consciencia, tiempo, persona y lugar, así como refiere que presenta signos y síntomas en lo que es lo conductual pues consumo de tabaco, alteraciones en los patrones alimenticios, insomnio, apatía, conductas de hipervigilancia, conductas ansiosas, así como llanto; en lo que es en la parte afectiva encontró enojo, miedo, animo depresivo, así como ansiedad; en la somática refiere cefaleas así como en la interpersonal, aislamiento, pérdida de confianza hacia las personas cercanas, dificultades para establecer vínculos, y en lo que es la cognitiva refiere un flashback, así como evitación pensamientos, culpa y desvaloración de sí misma, por lo cual, la citada psicóloga determinó que si se presentan factores de riesgo de violencia contra la mujer que podrían producirse en un futuro próximo; asimismo, recomendó que se tome un proceso de atención psicoterapeuta con el personal especializado en víctimas de violencia con la finalidad de reducir los efectos anteriormente señalados, por lo cual, esta es la conclusión a la cual llegó la citada psicóloga." Fotografías impresas a blanco y negro de una conversación vía inbox de Facebook, obtenida del celular de la marca iphone 11, de color blanco, de Elmi Nathalí Medrano Chan, en relación con el escrito interpuesto por Michael Rossel May Álvarez en el que refería que "la querellante era muy celosa y se peleaba con todas las mujeres que él se encuentra", de las cuales expresó: "Que dicha conversación se la realizó a una persona distinta a la que refiere el imputado." Comparecencia de Elmi Nathalí Medrano Chan, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veintiuno, en la que refirió: "Que con relación a su querella presentada en fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte quiere aclarar que los hechos ocurridos en el mes de mayo de dos mil diecinueve, la cual no recuerda la fecha exacta, pero fueron aproximadamente a las once horas cuando ocurrieron los hechos. esto en el domicilio del ahora imputado en la colonia Linda Vista, en la cual refiere que el citado imputado la intentó asfixiar, le colocó sus dos manos alrededor de su cuellos y comenzó a apretarla fuertemente y luego la empujó contra la pared pero como insistió en que la suelte, es en que se calma y la suelta; asimismo, ese mismo día a las doce horas le habló a su amigo de nombre Azael Donahi Medina Escalante, no recuerda la hora exacta, y le solicitó que la fuera a buscar pues se encontraba muy asustada por lo que momento antes había sucedido; asimismo, refiere que llegó el citado Azael a la casa del ahora imputado como media hora después de que le había llamado y se fue con él; asimismo, refiere que su amigo pudo observar las marcas que tenía en su cuello debido a que el citado imputado le apretó fuertemente; asimismo, refiere que los hechos anteriormente ocurridos en casa del citado imputado nadie. vio la forma en como la trataba pero su amigo Azael y su amiga María Caridad Castillo Navarrete tienen conocimiento de lo que le sucedió, ya que se los contó, esto en fecha de mayo del año dos mil diecinueve; asimismo, refiere que el citado imputado le pedía que se quedara con él a dormir, por lo cual, ella se quedaba hasta tres días por semana a dormir con él, así como tenía ropas escasas por cualquier eventualidad; asimismo, proporciona el nombre de su compañera que le hizo del conocimiento del regalo que le dieron en su lugar de trabajo, este es de nombre Cecilia Angélica Morales Pacheco." Testimonial de Cecilia Angélica Morales Pacheco, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno ante el Fiscal Investigador, en la que refirió: "Que si sabe que la citada querellante pues trabaja en el teatro José Peón Contreras, esto en el fideicomiso garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, asimismo, sabe que el treinta de enero del año dos mil veinte pues recibió una caja con unas rosas en su interior, esto por una persona de complexión robusta, de sexo masculino, tez moreno, cabello negro, el cual no se identificó pero que ahora sabe que es el señor Michael Rossel May Álvarez; asimismo, refiere que ella le dio aviso a la citada querellante del regalo, por lo cual ella refiere que no creía en dicho paquete por lo que le envió un mensaje vía whatsapp, la cual obra en la carpeta de investigación, en la cual se puede observar una fotografía del paquete así como la respuesta de la citada querellante." Testimonial de María Caridad Castillo Navarrete, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Fiscal Investigador, la que expresó: "Que comparece a fin de aclarar respecto a que sólo una vez había visto al novio de la citada querellante, a quien ahora sabe que se llama Michael Rossel May Álvarez, así como lo describe, una persona de sexo masculino, de tez morena, de aproximadamente un metro con setenta centímetros de estatura, complexión robusta, cabello color negro, ojos de color negro; asimismo, refiere que sabe que la relación que inició la querellante fue en el mes de marzo de dos mil dieciocho; de igual manera, refiere que la citada querellante le ha marcado llorando, ya que su novio la había intentado asfixiar y la dejó con moretones en sus brazos y en su cuello, esto lo recuerda ya que esto sucedió en el mes de mayo del año dos mil diecinueve, ya que ella fue a su casa por la noche para platicar con ella y consolarla." Testimonial de Azael Donahi Medina Escalante, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Fiscal Investigador, el que expresó: "Que pudo observar los moretones que traía en el cuello la citada querellante, ya que el ahora imputado pues la intentó asfixiar, así como refiere que ella misma le llamó para que vaya a buscarla, por lo cual él realizó lo anterior y la llevó a casa de sus padres." Ahora bien, los datos de prueba relatados con anterioridad, entendidos