Mayra Leticia Martínez Pérez

Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
261/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Mayra Leticia Martínez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de dieciséis de marzo del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Mayra Leticia Martínez Pérez, mediante el cual da cumplimento al requerimiento que se le hiciera por auto de diez de marzo del año en curso; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo que presentó contra actos reclamados a la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad y otra autoridad; la cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 261/2022-I-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a la suscrita confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que del estudio integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son los siguientes: La orden de desalojo emitida en el expediente civil 1262/2016/V del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad, respecto del bien inmueble marcado con el número 529 de la calle Chilpancingo, colonia Progreso Macuiltepetl, en esta ciudad -del cual la aquí quejosa refiere ser poseedora-; así como, los actos tendentes a su ejecución llevados a cabo en dicho asunto, respecto del cual la aquí quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). Los dispositivos transcritos establecen que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que impone desechar la demanda de amparo porque la parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraña con que se ostenta; numerales los cuales, en lo conducente, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" De la redacción del segundo numeral preinserto, se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro o fuera de juicio, pero impone como condición previa, que afecte a personas extrañas al mismo, teniendo este carácter aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 7/98 que por contradicción de tesis resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Tomo VII, correspondiente al mes de Enero de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Al respecto, corresponde al peticionario de garantías acreditar fehacientemente el interés jurídico que pudiese verse afectado con los actos reclamados, toda vez que de acuerdo a la hipótesis estatuida en el numeral 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien sufre un perjuicio por un acto de autoridad o por la ley. Así, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Por tanto, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resientan afectación alguna por los actos de autoridad que se reclaman. Por ello, en el caso que nos ocupa, se debe examinar si la quejosa acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional, pues al tratarse de persona extraña a juicio, es necesario la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de posesión, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada produzca la convicción de que tiene derecho de posesión del bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Caso concreto. Ahora bien, en el presente asunto, la accionante de amparo Mayra Leticia Martínez Pérez, aduce ser poseedora del bien inmueble ubicado en la calle Chilpancingo, número 529, colonia Progreso Macuiltepetl, de esta ciudad, en el cual refiere se pretende ejecutar la orden de desalojo reclamada; titularidad que hace derivar del contrato verbal de comodato celebrado por ella, en su calidad de comodataria y por otra parte como comodante Esmito Martínez Hernández -quien además refiere es su progenitor-, respecto del multicitado inmueble, pretendidamente en el mes de noviembre de dos mil diez, así como de la escritura pública número veinticuatro mil novecientos trece, pasada ante la fe del Titular de la Notaría número dieciséis de la Undécima Demarcación Notarial en Xalapa, en la que obra información testimonial a cargo de Zoila Teresa Palmeros Rivera, Liliana Arguelles Segura y María Magdalena Cosquilla Espinoza. Empero, dicha documental pública no es idónea para acreditar el extremo pretendido, pues de las testimoniales exhibidas únicamente se advierte que Zoila Teresa Palmeros Rivera, Liliana Arguelles Segura y María Magdalena Cosquilla Espinoza manifestaron ante fedatario público que la impetrante de amparo tiene su domicilio en dicho inmueble; sin embargo, lo que únicamente acreditarían tales manifestaciones es que Mayra Leticia Martínez Pérez habita el inmueble controvertido, sin que ello implique que cuente con algún título de propiedad, contrato privado de compraventa, arrendamiento o algún otro, que haya sido ratificado ante fedatario público y/o está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que justifique la causa generadora de su posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido la tesis aislada 2a. LIII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, Mayo de 1997, página 333, con número de registro digital 198745, con rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." Asimismo, la manifestación de la quejosa relativa a la posesión en calidad de comodante que aduce detenta con respecto al inmueble en cuestión, no reúne los requisitos que prevé la ley de la materia para que pueda surtir efectos contra terceros, como se vera a continuación: En efecto, la impetrante no debe soslayar que si bien alega ser poseedora del inmueble identificado como calle Chilpancingo, número 529, colonia Progreso Macuiltepetl, de esta ciudad, por haber celebrado un contrato verbal de comodato con el supuesto dueño del mismo Esmito Martínez Hernández -quien además de su progenitor-, en el mes de noviembre de dos mil diez, y con ello tener la posesión derivada de dicho inmueble y la legislación civil faculta al poseedor en calidad de comodatario a usar y disfrutar de la cosa. No obstante, cualquiera que sea la clase de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él); por tanto, es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. Luego, si la aquí quejosa pretende acreditar que es poseedora en calidad de comodataria del inmueble ubicado en calle Chilpancingo, número 529, colonia Progreso Macuiltepetl, de esta ciudad, aduciendo que ello es así toda vez que Esmito Martínez Hernández -quien se infiere es el propietario-, le permitió ocupar dicho inmueble a través de una posesión de manera gratuita, misma que ahora pretende encuadrar en la figura jurídica del comodato, empero, no cuenta con un documento de fecha cierta que acredite esa circunstancia, puesto que dicho contrato no está inscrito en una oficina registral como lo es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; tampoco se aprecia que haya fallecido