Maurilio Flores Reyes
Expediente 1176/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Maurilio Flores Reyes
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, por medio del cual acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 1176/2018. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Visto el escrito presentado por Maurilio Flores Reyes, por propio derecho, quien promueve demanda de amparo contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1176/2018 y fórmese el expediente respectivo. Ahora, por ser de análisis preferente, se examina en primer lugar la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo, pues dicha cuestión es una condición para que tenga validez la sentencia que eventualmente resuelva este juicio de derechos fundamentales. Las cuestiones de competencia son de pronunciamiento oficioso en tanto que constituyen un presupuesto procesal, entendido como tal las condiciones necesarias para que pueda emitirse válidamente una resolución, tal y como lo sostiene la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página trescientos nueve del Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación de la Quinta Época, materia común, con registro electrónico 345468, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conceder el caso". Además, como se dijo, las cuestiones de competencia se traducen en presupuestos procesales y, por tanto, son de orden público elevadas a rango constitucional y reglamentadas por la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, se estima que en el caso que nos ocupa, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 y 171, de la Ley de Amparo, contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa, cuando se reclaman actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que tienen la naturaleza de definitiva, así como la competencia del órgano jurisdiccional o administrativos a quien corresponde conocer y resolver de dichos asuntos, al establecer: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." LEY DE AMPARO. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior". Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, que se reclaman de tribunales del trabajo y se promoverá por conducto de la autoridad responsable; en la inteligencia que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- Acto reclamado.- a).- De las Ordenadoras: RESOLUCIÓN QUE SE CONFIRMA Y DECLARA DE OFICO EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA PENAL NÚMERO: 105-II/2013 Y SE ORDENA LA LIBERTAD DE PROCESADO RAFAEL GARCÍA SOLANO respecto al delito de Despojo de un Inmueble que se le imputa en su contra en la presente Causa penal antes indicada que deriva de la denuncia presentada por el aquí agraviado MAURILIO FLORES REYES citada en la AVERIGUACIÓN Previa número: BRA/DES/02/080/2012. b).- De las Ejecutoras el Cumplimiento que pretenden darle al SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA PENAL NÚMERO: 105-II/2013 a favor del procesado RAFAEL GARCÍA SOLANO y dejándolo totalmente ya por concluido y archivar el presente asunto, dejándome en un grave estado de indefensión." Luego, del contenido de la cédula de notificación de la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal IV-67/2018 por los Magistrados Integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se conoce que la sentencia definitiva absolutoria de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, en la causa penal número 105/2013-II, instruida en contra de Rafael García Solano, por el delito de despojo, en agravio de Maurilio Flores Reyes, fue confirmada. Entonces, esta resolución (cuatro de septiembre de dos mil dieciocho), la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene el carácter de definitivo, en tanto que confirmó la sentencia definitiva absolutoria emitida el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete en la causa penal natural. De ahí que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo, se trata de una determinación reclamable en amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 139/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y seis del Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 185437, que establece: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 40/2015 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cincuenta y nueve del Tomo I, agosto de dos mil quince, libro veintiuno, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2009652, de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." Así las cosas, este Juzgado de Distrito, estima que el acto tildado de inconstitucional queda comprendido en las hipótesis de procedencia del amparo directo y, por tanto, su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez establecido lo anterior, no debe perderse de vista el contenido del artículo 47 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". Por ello, tomando en consideración que por la naturaleza del acto aquí reclamado es considerado como de aquéllos que son materia de amparo directo, atento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador se declara incompetente para conocer del presente asunto y, en consecuencia, se ordena la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Acapulco, Guerrero, a fin de que si lo estima procedente, conozca del caso. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada 2a. CCXI/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, visible en la página cuarenta y uno, del Tomo XIV de noviembre de dos mil uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de consulta rápida bajo el registro electrónico número 188429, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Bajo esas condiciones, este órgano constitucional reitera la ausencia de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos con antelación, debido a que el acto reclamado constituye una determinación de la autoridad responsable que encuadra en los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo. Así las cosas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, el que suscribe declina la competencia del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Acapulco, Guerrero, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo, a la oficialía de partes común de dichos tribunales, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del Tribunal que por razón de turno conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Lorenzo Morales de la Cruz, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones, toda clase de documentos e imponerse de los autos a Roselia Venancio Gallardo, por así haberlo solicitado expresamente el promovente del amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
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