Mayra Alejandra Salazar Martinez

Expediente 201/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
201/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Mayra Alejandra Salazar Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la sentencia, el proveído y/o resolución de 29 de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que no obra el informe justificado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por lo que de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable, toda vez que no rindió su informe aun cuando fue debidamente notificada del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se admitió la demanda promovida por la parte quejosa y se le requirió el mismo, tal como se advierte del sello de recibido con fecha de veintiocho de febrero siguiente. En ese sentido y con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; requiérase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se realice del presente auto remita las constancias correspondientes que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados. Bajo apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo que se le concede, de conformidad con el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA). En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1018/2022, promovido por ********************, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************, en cuanto representante legal de ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por la promovente y se registró bajo el número 1018/2022, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete. Posteriormente, mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, se reconoció carácter de tercero interesado a ********************, en cuanto parte actora en el juicio ordinario civil de origen, por lo que se ordenó su emplazamiento. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos se reclaman a autoridades que residen dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que ******************** reclama: El emplazamiento efectuado en el juicio ordinario civil ********************, que sobre prescripción positiva promovió ********************, contra el quejoso, respecto de una fracción del predio denominado "********************", ubicado en el ********************, municipio de Pátzcuaro, Michoacán; y, Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado en dicho juicio, incluida la sentencia, así como su correspondiente inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Actos que atribuye a las siguientes autoridades: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán; Actuario adscrito al referido órgano jurisdiccional; Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado; y, Administrador de Rentas del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. Tercera. Existencia del acto reclamado. La totalidad de las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, el Juez y Actuario del Juzgado Mixto de Primera Instancia, consistentes en la tramitación del juicio ******************** y el emplazamiento efectuado el trece de septiembre de dos mil dieciocho. Por su parte, las autoridades Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, y Administrador de Rentas del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, también aceptaron los actos que se les atribuyen, consistentes en la cancelación del registro catastral de la fracción del predio rústico denominado "********************", así como la inscripción de la sentencia dictada en el juicio de origen, bajo el número ******************** del tomo ******************** del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Pátzcuaro, Michoacán. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe el juez responsable, consistentes en el expediente original relativo al juicio ordinario civil ******************** [un tomo de pruebas], así como la constancia de inscripción allegada al juicio por el Director del Registro Público de la Propiedad. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales y documentos públicos, merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia de los actos que se combaten, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se debe examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer causas de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Primeramente, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el emplazamiento constituye una formalidad esencial del procedimiento, al tratarse de la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada, por lo que al ser la actuación judicial de mayor trascendencia dentro de un juicio, debe llevarse a cabo conforme a las formalidades establecidas para que se respete la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, que establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" El derecho de audiencia consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: La notificación del inicio del procedimiento; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y, Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), titulada: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." En ese sentido, la falta de emplazamiento o su verificación defectuosa se traduce en la violación procesal más grave a la ley, porque deja indefenso al demandado, impidiendo la correcta integración del vínculo procesal y vulnera el derecho humano de audiencia. Formalidades del emplazamiento en materia civil. En principio, debe decirse que el emplazamiento cuya ilegalidad reclama la parte quejosa emana del juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. Por ello, el llamamiento a juicio se regula ampliamente bajo las disposiciones de los artículos 79 y 88, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, numerales que, por su orden, establecen: "Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado." "Artículo 88. Las notificaciones presenciales se harán leyendo íntegramente la determinación que se notifique y deben firmarla la persona que la hace y la que la recibe; si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia, se le dará copia simple de la resolución que se le notifique si lo solicita. Las notificaciones virtuales contendrán únicamente el contenido y objeto de la notificación personal, con los datos de identificación del juicio; en caso de un contenido extenso, la resolución será digitalizada y remitida como archivo adjunto. Si se trata de sentencia sólo será imperativo la transcripción de los puntos resolutivos. La notificación por vía electrónica se tendrá por practicada y surtirá todos sus efectos legales al día siguiente de su realización, con independencia de la fecha en que el usuario la consulte, para lo cual el notificador sentará razón de ello en autos. El Consejo de la Judicatura, a través del área respectiva, administrará un sistema de registro electrónico de usuarios." Del