Melissa Estela Martínez Sánchez

Expediente 458/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
458/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Melissa Estela Martínez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz; agreguese a los autos para que obre como corresponda y téngasele informando que el diecisiete de noviembre de dos mi veintitrés del presente año, devolvió el despacho 1189/2023 (1941/2023), por lo que estese en espera a que se reciba el mismo, para acordar lo conducente. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual, remite el diverso dirigido a su Homólogo con sede en Tuxpan, Veracruz, lo anterior en virtud de la vista otorgada en autos; agréguese al sumario para que obre como corresponda y téngasele informando lo propio. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que no se ha recibido la comunicación oficial remitida al Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Papantla, Veracruz, correspondiente al despacho 1189/2023 (1941/2023), que se envió para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés. Consecuentemente, en obvio de mayores dilaciones procesales, requiérase al citado juzgador, vía telegráfica, sin perjuicio de hacerlo en la vía de correo ordinario para que devuelva a la brevedad posible a este juzgado federal, el aludido despacho diligenciado en sus términos, así como las constancias respectivas, o, en su caso, informe el impedimento legal que tenga para hacerlo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En tales condiciones, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte se advierte que se tuvieron como actos reclamados: a) Incomunicación; b) Malos tratos; y, c) Privación de la libertad personal fuera de procedimiento. Asimismo, que de autos se advierte la diligencia de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, elaborada por el actuario adscrito a este Juzgado, con la que, en lo que interesa dio fe del estado físico de la quejosa, precisando que "presenta lesiones en sus muñecas, codos, dedos de ambas manos, así como en la frente presenta un golpe y moretón, raspaduras en las rodillas y codos, así como manifiesta que presenta dolor en su espalda alta y cuello, así como dolor en su cabeza debido a una elemento del sexo femenino le jaló el cabello y dice que varios elementos le tocaron sus partes al momento de su detención". En ese sentido, a fin de emitir un pronunciamiento apegado a derecho, respecto a dichas manifestaciones, ante la posible presencia de malos tratos o actos de tortura, a efecto de poder determina fehacientemente su actualización y emitir una determinación ajustada a derecho esté órgano jurisdiccional estima necesario llevar a cabo la prueba pericial en materias de medicina, psicología especializada y fotografía acorde a los cánones del "Protocolo de Estambul"; en esas condiciones, se provee lo conducente: Dada la naturaleza de la prueba antes precisada, resulta necesario explicar a la aquí quejosa ******************** en qué consisten las evaluaciones para la realización del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de posible Tortura y/o Maltrato, de acuerdo a las directrices establecidas por el Protocolo de Estambul. Para lo cual, debe analizarse cuáles son los criterios que establece el Protocolo de Estambul con relación a la negativa del evaluado para que se le practique el dictamen de mérito y al respecto resulta relevante lo dispuesto en el capítulo II, inciso C, número 2, párrafos 63 y 64, bajo el rubro "consentimiento informado"; capítulo III, B, 83 primer párrafo; y capítulo III, inciso C, número 2, inciso a), párrafo 89, intitulado "Consentimiento informado y otras medidas de protección de la presunta víctima" del referido protocolo, los cuales establecen en lo conducente: ".Todas las declaraciones relativas al deber asistencial ponen de relieve la obligación de actuar en el mejor interés del individuo que está siendo examinado o tratado, lo cual presupone que los profesionales de la salud saben qué es lo mejor para el paciente. Un precepto absolutamente fundamental de la ética médica moderna es que son los propios pacientes quienes mejor pueden determinar sus propios intereses... La Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial especifica que el médico tiene la obligación de obtener el consentimiento voluntario e informado de los pacientes mentalmente competentes para cualquier examen o tratamiento. Esto significa que los pacientes necesitan conocer las consecuencias que puede tener su consentimiento o su rechazo. Por consiguiente, antes de examinar al paciente el profesional de la salud deberá explicar con toda franqueza cuál es el objetivo del examen y el tratamiento.". "Los expertos médicos que participen en la investigación de torturas o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la persona antes de examinarla. Los exámenes deberán respetar las normas establecidas de la práctica médica.". "Siempre que sea posible y desde el primer momento se informará a la presunta víctima de la naturaleza del procedimiento, la razón por la cual se solicita su testimonio, y si y cómo se utilizará la información facilitada por la presunta víctima. Los investigadores explicarán al sujeto qué partes de la investigación serán de dominio público y cuáles van a mantenerse confidenciales. El sujeto tiene derecho a negarse a cooperar con la totalidad o con parte de la investigación.". En sintonía con lo estipulado en el Protocolo en cuestión, el Acuerdo número A/085/15 del Procurador General de la República, en sus puntos noveno y décimo, en lo conducente, dispone: "NOVENO. El Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se practicará con el previo consentimiento, expreso y mediante la suscripción de un formato en el que se señalará que los datos personales presunta víctima, serán resguardados conforme a la normatividad aplicable, por la persona que argumente haber sido objeto de dichos abusos, para que sea revisada su integridad psicofísica, igualmente, en su caso, se deberá hacer constar si la persona solicita ser examinada por personas facultadas de su elección. En caso contrario, se hará constar su negativa en actuaciones de conformidad con las directrices establecidas por el Protocolo de Estambul, así como del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. DÉCIMO. La persona que argumente haber sido objeto de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se le informará a efecto de que otorgue su consentimiento expreso y firme el formato referido en el artículo anterior, previo al inicio