Mauro Cortes Alva

Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
382/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Mauro Cortes Alva

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de lo que se advierte, que a la data en que se emite este proveído, ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Mauro Cortés Alva interpusiera recurso de queja, en contra del auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de veintidós del mes pasado, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como, en términos del punto 7.4 del Capítulo denominado "Expedientes Depurables" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se establece que el presente juicio de amparo, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente sumario constitucional y se decretó de oficio y de plano, la suspensión del acto que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos. Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto del promovente -quien se ostenta como su defensor particular-; y, por oficio a las autoridades responsables...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintidós. CUESTIONES PRELIMINARES. Intégrese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso Mauro Cortés Alva, a través del cual, desahoga las prevenciones que se le formularon en auto de diez de abril del año que transcurre, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad, cuales son los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; y, precisa que únicamente señala como autoridad responsable al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento preventivo formulado por esta potestad federal, al referido peticionario de amparo, mediante auto de diez de abril de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Debe precisarse que el quejoso Mauro Cortés Alva, acude a esta contienda constitucional, a reclamar del 1. Director del Centro de Reinserción Regional de Tehuacán, Puebla, ataque a la libertad personal fuera del procedimiento, lo que se traduce en la privación ilegal de la libertad, del referido peticionario de garantías; razón por la cual, en auto de diez de abril de esta anualidad, acorde a lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, en contra del quejoso Mauro Cortés Alva, para el siguiente efecto: ".Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Al respecto, en este momento procesal, la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido, prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En concordancia con lo expuesto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa tesitura, en auto de once de abril de dos mil veintidós, se recibió el oficio 374/2022 suscrito por la autoridad responsable 1. Director del Centro de Reinserción Regional de Tehuacán, Puebla, por el cual, rindió su respectivo informe con relación a la suspensión de plano, decretada por este juzgado, en favor del quejoso directo Mauro Cortés Alva; al que se adjuntaron diversas constancias, entre las que se encuentra el comunicado JOPTEH/358/2022 suscrito por Gerardo Gutiérrez Gayosso, Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, por el que informó que mediante resolución emitida en audiencia oral celebrada a las quince horas con dieciocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 28/2022/TEHUACÁN, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aludido imputado, por los delitos de: a) narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, previsto y sancionado en los artículos 473, fracción V, VI, VIII, 474, 477 y 479, de la Ley General de Salud, en relación con lo dispuesto por los artículos 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal; y b) portación de arma de fuego sin licencia, previsto por los artículos 9, fracción III y 10, fracción I, y sancionado en el numeral 81, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con relación a lo establecido en los numerales 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en agravio de la sociedad. Motivo por el cual, se impuso al aquí quejoso Mauro Cortés Alva, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por todo el tiempo que dure el procedimiento en la citada causa penal, sin que exceda del término de dos años, salvo estrategia de litigación por parte de la defensa; por ende, dicho imputado se encontraba recluido en el mencionado Centro de Reinserción Social. Sin embargo, como se corrobora con la misiva 2087/2022 de diez de abril en curso, signada por el abogado David Rodríguez González Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente en Tehuacán, Puebla, se decretó la revocación de la medida cautelar antes mencionada, aplicada al imputado Mauro Cortés Alva -aquí quejoso- en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, al variar las condiciones objetivas que en su momento imperaron para su imposición, al corroborarse el arraigo domiciliario del imputado y por ende, se modificó la misma, por las diversas medidas, consistentes en: "I. PRESENTACIÓN PERIÓDICA, ante la Unidad de Medidas Cautelares de esta demarcación Judicial, con una periodicidad semanal, la cual se realizará los días lunes. II. PROHIBICIÓN DE SALIR DEL ESTADO DE PUEBLA, sin autorización de este órgano judicial. III. LA EXHIBICIÓN DE UNA GARANTÍA ECONÓMICA, la cual deberá exhibir en un tpermino de 05 cinco días hábiles. IV. NO POSEER NI PORTAR ARMAS. Dichas medidas cautelares tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal." Y por ende, el referido Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, ordenó la INMEDIATA LIBERTAD DEL IMPUTADO MAURO CORTÉS ALVA, únicamente por lo que se refiere a la causa penal 96/2022 del fuero federal. Ahora, si bien es cierto, la autoridad responsable 1. