Mayra Gabriela Acosta Rocha
Expediente 309/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mayra Gabriela Acosta Rocha
- Zenón Molina Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y transfiéranse el incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa y a la parte tercera interesada Zenón Molina Castañeda por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 30 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Juicio de Amparo 309/2021 1 ??????????????? SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 309/2021; y, R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Mayra Gabriela Acosta Rocha, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad y de otras autoridades que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución. Segundo. En auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, este juzgado desechó la demanda respecto al acto reclamado al Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, y la admitió por el acto reclamado a las restantes autoridades señaladas como responsables, a quienes se les solicitó sus informes justificados; y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. El trece de mayo de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a Zenón Molina Castañeda, a quien se ordenó emplazarlo a juicio y, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 2 C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 3 ??????????????? prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/20042, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, 1 Consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 2 Tesis: P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 4 atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Mayra Gabriela Acosta Rocha, reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, del Actuario adscrito a dicho Órgano y del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán: 1. Todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 1151/2019 sobre acción plenaria de posesión que promovió Zenón Molina Castañeda, frente a Irene Gabriela Carranza Vargas, en el que se le pretende privar de la posesión del bien inmueble consistente en la totalidad del lote 9, Manzana 6, del Fraccionamiento "Tercera Esperanza" Grupo Tercera Esperanza, de la Ciudad de Morelia, Michoacán, sin haber sido oída ni vencida en juicio. 2. La posible escrituración y protocolización del inmueble. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la Juez Primero de Primera Instancia y al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán, consistente en la escrituración y KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 5 ??????????????? protocolización de inmueble objeto del juicio subyacente, por así manifestarlo al rendir su informe justificado No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 6 de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán al Actuario adscrito a dicho Órgano. Lo que se corrobora con el testimonio autorizado de los autos que integran el juicio sobre acción plenaria de posesión 1151/2019, que envió la primera de las KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 7 ??????????????? autoridades citadas, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2263, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: 3 Contenida en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 8 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgado de Distrito estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 9 ??????????????? determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil 1151/2019, que sobre acción plenaria de posesión promovió Zenón Molina Castañeda, frente a Irene Gabriela Carranza Vargas, en el que se determinó que el actor tenía mejor derecho que la KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 10 demandada para poseer el inmueble actualmente ubicado en la calle Tangancícuaro, sin número oficial visible, de la Colonia Nueva Esperanza de esta ciudad de Morelia, Michoacán, anteriormente identificado como Lope 9, Manzana 6, del Fraccionamiento "Tercera Esperanza", Grupo "Tercera Esperanza", de la Ciudad de Morelia, Michoacán, y por ende, se condenó a la accionada a desocupar y a entregarlo al enjuiciante, con sus frutos y sus accesiones.; inmueble respecto del cual aduce la quejosa que es de su propiedad; por ende debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 11 ??????????????? precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 12 que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 13 ??????????????? bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 14 algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De ahí que, en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser propietaria y poseedora [calle Tangancícuaro, sin número oficial visible, de la Colonia Nueva Esperanza de esta ciudad de Morelia, Michoacán, anteriormente identificado como Lope 9, Manzana 6, del Fraccionamiento "Tercera Esperanza", Grupo "Tercera Esperanza", de la Ciudad de Morelia, Michoacán]. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 15 ??????????????? ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 16 en Materia Civil del Sexto Circuito, que obra a foja 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Civil, Novena Época, registro 185115, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, en la que el KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 17 ??????????????? Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 18 título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. De ese modo, del escrito inicial de demanda promovida por Mayra Gabriela Acosta Rocha, se advierte que se ostenta persona extraña al juicio ordinario civil 1151/2019, en el cual se le pretende privar de la posesión del bien ubicado en la calle Tangancícuaro, sin número oficial visible, de la Colonia Nueva Esperanza de esta ciudad de Morelia, Michoacán, anteriormente identificado como Lope 9, Manzana 6, del Fraccionamiento "Tercera Esperanza", Grupo "Tercera Esperanza", de la Ciudad de Morelia, Michoacán. Sostiene, que adquirió dicha posesión de Zenon Molina Castañeda, en virtud del contrato privado de compra-venta de quince de septiembre de dos mil cuatro, que ratificó ante la fe del Notario Público Número 47 del Estado de Michoacán; documento que anexó en copia certificada al escrito inicial de demanda que dio origen a esta instancia constitucional. Sin embargo, debe decirse que no obstante que dicho documento se encuentra ratificado ante notario público y que por ello es de fecha cierta, es insuficiente en el ánimo KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 19 ??????????????? de esta juzgador para demostrar que la quejosa ostenta la posesión de la que dice va a ser privada. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado, que para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, y esto acontece a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, o bien desde la muerte de los que firmaron; si no se dan estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico contra terceros. Asimismo, también ha establecido, que un documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio, su copia certificada por un fedatario público debe considerarse de fecha cierta y, por ende, suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo. No obstante, también ha señalado que el contrato cuyas firmas son ratificadas ante notario, exhibido para demostrar el interés jurídico, está sujeto a su valoración, atento a las reglas de las documentales privadas. Cabe invocar, sobre este particular la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala 1ª./J. 21/2010, visible en la página 259, Tomo XXXI, abril 2010, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 20 CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera sala, 1ª./J. 51/2005, visible en la página 183, Tomo XXII, Julio 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 177926, del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 21 ??????????????? es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." Aplicadas las anteriores premisas al caso que nos ocupa se precisa que el contrato privado que la quejosa anexó con el fin de demostrar su interés jurídico, al haber sido ratificado ante notario público, el diez de febrero de dos mil catorce, cumple con una de las hipótesis que la jurisprudencia ha reconocido para considerar que un documento es de fecha cierta. Pero, a pesar que de que el documento privado que exhibe la quejosa adquirió fecha cierta el quince de septiembre de dos mil cuatro, es decir con antelación a la instauración del juicio natural, no es suficiente para acreditar su interés jurídico, tomando en cuenta que el tercero interesado la objetó, bajo la perspectiva que, la credencial para votar con fotografía con que se identificó Zenón Molina Castañeda y que se asentó en la ratificación que se anexaba no podía existir, por razones cronológicas en dicha data. Con el fin dar sustento a lo afirmado, resulta conveniente pertinente explicar algunas reglas de KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 22 valoración de los documentos privados, en específico las previstas por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado.". Por su parte el artículo 197 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, según su artículo 2º, señala: "ARTICULO 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." De lo anterior se advierte que el juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 23 ??????????????? El precepto reproducido, en la parte inicial del primer párrafo, alude solamente al documento privado, cuya característica se desprende de lo señalado en el artículo 133 del propio ordenamiento, en cuanto a que tienen esa calidad los documentos que no reúnen las condiciones previstas en el diverso numeral 129, es decir, aquellos cuya formación esté encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, así como que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. La parte inicial del primer párrafo previene también, que el documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. A su vez, de la interpretación literal de la segunda parte del primer párrafo del numeral reproducido se desprende que los documentos privados provenientes de un tercero son eficaces para probar en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, porque, de hacerlo, la veracidad de su contenido debe demostrarse mediante otras pruebas. En ese sentido, se estima que la interpretación literal aludida coincide con la finalidad de la norma, que es establecer cuándo resulta eficaz el documento privado KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 24 proveniente de un tercero aportado como prueba a un juicio, si es objetado o no por el colitigante de quien lo aporta y quiere beneficiarse de él, pues vinculada la finalidad con el resultado gramatical plasmado por el legislador es posible arribar al entendimiento desprendido de la norma al dejar establecido que si el colitigante lo objeta, la verdad del contenido debe demostrarse por otras pruebas, siendo ello acorde también con el sistema normativo en que se encuentra ubicada dicha norma, que es el apartado que regula la eficacia de las pruebas, pues de esa forma se percibe la auténtica intención del legislador, en el sentido de que basta la objeción para que la verdad del contenido