Maximino Gerardo Ibarra Loera

Expediente 478/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
478/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
24/08/2018

Partes del expediente

  • Maximino Gerardo Ibarra Loera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADO MEDIANTE LISTA EL TERCERO INTERESADO ., DEL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ". Morelia, Michoacán, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al que anexa la ejecutoria pronunciada en sesión del nueve de agosto de dos mil dieciocho, dentro del Amparo en Revisión Civil 254/2017, derivado de juicio de amparo IV-48/2017, del índice de este Juzgado; ejecutoria que la Superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ., por sí y en cuanto representante legal e sus menores hijos ., de apellidos ., en contra de los actos que reclama del magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consistentes en la resolución dictada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en el toca de apelación número I-127/2017, y su ejecución. Concesión de amparo que se otorga para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de este fallo.". Ahora bien, como la superioridad revocó la sentencia recurrida, para conceder a la quejosa ., de apellidos . el Amparo y Protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado de la Quinta Sala Civil de supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de cumplimiento con la ejecutoria de amparo de que se trata, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento legal que haya tenido para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; y, para tal efecto, se le remite copia simple de la ejecutoria pronunciada por la Superioridad. Como resulta innecesario que obren en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se ordena su devolución, solicitando el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no remitirlo dentro del término de tres días, legalmente computados, se dará por hecho que recibió a entera satisfacción la documental que se le envía. Háganse lo anterior del conocimiento de las partes, las anotaciones del caso en el libro de Gobierno, que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente para los efectos legales a que haya lugar y agréguese el cuaderno de antecedentes, únicamente con las constancias originales que contiene. Notifíquese personalmente..."; LO ANTERIOR POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 27, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE DICHO TERCERO INTERESADO A LA FECHA NO SE HA APERSONADO NI HA DESIGNADO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN ESTA CIUDAD.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de julio de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo respecto de Maximino Gerardo Ibarra Lorea; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otro lado, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, al igual que el DUPLICADO del incidente de suspensión, no así el ORIGINAL de dicho incidente, el cual es DEPURABLE, por haberse concedido al quejoso la suspensión provisional de los actos en reclamo, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Incidental

    VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSION 478/2018; SE RESUELVE: UNICO. SE NIEGA A...LA SUSPENSION DEFINITIVA..

  4. Principal

    VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 478/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE.... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO..

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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