Meliton Contreras Sánchez

Expediente 339/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
339/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2018

Partes del expediente

  • Meliton Contreras Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, mediante el cual informa que acepta la competencia del juicio de amparo del que deriva el cuaderno en que se actúa, admitiéndolo a trámite bajo el número de juicio de amparo 356/2018; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente declarado la incompetencia del presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Melitón Contreras Sánchez contra actos reclamados a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 339/2018. Al respecto, se acuerda: Estimando que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de treinta de junio de dos mil quince, dictada en el toca 981/2015, del índice de la Séptima Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la cual revocó el auto de libertad dictado en el proceso penal 153/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zongólica, Veracruz, y en su lugar emitió el correspondiente auto de formal prisión en contra de Melitón Contreras Sánchez, y como consecuencia la orden de reaprehensión y su ejecución. Asimismo, considerando que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgador federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Bajo los argumentos expuestos, las reglas de competencia para que un juez de Distrito se avoque al conocimiento de una demanda de amparo, se encuentran reguladas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: a) La primer regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la primer regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho mención en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el juez de distrito ante el quien se presente la demanda de amparo será el competente para conocerla. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien sea presentada la demanda de amparo. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que el acto reclamado no requiere de ejecución material para que el juez ante quien se presente la demanda de amparo sea quien conozca y resuelva el juicio de amparo. Así, partiendo de las características y naturaleza del acto reclamado (auto de formal prisión), la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada con el inciso a), pues el auto de término constitucional sí requiere ejecución material, por lo que el Juez competente para conocer del amparo que en su contra se interponga será el del lugar en donde se instruye el proceso penal, pues al ejecutarse, el procesado permanecerá con su libertad restringida, a disposición del juez responsable, ya sea privado cautelarmente de su libertad (en algún centro de reclusión) o bajo ciertas restricciones a su libertad (libertad bajo caución). Lo anterior, permite concluir que es un acto que repercute directamente en la libertad personal del procesado. Ahora bien, el acto reclamado consiste en la resolución de treinta de junio de dos mil quince, dictada en el toca 981/2015, del índice de la Séptima Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a través de la cual revocó el auto de libertad dictado en el proceso penal 153/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zongólica, Veracruz, y en su lugar emitió el correspondiente auto de formal prisión en contra de Melitón Contreras Sánchez, así como la orden de reaprehensión y su ejecución. Por lo antes expuesto, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, no es legalmente competente para conocer del juicio de amparo en que se actúa, toda vez que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, es la autoridad que conoce el proceso penal; por tanto, es claro que el acto tiene una ejecución material, ya que entre los efectos de la misma se encuentran en que el procesado -aquí quejoso-, permanecerá a disposición del juez de primera instancia. Luego, es de estimarse que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, corresponde conocer al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Córdoba, Veracruz, ya que éste tiene jurisdicción donde se encuentra el lugar de residencia de la autoridad ante la cual se encuentra radicado la Causa Penal 26/2015, que se analizó en el toca 981/2015, pues los efectos del acto reclamado tienen ejecución material en tal lugar, toda vez que el procesado se encuentra a disposición del juez de control y la ejecución material del fallo que revocó el auto de formal prisión será en el lugar de residencia de éste. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En esas condiciones, tomando en consideración, que como se dijo, el acto reclamado tendrá ejecución material en el municipio de Zongolica, Veracruz, jurisdicción pereciente a los Juzgados de Distrito con residencia en Córdoba, Veracruz, lugar donde se encuentra el juez de proceso, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y, con fundamento en el diverso 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta entonces competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Melitón Contreras Sánchez, el citado juez de distrito, con sede en Córdoba, Veracruz. Por lo expuesto, remítanse los presentes autos y las copias de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, que es la encargada del reparto de los asuntos a dichos órganos, para que se avoque a su conocimiento, sin que haya lugar a proveer sobre las suspensión provisional del acto reclamado, pues no se trata de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se solicita atentamente al juez declinado acuse el recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. En consecuencia, con las constancias que se estimen necesarias fórmese cuaderno de antecedentes para constancia legal. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado y por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Virginia Escartin Hernández, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco acreditó contar con dichos documentos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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