Maximino Mendoza Guevara
Expediente 1341/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1341/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maximino Mendoza Guevara
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual, la citada autoridad informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, y como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, a través de su apoderado legal -, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclama lo siguiente: "LA NORMA GENERAL Y ACTOS U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: de las responsables, se reclama: La emisión de los autos dictados en el expediente del juicio ORDINARIO CIVIL, PRESCRIPCIÓN POSITIVA, en el expediente número-, en concreto la resolución dictada por el Juzgado Segundo Civil, de fecha 11 de noviembre de 2019, a través del cual se desechó el Recurso de Revocación que se interpuso en contra del auto de fecha 03 de octubre de 2019.". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número II-1341/2019-1. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo y tomando en consideración la constancia secretarial, se reconoce la personalidad que ostenta Jorge Díaz Ponce, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Maximino Mendoza Guevara. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda atento al contenido de los artículos 170, fracción I, Constitucional y 34 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (..)". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.).". De los preceptos transcritos se obtiene que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo se destaca, que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. En esa tesitura, el quejoso pretende reclamar en la vía de amparo indirecto la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en juicio ordinario civil -de prescripción positiva, en la que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, desechó y/o declaró infundado el recurso de revocación, interpuesto contra el auto de tres de octubre del año en curso, en el que se decretó la caducidad de la instancia en el citado juicio, determinación que constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Se estima así, puesto que, lo que subyace al recurso que fue desechado y/o declarado infundado, lo es la determinación de decretar la caducidad de la instancia, determinación que implica finalizar el juicio sin decidirlo en lo principal, y por ende, se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo directo prevista en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De lo anterior se reitera que el acto reclamado es una determinación que puso fin al juicio puesto que al confirmar el auto que decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen, ya no existe actuación pendiente o posterior que pueda tener lugar en el citado juicio civil; y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, residente en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47, de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo que se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal de Alzada de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito inicial de demanda se deje en este juzgado. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Como lo solicita la parte quejosa, hágasele la devolución del documento que refiere, previa copia certificada que se deje en autos. Finalmente, se tiene a la quejosa por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, autorizando para tal circunstancia a la persona que refiere, y con todas las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Vista la demanda de amparo promovida por -, a través de su apoderado legal -, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclama lo siguiente: "LA NORMA GENERAL Y ACTOS U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: de las responsables, se reclama: La emisión de los autos dictados en el expediente del juicio ORDINARIO CIVIL, PRESCRIPCIÓN POSITIVA, en el expediente número-, en concreto la resolución dictada por el Juzgado Segundo Civil, de fecha 11 de noviembre de 2019, a través del cual se desechó el Recurso de Revocación que se interpuso en contra del auto de fecha 03 de octubre de 2019.". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número II-1341/2019-1. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo y tomando en consideración la constancia secretarial, se reconoce la personalidad que ostenta Jorge Díaz Ponce, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Maximino Mendoza Guevara. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda atento al contenido de los artículos 170, fracción I, Constitucional y 34 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (..)". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.).". De los preceptos transcritos se obtiene que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo se destaca, que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. En esa tesitura, el quejoso pretende reclamar en la vía de amparo indirecto la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en juicio ordinario civil -de prescripción positiva, en la que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, desechó y/o declaró infundado el recurso de revocación, interpuesto contra el auto de tres de octubre del año en curso, en el que se decretó la caducidad de la instancia en el citado juicio, determinación que constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Se estima así, puesto que, lo que subyace al recurso que fue desechado y/o declarado infundado, lo es la determinación de decretar la caducidad de la instancia, determinación que implica finalizar el juicio sin decidirlo en lo principal, y por ende, se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo directo prevista en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De lo anterior se reitera que el acto reclamado es una determinación que puso fin al juicio puesto que al confirmar el auto que decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen, ya no existe actuación pendiente o posterior que pueda tener lugar en el citado juicio civil; y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, residente en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47, de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo que se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal de Alzada de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito inicial de demanda se deje en este juzgado. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Como lo solicita la parte quejosa, hágasele la devolución del documento que refiere, previa copia certificada que se deje en autos. Finalmente, se tiene a la quejosa por señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, autorizando para tal circunstancia a la persona que refiere, y con todas las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito .; LO ANTERIOR POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN PROVEÍDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, , DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD DE NO HABER SEÑALADO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.
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