contenido de los preceptos legales transcritos se advierte el marco jurídico del emplazamiento y las formalidades de la diligencia que lo debe cumplimentar, por lo que conviene hacer algunas precisiones sobre el particular, porque en ese contexto se ubica el acto reclamado por vicios propios. Como se aprecia, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora, así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. El emplazamiento exige el cumplimiento de formalidades solemnes, que son: a) La diligencia de emplazamiento debe realizarse en la casa designada para tal efecto, y en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio. b) De no encontrarse la persona buscada, el notificador debe cerciorarse de que vive en dicha casa y está en la población. c) El Notificador le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente. d) Si la persona a notificar no lo espera, le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará: el nombre y apellido del promovente, el Tribunal o Juez que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. e) El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o ésta se hallare cerrada, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. f) Se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, éstas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. g) Las notificaciones se harán leyendo íntegramente la determinación que se notifique y deben firmarla la persona que la hace y la que la recibe; si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará aquélla, haciéndose constar esta circunstancia. La finalidad de los requisitos en comento se debe a que el emplazamiento constituye la diligencia de mayor relevancia dentro del procedimiento, toda vez que su omisión o realización en forma contraria a las normas aplicables, no permite al demandado acudir a juicio a oponer las excepciones o defensas que estime pertinentes. Por ende, se impone al funcionario encargado de realizarlo, una serie de formalidades que debe seguir, a fin de obtener certeza de que la persona que deba ser emplazada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio en el que ha sido señalada como parte. De ahí que la estricta observancia de las normatividades que le resulten aplicables, garantiza al demandado el cumplimiento de las prerrogativas formales de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión. Emplazamiento reclamado. De las constancias que integran el juicio ordinario civil sobre prescripción positiva ********************, mismas que el juez responsable adjuntó a su informe justificado, se destaca lo siguiente: Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes y Turno en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, ********************, por su propio derecho, demandó en la vía ordinaria civil, entre otro, a ********************, la prescripción positiva de una fracción del predio rústico denominado "********************", ubicado en el ********************, municipio de Pátzcuaro, Michoacán, y otras prestaciones. En auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, previo cumplimiento a la prevención formulada, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por el promovente, por lo que ordenó al actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio señalado para emplazar al demandado y, previo cercioramiento que efectivamente fuera el domicilio, de conformidad con lo que estatuye el artículo 79 de la legislación procesal, procediera a emplazarlo a juicio, corriéndole traslado con las copas simples de la demanda y documentos anexos. Atento lo anterior, previo citatorio de doce de septiembre de dos mil dieciocho que se dejó en poder de quien dijo llamarse ********************, mediante diligencia de trece del propio mes y año, el actuario responsable nuevamente se constituyó en el domicilio señalado por el actor, ubicado en el ********************, y llevó a cabo el emplazamiento de ********************, por conducto del referido ********************, en virtud de no encontrar presente al demandado. En dicha diligencia, asentó el actuario responsable: "Procedo a: Emplazar al demandado por medio de la persona que me atiende; corriéndole traslado con la copia de la demanda respectiva e instructivo, para que en el término de nueve días comparezca ante el juzgado de los autos a contestar la demanda instaurada en su contra; Requiero al demandado por medio de la persona que me atiende para que en el mismo término (9 días), señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, ya que de no hacerlo, las mismas se le practicarán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, además le informo que puede optar por recibir notificaciones vía electrónica, proporcionando la dirección electrónica del sistema informativo del poder judicial." Luego, al final de la diligencia, señaló: "Por lo que la persona que me atiende manifiesta: "Que sí recibo de conformidad las copias de traslado respectivas, instructivo y demás documentos anexos, mismo que él le entregará las copias por la tarde que llegue ********************." Expuesto lo anterior, resulta fundado el cuarto concepto de violación aducido por el quejoso, en la parte donde aduce que no fue llamado a juicio con las formalidades que prevé el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque en el emplazamiento reclamado no se cumplió con el requisito legal de correr traslado a la demandada con las copias correspondientes, pues el actuario no indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió dicho traslado. Así se considera pues el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, dispone ".Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado", esto es, establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado; ahora, esa norma conlleva implícita la obligación para que al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indique, describa o establezca cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Lo anterior porque solo interpretando el contenido de la norma en esos términos se logra que la actuación del notificador otorgue certeza a las partes, de que se están entregando todos los documentos presentados con la demanda, habilitando así al demandado para ejercer su derecho de defensa en el juicio. Sin embargo, de la diligencia de emplazamiento reclamada, se advierte que el actuario responsable no indicó, precisó o estableció cuáles fueron los anexos documentales con los que corrió traslado a la parte demandada, pues al respecto únicamente indicó que corrió traslado con la copia de la demanda respectiva e instructivo; asimismo, asentó que la persona entrevistada recibía de conformidad las copias de traslado respectivas, instructivo y demás documentos anexos; por tanto, es dable establecer que dicho fedatario actuó en contravención a lo dispuesto por el mencionado artículo 