Maurilio Roque León

Expediente 1354/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1354/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Maurilio Roque León

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, de cuyo contenido se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en el juicio principal del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, registrándolo bajo el número de recurso de queja civil ******************. Circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta presentado por el quejoso *****************, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, téngase a dicha parte procesal interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta Ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se desechó su demanda de amparo. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado federal de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la que hace constar los motivos por los cuales no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación de mérito; así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por propio derecho, contra actos de****************************y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde **************************y fórmese el expediente físico y electrónico. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, se advierte, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares de restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El aludido precepto estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Ahora, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Tales razones, dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J.44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." No pasa por inadvertido que dicho criterio, interpreta artículos de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, se estiman aplicables pues el contenido de los artículos 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de dicha ley abrogada, esencialmente coinciden con el contenido de los artículos 61, fracción XVIII, y el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, por tanto, son válidamente aplicables al presente caso, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, del decreto por el que se promulgó la Ley de Amparo, publicado en el Diario oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, el quejoso tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. En relación al tema, el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, prevé: "CAPITULO II RECONSIDERACIÓN ARTÍCULO 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." (Lo subrayado es propio). Del artículo trascrito se aprecia que procede el recurso de reconsideración contra los autos que no fueren apelables y los decretos, emitidos por el juez que los dictó. En el caso, la parte quejosa reclama los autos de siete y trece de septiembre ambos de dos mil veintidós, dictados por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, en el expediente 170/2011-I, en los cuales ordena en el primero de los citados poner en posesión de la actora María Félix Roque Avilez, el predio rustico denominado Tlalmextli, ubicado en Xalpatlahuac, Guerrero, autorizando el uso de la fuerza pública, incluso el rompimiento de chapas y cerraduras a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable y en el segundo auto ordena girara oficio al Coordinador Regional de la Policía del Estado a fin de que designe elementos para el resguardo del personal actuante al momento de cumplimentar la determinación de siete de septiembre de dos mil veintidós. En ese sentido, dado que el recurso de reconsideración es el medio de impugnación por el cual se pudo revocar o modificar los acuerdos reclamados, resulta incuestionable que la parte quejosa, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el mencionado recurso, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación federal prevé y que, en el caso en particular, tiene como finalidad que el juez reconsidere la determinación previamente asumida, a fin de que en el supuesto de existir algún vicio en aquélla, determine lo que en derecho corresponda, aun cuando el acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación. Entonces, antes de promover el juicio de amparo indirecto, el quejoso necesariamente debe agotar el recurso de reconsideración al tener como finalidad que el órgano jurisdiccional que los emitió pueda revocarlos, modificarlos o confirmarlos y con ello, impedir las consecuencias de las que se aqueja. Además, la parte quejosa no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, a saber: 1. Atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y; 3. Si el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio de donde deriva el acto reclamado. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla (caso en el que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir el juicio de amparo). Ello, porque el acto reclamado proviene de un juicio civil en el que es la parte demanda y el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, es claro en señalar que los autos que no son apelables pueden ser reconsiderados por el juez que los emitió. Por tanto, es evidente que contra los autos de siete y trece de septiembre ambos de dos mil veintidós, dictados por el ***************, en el expediente ******************, en los cuales ordena en el primero de los citados poner en posesión de la actora ******************, el predio rustico denominado *********, ubicado E***************, Guerrero, autorizando el uso de la fuerza pública, incluso el rompimiento de chapas y cerraduras a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable y en el segundo auto ordena girara oficio al ********************** a fin de que designe elementos para el resguardo del personal actuante al momento de cumplimentar la determinación de ****************************, procede el recurso de reconsideración al encuadrar en la hipótesis señalada en el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, sin que derive de una interpretación adicional. En esa tesitura, con apoyo en el artículo 113, en relación con el 61, fracciones XXIII, en referencia con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****************************************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a ************************, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. Asimismo, se le tiene a ********************************autorizado para consultar el Expedientes Electrónico con el nombre de usuario *************, en virtud que cumple con lo que establece el artículo 3º de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ello en virtud que cumplen con lo que establece el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el diverso artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a carga del propio Consejo. Por lo que, se ordena a quien corresponda, su alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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