Mayra Odette Juárez Romero

Expediente 894/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
894/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Mayra Odette Juárez Romero
  • Laura Ortiz Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por la Secretaria Jurídica y de Transparencia en representación de la moral tercera interesada Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual comparece al juicio en el que se actúa, acreditando su representación con copia certificada del nombramiento de veintitrés de octubre del año curso, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y formula manifestaciones con relación al presente controvertido. Por tanto, téngase a la nombrada persona moral por apersonada al juicio de amparo en que se actúa en su carácter de tercera interesada, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio el que indica en el escrito que se provee, y por cuanto hace a las manifestaciones que realiza, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en el auto de catorce de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, en cuanto al cotejo que solicita la promovente, respecto del documento que exhibe, dígasele que una vez que señale el objeto de su solicitud, se acordará lo conducente. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la resolución de siete de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral ********************, de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que envía, la que será tomada en consideración más adelante. Por otra parte, vistos los presentes autos, se advierte que las quejosas ********************y ********************, en su demanda de amparo señalaron como acto reclamado, el siguiente: El acuerdo de seis de septiembre del año en curso, emitido en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través del cual se desechó de plano el recurso de revisión que interpusieran, al ser considerado extemporáneo. Asimismo, de la propia demanda de amparo se advierte que el citado recurso de revisión, fue interpuesto por las aquí quejosas contra el auto que la autoridad responsable dictó el catorce de julio de dos mil veintitrés, en el que no acordó favorable su solicitud referente a que en el término de tres días, se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que señalara, congelara y trabara formal embargo sobre todas las cuentas bancarias a nombre de la parte demandada en el citado juicio de origen, con la finalidad de que se cumpliera el laudo allá dictado. Por otra parte, en cuanto a la constancia que envía la autoridad responsable, a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por haber sido emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De la citada documental se advierte que las aquí quejosas ********************y ********************, comparecieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el siete de noviembre de dos mil veintitrés, al igual que la parte demandada en el juicio laboral de origen -aquí tercera interesada-, con la finalidad de celebrar un convenio, en el que acordaron las modalidades de pago del laudo allá dictado el quince de octubre de dos mil veintiuno, pactando el monto y las fechas en que la parte demandada realizará pagos parciales a las aquí quejosas, hasta finiquitar el monto total de la condena. De igual forma, las aquí quejosas solicitaron a la autoridad responsable que gire oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que evite materializar el embargo trabado, hasta en tanto transcurren los tiempos pactados para el cumplimiento del laudo, en el citado convenio. Dicho convenio fue aprobado por la junta responsable en la referida resolución. De lo expuesto, la suscrita considera que en este controvertido, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: ... En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió con motivo de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se considere violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Entonces, si el acto reclamado en este juicio de amparo, se trata del acuerdo de seis de septiembre del año en curso, emitido en el juicio laboral ********************, en el que la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, desechó de plano el recurso de revisión que interpusieron las aquí quejosas, por resultar extemporáneo. Que el citado medio de impugnación fue interpuesto por las aquí quejosas contra el diverso auto de catorce de julio del año en curso, en el que la junta responsable no acordó favorable su solicitud consistente en que en el término de tres días, se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que señalara, congelara y trabara formal embargo sobre todas las cuentas bancarias a nombre de la parte demandada en el citado juicio de origen, con la finalidad de que se cumpliera el laudo allá dictado. Sin embargo, la autoridad responsable informa que el siete de noviembre de dos mil veintitrés, aprobó el convenio realizado entre las aquí quejosas con la parte demandada en el juicio laboral de origen, en el que pactaron que el pago de lo condenado lo harán las demandadas en parcialidades hasta cubrir la totalidad de dicha condena, y que mientras tanto, se girara oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que evitara materializar el embargo trabado, hasta en tanto transcurrieran los tiempos pactados para el cumplimiento del laudo, en el citado convenio. Es decir, mediante el convenio aprobado el siete de noviembre del año en curso, en el juicio laboral de origen, la parte quejosa logró pactar con la parte aquí tercera interesada, el pago de la condena ordenada en el laudo de que se