Maximo Eduardo Rico Albor
Expediente 1006/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maximo Eduardo Rico Albor
Actuaciones
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" RADICACION Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, en cuanto apoderado de - carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con el poder notarial que adjunta, contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-1006/2019-1. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. La suscrita advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa IV, segundo párrafo del precepto 107 de la misma codificación, que amerita desechar la presente demanda de amparo. En efecto, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.-ACTA RECLAMADO: Lo constituye la sentencia interlocutoria de fecha 3 tres de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada con motivo del recurso de revocación que hizo valer mi representada en contra de los autos de fechas dieciséis de agosto de 2019 dos mil diecinueve, marcados con los números -1- y -2-, dictados en el juicio ejecutivo mercantil número -, que sobre pago de pesos y otras prestaciones promueve el ahora tercero interesado en contra de mi mandante." Como se anticipó, la suscrita estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El artículo 61 fracción XXIII, y el diverso 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, textualmente señalan: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es así, pues tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, ponen de relieve que el acto que la parte quejosa, en cuanto parte demandada en el natural pretende reclamar se hace consistir en la sentencia interlocutoria de tres de septiembre del año en curso, emitido por el Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ejecutivo mercantil número - que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió el -, mediante el cual declaró infundados los agravios expresados, dado que tocante al primer agravio expuesto, se cerraron todas las etapas del procedimiento, ya que el seis de agosto del presente año, se llevó a cabo la emisión de los alegatos verbales, sin que en ese momento fuera posible el dictado de la sentencia definitiva en juicio, por encontrase pendiente de resolver u recurso de revocación promovido por la demandada en contra del auto de veintisiete de junio del mismo año, dictándose la resolución correspondiente el quince de agosto pasado, donde se confirmó el auto recurrido. Luego, el acto que constituye el motivo del reclamo fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, y esta no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de la Materia, esto es, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución, la cual podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Ahora, el caso particular no se ubica en el supuesto de excepción que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el auto que ******************** una sentencia, se trata de un acto que sólo podrá verse reparado, de serle favorable, en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por********************, por propio derecho, contra el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 36 con residencia en esta ciudad, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que precisa en su libelo constitucional y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, al licenciado Juan Gabriel Soto Soto, virtud a que el mismo se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en los Juzgados Federales. AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Finalmente, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, para la compensación correspondiente";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, once de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por -, a través del cual solicita la devolución de las garantías que fueron exhibidas para que surtiera efectos la suspensión definitiva; ahora bien, previo a proveer respecto a su contenido, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se presente en las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional, con credencial oficial vigente y con fotografía, y ante la presencia judicial, ratifique el escrito de cuenta y a su vez señale a nombre de quien será endosado dicho billete; hecho lo anterior, se acordará lo procedente.
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