como la referencia del contenido de un determinado medio de convicción, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cuerpo colegiado responsable correctamente los consideró idóneos, pertinentes y suficientes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable autoría material y directa del imputado, a los cuales les asignaron de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificaron explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita, así como de la impartición de justicia con perspectiva de género. Así con los citados datos de prueba, la Sala responsable constató las circunstancias de fecha y lugar en que ocurrieron los hechos, esto es, que el imputado, ahora quejoso, probablemente fue la persona que en las circunstancias de tiempo (en el mes de mayo del año dos mil diecinueve), (en el domicilio ubicado en la calle cuarenta y dos, número ciento setenta y dos, por calle veintiuno y veintitrés, de la colonia Linda Vista, de esta ciudad), lugar y modo (la agredió físicamente tomándola con sus manos en el cuello hasta asfixiarla y empujarla contra la pared); esto es, ejerció un acto abusivo de poder y de violencia física a una persona de identidad reservada de iniciales E.N.M.CH. (víctima), con la cual mantenía una relación de hecho (desde marzo del dos mil dieciocho hasta agosto de dos mil diecinueve). Mismos datos de prueba a los que la Sala responsable dotó de valor probatorio, por no existir elemento que arrojara duda de su veracidad, considerándolos aptos de eficacia jurídica, además de estar corroborados entre sí. En esa tesitura, la totalidad de los datos de prueba reseñados, ponderados con perspectiva de género por la Sala responsable, permiten suponer que el peticionario del amparo ha cometido un hecho señalado por la ley como delito, en este caso el de violencia familiar. Se afirma lo anterior, pues acorde a los datos de prueba que fueron relacionados de la audiencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno por la Sala responsable, claramente se advierte que en el mes de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las once horas, en el domicilio ubicado en la calle cuarenta y dos, número ciento setenta y dos, por calle veintiuno y veintitrés, de la colonia Linda Vista, de esta ciudad, Michael Rossel May Álvarez agredió físicamente a E.N.M.CH., con quien tenía una relación sentimental desde marzo de dos mil dieciocho. Siendo que con lo anterior, se sustenta el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en tanto que se han precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y hace probable la autoría del imputado, aquí quejoso, en la comisión de ese hecho ilícito. De manera que, analizando los datos de prueba que expuso la Fiscalía, en concordancia con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió; por lo que la resolución de la Sala responsable también cumple con el tercer requisito que señala la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al último requisito previsto en la fracción cuarta del invocado numeral, tal y como lo establece la Sala responsable, no se demostró, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. De ese modo, como ya se plasmó en líneas precedentes considera que en el presente caso con los diversos datos de prueba aportados por la Fiscal y valorados con perspectiva de género correctamente por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, existe la probabilidad que el quejoso Michael Rossel May Álvarez, tuvo participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Cuenta habida que, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en este caso; ya que el estándar probatorio es menor de aquél que se requiere para el dictado de un auto de formal prisión, pues cabe recordar que aquí sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a la investigación complementaria, a que alude el artículo 211, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Paralelamente, el auto de vinculación a proceso no vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia de la parte quejosa, ni constituye un pronunciamiento adelantado sobre el fondo del asunto, es decir, no se adelanta en forma alguna la sentencia definitiva, ya que únicamente establece la existencia de méritos suficientes para seguir el proceso, formalizar la investigación y permitir la continuación o el procesamiento sobre las medidas cautelares. Se cita por orientadora la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." De igual forma, contrario a lo expuesto por el quejoso en sus conceptos de violación, se considera ajustado que la Sala responsable realizara una ponderación de las pruebas mediante la herramienta de la perspectiva de género, reconociendo la condición de desigualdad imperante entre los géneros, identificando y valorando los elementos del contexto de la víctima Elmi Nathalí Medrano Chan; como son, sus características personales y el vínculo entre los involucrados, detectando la asimetría de poder y por ello, dándole valor probatorio a su dicho, eliminando apreciaciones o barreras estereotipadas en cuanto a lo vertido en sus declaraciones, evitando su revictimización y razonando que su dicho no es aislado sino que se adminicula con las testimoniales de María Caridad Castillo Navarrete y Azael Donahi Medina Escalante, en virtud de que guardan un enlace jurídico y natural con el dicho del sujeto pasivo del delito y otorgarles el valor jurídico previsto en el numeral 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como los correos electrónicos e informe psicológico de la citada Medrano Chan, del cual se advirtió que presentó datos clínicos de una persona violentada. Lo anterior, toda vez que en la etapa en la que se encuentra el juicio natural (auto de vinculación de proceso), la acreditación del hecho