Melissa Estela Martínez Sanchez

Expediente 509/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
509/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Melissa Estela Martínez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, a la fecha, no se ha emplazado a la parte tercera interesada víctima de identidad reservada 91/2023 y que no obra constancia que acredite que el actuario de la adscripción hubiera realizado dicha diligencia de emplazamiento ordenada por auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. En tal virtud y en obvio de mayores dilaciones procesales, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona nuevamente al actuario de la adscripción para que de cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés y emplace a la parte tercera interesada a fin de integrar la relación jurídica procesal en este asunto. En tal virtud, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese; y emplácese a la tercera interesada como esta ordenado en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vistos los escritos firmados por ********************autorizado de la parte quejosa, agréguense a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en cuanto a sus escritos se proveen: En cuanto a su primer escrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones a título de alegatos; sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Ahora bien en cuanto a su segundo escrito, y toda vez que en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se reservó a proveer sobre el emplazamiento de los terceros interesados, hasta que estuviera en el sumario el informe justificado de la autoridad responsable, de donde se pueda advertir su calidad; lo que como se aprecia de las constancias que integran el sumario, ya aconteció. En ese tenor, se procede a proveer respecto en torno a dicho tópico de la manera siguiente. Toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que los delitos que se le imputan a los quejosos son el de Instituciones de Seguridad Pública, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de posesión simple de estupefaciente y secuestro cometidos en agravio de ******************** policías pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, así como de ******************** policías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado y la víctima de identidad reservada ********************. En ese sentido, respecto a los policías pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado y a la Fiscalía General del Estado, este órgano jurisdiccional considera que no les asiste dicho carácter de tercero interesado. Aquí, es necesario precisar que el reconocimiento o desconocimiento de la calidad de tercero interesado, no depende de los quejosos ni de alguna otra de las partes en el propio procedimiento, sino de este Juzgado Federal; siendo así, la suscrita considera que a dichas personas no les reviste tal carácter en razón de que el artículo 5 de la Ley de Amparo, limita específicamente los supuestos de las personas que tienen esa calidad, esto es, personas que pudiesen tener derechos opuestos a los de la parte quejosa y posible interés de que subsista el acto reclamado. Así, el numeral en comento establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. (.)." (Lo resaltado es propio)." Ahora bien, en el caso, el acto reclamado consiste en auto de vinculación a proceso de dos de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en esta ciudad; instruido en contra de los aquí quejosos, por sus probables participaciones en los delitos de Instituciones de Seguridad Pública, y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de posesión simple de estupefaciente; de ahí que no se están en alguno de los supuestos contenidos en el artículo transcrito. A más de que, si bien es cierto en el referido inciso c) del citado artículo tiene vinculación con el acto aquí reclamado pues prevé que el tercero interesado puede ser la víctima del delito u ofendido; sin embargo, en este asunto se trata del tipo penal contra las instituciones de seguridad pública, en el que no existe una víctima, pues si bien es cierto es en agravio de los agentes policiacos; sin embargo, no existe una ofensa personal contra aquéllos, quienes tampoco tienen derecho a la reparación del daño o a reclamar responsabilidad civil alguna. De ahí que se estime que a ******************** policías pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, así como de ******************** policías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, no se les llame a la presente instancia judicial como terceros interesados dado que no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 5 de la Ley de Amparo, en función de la naturaleza del tipo penal en el proceso natural y los actos que por esta vía se combate. Ahora, por cuanto hace a la víctima de identidad reservada ********************, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo1 , le resulta el carácter de tercero interesado, ello porque el acto reclamado afecta en los hechos la reparación del daño; esto es, ser agraviada dentro del proceso penal de origen. En relación a lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas no se advierten datos de la misma, en consecuencia, requiérase en el término de VEINTICUATRO HORAS al Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, para que proporcione los datos de la víctima de identidad reservada ********************, a fin de poder emplazarla al presente juicio. Bajo el apercibimiento que de no cumplirlos, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Finalmente, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesiones extraordinarias celebradas el diecinueve y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, notificadas a través de las Circulares 28/2023 y 29/2023, de esas propias fechas, declararon inhábiles del diecinueve al veintinueve de octubre del año en curso, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, de manera retroactiva, se declararon inhábiles del dieciséis al dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez, autorizándose para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos urgentes. Por otra parte, tomando en cuenta que la celebración de la audiencia constitucional se encontraba prevista dentro del periodo que abarcó la suspensión de los plazos y términos procesales, y que la fecha fijada ya transcurrió, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo dicha audiencia. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad; por lo que no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la notificación del auto por el que se dio vista con dicho informe y la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a las partes y estén en aptitud de imponerse de su contenido, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. Resulta aplicable al caso, por su contenido, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 191995 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Página: 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada del proceso penal 335/2023, de su índice, así como un disco versátil digital que dice contener las audiencias celebradas en el aludido proceso. Sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Regístrese el disco que remite la juez responsable en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

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