habla e incluso, se advierte que el embargo que habían solicitado las quejosas ya había sido ordenado y se encontraba en trámites, lo que se deduce de las constancias que exhibió la responsable, en las que determinó que se girara oficio al precitado organismo electoral para que suspendiera la petición de no permitir movimiento alguno sobre las prerrogativas o recursos financieros otorgados al ********************, que fuera solicitado en el oficio 2861 de diecinueve de octubre del año en curso, respecto de lo que ya se había obtenido una respuesta por parte de la autoridad requerida. Entonces, si bien subsiste la determinación de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que la junta responsable desechó el recurso de revisión interpuesto por las aquí quejosas, contra el auto en el que se le negó proseguir con el cumplimiento del laudo, en los términos que ellas solicitaron, lo cierto es que el objetivo de las quejosas, consistente en que se lograra el cumplimiento del laudo dictado en el juicio natural, quedó satisfecho al haberse pactado entre las partes contendientes del procedimiento de origen el pago pago de lo condenado, mediante el convenio que realizaron y que fue aprobado por la junta responsable por resolución de siete de noviembre de dos mil veintitrés; es decir, los efectos del auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés -acto aquí reclamado-, dejaron de surtirse en la esfera jurídica de las promoventes, por lo que la sentencia que llegare a dictarse en el presente controvertido no cumpliría con su finalidad, que es la de restituir al gobernado en el goce de sus derechos violados. Lo anterior es así, porque al haber pactado las partes contendientes en el juicio de origen, la forma en que se pagará a las aquí quejosas lo condenado en el laudo de que se trata, el acto aquí reclamado no deja alguna huella en la esfera jurídica de las quejosas, debido a que la finalidad del recurso ahí desechado, era que se lograra el cumplimiento del laudo, a través del embargo de las cuentas bancarias de la parte demandada, cumplimiento que se pactó voluntariamente entre las partes contendientes en el juicio natural, mediante el convenio aprobado por la junta responsable el siete de noviembre de dos mil veintitrés, lo que impide que el acto de seis de septiembre del año en curso, aquí reclamado, y sus efectos, trasciendan sobre la esfera jurídica de las promoventes. ... En ese sentido, resulta incuestionable que a pesar de que subsiste el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés -acto reclamado-, ya no puede surtir efecto sobre la esfera de las accionantes, pues dejó de existir el objeto o materia del mismo, que lo era que se lograra que la parte demandada diera cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral, pues tal condición varió mediante la resolución de siete de noviembre del año en curso, en el que la junta responsable aprobó el convenio en el que las partes, allá contendientes, pactaron la forma en las demandadas pagarán la condena que se les impuso. Por lo tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. ... Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada en este asunto para las doce horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. De igual modo, háganse las anotaciones en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados; y por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de Federación adscrita.

  3. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la resolución de siete de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral ********************, de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que envía, la que será tomada en consideración más adelante. Por otra parte, vistos los presentes autos, se advierte que las quejosas ********************y ********************, en su demanda de amparo señalaron como acto reclamado, el siguiente: El acuerdo de seis de septiembre del año en curso, emitido en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través del cual se desechó de plano el recurso de revisión que interpusieran, al ser considerado extemporáneo. Asimismo, de la propia demanda de amparo se advierte que el citado recurso de revisión, fue interpuesto por las aquí quejosas contra el auto que la autoridad responsable dictó el catorce de julio de dos mil veintitrés, en el que no acordó favorable su solicitud referente a que en el término de tres días, se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que señalara, congelara y trabara formal embargo sobre todas las cuentas bancarias a nombre de la parte demandada en el citado juicio de origen, con la finalidad de que se cumpliera el laudo allá dictado. Por otra parte, en cuanto a la constancia que envía la autoridad responsable, a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por haber sido emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De la citada documental se advierte que las aquí quejosas ********************y ********************, comparecieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el siete de noviembre de dos mil veintitrés, al igual que la parte demandada en el juicio laboral de origen -aquí tercera interesada-, con la finalidad de celebrar un convenio, en el que acordaron las modalidades de pago del laudo allá dictado el quince de octubre de dos mil veintiuno, pactando el monto y las fechas en que la parte demandada realizará pagos parciales a las aquí quejosas, hasta finiquitar el monto total de la condena. De igual forma, las aquí quejosas solicitaron a la autoridad responsable que gire oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que