punible como la intervención del sujeto activo deben justificarse en un estándar probatorio al nivel de probabilidad, esto es, dentro de un índice gradual intermedio, ya que las investigaciones que se hagan a las partes en la etapa complementaria tenderán a corroborar la determinación emitida por el Juez de Control, pues los datos de prueba aún no han sido desahogados. Por lo que, en la citada etapa únicamente se debe analizar la razonabilidad de la prueba y no aspectos de su valoración, tendientes a su perfeccionamiento; siendo que la fuerza convictiva de lo depuesto, es una cuestión que atañe al alcance demostrativo, la cual será determinada por el juzgador con base en la idoneidad de la información aportada, conforme al mecanismo de la prueba indiciaria. De ahí que, contrario a lo que expone la parte quejosa, en el caso, en el estado procesal en el que nos encontramos, no solamente existe el dicho de la querellante, sino que el fiscal recabó diversos datos de prueba que fueron aportados a la carpeta de investigación, y que a la postre se relacionaron en la audiencia de ley, con los que solicitó el auto de vinculación a proceso, respecto de un hecho que la ley señala como delito, los cuales una vez que fueron hechos del conocimiento del Juez responsable, y al analizarlos por la Sala responsable, les dotó de eficacia probatoria, para concluir que en el caso, existen datos de prueba razonables, con los que se acredita la probable autoría material y directa del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho señalado como el delito de violencia familiar. Por ende, tal y como se relató en párrafos precedentes, la Sala responsable adminiculó correctamente la querella de la víctima, así como los diversos datos de prueba, que ponen en manifiesto que en el mes de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las once horas, en el domicilio ubicado en la calle cuarenta y dos, número ciento setenta y dos, por calle veintiuno y veintitrés, de la colonia Linda Vista, de esta ciudad, Michael Rossel May Álvarez agredió físicamente a Elmi Nathalí Medrano Chan, con quien tenía una relación sentimental desde marzo de dos mil dieciocho; lo cual, contrario a lo alegado por el quejoso, acredita indiciariamente el lugar, tiempo y circunstancias en que el imputado agredió a la citada Medrano Chan. Aunado a lo anterior, lo manifestado en la querella se tiene como un dicho de buena fe, máxime que encuentra apoyo en los diversos datos de prueba presentados por la Fiscalía, que permitieron sustentar las manifestaciones de la querellante. Apoya la anterior consideración, por analogía de razón, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Asimismo, se considera acertado que la Sala responsable señalara, que el medio comisivo que le permitió perpetrar la conducta querellada por la víctima, fue por abuso por parte del sujeto activo, que haciendo uso de la relación con la víctima, impuso diversas manifestaciones de violencia, pues de la querella realizada por la víctima se advierte que: ". mantuvo una relación sentimental de aproximadamente un año con el citado Michael Rossel May Álvarez. en el mes de marzo del año dos mil dieciocho;. en el mes de mayo del año dos mil diecinueve se encontraba en su casa. refiere que en ese lugar la agredió físicamente, ya que la toma del cuello y la intenta asfixiar y le empuja contra la pared como pudo le refirió que la suelte y es que, en ese momento, se calmó." De lo que se sigue que fue a través de dicha relación de hecho, que el imputado pudo llevar a cabo la conducta delictiva que se le atribuye, de ahí que contrario a lo expuesto en los conceptos de violación, de los datos de prueba que obraban en el juicio primario si se encontraba acreditado el lugar, tiempo y circunstancias para emitir el auto de vinculación por la Sala responsable. Sin soslayar el hecho de que, para concluir lo anterior, la Sala responsable hubiera hecho una valoración de los datos de prueba aplicando la perspectiva de género, pues al margen de que ello le constituye una obligación constitucional, en términos del artículo 1° de la Carta Magna, su análisis resulta ajustado a derecho, puesto que, en concepto de esta resolutora, no varió los hechos sometidos a su consideración, ni prejuzgó sobre los mismos; sino que identificó la situación de poder entre el inculpado y la ofendida, el contexto, los hechos y los datos de prueba, para, de un modo razonable y objetivo, identificar la descalificación subjetiva del dicho de la denunciante y su revictimización al exigírsele que estableciera de forma precisa y exacta el día de su agresión; concluyendo que ello constituye un estereotipo hacia las víctimas de violencia de género, al imponer una carga moral a ésta al no haber llevado el debido registro de cada uno de los eventos violentos sufridos. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 22/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rublo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género." Y la tesis aislada XXII.P.A.9 P (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, que establece: "DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 217 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. NO SE LIMITA A UN HECHO PARTICULAR Y AISLADO, SINO QUE TAMBIÉN SE INTEGRA POR EL CÚMULO DE ACTOS Y ACCIONES DE MALTRATO HACIA ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), ratificada por el Estado Mexicano el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, en sus artículos 1 y 2, punto a, dispone que por violencia contra la mujer debe entenderse cualquier acción o conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer; y que incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Por su parte, el artículo 217 Bis del Código Penal para el Estado de Querétaro establece, en