Mayra Vizcarra Barra

Expediente 602/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
602/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Mayra Vizcarra Barra
  • Juez Primero de Primera Instancia, Ciudad

Actuaciones

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  1. Principal

    ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  2. Principal

    AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA y TERCERA INTERESADA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sino o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (fojas 320 a 339), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa por MAYRA VIZCARRA BARRA, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, asimismo, dentro del mismo auto se dio vista a las partes con las constancias remitidas por las autoridades responsables en cumplimiento dado a la tutela constitucional (fojas 364 y 365); bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES "En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación analizados en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el precepto 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo que procede en el caso es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en los autos de la causa penal 157/2016, de su índice, respecto de la aquí quejosa Mayra Vizcarra Barra, y emita una nueva resolución de término constitucional en la que, siguiendo los lineamientos de este fallo, determine que no están acreditados los elementos del cuerpo del delito de desobediencia de particulares en agravio del servicio público y no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, para ejercer la acción penal y por ende menos aún, la probable responsabilidad de la quejosa en su comisión. La concesión del amparo se hace extensiva respecto del acto de ejecución, consistente en la elaboración de la ficha signalética que se traduce en la identificación administrativa, y que se reclama a la diversa autoridad responsable denominada Director del Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad; ello, pues tal acto no se reclama por vicios propios, sino en vía de consecuencia del auto de formal prisión, aunado a que la identificación administrativa es un acto derivado del dictado del auto de formal prisión y, por ende, al haberse determinado la inconstitucionalidad de éste, ello también involucra sus consecuencias." Mediante oficio 749/2018, el Director del Centro de Reinserción Social, con sede en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento al fallo amparador, al informar que dejó sin efectos la identificación administrativa por parte de dicho organismo (foja 344). Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1810, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la causa penal 157/2016, de su índice, en cumplimiento a la tutela constitucional concedida, de la que se advierte que éste dio acatamiento a los puntos precisados en la sentencia de que se trata. Ello, pues el juez de instancia, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Asimismo, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de MAYRA VIZCARRA BARRA (aquí quejosa), bajo los siguientes argumentos: "En el presente caso, la resolución desobedecida es el auto de veintidós de junio de dos mil once, en el cual se ordena a la demandada Mayra Vizcarra Barra la entrega del vehículo embargado mediante diligencia de dos de mayo de dos mil ocho, en el juicio ejecutivo mercantil 425/2008. Ahora bien, se debe tomar en consideración, dada la 'estrecha vinculación con el precepto legal antes transcrito, traer a contexto lo dispuesto en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria al Código de Comercio, habida cuenta que la desobediencia imputada a la quejosa derivó del juicio ejecutivo mercantil 425/2008 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, contumacia que propició la denuncia formulada por el ofendido a efecto de que se lograra cumplir la determinación dada por el Juez natural. Tal precepto dispone: "ARTÍCULO.- 59, [.] La citada norma legal otorga al juez civil la facultad de emplear cualquiera de los medios de apremio que ahí se invocan, sin embargo, cuando no se logra el cumplimiento del mandato de autoridad, se procederá contra el rebelde por delito de desobediencia, esto es, debe dar parte a la autoridad competente, en el caso, al Agente del Ministerio Público, por ser quien conoce del delito que se comete cuando se agotan los medios de apremio y se desobedece un mandato legítimo de autoridad (artículo 329 del Código Penal del Estado de Veracruz). (.) En ese contexto, si el Juez que conoce del asunto no da parte al representante social respecto de los medios de apremio que empleó para hacer cumplir su determinación sin que lo lograra y, el Agente del Ministerio Público no le pide por escrito su determinación respecto de los hechos que le denunciaron o conoció por otro medio, a fin de que le conteste en igual forma, ello constituye la imposibilidad legal para que la autoridad investigadora de delitos esté en condiciones de ejercer la acción penal, hasta en tanto se colmen todos los requisitos dentro de la indagatoria. Por ende, el cumplimiento de tal requisito se torna imprescindible para que proceda la acción