Maurilia Villegas Hernández
Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Maurilia Villegas Hernández
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de siete de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo propuesta, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos de los diversos artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa ********************, por su propio derecho y en su carácter de representante común de los diversos impetrantes de amparo ********************, ********************, ********************,********************, ********************, ********************,********************y ********************, por medio del cual desahoga la prevención de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para lo cual manifiesta que le casusa agravio la negativa de ejercicio de acción penal por parte del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero; asimismo, manifiesta que se desiste de los hechos señalados al Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos. En razón de lo anterior, se procede a emitir pronunciamiento en relación a la demanda de amparo propuesta por los quejosos referidos, teniendo como responsable únicamente al Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Bajo esa premisa, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Sobre el particular se invoca la tesis I.4o.A.269 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Novena Época, registro: 196322, tomo VII, mayo de 1998, materia administrativa, página: 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "IV.- ACTO RECLAMADO: Del C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador del Distrito Judicial de Morelos, RECLAMAMOS la negativa de judicialización de las carpetas de investigación número ********************, por los delitos de Homicidio y Lesiones por arma de fuego, toda vez que el Agente del Ministerio Público investigador se niega a realizar el ejercicio de la acción penal, en contra de los presuntos responsables señalados en dicha indagatoria, a pesar de contar con todos los elementos necesarios para judicializar la indagatoria en mención." Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito advierte que, en el caso concreto, no se agotó el principio de definitividad; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". De la interpretación del precepto transcrito, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los recursos que estén a su alcance. Ahora bien, es necesario citar el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del precepto legal transcrito, se advierte que en contra de la abstención del Ministerio Público, procede un medio de impugnación ordinario, el cual debe interponerse ante el Juez de Control, quien a su vez convocará a una audiencia para decidir en definitiva sobre el hecho controvertido. Ahora bien, en el caso que nos ocupa la parte quejosa reclama la negativa de judicialización las carpetas de investigación números ********************. En esa tesitura, el suscrito juzgador advierte que en contra de dicha omisión procede el medio de impugnación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, toda vez que, como ya se dijo, del contenido del artículo 258 del precitado Código, se advierte que la víctima o el ofendido pueden inconformase contra las determinaciones que afecten e impidan lograr su pretensión, tales como la abstención u omisión del Ministerio Público en cumplir con sus funciones respecto de la carpeta de investigación de origen. De ahí, que es inconcuso que en el caso, la parte quejosa de manera previa a acudir a instar la acción constitucional, debió controvertirlo a través del medio de impugnación ordinario que prevé la norma, para así agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aplica al caso en particular la tesis 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala, visible en la página novecientos cuarenta y tres, Libro cincuenta y siete, Agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017640, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." También es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala, visible en la página novecientos cuarenta y cinco, Libro cincuenta y siete, Agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017641, del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Por lo anterior, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO, por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ********************, ********************, ********************, ********************,********************, ********************, ********************,********************y ********************. Finalmente, es preciso indicar que en el caso no se surte las excepciones previstas en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 3141, del Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por el escrito de demanda firmado conjuntamente por *********************, ****************, *******************, ******************, ******************, *****************, ********************,****************** y ***************, por propio derecho, quienes promueven demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número ********** y fórmese expediente físico y electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a la primera de las nombradas (****************), sin perjuicio de que con posterioridad dicha parte quejosa lo sustituya por otro. Sin que haya lugar a tener como representante común a la autorizada que designan en la demanda de cuenta, en virtud de que esa figura procesal sólo es atribuible únicamente a los quejosos o a los terceros interesados, en su caso. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte una inconsistencia que la hace ambigua, lo cual crea incertidumbre en el ánimo del suscrito para resolver sobre la procedencia o no de la demanda de amparo. Lo anterior, en razón de que en el capítulo de autoridades responsables señala como tal al Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos y Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador del Distrito Judicial de Morelos, residentes en Tlapa de Comonfort, Guerrero; sin embargo, del capítulo siguiente relativo al acto reclamado, solo indica el acto que reclama al Agente del Ministerio Público, que no señala cuál es el acto que le reclama al Juez de Control. Con lo anterior, queda evidenciado que no es preciso en señalar que acto le reclama al Juez de Control responsable, lo cual es necesario para determinar sobre la procedencia de la acción constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al de surtir efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste el acto que le reclama a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, y exponga con claridad los antecedentes del propio acto reclamado. Lo anterior, es en razón de manifestar como parte integral de los requisitos de la demanda, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, conforme al último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se aplica al caso concreto la tesis I.7o.A.100 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, abril de dos mil seis, página novecientos noventa, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con las anteriores exigencias, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que indican en su escrito de demanda; y como sus autorizados para tales efectos a las personas que designan para ello, por así haberlo manifestado expresamente en el libelo constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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