evite materializar el embargo trabado, hasta en tanto transcurren los tiempos pactados para el cumplimiento del laudo, en el citado convenio. Dicho convenio fue aprobado por la junta responsable en la referida resolución. De lo expuesto, la suscrita considera que en este controvertido, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: ... En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió con motivo de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se considere violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Entonces, si el acto reclamado en este juicio de amparo, se trata del acuerdo de seis de septiembre del año en curso, emitido en el juicio laboral ********************, en el que la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, desechó de plano el recurso de revisión que interpusieron las aquí quejosas, por resultar extemporáneo. Que el citado medio de impugnación fue interpuesto por las aquí quejosas contra el diverso auto de catorce de julio del año en curso, en el que la junta responsable no acordó favorable su solicitud consistente en que en el término de tres días, se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que señalara, congelara y trabara formal embargo sobre todas las cuentas bancarias a nombre de la parte demandada en el citado juicio de origen, con la finalidad de que se cumpliera el laudo allá dictado. Sin embargo, la autoridad responsable informa que el siete de noviembre de dos mil veintitrés, aprobó el convenio realizado entre las aquí quejosas con la parte demandada en el juicio laboral de origen, en el que pactaron que el pago de lo condenado lo harán las demandadas en parcialidades hasta cubrir la totalidad de dicha condena, y que mientras tanto, se girara oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que evitara materializar el embargo trabado, hasta en tanto transcurrieran los tiempos pactados para el cumplimiento del laudo, en el citado convenio. Es decir, mediante el convenio aprobado el siete de noviembre del año en curso, en el juicio laboral de origen, la parte quejosa logró pactar con la parte aquí tercera interesada, el pago de la condena ordenada en el laudo de que se habla e incluso, se advierte que el embargo que habían solicitado las quejosas ya había sido ordenado y se encontraba en trámites, lo que se deduce de las constancias que exhibió la responsable, en las que determinó que se girara oficio al precitado organismo electoral para que suspendiera la petición de no permitir movimiento alguno sobre las prerrogativas o recursos financieros otorgados al ********************, que fuera solicitado en el oficio 2861 de diecinueve de octubre del año en curso, respecto de lo que ya se había obtenido una respuesta por parte de la autoridad requerida. Entonces, si bien subsiste la determinación de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que la junta responsable desechó el recurso de revisión interpuesto por las aquí quejosas, contra el auto en el que se le negó proseguir con el cumplimiento del laudo, en los términos que ellas solicitaron, lo cierto es que el objetivo de las quejosas, consistente en que se lograra el cumplimiento del laudo dictado en el juicio natural, quedó satisfecho al haberse pactado entre las partes contendientes del procedimiento de origen el pago pago de lo condenado, mediante el convenio que realizaron y que fue aprobado por la junta responsable por resolución de siete de noviembre de dos mil veintitrés; es decir, los efectos del auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés -acto aquí reclamado-, dejaron de surtirse en la esfera jurídica de las promoventes, por lo que la sentencia que llegare a dictarse en el presente controvertido no cumpliría con su finalidad, que es la de restituir al gobernado en el goce de sus derechos violados. Lo anterior es así, porque al haber pactado las partes contendientes en el juicio de origen, la forma en que se pagará a las aquí quejosas lo condenado en el laudo de que se trata, el acto aquí reclamado no deja alguna huella en la esfera jurídica de las quejosas, debido a que la finalidad del recurso ahí desechado, era que se lograra el cumplimiento del laudo, a través del embargo de las cuentas bancarias de la parte demandada, cumplimiento que se pactó voluntariamente entre las partes contendientes en el juicio natural, mediante el convenio aprobado por la junta responsable el siete de noviembre de dos mil veintitrés, lo que impide que el acto de seis de septiembre del año en curso, aquí reclamado, y sus efectos, trasciendan sobre la esfera jurídica de las promoventes. ... En ese sentido, resulta incuestionable que a pesar de que subsiste el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés -acto reclamado-, ya no puede surtir efecto sobre la esfera de las accionantes, pues dejó de existir el objeto o materia del mismo, que lo era que se lograra que la parte demandada diera cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral, pues tal condición varió mediante la resolución de siete de noviembre del año en curso, en el que la junta responsable aprobó el convenio en el que las partes, allá contendientes, pactaron la forma en las demandadas pagarán la condena que se les impuso. Por lo tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. ... Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada en este asunto para las doce horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. De igual modo, háganse las anotaciones en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados; y por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de Federación adscrita.