penal, o pena que de ejercerse ante el Juez del proceso, su actuación se tome violatoria de derechos fundamentales. Lo anterior es comprensible, si tomamos en cuenta que el delito de desobediencia de particulares, en el Código Penal del Estado de Veracruz, se encuentra localizado en el título de los delitos contra el servicio público, de tal manera que la actuación del denunciado o indiciado no agravia a particular alguno sino al servicio público como ente moral. (.) Además, el ilícito sólo se consuma cuando se han agotado las medidas de apremio que autorice la ley que se esté aplicando y, corresponde imponerlas a la autoridad que ordenó el mandato desobedecido, de ahí que sea ella quien deba dar parte al representante social y, de no hacerlo, éste deberá pedirle su determinación al respecto. Los anteriores razonamientos, conducen al suscrito estimar que de las constancias que integran la causa penal en donde tiene su origen la resolución reclamada, no se advierte que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, haya dado parte al Agente del Ministerio Público dentro del juicio ejecutivo mercantil 425/2008, para que iniciara indagatoria alguna, por considerar que Mayra Vizcarra Barra había incurrido en desobediencia, una vez que empleó los medios de apremio a que se refiere el artículo 59, del Código Federal de Procedimiento s Civiles y la ahora quejosa no cumplió con los mandatos de autoridad. Tampoco se observa que dentro de la investigación ministerial, el representante social haya solicitado al citado Juez civil, que por escrito le hiciera saber su determinación al respecto, cuando conoció de los hechos mediante la denuncia formulada por el apoderado legal de la empresa Comercializadora Automotriz de Poza Rica Sociedad Anónima de Capital Variable. Cierto de las constancias existentes de la causa penal relativa, con el valor probatorio pleno concedido, demuestra que el delito de desobediencia de particulares reprochado a la quejosa, tiene su origen en el juicio ejecutivo mercantil 425/2008, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, en el cual se consideró que desobedeció los mandatos requerimientos realizados por el Juez del proceso, sin embargo, como se expuso, en ninguna de las actuaciones se acredita tal extremo. De ahí que, como ya se destacó, para iniciar la investigación ministerial por el delito de desobediencia de particulares, no era suficiente la denuncia formulada por el apoderado legal de la empresa Comercializadora Automotriz de Poza Rica Sociedad Anónima de Capital Variable habida cuenta el representante social tenía la obligación de constatar que se encontraran satisfechos los requisitos que exigiera la ley, como dice la primera parte del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado, en la especie, el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles que contiene los medios de apremio de donde emana el mandato de autoridad legítimo que se ha desobedecido. Así, tratándose de este delito, independientemente de los medios por los cuales el Ministerio Público haya tenido conocimiento de los hechos, para que esté en condiciones de proceder, deben encontrarse satisfechos los requisitos previos que exija la ley, atento a lo dispuesto en la fracción II, del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales [.] Aunado a lo anterior, del examen e las constancias remitidas se advierten los siguientes requerimientos: [.] En ese tenor, de la relación de diligencias anteriores se advierte que únicamente la diligencia del cinco de julio de dos mil once, fue atendida directamente con la demandada Mayra Vizcarra Barra, esto es, las demás diligencias no fueron atendidas personalmente por la quejosa; por tanto para que se integre el delito de desobediencia de particulares, no basta que exista un mandato legítimo de autoridad y se agoten los medios de apremio para hacerlo efectivo, sino que es necesario se demuestre, además, que la orden y los requerimientos para cumplirla se hicieron personalmente al destinatario, quien rehusó acatarla. Lo que en el caso no acontece dado que no se agotaron en su totalidad los medios de apremio previstos en el numeral 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, elemento indispensable para que se configure el delito de desobediencia de particulares. (.) Por lo antes expuesto, no se acreditan los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del ilícito de Desobediencia de Particulares, que prevé el numeral 329 del Código Penal del Estado." Lo anterior obra en autos en copia certificada (fojas 349 a 357). Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede, en el que, además, se señalan las fojas en donde obra la actuación concreta con la que la autoridad dio debido cumplimiento. Es aplicable la jurisprudencia 26/2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que las autoridades responsables hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis 1a. CCXXVI/2007 , que establece: "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el Juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho Juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el Juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO...

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