alguno de los contratantes; menos aun fue elaborado y/o ratificado ante fedatario público, lo que imposibilita determinar con certeza si el mismo es anterior o posterior al reclamo que sobre el bien afecto realiza la quejosa; resulta incuestionable que aun en el supuesto de que se considerara ejerce un poder de hecho sobre el bien inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil. En consecuencia, al no acreditar su interés jurídico, es inconcuso que a la impetrante de garantías no le asiste el carácter de tercera extraña al juicio de origen, ni siquiera por equiparación, con el cual se ostenta en el presente juicio constitucional y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Tiene sustento la presente determinación, por las razones que informa, en la jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2023029, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Consecuentemente, es claro, que no se puede reconocer a la promovente de amparo Mayra Leticia Martínez Pérez el carácter de tercera extraña, aun cuando manifieste bajo protesta de decir verdad que no existe juicio civil en el que haya sido oída y vencida, ni sentencia que le haya sido notificada, pues se insiste, esta no cuenta con algún título de fecha cierta que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere los derechos posesorios que defiende; por ende, la acción que intenta en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tiene sustento la presente determinación, por las razones que informa, en la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro 2023029, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." En conclusión, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por Mayra Leticia Martínez Pérez, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el desechamiento que se plantea sea relativo a la falta de interés jurídico, porque desde este momento se desprende claramente que la accionante del amparo únicamente deriva tal interés de la ocupación del inmueble Chilpancingo número 529 de la colonia Progreso Macuiltepetl de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, sin que exhibiera documento que la acreditará como legítima poseedora del bien raíz que ahora pretende defender en su demanda de amparo; por tanto, el resultado aquí planteado, será el mismo al cual se llegaría aun cuando se admitiera la demanda que se atiende y se siguiera el juicio por sus cauces legales hasta el dictado de la sentencia, ello es así, ya que para el hipotético caso de que se admitiera a trámite la demanda de mérito, la posesión jurídica de la quejosa respecto del inmueble en comento, únicamente podría quedar justificada a la luz del contrato verbal de comodato al que hace referencia en su escrito de demanda, así como de la información testimonial contenida en la escritura pública que acompañó a su escrito inicial de demanda, que como ya se vio no son suficientes para acreditar el extremo pretendido, el primero al carecer de fecha cierta y el segundo, al no aportar elemento alguno que justifique la causa generadora de la posesión de la aquí inconforme. Aunado a lo anterior, debe decirse que es obligación de quien aquí resuelve velar porque el juicio de amparo no sea utilizado con fines desleales; esto es, el obtener la suspensión del acto reclamado con el fin de retardar la ejecución en el juicio de origen. Además, no se pierde de vista que, si bien el interés jurídico se puede acreditar hasta la audiencia constitucional, lo cierto es que la calidad de posesionaria con la que se ostenta la quejosa la hace desprender esencialmente de su relación de parentesco en línea recta en primer grado con Esmito Martínez Hernández, quien es el supuesto dueño del bien inmueble controvertido, en la medida que narra que dicha persona de manera verbal le otorgó la posesión del inmueble ubicado en Chilpancingo número 529 de la colonia Progreso Macuiltepetl de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, con fines humanitarios, a efecto de que pudiera iniciar algún negocio o buscar un proyecto de vida, circunstancia que aquí pretende hacer valer como un contrato de comodato verbal, que desde luego carece de fecha cierta; así como de las testimoniales que exhibió junto con su demanda, por tanto, se reitera que lo anterior es insuficiente para acreditar la posesión jurídica que se pretende defender. Máxime que, de las propias manifestaciones expresadas por la impetrante de amparo bajo protesta de decir verdad, se desprende que esta indicó no contar con algún título de propiedad, contrato privado de compraventa o algún otro documento, que haya sido ratificado ante fedatario público y/o está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que justifique la causa generadora de la posesión que ostenta respecto del aludido inmueble; lo cual, constituye una confesión expresa que para este Juzgado Federal es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese personalmente a la promovente de amparo.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número 573175, que exhibió a fin de garantizar la suspensión definitiva en el presente asunto; al respecto, toda vez que ya se resolvió la suspensión definitiva en el presente asuntos, déjese a disposición únicamente de la directa quejosa, el billete de depósito N 573175, por la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), con el cual garantizó la suspensión definitiva de los actos reclamados, quien deberá firmar por su recibo en autos para debida constancia. Finalmente, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se encuentra en curso el plazo de dos años, a partir de que surta efecto la notificación del presente acuerdo, durante el que podrá comparecer identificada en las instalaciones que ocupa este juzgado de distrito, a recibir la referida garantía; de lo contrario se declarará prescrito su derecho para ello y se remitirá el referido billete a la Tesorería de la Federación; lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, fracción I, 50 y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación, en relación con el diverso 156 de la Ley de Amparo. En ese contexto, para que le sea entregado el billete de depósito que solicita, deberá traer identificación oficial con fotografía vigente y agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", para que, atendiendo a las fechas y horarios disponibles, obtenga su Código QR que le permitirá ingresar al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ubicado en Avenida Culturas Veracruzanas número ciento veinte, Edificio B, piso 2, colonia Reserva Territorial de esta ciudad, con motivo de las medidas de seguridad sanitaria derivadas de la pandemia generada por el COVID-19.