del documento aludido se demuestre por medio de otras pruebas, objeción para evitar que el señalado documento pruebe en beneficio de quien lo presenta y en contra del colitigante. No obsta a lo anterior que la palabra "objetar" conlleva asumir una conducta que infiere presentar una opinión o designio, dado que entiende proponer una razón contraria a lo que se ha dicho o intentado, puesto que de conformidad con la exposición de motivos que dio lugar a la emisión Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, no se advierte la imposición de la obligación de explicar la razón de la objeción cuando se objeta el documento. Ciertamente, en la exposición de motivos atinente a la parte relativa a la porción normativa en estudio, se indica conforme a la iniciativa del Ejecutivo que: KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 25 ??????????????? "En uso de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del artículo 71 constitucional, por el digno conducto de ustedes someto al estudio y aprobación, en su caso, de la H. XXXVIII Legislatura de la Unión, el proyecto de Código Federal de Procedimientos Civiles que acompaño a la presente nota. "... "El primer párrafo del artículo 202 reconoce el valor material de verdad de las afirmaciones procedentes de la autoridad que formó un documento público, y el valor formal de las declaraciones o manifestaciones que ante esa autoridad hayan hecho los particulares. Queda evidenciado, pues: a) Lo declarado por la autoridad dentro del límite de sus facultades, y b) que ante esa autoridad se hicieron tales o cuales declaraciones o manifestaciones, cuya existencia no puede ponerse en tela de duda. "El valor material de lo declarado o manifestado debe surtirse, dentro de los límites de la disputa, contra quienes en ésta son partes, e hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas las declaraciones o manifestaciones de que se trate, y se manifestaron conformes con ellas. Así se dispone en el párrafo segundo del artículo 202, con la excepción del caso en que judicialmente se haya declarado su simulación. "En los párrafos tercero y cuarto del mismo precepto se reconoce el valor que merecen las constancias parroquiales relativas a actas del estado civil, de época anterior al establecimiento del registro, o de posterior, cuando no existan libros, o existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. Distinguen los dos casos ya analizados: o son prueba única, y la hacen plena entonces o concurren con otras pruebas, y, en este caso, su valor debe quedar a la libre apreciación judicial. "Con los mismos límites establecidos por el párrafo segundo del artículo 202, las declaraciones o manifestaciones contenidas en un documento privado sólo prueban contra quienes las hayan hecho, y se hayan manifestado conformes con ellas, y, si el documento procede de un tercero, sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su contingente, si éste no lo objeta; así lo prevé el artículo 203, que, además, para distinguir el autor de un documento privado, en su último párrafo dice que lo es aquel por cuya cuenta haya sido formado, cosa que aclara el 204, al disponer que se reputa autor al suscriptor, salvo la excepción del artículo 206, relativa a libros de comercio, registros domésticos y demás documentos que no se acostumbra firmar, y de los cuales debe tenerse por autor a quien los haya KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 26 formado o por cuya cuenta lo hayan sido, según la regla general. Siendo la suscripción la indicación con que alguien se hace reconocer por el destinatario de un documento, el párrafo segundo del artículo 204 define la suscripción en función del destino del mismo, y, en el párrafo tercero, atribuye el texto suscrito a su autor, aun cuando no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, pues la suscripción es signo de aprobación del texto; pero, si éste ha sido alterado por adiciones o enmendaduras, ya no pueden éstas aceptarse como expresión de la voluntad del suscriptor, pues no puede saberse si han sido hechas antes o después de la suscripción. Por este motivo, el citado párrafo tercero previene que dichas alteraciones no se reputen provenientes del autor, si no están escritas por su mano, si no se ha hecho mención de ellas ante la suscripción..." Consecuentemente, es posible concluir reiterando la convicción externada, que la parte citada de la norma en estudio no establece que la objeción deba ser en una forma determinada, menos explicando los motivos por los cuales el objetante desconoce la eficacia del contenido del documento privado proveniente de un tercero, aportado al juicio por su colitigante que quiere beneficiarse de él, pero sólo para evitar el efecto de la norma de que ese documento, no objetado, pruebe en contra del colitigante de quien lo presentó; de manera que basta la simple objeción para que la verdad de su contenido deba demostrarse por otras pruebas. Carga probatoria que debe satisfacer precisamente a quien quiere beneficiarse del documento objetado. Da apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2012 (10a.), consultable en la página 405, del Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 27 ??????????????? "DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL). De conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando en una contienda jurisdiccional de orden federal se aporta un documento privado proveniente de un tercero y el mismo es objetado por el colitigante, aun sin explicar el motivo de la objeción, (solamente para evitar el efecto de la norma de que la no objeción hace que el documento pruebe en su contra), ello basta para que quien lo aporte y quiere beneficiarse de él deba probar la verdad de su contenido por otras pruebas, pues el objetante, en tal circunstancia, no está obligado a probar la objeción, en tanto no incurrió en externar una negativa que encierra la afirmación de un hecho, inclusive si al objetar explica los motivos y no los prueba, la objeción por sí sola obliga al que aporta la documental privada a demostrar la veracidad del contenido con otras pruebas, todo lo que será ponderado al resolver la contienda, sobre todo respecto de la valoración del documento a que se ha hecho referencia.