79 de la legislación estatal, en los términos antes señalados. Es así, ya que tal omisión ocasionó que el peticionario del amparo no estuviera en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considerara pertinentes y, en su caso, haber aportado las pruebas que estimara pertinentes para su defensa, de acuerdo a los documentos y pruebas ofrecidos por su contraparte al presentar su demanda, con lo que le impide gozar de los derechos fundamentales consignados en el artículo 14 Constitucional, relativos al cumplimiento de las formalidades del debido proceso. El criterio que antecede se sustenta de igual forma en la jurisprudencia 1ª/J 30/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que es de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, retroactiva de la ley, en términos de su párrafo final, pues no existe alguna jurisprudencia del máximo tribunal previa, que estableciera una interpretación distinta. Es de invocarse en este tópico la jurisprudencia PC.II.C. J/2 C (11a.), emitida por los Plenos de Circuito, registro digital 2025929, que es del tenor siguiente: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 39/2020 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era aplicable o no, con efectos retroactivos, la jurisprudencia mencionada, al analizar la validez del emplazamiento reclamado en el juicio de amparo, cuando dicha diligencia se llevó a cabo con anterioridad a la emisión de la tesis aludida. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito considera que no se generan efectos retroactivos en la aplicación de la tesis 1a./J. 39/2020 (10a.), al no existir jurisprudencia previa que interpretara la misma porción normativa relacionada con la certificación que debe llevar a cabo el notificador al desahogar el emplazamiento y corra traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda. Justificación: Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares." Asimismo, el contenido de la invocada jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 107/2020 [Entre las sustentadas por el Pleno del Decimonoveno Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla], publicada el viernes dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Civil, registro 2022118, es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado". De la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, se advierte que en el considerando sexto la Sala estimó que existía contradicción entre lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo en revisión auxiliar 909/2019 y por el Pleno del Decimonoveno Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2014. Ello, porque el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región consideró que, conforme al artículo 1394 del Código de Comercio, tratándose del emplazamiento en todos los casos se le entregará al demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1********************1 de esa misma codificación. Asimismo, precisó el colegiado que, conforme a dicho artículo, el notificador debía especificar de cuántas fojas se formaba el ocurso inicial de demanda, tampoco describió qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia. Lo que determinaba la invalidez del emplazamiento, en tanto que se transgredieron los derechos de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Mientras que el Pleno del Decimonoveno Circuito, interpretó el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, concluyó que "aunque el correrle traslado a la parte demandada con las copias de la demanda y anexos, y de que dicha circunstancia el diligenciario deba realizar razón de ello, (sic) sea un requisito formal, debe estimarse que detallar en qué consisten tales anexos, no constituye propiamente un requisito esencial para la validez del emplazamiento y, en su caso, tal imprecisión (sic) se encuentra satisfecha al cumplirse el objeto del mismo y, por tanto, esa circunstancia no produce indefensión de la parte demandada". De igual manera, el Pleno del Decimonoveno Circuito precisó que sólo en el caso de que se demuestre en juicio que la copia de traslado entregada es diversa al escrito de demanda y sus anexos o que su contenido es diferente o aparece incompleto, podría dar lugar a la nulidad del emplazamiento, debido a que ante esa circunstancia, resultaría evidente que la parte demandada, al no conocer los hechos o hacerlo en forma parcial, no estaba en condiciones de preparar su defensa colocándola en estado de indefensión, para producir su contestación de demanda; de ahí que se considere que una razón como ésa, no prejuzga sobre el mérito de los motivos asentados por quien practicó la diligencia, pues como toda expresión de fe pública, es susceptible de ser desvirtuada. Finalmente, el Pleno del Decimonoveno Circuito concluyó que si la parte demandada (emplazada) considera que las copias de traslado que le son entregadas al momento de realizarse el emplazamiento no fueran la de la demanda formulada por la actora, incluidos los documentos anexos a la misma o que se encontraban incompletas, o bien, fuera diferente su contenido, dicha parte enjuiciada estaría en aptitud de impugnar tal circunstancia a través del medio de defensa correspondiente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que existía contradicción entre lo resuelto por los referidos colegiados, que no era obstáculo para considerar eso, el hecho de que uno de los órganos colegiados contendientes haya analizado el Código de Comercio y el otro la legislación procesal civil del Estado de Tamaulipas, pues los enunciados normativos analizados son esencialmente iguales en uno y otro caso, ya que en esencia establecían el siguiente enunciado normativo: El actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con "la demanda y demás documentos". Por lo que afirmó la Sala que el punto de contradicción en las resoluciones emitidas por los órganos contendientes radicaba en resolver la siguiente interrogante: "Para que el emplazamiento a juicio sea válido ¿el actuario o notificador debe describir o precisar cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que se corre traslado?" En el considerando séptimo, la multicitada Sala determinó que debía prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que el actuario debe describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la ilegalidad en el emplazamiento. También arribó a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el actuario tiene el imperativo legal de describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la invalidez del emplazamiento. Igualmente señaló que en la jurisprudencia 1a./J. 22/2018 (10a.), que derivó de la contradicción de tesis 118/2017 ya había establecido en jurisprudencia firme que uno de los requisitos de validez del emplazamiento es el relativo a que el actuario o notificador, en el acta de emplazamiento, certifique