Mauro Hernandez Hernadez
Expediente 559/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mauro Hernandez Hernadez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, comunica que por auto dictado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso MAURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, a través de su autorizada, en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el juicio de amparo 559/2017-E, del que deriva este cuaderno, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de ANABEL MARTÍNEZ GARNICA, autorizada de la parte quejosa en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítase dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que quede debidamente integrado el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en Turno, del Sexto Circuito, así como el escrito original de expresión de agravios y un anexo. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con un anexo, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, remite a este órgano de control constitucional las constancias que le fueron instadas; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Mauro Hernández Hernández, mediante escrito recibido en este órgano federal el quince de mayo de dos mil diecisiete (fojas 2 a 5) solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla y otras autoridades; de quienes reclamó lo siguiente: ".de la Autoridad Responsable la Orden ilegal e infundada de orden de aprehensión (sic), detención o presentación ante el Ministerio Público dictada en mi contra y de las Autoridades Ejecutoras reclamo la Ejecución de esa orden por sí o por elementos dela Policía a su cargo." (Foja 3). Ahora bien, de los informes justificados de las autoridades responsables se advierte lo siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Foja 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla Aceptó 25 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva Negó 26 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla Aceptó 21 4. Fiscal General del Estado de Puebla Aceptó 22 5. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla Aceptó 23 Las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 4. Fiscal General del Estado de Puebla y 5. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla aceptaron la existencia de los actos que el quejoso les reclama. Al efecto, en su informe justificado, la autoridad responsable ordenadora 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, señaló que el entonces Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, con fecha diez de julio de dos mil quince, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Mauro Hernández Hernández, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 263/2015 de su índice. Posteriormente, por auto de doce de julio de dos mil dieciséis, el 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla admitió competencia de prórroga de jurisdicción del citado proceso, radicándose bajo el número 305/2016 de su índice. Al respecto, no sobra decir que la autoridad responsable 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva, negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, al haberse establecido la certeza del acto reclamado respecto de la autoridad ordenadora señalada en los párrafos que anteceden, es inminente el acto de ejecución que dicho mandamiento judicial conlleva, por lo que resulta procedente establecer la certeza del acto reclamado a dicha autoridad ejecutora. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos rubro y texto se reproducen a continuación: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Ahora bien, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta Juzgadora de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la suscrita jueza advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado por el quejoso Mauro Hernández Hernández al 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en la orden de aprehensión de fecha diez de julio de dos mil quince, librada en su contra, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 305/2016 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". En relación con esta causa de improcedencia, existen los criterios siguientes, que tienen aplicación porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: i) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otra controversia de la misma naturaleza; ii) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y iii) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." Así las cosas, resulta pertinente destacar lo siguiente: a) El quejoso Mauro Hernández Hernández acudió a esta instancia constitucional a reclamar la orden de captura decretada por el 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, b) En su informe justificado, la autoridad responsable ordenadora 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, aceptó el acto reclamado, manifestando que el entonces Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, con fecha diez de julio de dos mil quince, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Mauro Hernández Hernández, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 263/2015 de su índice. Posteriormente, por auto de doce de julio de dos mil dieciséis, el 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla admitió competencia de prórroga de jurisdicción del citado proceso, radicándose bajo el número 305/2016 de su índice. c) Por otra parte, de las copias certificadas de cuenta, deducidas del juicio de amparo 163/2017 del índice del Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; destacan, la demanda de amparo promovida por Mauro Hernández Hernández, presentada a las doce horas con seis minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete. d) En dicho escrito, Mauro Hernández Hernández señaló como actos reclamados: ".la orden de búsqueda, aprehensión y detención librada en mi contra por la autoridad ordenadora, así como la ejecución que pretende realizar las autoridades señaladas como ejecutoras.", acto que resultó ser precisamente la orden de aprehensión dictada en su contra, con fecha diez de julio de dos mil quince, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 263/2015 del índice del antes Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, radicada al Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, bajo el número 305/2016 de su índice. e) De las mencionadas constancias, se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla emitió sentencia en el juicio de amparo 163/2017 de su índice, negando el amparo al quejoso; determinación contra la cual Mauro Hernández Hernández interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, radicado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, bajo el expediente R-138/2017, sin que se aprecie que ya hubiera sido resuelto. De lo anterior, puede concluirse que, tanto en este controvertido constitucional, como en el diverso 163/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el quejoso Mauro Hernández Hernández reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra el diez de julio de dos mil quince, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 263/2015 del índice del antes Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, radicada en el Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, bajo el número 305/2016 de su índice; y, que aquél juicio de amparo, fue promovido con anterioridad al presente, en el que se dictó sentencia que se encuentra sub júdice ante la tramitación del medio de impugnación hecho valer en su contra por el quejoso. Así las cosas, de un análisis comparativo efectuado entre este juicio de amparo y el diverso 163/2017, de la estadística del homólogo en cita, se advierte que ambos sumarios fueron promovidos por el mismo quejoso y que existe identidad respecto de las autoridades responsables y del acto reclamado. Lo anterior es así, no obstante que en el presente juicio, el quejoso haya señalado más autoridades ejecutoras que las que indicó en el controvertido constitucional del índice del Juzgado Cuarto de Distrito der Amparo en Materia Penal, como lo son el 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva, 4. Fiscal General del Estado de Puebla y 5. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, toda vez que éstas ejecutan los mandatos de la misma autoridad responsable ordenadora. Por tanto, en la especie se surte la causa de improcedencia invocada, pues resulta evidente que las determinaciones aquí reclamadas, son materia del juicio de amparo 163/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual, si bien ya ha sido resuelto, se encuentra pendiente que cause ejecutoria la determinación en cita. En esas circunstancias, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en la presente contienda constitucional respecto del citado acto reclamado al 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 4. Fiscal General del Estado de Puebla y 5. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla; toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino que se hacen depender del acto de ordenamiento, ello en términos del contenido de la tesis de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." No obsta a lo anterior que no se llamó a juicio a la parte tercero interesada (víctima del delito), ya que al tomar en consideración el sentido de la presente resolución (sobreseimiento), no resulta necesario, por no irrogarle algún perjuicio. Cobra aplicación al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia cuyos rubro, texto son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción X de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con un anexo, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, remite a este órgano de control constitucional las constancias que le fueron instadas; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Mauro Hernández Hernández, mediante escrito recibido en este órgano federal el quince de mayo de dos mil diecisiete (fojas 2 a 5) solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla y otras autoridades; de quienes reclamó lo siguiente: ".de la Autoridad Responsable la Orden ilegal e infundada de orden de aprehensión (sic), detención o presentación ante el Ministerio Público dictada en mi contra y de las Autoridades Ejecutoras reclamo la Ejecución de esa orden por sí o por elementos dela Policía a su cargo." (Foja 3). Ahora bien, de los informes justificados de las autoridades responsables se advierte lo siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Foja 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla Aceptó 25 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva Negó 26 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla Aceptó 21 4. Fiscal General del Estado de Puebla Aceptó 22 5. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla Aceptó 23 Las autoridades responsables 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 4. Fiscal General del Estado de Puebla y 5. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla aceptaron la existencia de los actos que el quejoso les reclama. Al efecto, en su informe justificado, la autoridad responsable ordenadora 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, señaló que el entonces Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, con fecha diez de julio de dos mil quince, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Mauro Hernández Hernández, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 263/2015 de su índice. Posteriormente, por auto de doce de julio de dos mil dieciséis, el 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla admitió competencia de prórroga de jurisdicción del citado proceso, radicándose bajo el número 305/2016 de su índice. Al respecto, no sobra decir que la autoridad responsable 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva, negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, al haberse establecido la certeza del acto reclamado respecto de la autoridad ordenadora señalada en los párrafos que anteceden, es inminente el acto de ejecución que dicho mandamiento judicial conlleva, por lo que resulta procedente establecer la certeza del acto reclamado a dicha autoridad ejecutora. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos rubro y texto se reproducen a continuación: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Ahora bien, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta Juzgadora de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la suscrita jueza advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado por el quejoso Mauro Hernández Hernández al 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en la orden de aprehensión de fecha diez de julio de dos mil quince, librada en su contra, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 305/2016 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". En relación con esta causa de improcedencia, existen los criterios siguientes, que tienen aplicación porque no contravienen las disposiciones de la Ley de Amparo vigente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: i) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otra controversia de la misma naturaleza; ii) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y iii) Que ambos juicios de garantías sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO).Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." Así las cosas, resulta pertinente destacar lo siguiente: a) El quejoso Mauro Hernández Hernández acudió a esta instancia constitucional a reclamar la orden de captura decretada por el 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, b) En su informe justificado, la autoridad responsable ordenadora 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, aceptó el acto reclamado, manifestando que el entonces Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, con fecha diez de julio de dos mil quince, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Mauro Hernández Hernández, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 263/2015 de su índice. Posteriormente, por auto de doce de julio de dos mil dieciséis, el 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla admitió competencia de prórroga de jurisdicción del citado proceso, radicándose bajo el número 305/2016 de su índice. c) Por otra parte, de las copias certificadas de cuenta, deducidas del juicio de amparo 163/2017 del índice del Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; destacan, la demanda de amparo promovida por Mauro Hernández Hernández, presentada a las doce horas con seis minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete. d) En dicho escrito, Mauro Hernández Hernández señaló como actos reclamados: ".la orden de búsqueda, aprehensión y detención librada en mi contra por la autoridad ordenadora, así como la ejecución que pretende realizar las autoridades señaladas como ejecutoras.", acto que resultó ser precisamente la orden de aprehensión dictada en su contra, con fecha diez de julio de dos mil quince, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 263/2015 del índice del antes Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, radicada al Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, bajo el número 305/2016 de su índice. e) De las mencionadas constancias, se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla emitió sentencia en el juicio de amparo 163/2017 de su índice, negando el amparo al quejoso; determinación contra la cual Mauro Hernández Hernández interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, radicado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, bajo el expediente R-138/2017, sin que se aprecie que ya hubiera sido resuelto. De lo anterior, puede concluirse que, tanto en este controvertido constitucional, como en el diverso 163/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el quejoso Mauro Hernández Hernández reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra el diez de julio de dos mil quince, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 419 fracción IV, y 420 de la Ley sustantiva penal vigente en el Estado, dentro de la causa penal 263/2015 del índice del antes Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, radicada en el Juzgado Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, bajo el número 305/2016 de su índice; y, que aquél juicio de amparo, fue promovido con anterioridad al presente, en el que se dictó sentencia que se encuentra sub júdice ante la tramitación del medio de impugnación hecho valer en su contra por el quejoso. Así las cosas, de un análisis comparativo efectuado entre este juicio de amparo y el diverso 163/2017, de la estadística del homólogo en cita, se advierte que ambos sumarios fueron promovidos por el mismo quejoso y que existe identidad respecto de las autoridades responsables y del acto reclamado. Lo anterior es así, no obstante que en el presente juicio, el quejoso haya señalado más autoridades ejecutoras que las que indicó en el controvertido constitucional del índice del Juzgado Cuarto de Distrito der Amparo en Materia Penal, como lo son el 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva, 4. Fiscal General del Estado de Puebla y 5. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, toda vez que éstas ejecutan los mandatos de la misma autoridad responsable ordenadora. Por tanto, en la especie se surte la causa de improcedencia invocada, pues resulta evidente que las determinaciones aquí reclamadas, son materia del juicio de amparo 163/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual, si bien ya ha sido resuelto, se encuentra pendiente que cause ejecutoria la determinación en cita. En esas circunstancias, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con la fracción V del numeral 63 del citado ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en la presente contienda constitucional respecto del citado acto reclamado al 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, 4. Fiscal General del Estado de Puebla y 5. Director General de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla; toda vez que no se reclaman por vicios propios, sino que se hacen depender del acto de ordenamiento, ello en términos del contenido de la tesis de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." No obsta a lo anterior que no se llamó a juicio a la parte tercero interesada (víctima del delito), ya que al tomar en consideración el sentido de la presente resolución (sobreseimiento), no resulta necesario, por no irrogarle algún perjuicio. Cobra aplicación al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia cuyos rubro, texto son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción X de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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