del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, haciendo de su conocimiento lo siguiente:" I) El propósito del examen; II) La naturaleza de la evaluación, incluyendo una valoración de evidencia física y/o psicológica de posible abuso; III). La forma en que se utilizará y protegerá la información; IV. La posibilidad de otorgar o negar su consentimiento para la práctica de la entrevista y del examen médico, y V. Del derecho a ser reconocido por peritos en medicina, psicólogos y fotógrafos, a falta de estos o si lo requiere además, por un facultativo de su elección en los términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichos facultativos deberán contar con los conocimientos necesarios para la aplicación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como con los requisitos que establece la normatividad procesal penal aplicable para ser perito." En ese tenor, conforme al Protocolo de Estambul y Acuerdo número A/085/2015 referido, se tiene que para la práctica de la pericial tendente a indagar tortura y/o maltrato, es necesario el consentimiento expreso e informado de la persona que se vaya a examinar, pues es éste quien puede determinar su propio interés para que se le practiquen los estudios médico-psicológico y de fotografía. Ello es así, pues este juzgado no puede obligar a la parte quejosa a someterse a la práctica de los estudios médico-psicológico y fotográfico, para determinar si hubo o no tortura por parte de los agentes que intervinieron en su detención, pues de obligarla se violaría su derecho a la intimidad. Consecuentemente, previo a la designación de perito hágase saber a la quejosa ********************, en qué consisten las evaluaciones para la realización del dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato, de acuerdo a las directrices establecidas por el Protocolo de Estambul que consistente en: I) El propósito del examen: Que es determinar con base al análisis de especialistas si fue víctima de malos tratos o tortura. II) La naturaleza de la evaluación, incluyendo una valoración de evidencia física y/o psicológica de posible abuso: Su naturaleza consiste en analizar si fue víctima de malos tratos o tortura y que para su realización se hará una evaluación física y psicológica. III). La forma en que se utilizará y protegerá la información: la información recaba será considerada de carácter confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por lo que se precisa que las constancias remitidas sólo podrán ser consultadas por el personal de este Juzgado de Distrito, glosándose en sobre cerrado a los autos de este expediente con la leyenda "información reservada". IV. La posibilidad de otorgar o negar su consentimiento para la práctica de la entrevista y del examen médico: La voluntad de la quejosa de permitir que se le realice los exámenes médicos para su evaluación física y psicológica. V. Del derecho a ser reconocido por peritos en medicina, psicólogos y fotógrafos, a falta de estos o si lo requiere además, por un facultativo de su elección en los términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichos facultativos deberán contar con los conocimientos necesarios para la aplicación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como con los requisitos que establece la normatividad procesal penal aplicable para ser perito: El derecho de que se le practiquen los exámenes médicos por profesionistas, así como la voluntad de designar uno, los cuales deberán tener los conocimientos necesarios para casos de tortura. Por tanto, REQUIÉRASELE para que al momento de la notificación del presente proveído manifieste si se opone o se encuentra de acuerdo en que sea revisada su integridad psicofísica y se le practiquen estudios médico-psicológico y fotográficos; apercibida que de nada manifestar se le tendrá por conforme en que se le practiquen los citados exámenes. Asimismo, deberá manifestar, si desea señalar peritos en dichas materias, bajo el apercibimiento de no hacer manifestación alguna, se analizara la prueba conforme a los designados por este órgano constitucional. Por tanto, toda vez que la quejosa se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social de Papantla, Veracruz, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 116, párrafo segundo de la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique el presente proveído a la quejosa en el lugar de su reclusión. Asimismo, deberá requerirla para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si se opone o se encuentra de acuerdo en que sea revisada su integridad psicofísica y se le practiquen estudios médico-psicológico y fotográficos y si es señalar peritos propios en dicha materia; apercibido que de nada manifestar se le tendrá por conforme en que se le practiquen los citados exámenes conforme a los señalados por este juzgado. Se solicita al citado juzgador, para que una vez diligenciado en sus términos el aludido despacho, se sirva remitir las constancias respectivas y lo devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, apercibiéndolo que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se precisa que la diligencia de emplazamiento al tercero interesado que se ordena en el presente proveído, deberá llevarse a cabo aunque al momento de realizarla haya transcurrido la audiencia de ley, pues este Juzgado de Distrito, en su caso, diferirá la misma mientras no se encuentre emplazada dicha parte. Finalmente, se faculta al multicitado juzgador para que habilite días y horas inhábiles, acuerde todo tipo de promociones, imponga medidas de apremio, y realice todas las actuaciones tendientes al desahogo de la actuación encomendada. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el diecinueve de octubre de los actuales, se encontraba señalada la audiencia constitucional, sin embargo, no fue posible llevarla a cabo ya que mediante circular conjunta 1/2023, 2/2023 y 3/2023 signada por el Coordinador de los Titulares de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, se suspendieron las labores en dicha data, lo anterior, por motivos del paro de labores realizado por los trabajadores sindicalizados de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, a fin de llevarla a cabo se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Encargado del Centro Penitenciario Zona Norte, con sede en Papantla, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de dieciocho de septiembre, al remitir las constancias solicitadas. Lo anterior, hágase relación de ello en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

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