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 31/2012 (10a.), consultable en la página 627, del Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. NO BASTA QUE EL INTERESADO OBJETE UN DOCUMENTO PROVENIENTE DE UN TERCERO, PARA QUE POR ESE SOLO HECHO PIERDA VALOR PROBATORIO, EL CUAL DEPENDERÁ DE QUE ESTÉN O NO ROBUSTECIDOS CON OTROS MEDIOS (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). No basta que el interesado objete un documento proveniente de un tercero, para que por ese solo hecho pierda valor probatorio, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, su valor dependerá de que dicha documental esté o no robustecida con otros medios de convicción. Lo anterior KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 28 es así, en razón de que el propio artículo establece la posibilidad de que, en caso de que el documento haya sido objetado, el oferente pueda, a través de otros medios de convicción, demostrar la veracidad de su contenido, lo que implica la oportunidad de perfeccionar el documento y, de ser así, éste sea valorado en su justa dimensión, por lo que no resulta válido restar, a priori, el valor de la documental, por su sola objeción.". Expuesto el contexto anterior, debemos decir nuevamente que si con el fin de acreditar su interés jurídico, la quejosa exhibió un documento privado; que desde el momento en que fue objetado por el tercero interesado en cuanto a su alcance y valor probatorio, bajo la premisa que la credencial con que se identificó Zenón Molina Castañeda en la celebración y ratificación del contrato de compraventa de quince de septiembre de dos mil cuatro, fue emitida en el año del dos mil catorce, por el Instituto Federal Electoral, de donde resulta que, haciendo uso de la lógica, es imposible que se haya tenido a la vista dicha credencial de elector en el dos mil cuatro. En consecuencia, de lo anterior deriva que no se demostró de manera fehaciente que la peticionaria de amparo Mayra Gabriela Acosta Rocha, sea propietaria y poseedora del inmueble materia de la controversia; toda vez que como se observó, en la data en que se llevó a cabo el contrato, era imposible la existencia de la credencial de elector con que se identificó su vendedor, por razones cronológicas de la misma. Situaciones éstas, que de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 29 ??????????????? 2º, influye en el ánimo de este juzgador y conlleva a estimar que el documento aquí analizado, no tiene eficacia probatoria para demostrar que la impetrante del amparo ostenta la posesión del bien inmueble en su calidad de propietaria. Por lo que al no haberlo hecho así, el documento privado aun y cuando es de fecha cierta anterior a la ejecución del acto reclamado, no es eficaz para demostrar su interés jurídico que le asiste para promover el juicio de amparo, tomando en cuenta que no se acreditó que con motivo de dicho contrato de arrendamiento, efectivamente tenga la posesión del mismo. Por los motivos que la forman, da apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/2001, consultable en la página 9, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 30 otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales.". Por idénticas razones, la jurisprudencia 3a./J. 14/94, consultable en la página 27, del Libro 78, Junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHI PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 31 ??????????????? estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos.". Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 51/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXII, Julio de 2005, página 183, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 177926, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 32 conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y texto siguientes: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica."4 En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema 4 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, tomo VI, página 288. Tesis publicada con el número 340. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 Juicio de Amparo 309/2021 33 ??????????????? Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. KARLA MARTINEZ ARENAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.f9 07/04/22 09:12:30 34 Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mayra Gabriela Acosta Rocha, contra el acto reclamado a las autoridades responsables y por los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el ocurso suscrito por Francisco Alejandro Calderón Miranda, en cuanto autorizado del tercero interesado, con el cual solicita la devolución de la credencial de elector que en original anexo al escrito que presentó el nueve de junio actual. En tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el documento que indica, previa identificación, acta de entrega y copia certificada que del mismo se deje en autos. Finalmente, dígasele que para llevar a cabo la devolución del documento solicitado deberá realizarlo en la página web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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