lo que interesa, que al cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado o colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado que haga uso de medios físicos o psicoemocionales, así como la omisión grave contra la integridad física o psíquica de un miembro de su familia, independientemente de que se produzcan o no lesiones, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. En estas condiciones, las conductas y acciones asumidas por el cónyuge varón, consistentes en las agresiones físicas (golpes) y acciones verbales insultantes hacia su cónyuge mujer, como "obesa" e "inútil" y otros calificativos denostativos de su dignidad humana, configuran aquel delito, con independencia de que los testigos de cargo omitan dar cuenta puntual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de cada episodio, ya que es prácticamente imposible que una persona recuerde con precisión datos específicos de todos y cada uno de los actos y acciones de violencia, pues este tipo de conductas, que generalmente ocurren en ausencia de testigos, no se limitan a un hecho particular y aislado, sino también se integran por el cúmulo de actos y acciones de maltrato hacia alguno de los miembros de la familia que se precisan en la norma penal." En consecuencia, si la declaración se funda en el dicho de la víctima, robustecido con las presunciones que entrañan las testimoniales realizadas con motivo del hecho delictivo, en este caso las realizadas a María Caridad Castillo Navarrete y Azael Donahi Medina Escalante y el informe psicológico, entonces, debe estimarse que esos datos de prueba son aptos y suficientes para sustentar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXI, Quinta Época, página 5117, del tenor siguiente: "OFENDIDO, VALOR DEL DICHO DEL PARA DICTAR EL AUTO DE FORMAL PRISION. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues ello equivaldría a sostener que es innecesario, en la averiguación judicial, el examen de la víctima de la infracción. La prueba de la responsabilidad, en determinados delitos, como en el de violación, que por su naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos, se dificultaría sobremanera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas en el sumario; por sí sola podrá tener valor secundario, quedando reducida a simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante. En consecuencia, no es violatorio de garantías el auto de formal prisión dictado por el delito de violación, si se funda en el dicho de la víctima, robustecido con la declaración de un testigo y la presunción que entraña el dictamen médico; tanto mas, si no hay el menor indicio para suponer que la víctima haga imputación gratuita al acusado, por causa de enemistad o de rencor." Aunado a todo lo anterior, el imputado fue omiso en aportar algún dato de prueba para desvirtuar el contenido de ese señalamiento así como demás indicios anotados; por lo que, en este estado procesal contrario a lo que señala en sus conceptos de violación, debe considerarse que los mismos son suficientes para sostener la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como de la probabilidad de que el imputado tuviere la autoría en su comisión, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 2188, del Libro 72, Tomo III, Noviembre de 2019, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido." Por tanto, bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, se concluye que existen datos que evidencian la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15, fracción I del Código Penal del Estado, esto es, como autor material directo, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal, como acertadamente lo indicó la Sala responsable. De ahí que, como se estableció en líneas precedentes, la Sala responsable estuvo en lo correcto al revocar la resolución impugnada y considerar acreditado el hecho que la ley establece como constitutivo del delito de violencia familiar, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, fue el autor en su comisión. Asimismo, cabe señalar que el dictado del auto de vinculación, no vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de presunción de inocencia, en la medida en que lo establecido en dicho auto no puede estimarse como una condena, ni una pena anticipada, sino que dicha determinación únicamente sujeta al imputado a un proceso, sin determinar si es o no responsable de un delito, pues no obstante dicha vinculación, la Fiscalía está obligada a demostrar plenamente la responsabilidad del imputado durante el proceso, ya que en caso contrario no será destruido el estatus de inocente que todo imputado tiene a su favor, y por tanto no podrá ser considerado responsable del ilícito que se le imputa. Por todo lo anterior, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en sus conceptos de violación, la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, en el toca 115/2021, derivado del recurso de apelación interpuesto en la carpeta administrativa 285/2021, del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, está apegado a derecho. Aunado a que los datos de prueba fueron debidamente valorados por la responsable y con los mismos se advierten las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución del hecho delictivo que se le imputa al aquí quejoso; máxime que la resolución como ya estableció en líneas precedentes cumplió con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, así como los requisitos que contemplan los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso Michael Rossel May Álvarez y no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Michael Rossel May Álvarez, contra el acto que reclamó de los Magistrados adscritos a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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