Mauricio Reyes Campos

Expediente 1362/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1362/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Mauricio Reyes Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 55 a 58), dictado en el presente juicio de amparo. Entonces, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio presente juicio. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; y en atención a su contenido, téngase a la precitada autoridad responsable desahogando el requerimiento que se le formuló en proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, para lo cual remite copias certificadas del acuerdo de seis de noviembre de la anualidad que transcurre, dictado en el expediente laboral 957/2011, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 16) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Mauricio Reyes Campos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos que atribuyó al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Mauricio Reyes Campos, reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad: La falta de acuerdo a los escritos que fueron presentados en uno y doce de febrero, quince y veintiocho de mayo, cinco, dieciocho y veintiocho de junio y doce de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 957/2011, en los que esencialmente pidió 1se señalara fecha y hora para el verificativo de la reinstalación y requerimiento de pago y 2se actualizara el monto de la condena referente a los salarios caídos prima vacacional y aguinaldo Por su parte, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, la autoridad responsable emitió los proveídos de veintinueve de agosto y seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 957/2011, en los cuales acordó los escritos de uno y doce de febrero, quince y veintiocho de mayo, cinco, dieciocho y veintiocho de junio y doce de agosto de dos mil diecinueve, en los cuales se aprecia lo siguiente: En el proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se puede observar que la autoridad responsable determinó primeramente señalar las once horas del doce de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la reinstalación del actor Mauricio Reyes Campos; asimismo, comisionó al actuario de su adscripción a fin de que una vez llevada a cabo la reinstalación del precitado actor, se constituya en el domicilio de la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y lleve a cabo la diligencia de requerimiento de pago, por la cantidad de $2´954,784.56 (dos millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos 56/100 moneda nacional); finalmente, apercibió a la demandada en comento, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento le aplicaría una multa de diez veces el salario mínimo. Del diverso proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que la responsable atendió la totalidad de los escritos que fueron presentados en uno y doce de febrero, quince y veintiocho de mayo, cinco, dieciocho y veintiocho de junio y doce de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 957/2011, ello dado que actualizó las prestaciones relativas a salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional, dando como resultado la cantidad de $3´344,891.26 (tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos 26/100 moneda nacional). Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado en su totalidad sobre el acto reclamado por la parte quejosa; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 48). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 34); misma que no es posible desahogar, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. En consecuencia a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis: V.2o.P.A.4 K (10a.), con número de registro 2005903, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1620, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten".

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable de trato, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 957/2011, acordó los escritos que le fueron presentados por la parte actora aquí quejosa en uno de febrero, quince y veintiocho de mayo, cinco, dieciocho y veintiocho de junio y doce de agosto de dos mil diecinueve; sin embargo, en dicho auto omitió atender la totalidad del contenido de los precitados libelos, dado que no se pronunció respecto de la actualización del monto de la condena a que fue sancionada la parte demandada; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita las constancias que denoten que atendió en su totalidad los escritos precitados, esto es, que se pronunció acerca de la actualización del monto de la condena solicitada por la parte actora, o en su caso, manifieste el impedimento que tenga. Se apercibe a María Natividad Bautista Linares, Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que en caso de no cumplir con el requerimiento antes indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la Unidad de Medida y Actualización de referencia es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con los artículos 237,fracción I y 238 en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo.

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