  4. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Mayra Leticia Martínez Pérez contra actos reclamados al Jueza Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 261/2022-I-A Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR AL PROMOVENTE DE AMPARO Ahora bien, los artículos 112, 114, fracciones I y II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.) "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" (.) De los preceptos transcritos se desprende que cuando se hubiera omitido en la demanda alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ley de la materia, el juez de distrito mandará prevenir al promovente a efecto de que la subsane, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que en tiempo el quejoso pueda subsanarlas, debiendo contener el auto aclaratorio de demanda, el apercibimiento de ley y ordenándose su notificación personal. Así, para el caso de que el promovente no llenare los requisitos omitidos o no hiciere las aclaraciones respectivas deberá tenerse por no presentada la demanda de amparo. Lo anterior cobra relevancia si se toma en consideración, que a fin de impartir una recta administración de justicia, el juez de amparo debe conocer con exactitud la intención del promovente, armonizando los datos y elementos que conformen la demanda de amparo, lo que debe hacerse, tomando en cuenta el acto señalado por la parte quejosa en armonía con los demás hechos relatados en la demanda correspondiente. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que la promovente de amparo señala como acto reclamado el siguiente: "Del C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, reclamo la orden de desalojo dictada dentro de los autos del expediente civil número 1262/2016/V del índice de este H. TRIBUNAL toda vez que violenta mis garantías individuales como tercero no llamado a juicio, y de la ejecutora secretaria de seguridad publica reclamo el uso de la fuerza pública para desalojar de mi vivienda ubicada en calle Chilpancingo número 529 de la colonia Progreso Macuiltepetl de esta ciudad de Xalapa, Veracruz." Ahora bien, al analizar íntegramente la demanda de cuenta, se aprecia que la promovente de amparo, bajo protesta de decir verdad, refirió tener la posesión física y material de la referida vivienda ubicada en la calle Chilpancingo número 529 de la colonia Progreso Macuiltepetl de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, y a fin de acreditar su dicho, adjuntó copia certificada de la escritura pública número veinticuatro mil novecientos trece, pasada ante la fe del Titular de la Notaría número dieciséis de la Undécima Demarcación Notarial en Xalapa, en la que obra información testimonial a cargo de Zoila Teresa Palmeros Rivera, Liliana Arguelles Segura y María Magdalena Cosquilla Espinoza. No obstante, fue omisa en precisar de manera clara, completa y cronológica, la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama, en virtud a que no precisó si a la fecha de la presentación de la demanda, cuenta con algún título de propiedad; sentencia derivada de un procedimiento judicial; contrato privado de compraventa, arrendamiento o algún otro, que haya sido ratificado ante fedatario público y/o está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que justifique la causa generadora de la posesión que ostenta respecto del bien inmueble al que hace alusión en su escrito de demanda; o bien, si para tal efecto, sólo cuenta con la escritura pública número veinticuatro mil novecientos trece, pasada ante la fe del Titular de la Notaría número dieciséis de la Undécima Demarcación Notarial en Xalapa, en los términos que fue exhibida. En ese sentido, resulta necesario requerir a la promovente de amparo para que aclaren la irregularidad observada, esto a fin de que la suscrita esté en aptitud de proveer conforme a derecho respecto a la admisión de la demanda intentada, máxime que solicitó la suspensión de los actos reclamados. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción II, III y V, 112 y 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, exhiba un escrito aclaratorio al que deberá acompañar ocho copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto (en el entendido de que dos son para correr traslado a las autoridades señaladas como responsables, una más para dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, dos para aperturar el incidente de suspensión y tres para emplazar a los terceros interesados), en donde, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, deberá cumplir con lo siguiente: ÚNICO. Amplíe los antecedentes de los actos reclamados en su escrito de demanda, en cuanto a lo siguiente: Precise si a la fecha de la presentación de la demanda, cuenta con algún título de propiedad; sentencia derivada de un procedimiento judicial; contrato privado de compraventa, arrendamiento o algún otro, que haya sido ratificado ante fedatario público y/o está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que justifique la causa generadora de la posesión que ostenta respecto del bien inmueble al que hace alusión en su escrito de demanda; o bien, si para tal efecto, sólo cuenta con la escritura pública número veinticuatro mil novecientos trece, pasada ante la fe del Titular de la Notaría número dieciséis de la Undécima Demarcación Notarial en Xalapa, en los términos que fue exhibida. Hágase saber a la quejosa, que la falsedad de declaraciones en el juicio de amparo constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de la Materia, por lo que de actualizarse, esta juzgadora daría vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.7º.A. 100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Mientras tanto, guárdense en la secretaría de este juzgado, las ocho copias de la demanda de mérito COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Conrado Báez Andrade, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 42307. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que da fe.

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