Mauro Isaac Cuautlaxahue Concha

Expediente 1113/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1113/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Mauro Isaac Cuautlaxahue Concha
  • Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Con Sede En Puebla (Ana Alicia Ponce Frías)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. ? Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de veintitrés de noviembre pasado, levantada por la fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha, el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de los motivos que aduce; en consecuencia, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el presente acuerdo, así como el diverso auto de diecinueve de noviembre del año en curso, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. ? Copia de conocimiento. Por otra parte, agréguese a los autos la copia para conocimiento, signada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, respecto a la vista otorgada en auto de diecinueve de noviembre pasado, relativa a los hechos con apariencia de delito de tortura; de la cual, se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa (en los términos precisados).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. ? Diligencia de ratificación de demanda. Agréguese a los autos, la diligencia practicada el dieciocho de noviembre pasado, por la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal con el directo quejoso Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha, de cuyo contenido -medularmente- se advierte lo siguiente: "(.) De 21 años de edad aproximadamente, 1.65 mts de estatura, tez blanca, cabello lacio negro, ceja pequeña poblada, nariz ancha, que no presenta tatuajes, ni ninguna seña en particular, Manifiesta que a la hora de su detención fue golpeado en las costillas y en la boca, pero al observarlo no presenta ninguna contusión visible, sólo manchas de sangre en el pantalón de mezclilla que porta. (.) Manifiesta que sí ratifica la demanda de garantías (.) 2. En este acto le pregunto si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, si sabe el motivo por el cual se encuentra detenido y si ha sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional; a lo que manifiesta: Que a partir de que lo detuvieron le permitieron realizar una llamada, la cual realizó a su mamá, de nombre Marcelina Trinidad Concha, posteriormente lo trasladaron a la Delegación de la Fiscalía General de la República, a las doce horas de este mismo día, recibió la visita de la licenciada Nitzia Hernández García, Defensora Pública Federal adscrita a la Delegación de la Fiscalía General de la República, quien le hizo saber que su detención es por el delito de portación de arma de fuego sin licencia y delito contra la salud en su modalidad con fines; dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0003122/2021 y se pondrá a disposición en el Centro de Justicia Federal. (.)". ? Suspensión de plano decretada en el presente asunto. Ahora bien, vista la diligencia que antecede, no ha lugar a realizar mayor proveído respecto a la suspensión de plano concedida respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación sufrida por el quejoso, pues él mismo refiere que desde el momento de su detención estuvo en posibilidad de comunicarse con su madre, y posteriormente, se entrevistó con su defensora pública, quien le explicó los motivos de su detención. ? Vista ministerial por posibles actos de tortura. No obstante lo anterior, el directo quejoso manifestó haber sido golpeado en las costillas y la boca, al momento de su detención; por lo que, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. Es decir, la anterior manifestación -a criterio del suscrito Juez de Distrito- puede constituir una denuncia por hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura; por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, se ordena dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que, en uso de sus facultades constitucionales, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla."1 De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia 1 Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, registro 2009996, página 233. ??????? que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito." 2 ? Notificación al agente del Ministerio Público a cuya disposición se encuentra el hoy quejoso. Por otra parte, hágase del conocimiento del agente del Ministerio Público de la Federación que conoce de la carpeta de investigación 0003122/2021, el contenido del auto de diecisiete de noviembre pasado, en el que se decretó la suspensión de plano en favor del quejoso Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha, y requiérasele para que acate en sus términos dicha medida cautelar; en la inteligencia que, una vez que sea notificado, deberá informar su debido cumplimiento, así como la situación jurídica actual del quejoso de referencia; apercibido que de no hacerlo, se harán efectivos los apercibimientos decretados en el mencionado auto de diecisiete de noviembre del año en curso. ? Prevención. En diverso aspecto, toda vez que el quejoso directo ha ratificado la demanda de amparo promovida en su favor, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO.- Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si es su voluntad señalar como responsable al agente del Ministerio Público Federal que conoce de la carpeta de investigación 0003122/2021, iniciada en su contra por los delitos 2 Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, registro 2009997, página 234. de de portación de arma de fuego sin licencia y delito contra la salud. Lo anterior es así, pues el promovente Manuel Alejandro Álvarez Herrera, en el escrito inicial de demanda, únicamente señaló con el carácter de autoridades responsables a los jueces de control adscritos a la Casa de Justicia del Estado de Puebla, así como al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Fiscal General del Estado de Puebla; sin embargo, dado lo asentado por la actuaria de la adscripción, resulta evidente que dichas autoridades no intervinieron en la emisión ni en la ejecución de los actos reclamados, pues el quejoso directo se encuentra detenido en las instalaciones que ocupan la Delegación en Puebla de la Fiscalía General de la República, a disposición de un fiscal de la federación, quien no fue señalado como responsable en este asunto. En tal sentido, el demandante constitucional deberá manifestar si es su voluntad señalar como responsable a la referida autoridad ministerial, debiendo proporcionar su denominación actual y correcta, así como el nombre completo del fiscal que en su caso señale como responsable, debiendo indicar el acto que le reclama y formular, en su caso, los conceptos de violación que estime convenientes; ello, a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 30/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre ?????????????? una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición."3 Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. ? Informes sobre la suspensión de plano decretada en el presente sumario. Finalmente, intégrense a los autos los oficios signados por el 14. Guardia en Turno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por el 15. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Subdirector de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla (por triplicado), el oficio del Oficial "B" encargado del despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla con copia de 3 Novena Época, Registro: 200588, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 30/9, Página: 250. conocimiento de la misma autoridad y por el 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla; y, visto su contenido, téngase al 14. Guardia en Turno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y al 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla rindiendo su informe sobre la suspensión de plano decretada en favor del quejoso Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha en el juicio de amparo en que se actúa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Atinente a las autoridades restantes, téngaseles informando que el aquí quejoso no se encuentra a su disposición y que desconocen su paradero; de lo que toma conocimiento esta autoridad, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno, pues como quedó asentado en este acuerdo, el demandante constitucional ya fue localizado. Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar en que se encuentra detenido; electrónicamente al promovente; y, mediante oficio al agente del Ministerio Público Federal que tramita la carpeta de investigación 0003122/2021, y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripcion

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. ? Localización infructuosa del quejoso directo. Agréguese a los presentes autos, la razón asentada por la Actuaria adscrita a este juzgado, de la que se advierte que no localizó al quejoso directo Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha1, a pesar de haberse constituido en las siguientes dependencias: ? Secretaría de Seguridad Pública del Estado (conocido como C5); ? Casa de Justicia de la Región Judicial Centro; ? Fiscalía General del Estado; y ? Fiscalía de Extorsión y Secuestro; todas del estado de Puebla. Pues las autoridades encargadas de esas oficinas2, le hicieron saber que en sus registros no se encuentra el ingreso o egreso de la persona de nombre Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha, lo que fue corroborado por la fedataria judicial al vocear a De lo anterior, toma conocimiento el suscrito juez Federal, para los efectos legales a que haya lugar. ? Requerimientos al promovente. En mérito de lo anterior, toda vez que de la demanda que dio origen a este juicio, no se advierte claramente cómo fue que el promovente tuvo conocimiento de la presunta detención del quejoso directo, ni la razón por la que aduce que aquél se encuentra incomunicado (es decir, no manifestó qué autoridad le impidió tener contacto con el demandante constitucional, ni la dependencia en la que se encuentra detenido), requiérase a Manuel Alejandro Álvarez Herrera, quien promovió la demanda de amparo a nombre del quejoso directo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: a) Informe a este órgano de control constitucional si a la fecha tiene conocimiento del paradero del quejoso de referencia, a efecto de lograr su localización; b) Explique detalladamente, la manera en que tuvo conocimiento de la presunta detención del directo quejoso; c) Precise o aclare si el nombre asentado en la demanda de amparo (Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha) es al que responde el directo quejoso y, en su caso, proporcione más datos de identificación del mismo; d) Refiera si tiene conocimiento de la existencia de algún procedimiento del orden penal, en el que se encuentre involucrado el quejoso directo; y, e) Proporcione cualquier otro dato relevante que resulte oportuno para la localización del peticionario de amparo. Se apercibe al requerido, que de no dar cumplimiento íntegro a lo indicado, en el término señalado, se le impondrá una multa por el importe de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.dicho quejoso, sin obtener respuesta favorable. Diligencias para lograr la localización del quejoso directo. Sin perjuicio del requerimiento anterior, dado el carácter de urgente del presente asunto, con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción que corresponda, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha, para lo cual deberá constituirse en las oficinas de las dependencias siguientes; 1. XXV Zona Militar en el Estado de Puebla. 2. Clínica General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Puebla (San José). 3. Clínica General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Puebla (La Margarita). 4. Hospital de Traumatología y Ortopedia en el Estado de Puebla (IMSS). 5. Cruz Roja Mexicana en el Estado de Puebla. 6. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP). 7. Hospital de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Delegación Puebla (ISSSTE). 8. Clínica de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (ISSSTE). 9. Hospital Universitario de Puebla (BUAP). 10. Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano "El Batán". 11. Centro de Reinserción Social de Puebla "San Miguel". 12. Servicio Médico Forense. 13. Delegación en Puebla del Instituto Nacional de Migración. Delegación en Puebla de la Fiscalía General de la República. Y, para ese efecto el Actuario adscrito, en el acto de la diligencia, deberá realizar lo siguiente: a) Vocear al quejoso en el lugar respectivo; b) Notificarle el presente proveído y el diverso en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; c) Requerirle para que en ese acto o dentro del término de tres días manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida a su nombre; d) Apercibirlo que, de no ratificar la demanda de amparo, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas; e) Ratificar a la autoridad ante quien esté detenido el quejoso la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto del acto de incomunicación. f) Levantar el acta pormenorizada de todo lo anterior. Además, signifíquese al actuario judicial que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentra (si presenta huella de maltrato o tortura), preguntarles si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza (y, en todo caso deberá constatar que a partir de ese momento se le permita la comunicación con los mismos, respetando los horarios y condiciones de seguridad que establezcan las autoridades responsables), si sabe el motivo por el cual se encuentra detenido y si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. ? Informes sobre la suspensión de plano decretada en este juicio. Finalmente, intégrense los oficios signados respectivamente por el 15. Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado y por el 14. Guardia en turno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública (este último con anexo), ambos del Estado de Puebla; y, visto su contenido, téngase a las referidas autoridades rindiendo sus informes sobre la suspensión de plano decretada en favor del quejoso Mauro Isaac Cuatlaxahue Concha en el juicio de amparo en que se actúa; de lo anterior toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente al promovente Manuel Alejandro Álvarez Herrera; y, personalmente al quejoso directo (en los términos precisados en este auto)...

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