Maximino Reyna Soto
Expediente 282/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Reyna Rangel
- Maximino Reyna Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por otra parte, como de autos se advierte que obran glosados documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiéraseles para que dentro del plazo de noventa días, acudan a este juzgado a solicitar su devolución, apercibidos que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado la resolución de veintitres de mayo de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c)de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por el Director del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos", con residencia en esta ciudad, quien en cumplimiento a los requerimientos formulados en autos informa que a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril actual la paciente María Reyna Rangel, falleció en el Servicio de Terapia Intensiva de dicho nosocomio, debido a que experimentó lo que en medicina se denomina "síndrome de fuga aérea", con motivo de la "fístula traquiesofagica congénita" cuya reparación constituyó el motivo de operación que le fue practicada en dicha data, así como por la complicaciones asociadas en forma general a ese tipo de procedimientos quirúrgicos en pacientes de edad tan temprana, ocasionándole un "neumotórax" y el fallecimiento. Asimismo, anexa copia certificada de la hoja de evolución de veinticinco de abril actual y del certificado de defunción en el que se advierte que las casusas de muerte fueron las siguientes: "insuficiencia cardiaca aguda, síndrome de fuga aérea, neumotórax izquierdo y fístula de esófago distal a pleura". Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales públicas ofertadas por el promovente, las cuales se ordena relacionar en el momento procesal oportuno. Ahora bien, como de lo antes expuesto y de las constancias que obran en el presente sumario se aprecia que la quejosa María Reyna Rangel, falleció a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, a pesar de la atención médica brindada, a consecuencia directa del padecimiento que afectaba su salud -atresia esofágica tipo III y broncodisplasia pulmonar-. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1325, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, número de registro 279904, de rubro y texto siguientes: "MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afectan sólo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, se dejan sin efectos las diez horas con cincuenta minutos del dos de mayo de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese el escrito firmado por Maximino Reyna Soto, padre de la menor quejosa María Reyna Soto, por el cual designa autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos y solicita el uso de medios digitales y electrónicos para capturar las actuaciones judiciales que obran en el presente sumario. En tal virtud, se tiene como autorizadas para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a las personas que indica, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no les fueron conferidas expresamente. Por otra parte, en relación a su petición para que se le autorice el uso de medios digitales y electrónicos dentro del presente asunto, dígase al promovente que se esté a lo acordado en proveído de veintisiete de marzo del año en curso en el que se dijo que en atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no existe inconveniente en que se le permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, entre otros. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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