Mercy Rocio Gutierrez Y Rosado

Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
431/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Mercy Rocio Gutierrez Y Rosado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que de ellos se advierte que en el presente expediente existe documentos originales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, y toda vez que no existe razón legal para que continúen al resguardo de la secretaría de este Juzgado, notifíquese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días para que comparezca a este Juzgado a recoger los mismos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dichos documentos seguirán la suerte de este expediente principal. En tal virtud, con apoyo en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja en aptitud a la parte quejosa de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, ya sea la quejosa o cualquier persona que autorice, para estar en aptitud de acudir al Juzgado y recoger el documento de referencia que anexó a su demanda de amparo, previo acuse de recibo del mismos. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte quejosa, que de conformidad al artículo 3, del mencionado Acuerdo General 21, el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios, a fin de que tome sus precauciones.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********* quien se ostenta apoderada legal de la quejosa **********, contra el acto que reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, se acuerda: Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce la personalidad con la que se ostenta la nombrada promovente, en virtud de que afirma tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, y en términos de la diligencia de dos de marzo de dos mil dieciséis, con firmas autógrafas, en la que se hizo constar su asistencia como apoderada de la nombrada quejosa, en razón de que se encuentra legalmente acreditada y reconocida ante la autoridad responsable; por tanto, regístrese la demanda en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, toda vez que de la lectura del escrito de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable, de dar contestación a su escrito de tres de marzo del año en curso, que presentó ante el Magistrado Presidentes del Tribunal responsable, en esa propia fecha, por medio del cual le solicitó que dicte auto de ejecución por las cantidades condenadas en el laudo dictado en el expediente 8/2015, de su índice y señale fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo así como para llevar a cabo la reinstalación de la parte actora en dicho juicio En el caso, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, es notoriamente improcedente de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1 y 113 de la Ley de Amparo y 8 constitucional por las consideraciones que a continuación se exponen En efecto, es menester establecer que los términos manifiesto e indudable no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el Juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el Juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintidós hipótesis establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Esto es así, pues respecto a la omisión de dar respuesta a su petición presentada ante la responsable el tres de marzo del año en curso, tal y como lo manifiesta la parte quejosa en su demanda de amparo, cabe destacar que si bien es cierto, de conformidad con el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario y aquélla persona que se ostenta titular de un derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado; también resulta cierto, que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por el peticionario de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, pues resulta que ese derecho subjetivo puede o no existir. Por el caso, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: "Artículo 8º (constitucional). Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario En tales condiciones, es preciso que la parte quejosa demuestre que se encuentra afectada en su derecho de petición, pues de no hacerlo, como en el caso sucede, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición y, por ende, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto de juicio de amparo, por tanto la acción constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que señala Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Ahora bien, existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber al interesado Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora bien, en la demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que mediante escrito de tres de marzo del año en curso, presentado ante el Tribunal responsable en esa propia fecha, solicitó que dicte auto de ejecución por las cantidades condenadas en el laudo emitido en el expediente 8/2015, de su índice y señale fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, así como para llevar a cabo la reinstalación de la parte actora en dicho juicio laboral. En ese tenor es inconcuso que no ha transcurrido un breve término o plazo razonable a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su petición de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petitoria de la quejosa Lo anterior es así, ya que a la data en que se interpuso la demanda de derechos fundamentales que lo fue el diez de marzo del año en curso, en tanto que la solicitud fue hecha el tres de marzo citado, por lo que solo ha pasado cuatro días hábiles por lo que aún no se puede hablar de una omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Precisado lo anterior, la suscrita estima que en el caso se surte la causal de improcedencia en comento, ya que como quedó precisado con antelación, la parte quejosa formuló petición ante la autoridad responsable el tres de marzo del año en curso, según se advierte del contenido de su demanda y el diez de los cursantes presentó su escrito de demanda de amparo por tanto, es incuestionable que no ha transcurrido un plazo prudente o razonable para que la autoridad a quien dirige su petición realice las gestiones conducentes para emitir la resolución correspondiente y lleven a cabo la notificación del mismo. Encuentra exacta aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de Tesis 294/2018, que dice AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sostuvo que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivo, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador De ahí que, si su demanda fue presentada el diez de marzo del año en curso, y dicha petición fue realizada, el tres de este propio mes y año, cuya omisión de contestar reclama, es obvio que no ha transcurrido un plazo razonable o breve término para que la autoridad responsable de contestación a su petición formulada y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento la respuesta recaída a la misma. En esa virtud, no es posible que a la fecha de la presentación del libelo de amparo, la autoridad responsable esté en aptitud de dar contestación y hacer del conocimiento de la quejosa la resolución recaída a su petición, dada la fecha de presentación de su solicitud ante la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1º.5 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Página 633, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente DERECHO DE PETICIÓN SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo No pasan inadvertidas para esta Juzgadora Federal el contenido de las tesis que relaciona la parte quejosa en su demanda con registros 2021614 y 2021885, para apoyar sus manifestaciones sin embargo, en virtud de que se tratan de tesis aisladas emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito, no son vinculantes para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1, del mismo ordenamiento y 8 Constitucional, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Por otra parte, atento a lo solicitado por el quejoso, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo; y como su autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Grisel Iveth Juárez Moguel y con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los restantes señalados en la demanda. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que señala en su demanda, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Asimismo, la parte quejosa señala para oír y recibir notificaciones el correo electrónico asesoría.laboral@hotmail.com, número telefónico 9991854829; en consecuencia, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa los acuerdos que se estimen personales durante la contingencia sanitaria, mediante correo electrónico y teléfono celular, que proporciona la nombrada parte quejosa; ello, siempre y cuando fuera imposible realizar las notificaciones personales vía electrónica, lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía, y en el entendido de que de no ser factible contactar a la parte quejosa mediante el correo electrónico antes indicado, las notificaciones personales se realizarán en el domicilio señalado para tal efecto. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que se autorice al nombre de usuarios "elomendea" "Eileen", "Grisel-iveth y "LPR24", el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio. Al respecto, dígasele al promovente que se accede su petición, para el efecto de que con dichos nombres de usuarios elomendez Eileen Grisel-iveth y LPR24 puedan consultar y acceder al expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, así como para promover en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica a través de los citados nombres de usuarios elomendez Eileen Grisel-iveth y LPR24 por medio del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto, por medio de las cuentas electrónicas antes mencionadas. Por tanto, comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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