que entregó las copias de la demanda (debidamente selladas y cotejadas); de modo que, al no hacerlo así, ello traería como consecuencia la nulidad de la diligencia respectiva. Sin embargo -destacó- no tuvo oportunidad de resolver, pues no era materia de la contradicción, si como requisito de validez del emplazamiento el actuario debía certificar que hizo entrega de las copias de traslado de los demás documentos que se adjuntaban a la demanda, menos aún resolvió si dicho notificador debía describir cuáles eran los anexos con cuyas copias corría traslado, pero que como en el caso, la pregunta que deriva de la contradicción de criterios sí permite hacer un pronunciamiento en tal sentido, abordaría dicho tópico. Precisó que era cierto que el enunciado normativo analizado (relativo a que el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la "demanda y demás documentos" que se adjuntan a ésta) no contiene la orden expresa de que el fedatario público encargado de practicar el emplazamiento describa en el acta de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado. Así, también señaló que los artículos aplicados por los órganos contendientes no deben interpretarse sólo de manera literal o gramatical; pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado consistentemente que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretase de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Lo anterior -determinó- pues es mediante el emplazamiento que las autoridades cumplen en un proceso jurisdiccional con el derecho de audiencia y de debido proceso, reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución. De igual modo señaló la Sala que la importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Por ende -determinó- la falta de observancia de las formalidades en el emplazamiento trae como consecuencia su nulidad, pues debe garantizarse que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias; sólo así tendrá oportunidad de defenderse. También sostuvo que era factible concluir que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implicaba que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Por lo que, si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Ello -puntualizó la Sala- porque la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora; sino que, tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Es por estas razones que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Añadió la Sala que tal formalidad no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado; aunado a que, por encima de la comodidad del fedatario público que practica el emplazamiento se encuentra la obligación de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial. En ese sentido, debe precisarse que la jurisprudencia que surgió de la contradicción de tesis narrada tiene el carácter de obligatoria para este Juzgado de Distrito, atento a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Asimismo, en estricta observancia al contenido del numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte quejosa deberá quedar sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en el criterio en comento ante la autoridad responsable, para el debido ejercicio de su derecho de audiencia. Respecto de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia es conveniente señalar que ello ya fue definido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver, entre otros, los asuntos siguientes: Amparo en revisión ********************, interpuesto en contra de la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve dentro del juicio de amparo ********************. Amparo en revisión ********************, interpuesto en contra de la sentencia dictada el once de marzo de dos mil veinte dentro del juicio de amparo ********************. Amparo en revisión ********************, interpuesto en contra de la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo ********************. Todos del índice de este Juzgado de Distrito. En las relatadas condiciones, el acto reclamado infringe en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales consignados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y procede conceder el amparo y protección de la justicia de la unión a la impetrante de amparo para que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil sobre prescripción positiva ********************, a partir del emplazamiento practicado a ********************, el trece de septiembre de dos mil dieciocho; y, Ordene nuevamente se emplace a juicio al quejoso para lo cual, el actuario respectivo deberá observar las formalidades previstas en los artículos 79 y 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, así como en la jurisprudencia 1ª/J.39/2020 (10ª). Efecto a cuyo cumplimiento queda sujeta la parte quejosa, para el debido ejercicio de su derecho de audiencia. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 73 en la página 58 del Tomo V, Materia Común, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente contenido: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. En la jurisprudencia publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento". También tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia 112/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, Abril de 2011, de rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS. Cuando se otorga la protección constitucional por la falta o el indebido emplazamiento al juicio del demandado y como consecuencia se ordena dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural a partir de esa diligencia, deben dejarse sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo. En ese tenor, si la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ordena restituir al demandado en la posesión de un inmueble que ya había sido rematado y adjudicado a la parte actora, e incluso transmitido a un tercero, no incurre en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la resolución, pues esa determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes, ya que la expresión "todo lo actuado" abarca cualquier diligencia o actuación llevada a cabo en el procedimiento." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, consistentes en la cancelación del registro correspondiente y la inscripción de la sentencia reclamada, toda vez que dichos actos no se reclaman por vicios propios, sino derivados de la actuación de la autoridad jurisdiccional, y por tanto se concluye que la inscripción reclamada se realizó con estricto apego a lo dispuesto en la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por su propio derecho, por los motivos expuestos en la consideración quinta y para los efectos que se precisan en la parte final de la propia consideración. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

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