Melina Martínez Sánchez

Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
87/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Melina Martínez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General, en representación del Secretario de Salud y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con sede en Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; al respecto, agréguese sin mayor proveer, toda vez que por auto de veintinueve de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, y por el diverso proveído de veintiocho de abril pasado, causó estado dicha determinación y se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. No obstante a lo anterior, como lo solicita la representante de las autoridades responsables, ténganse como delegados a los mencionados en el oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. De igual forma, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Además, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de que las precitadas autoridades responsables no cuentan con firma electrónica, usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ni con algún correo electrónico para recibir notificaciones por ese medio y por tanto, se encuentran imposibilitadas para seguir el juicio en línea. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de marzo de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 18, fracción a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, porque si bien se sobreseyó en el presente juicio de amparo, lo cierto es que en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados a favor de la parte quejosa; de ahí que, la concesión de la medida cautelar provisional, definitiva o ambas, a las que hace referencia el precepto normativo antes citado sea tomada en analogía por cuanto hace a la suspensión de oficio y de plano, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse con posterioridad al VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz en representación del Secretario de Salud de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintidós de marzo de la presente anualidad, le fue aplicada a la menor de edad de identidad reservada con las iniciales M.F.R.N., la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, para lo cual remite copia certificada de diversas constancias que corroboran su dicho. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que la separación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, por cuanto hace al promovente Juan Antonio Roque Alarcón, en representación de su menor hija con iniciales M.F.R.N., fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, quien la registró bajo el número 90/2022, de su índice. En consecuencia, remítase el original del oficio y anexo de cuenta al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, previa copia simple que se obtenga, para que surta sus efectos legales conducentes en el juicio de amparo 90/2022, de su índice. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz en representación del Secretario de Salud de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintidós de marzo de la presente anualidad, le fue aplicada al menor de edad de identidad reservada con las iniciales G.M.A.M., la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, para lo cual remite copia certificada de diversas constancias que corroboran su dicho. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, Melina Martínez Sánchez en representación de su menor hijo con iniciales G.M.A.M., reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: La omisión de considerar al menor de identidad reservada con iniciales G.M.A.M., en la Estrategia Nacional de Vacunación y como consecuencia de ello, la negativa de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-CoV2. En ese tenor, es de señalar que por auto de veinticinco de febrero pasado, se tuvo a la autoridad oficiante informando que el diecisiete de febrero del año en curso, le fue aplicada al menor de edad con iniciales G.M.A.M. la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, para lo cual remitió copia certificada del "expediente de vacunación contra el virus SARSCoV2", "evaluación clínica prevacunación anti COVID-19" y "carta de consentimiento informado para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años". Además, en el oficio de cuenta el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz en representación del Secretario de Salud de Veracruz, con sede en esta ciudad, informó que el veintidós de marzo de la presente anualidad, le fue aplicada al menor de edad de identidad reservada con las iniciales G.M.A.M., la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, según se advierte de la copia certificada del "expediente de vacunación contra el virus SARSCoV2", "evaluación clínica prevacunación anti COVID-19" y "carta de consentimiento informado para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años", que remitió para acreditar tal circunstancia. A las constancias descritas en párrafos que anteceden, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numeral 2°, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridad legalmente competente para ello. Por ende, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de las responsables ha dejado de existir y por tanto, sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo que resulta innecesario la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). En esta tesitura, si el acto reclamado en el presente juicio es la omisión de considerar al menor de edad de identidad reservada con iniciales G.M.A.M., en la Estrategia Nacional de Vacunación y como consecuencia de ello, la negativa de aplicarles la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y en este momento procesal obran las constancias con las que se acredita que al citado menor el diecisiete de febrero pasado y el veintidós de marzo del año en curso, le fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada, al haberse aplicado al menor quejoso la citada vacuna, misma que consta de dos aplicaciones para considerar el esquema completo de vacunación. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). De igual modo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y autoridades responsables.

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