  4. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la resolución de siete de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral ********************, de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que envía, la que será tomada en consideración más adelante. Por otra parte, vistos los presentes autos, se advierte que las quejosas ********************y ********************, en su demanda de amparo señalaron como acto reclamado, el siguiente: El acuerdo de seis de septiembre del año en curso, emitido en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través del cual se desechó de plano el recurso de revisión que interpusieran, al ser considerado extemporáneo. Asimismo, de la propia demanda de amparo se advierte que el citado recurso de revisión, fue interpuesto por las aquí quejosas contra el auto que la autoridad responsable dictó el catorce de julio de dos mil veintitrés, en el que no acordó favorable su solicitud referente a que en el término de tres días, se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que señalara, congelara y trabara formal embargo sobre todas las cuentas bancarias a nombre de la parte demandada en el citado juicio de origen, con la finalidad de que se cumpliera el laudo allá dictado. Por otra parte, en cuanto a la constancia que envía la autoridad responsable, a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por haber sido emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De la citada documental se advierte que las aquí quejosas ********************y ********************, comparecieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el siete de noviembre de dos mil veintitrés, al igual que la parte demandada en el juicio laboral de origen -aquí tercera interesada-, con la finalidad de celebrar un convenio, en el que acordaron las modalidades de pago del laudo allá dictado el quince de octubre de dos mil veintiuno, pactando el monto y las fechas en que la parte demandada realizará pagos parciales a las aquí quejosas, hasta finiquitar el monto total de la condena. De igual forma, las aquí quejosas solicitaron a la autoridad responsable que gire oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que evite materializar el embargo trabado, hasta en tanto transcurren los tiempos pactados para el cumplimiento del laudo, en el citado convenio. Dicho convenio fue aprobado por la junta responsable en la referida resolución. De lo expuesto, la suscrita considera que en este controvertido, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: ... En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió con motivo de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se considere violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Entonces, si el acto reclamado en este juicio de amparo, se trata del acuerdo de seis de septiembre del año en curso, emitido en el juicio laboral ********************, en el que la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, desechó de plano el recurso de revisión que interpusieron las aquí quejosas, por resultar extemporáneo. Que el citado medio de impugnación fue interpuesto por las aquí quejosas contra el diverso auto de catorce de julio del año en curso, en el que la junta responsable no acordó favorable su solicitud consistente en que en el término de tres días, se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que señalara, congelara y trabara formal embargo sobre todas las cuentas bancarias a nombre de la parte demandada en el citado juicio de origen, con la finalidad de que se cumpliera el laudo allá dictado. Sin embargo, la autoridad responsable informa que el siete de noviembre de dos mil veintitrés, aprobó el convenio realizado entre las aquí quejosas con la parte demandada en el juicio laboral de origen, en el que pactaron que el pago de lo condenado lo harán las demandadas en parcialidades hasta cubrir la totalidad de dicha condena, y que mientras tanto, se girara oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que evitara materializar el embargo trabado, hasta en tanto transcurrieran los tiempos pactados para el cumplimiento del laudo, en el citado convenio. Es decir, mediante el convenio aprobado el siete de noviembre del año en curso, en el juicio laboral de origen, la parte quejosa logró pactar con la parte aquí tercera interesada, el pago de la condena ordenada en el laudo de que se habla e incluso, se advierte que el embargo que habían solicitado las quejosas ya había sido ordenado y se encontraba en trámites, lo que se deduce de las constancias que exhibió la responsable, en las que determinó que se girara oficio al precitado organismo electoral para que suspendiera la petición de no permitir movimiento alguno sobre las prerrogativas o recursos financieros otorgados al ********************, que fuera solicitado en el oficio 2861 de diecinueve de octubre del año en curso, respecto de lo que ya se había obtenido una respuesta por parte de la autoridad requerida. Entonces, si bien subsiste la determinación de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que la junta responsable desechó el recurso de revisión interpuesto por las aquí quejosas, contra el auto en el que se le negó proseguir con el cumplimiento del laudo, en los términos que ellas solicitaron, lo cierto es que el objetivo de las quejosas, consistente en que se lograra el cumplimiento del laudo dictado en el juicio natural, quedó satisfecho al haberse pactado entre las partes contendientes del procedimiento de origen el pago pago de lo condenado, mediante el convenio que realizaron y que fue aprobado por la junta responsable por resolución de siete de noviembre de dos mil veintitrés; es decir, los efectos del auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés -acto aquí reclamado-, dejaron de surtirse en la esfera jurídica de las promoventes, por lo que la sentencia que llegare a dictarse en el presente controvertido no cumpliría con su finalidad, que es la de restituir al gobernado en el goce de sus derechos violados. Lo anterior es así, porque al haber pactado las partes contendientes en el juicio de origen, la forma en que se pagará a las aquí quejosas lo condenado en el laudo de que se trata, el acto aquí reclamado no deja alguna huella en la esfera jurídica de las quejosas, debido a que la finalidad del recurso ahí desechado, era que se lograra el cumplimiento del laudo, a través del embargo de las cuentas bancarias de la parte demandada, cumplimiento que se pactó voluntariamente entre las partes contendientes en el juicio natural, mediante el convenio aprobado por la junta responsable el siete de noviembre de dos mil veintitrés, lo que impide que el acto de seis de septiembre del año en curso, aquí reclamado, y sus efectos, trasciendan sobre la esfera jurídica de las promoventes. ... En ese sentido, resulta incuestionable que a pesar de que subsiste el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés -acto reclamado-, ya no puede surtir efecto sobre la esfera de las accionantes, pues dejó de existir el objeto o materia del mismo, que lo era que se lograra que la parte demandada diera cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral, pues tal condición varió mediante la resolución de siete de noviembre del año en curso, en el que la junta responsable aprobó el convenio en el que las partes, allá contendientes, pactaron la forma en las demandadas pagarán la condena que se les impuso. Por lo tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. ... Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada en este asunto para las doce horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. De igual modo, háganse las anotaciones en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados; y por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de Federación adscrita.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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