Mercy Rocio Gutierrez Y Rosado

Expediente 1294/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1294/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Mercy Rocio Gutierrez Y Rosado

Actuaciones

  1. Principal

    El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado actual que guardan estos autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se ha emitido determinación alguna en este expediente, siendo que tal cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Haciéndose la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba paralizado por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión y posterior reanudación se decretaron en Circulares que se publicaron en la página del Consejo de la Judicatura Federal y obedecieron a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes, pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. En ese sentido, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Mercy Rocío Gutiérrez y Rosado, contra un acto que reclama Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad; se acuerda: Regístrese la demanda en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, toda vez que de la lectura del escrito de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable, de proveer en relación a sus escritos presentados ante dicha autoridad el veintiséis de noviembre y once de diciembre, ambos del año en curso, mediante los cuales solicitó se haga efectivo a la parte demandada en el juicio laboral 8/2015, los apercibimientos decretados en el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte, en el que se dio inicio al procedimientos de ejecución de laudo, así como se le reinstale a su trabajo, y se señale fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago de la cantidad cuantificada en el laudo dictado en dicho juicio laboral. En el caso, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 113 de la Ley de Amparo y 8 constitucional, por las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable", no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el Juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el Juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintidós hipótesis establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Esto es así, pues respecto a la omisión de dar respuesta a su petición presentada ante la responsable el veintiséis de noviembre y once de diciembre del presente año, tal y como lo manifiesta la quejosa en su demanda de amparo, cabe destacar que si bien es cierto, de conformidad con el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario y aquélla persona que se ostenta titular de un derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado; también resulta cierto, que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por el peticionario de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, pues resulta que ese derecho subjetivo puede o no existir. Por el caso, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: "Artículo 8º (constitucional). Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al "peticionario." En tales condiciones, es preciso que el quejoso demuestre que se encuentra afectada en su derecho de petición, pues de no hacerlo, como en el caso sucede, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición y, por ende, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto de juicio de amparo, por tanto la acción constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber al interesado. Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora bien, en la demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que mediante escritos de veinticinco de noviembre y diez de diciembre del año en curso, presentados ante el Tribunal responsable el veintiséis de noviembre y once de diciembre, ambos de dos mil veinte, le solicitó se haga efectivo a la parte demandada en el juicio laboral 8/2015, los apercibimientos decretados en el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte, en el que se dio inicio al procedimientos de ejecución de laudo, así como se le reinstale a su trabajo, y se señale fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago de la cantidad cuantificada en el laudo dictado en dicho juicio laboral. En ese tenor, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término o plazo razonable, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a sus peticiones, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petitoria de la quejosa. Lo anterior es así, ya que a la data en que se interpuso la demanda de derechos fundamentales, que lo fue el catorce de diciembre del año en curso, en tanto que la solicitud fue hecha el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por lo que solo ha pasado trece días hábiles; y la diversa petición fue realizada el once de diciembre de la presente anualidad, por tanto, solo ha pasado dos días hábiles, como plasmó la quejosa en su demanda de amparo, por lo que aún no se puede hablar de una omisión por parte de la autoridad señalada como responsable. Precisado lo anterior, la suscrita estima que en el caso se surte la causal de improcedencia en comento, ya que como quedó precisado con antelación, la parte quejosa formuló petición ante la autoridad responsable el veintiséis de noviembre y once de diciembre del año en curso, según se advierte del contenido de su demanda, y el catorce de los cursantes presentó su escrito de demanda de amparo; por tanto, es incuestionable que no ha transcurrido un plazo prudente o razonable para que la autoridad a quien dirige su petición realice las gestiones conducentes para emitir la resolución correspondiente y lleven a cabo la notificación del mismo. Encuentra exacta aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de Tesis 294/2018, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De ahí que, si su demanda fue presentada el catorce de diciembre del presente año, y dichas peticiones fueron realizadas, el veintiséis de noviembre y once de diciembre de este propio año, cuya omisión de proveer su solicitud reclama, es obvio que no ha transcurrido un plazo razonable o breve término para que la autoridad responsable de contestación a su peticiones formuladas y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento la respuesta recaída a las mismas. En esa virtud, no es posible que a la fecha de la presentación del libelo de amparo, la autoridad responsable esté en aptitud de dar contestación y hacer del conocimiento de la quejosa la resolución recaída a su petición, dada la fecha de presentación de su solicitud ante la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1º.5 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Página 633, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1, del mismo ordenamiento y 8 Constitucional, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Por otra parte, atento a lo solicitado por la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo; y como su autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Grisel Iveth Juárez Moguel y con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los restantes señalados en la demanda.De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la citada parte quejosa y sus autorizados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir.Asimismo, téngase como su correo electrónico asesoria.laboral@hotmail.com, para los efectos a que haya lugar.Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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