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, a través de la misiva el oficio 374/2022 recibida en auto de once de los corrientes, hizo del conocimiento de este Juzgador, quedar enterado del efecto de la suspensión de plano decretada por este juzgado en favor del quejoso Mauro Cortés Alva y, señaló que cumplió con libertad de dicho imputado, por lo que se refiere a la causa penal 028/2022/TEHUACÁN, del índice del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, como lo ordenó el abogado David Rodríguez González, Juez de Control de la región mencionada, mediante el oficio 2087/2022 de diez del mes y año que transcurren, pero de manera virtual. Empero, el doce de abril siguiente, se recepcionó el comunicado 377/2022, por el que la autoridad responsable 1. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, informó que aproximadamente a las diecisiete horas con tres minutos del once de abril de este año, se procedió a dejar en libertad al mencionado peticionario de amparo, derivado del oficio 2087/2022 de diez de los corrientes, signado por el abogado David Rodríguez González, Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, única y exclusivamente respecto de la causa penal 028/2022/TEHUACÁN, la cual dio origen a la diversa causa penal 96/2022 del Fuero Federal. Y, a fin de corroborar lo informado, la mencionada potestad responsable adjuntó copia certificada de la boleta de libertad del quejoso; a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, para tener por demostrado que el imputado Mauro Cortés Alva fue puesto en libertad a las diecisiete horas con tres minutos del once de abril de dos mil veintidós, por parte de la autoridad señalada como responsable. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo antes expuesto queda de manifiesto que desde el once de los corrientes, cesaron los efectos del acto reclamado, debido a que quedaron destruidos en forma total e incondicional todos sus efectos, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Máxime, que como quedó precisado en párrafos anteriores, el quejoso reclama en esta instancia constitucional la privación ilegal de la libertad, sin embargo, se itera, de la copia certificada de la boleta de egreso del referido agraviado Mauro Cortés Alva, se demuestra que este último quedó en libertad a las diecisiete horas con tres minutos del once de abril del año en curso, única y exclusivamente respecto de la causa penal 028/2022/TEHUACÁN, la cual dio origen a la diversa causa penal 96/2022 del Fuero Federal; lo cual se corrobora con lo manifestado por el propio quejoso en su ocurso de cuenta, al narrar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto que atribuye al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla. Por tanto, al quedar destruidos en forma total, incondicional y material los efectos del acto reclamado, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que conlleva a desechar la demanda de derechos fundamentales promovida por Mauro Cortés Alva, en contra del acto reclamado al 1. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, consistente en ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que se traduce en la privación ilegal de la libertad del referido peticionario de amparo. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto del promovente -quien se ostenta como su defensor particular-; por oficio a la autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Vista con cumplimiento. Intégrese a los autos el oficio 2454/2022/JC signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente del Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula (David Rodríguez González), por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional, y para tal efecto, remite el registro audiovisual -contenido en un disco compacto en formato DVD- de la audiencia celebrada el cinco de abril pasado, en la carpeta judicial administrativa de origen. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y su correspondiente anexo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad encargada del cumplimiento. Atinente al disco que se anexa, guárdese en un sobre cerrado, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; sin que haya lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; y por oficio a la autoridad tercera interesada.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 374/2022 suscrito por la autoridad responsable 1. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, a través del cual, en atención a lo ordenado por este Juzgador, mediante oficio 382-I de diez de los corrientes, rinde informe sobre la suspensión de plano decretada por este juzgado en favor del quejoso directo Mauro Cortés Alva y, manifiesta quedar enterado del efecto de la citada medida. Sin embargo, la mencionada potestad responsable precisa que dio cumplimiento a la libertad del imputado Mauro Cortés Alva, únicamente por lo que se refiere a la causa penal 028/2022/TEHUACÁN, del índice del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, como lo ordenó el abogado David Rodríguez González, Juez de Control de la región mencionada, mediante el oficio 2087/2022 de diez del mes y año que transcurren, pero de manera virtual, en razón a que del expediente único penitenciario del aquí quejoso, se advirtió lo siguiente: 1. El comunicado JOPTEH/358/2022 de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por el cual, el Gerardo Gutiérrez Gayosso, Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, informó que el aquí quejoso fue vinculado a proceso por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada. 2. El comunicado 8641/2022 de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, signado por Samuel Jiménez Morato, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por el que indicó, que se señalaron las diez horas con quince minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para audiencia de competencia y convalidación de actuaciones. Finalmente, la autoridad penitenciaria ocursante señaló, que mediante la misiva 372/2022 de diez de los corrientes, solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, le informara el estado procesal que guarda la causa penal 96/2022 derivada de la competencia declinada por el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, dentro de la causa penal 028/2020/TEHUACÁN, con la finalidad de verificar la situación legal que impera en dicho proceso penal; de ahí, que se encuentre en espera de la determinación de la autoridad federal mencionada, para los efectos legales procedentes. En esa tesitura, como se aprecia de las constancias remitidas por la autoridad administrativa ocursante, es evidente que los comunicados a que hace referencia, derivan de la causa penal 028/2022/TEHUACÁN del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, en la que, mediante el oficio 2087/2022 de diez de los corrientes, dirigido a la autoridad responsable 1. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, se ordenó la inmediata libertad del imputado Mauro Cortés Alva -aquí quejoso-. Pues si bien, por el diverso comunicado JOPTEH/358/2022 signado por el abogado Gerardo Gutiérrez Gayosso, Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, se informó al Director del multicitado centro penitenciario, que mediante resolución emitida a las quince horas con dieciocho minutos del veinticuatro de enero de este año, en audiencia oral y pública, dictada en la causa penal 28/2022/TEHUACÁN, el aquí quejoso fue vinculado a proceso por los ilícitos que se indican y que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; lo cierto es, que como se lee de la misiva 2087/2022 de diez de abril en curso, se decretó la revocación de la medida cautelar antes mencionada, impuesta en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, al variar las condiciones objetivas que en su momento imperaron para su imposición, al corroborarse el arraigo domiciliario del imputado y por ende, se modificó la misma, por las diversas medidas, consistentes en: "I. PRESENTACIÓN PERIÓDICA, ante la Unidad de Medidas Cautelares de esta demarcación Judicial, con una periodicidad semanal, la cual se realizará los días lunes. II. PROHIBICIÓN DE SALIR DEL ESTADO DE PUEBLA, sin autorización de este órgano judicial. III. LA EXHIBICIÓN DE UNA GARANTÍA ECONÓMICA, la cual deberá exhibir en un tpermino de 05 cinco días hábiles. IV. NO POSEER NI PORTAR ARMAS. Dichas medidas cautelares tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal." Ahora, por lo que se refiere a la diversa misiva 8641/2022 de diecisiete de marzo del año actual, suscrita por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, derivada de la causa penal 96/2022 del fuero federal, de cuyo contenido se advierte que se señalan las diez horas con quince minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de competencia y convalidación de actuaciones; se destaca que el expediente en cuestión se originó con motivo de la diversa causa penal 028/2022/TEHUACÁN del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, en la que se insiste, se ordenó la inmediata libertad del imputado en cuestión; empero, conforme lo que dispone el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no efectuarse todavía la audiencia antes referida, programada para el veintitrés de junio próximo, es evidente, que el aquí quejoso continúa a disposición del Juez de Control que ordenó su libertad, como parte de las providencias que no admiten demora, como es el caso de las medidas cautelares. Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el numeral 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario; también es cierto, que la circunstancia relativa a que la audiencia de competencia y convalidación de actuaciones, se encuentra pendiente de llevar a cabo, en la causa penal 96/2022 del fuero federal, ello no es motivo suficiente para mantener privado de su libertad al aquí quejoso Mauro Cortés Alva, en el Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, hasta el veintitrés de junio próximo, en que se tiene programada dicha audiencia, pues aquél puede ser citado en su respectivo domicilio, en atención a las nuevas medidas cautelares que le fueron impuestas el diez de abril de dos mil veintidós, en la causa penal, 028/2022/TEHUACÁN del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Por las consideraciones vertidas con antelación, este Juzgador de Amparo estima, que de no existir un proceso penal diverso al 028/2022/TEHUACÁN -que a su vez dio origen al 96/2022 del fuero federal-, en contra del quejoso Mauro Cortés Alva, que implique mantenerlo recluido; no existe justificación para que la autoridad responsable 1. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla, no acate la suspensión de oficio y de plano decretada en auto de diez de abril pasado, consistente en: ".Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de lo acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, en contra del quejoso Mauro Cortés Alva, para el siguiente efecto: Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Motivo por el cual, reitérese a la autoridad señalada como responsable, que deberá acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. De igual forma, subsisten los apercibimientos que le fueron formulados a la autoridad penitenciaria responsable en auto de diez de los corrientes, para el caso de no cumplir con lo ordenado por este Juzgador Federal. Notifíquese electrónicamente al promovente, por oficio a la autoridad responsable (vía correo electrónico por conducto del actuario de la adscripción.

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