Mauricio Rodriguez Molina
Expediente 523/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mauricio Rodriguez Molina
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Querétaro, Querétaro, por el cual informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa en el presente sumario. En tal virtud, se tiene por satisfecho el requerimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese el oficio suscrito por el secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se enviaron los autos del expediente de amparo 523/2021. Asimismo, informa que en auto de diecinueve de junio actual dicho juzgado aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de dicho asunto, mismo que se registró con el número de amparo indirecto 616/2021, de su índice. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase por personal autorizado de este juzgado de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 15 del referido acuerdo, se estima que el presente asunto no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el segundo de los preceptos en cita. Por otro lado, se ordena glosar el escrito firmado por Jonathan Magdaleno Rojas, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que si tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 61073, por el cual solicita se le permita la visualización del auto de radicación del juicio en que se actúa, así como que se realice la integración completa del expediente electrónico tal y como se encuentra integrado el que se lleva de forma física. Lo anterior, ya que refiere que es un hecho notorio que no se encuentra visible en el expediente electrónico y éste se encuentra autorizado para su visibilidad. En consecuencia, dígase al promovente que se esté a lo acordado en proveído de diecinueve de los actuales en el que de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizó el acceso al expediente electrónico a través del usuario "JonathanMagdaleno", registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal que proporciona para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, tal y como se advierte de las siguientes capturas: Ahora bien, hágase saber al ocursante que para consultar los acuerdos autorizados electrónicamente por este juzgado, éstos deben estar en la lista de síntesis acuerdos generada para su publicación; de tal suerte que, si el acuerdo de diecinueve de junio del presente año, por el que se tuvo recibida la demanda que dio origen al controvertido en que se actúa se listó el veintiuno del mes y año en comento, día siguiente hábil al de dicha determinación, a partir de las nueve horas de la data en cita que pudo consultarlo en el portal correspondiente, no así a las ocho horas con veintidós minutos en que presentó el libelo de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por la subdirectora Médica en ausencia del director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Querétaro, quien en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en autos informa que con la finalidad de acatar ésta se encuentra realizando las acciones administrativas necesarias a fin de contar con el medicamento prescito para el padecimiento del quejoso; por lo que, solicita se le conceda prórroga para entregar los fármacos denominados "metoprolol tableta 100.00 MG, clopidogrel gragea o tableta 75.00 MG, atovastatina tableta 20.00 MG, pantozol rabeprozol 20.00 MG, Nilotinib 200 MG". Por tanto, este juzgado otorga tres días más para dar cumplimiento a la medida cautelar dictada en el presente controvertido; apercibida que de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo que se le concede, se harán efectivos los apercibimientos formulados en proveído de diecinueve de los actuales. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda presentada a nombre de Mauricio Rodríguez Molina, por propio derecho, contra actos del Hospital General de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado, con sede en Querétaro, Querétaro. Fórmese expediente regístrese en el libro de gobierno con el número 523/2021 (SALUD). No se pierde de vista que el escrito de demanda no cuenta con la firma electrónica certificada del quejoso (FIREL); sin embargo, en atención a los actos reclamados y a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país generadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), este juzgador procede a pronunciarse sobre su contenido, al compartir el criterio plasmado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis publicada el cuatro de junio del presente año en el Semanario Judicial de la Federación, actuando con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, como ordena el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de proteger los derechos humanos del quejoso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.7o.P. J/10 K (10a.) emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, materia común, con número de registro digital 2023202, que a la letra expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito recurrido desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, al estimar que en el escrito respectivo no obra la firma electrónica (FIREL) del quejoso, lo que constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la demanda -principio de instancia de parte agraviada-, sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad susceptible de subsanarse. Criterio jurídico: Atento a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país, generadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso en la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, no actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, que dé lugar a su desechamiento de plano. Justificación: Lo anterior es así, porque un presupuesto del principio de instancia de parte agraviada, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL) de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda. Sin embargo, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable, que impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada firma, para la promoción de la demanda de amparo indirecto debe prescindirse de la firma electrónica (FIREL) del quejoso. Así, estimar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la falta de firma electrónica (FIREL), como mecanismo de manifestación de la voluntad y reflejo del principio constitucional de instancia de parte agraviada, es manifiesta e indudable, impediría a la parte quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional. Por tanto, en los juicios de amparo promovidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", como ordena el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, a efecto de proteger los derechos humanos del quejoso. No se soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."; sin embargo, este criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe analizar en consideración de las circunstancias particulares del caso.". -Lo subrayado y resaltado es propio de este juzgado-. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "(.) 6.1.- Actos que ponen en peligro la vida y la integridad física de la quejosa, consistentes en falta de atención médica necesaria para la quejoso, quien padece de diabetes tipo 2, Hipertensión, Angina de pecho o Angeo Plastia, que tipo de leucemia padezco, radiopatía lumbar, Y ACTUALMENTE TENGO PERDIDA DE MEMORIA de la cual se me ha negado atención alguna, aunado de no tengo atención de traumatólogo por mi cirugía de prótesis de la rodilla izquierda, padecimientos que no son tratados al día de hoy y NO se le proporcionan el medicamento y atención médica, por lo que puede calabazar su salud, en cualquier momento y provocarle la muerte. 6.2 La realización de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional en perjuicio del suscrito, que se traducen en la deficiente e inadecuada atención médica para el suscrito presente y futura. 6.3. La Omisión de un Consentimiento informado a fin de que el quejoso de darle tratamiento que debe aplicarse, de manera libre y ampliamente informada. 6.4 La negativa de un acceso integral presente y futura de mi derecho humano de acceso a la salud, toda vez NO se le proporciona atención medica y medicamentos por la gravedad y la edad del quejoso. 6.5 La negativa de información de mi estado de salud, la cual cada día se deteriora mas. (.).". En tal virtud, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Mauricio Rodríguez Molina, de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlos en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para los siguientes efectos: 1. Que la autoridad responsable provea las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica necesaria; por lo que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, deberá ordenar a quien corresponda señale fecha para que se haga una revisión y valoración del estado actual de salud del quejoso; 2. Le proporcione un consentimiento informado a fin de que se le explique el tratamiento que se aplique, de manera libre y amplia; 3. Le suministren los medicamentos que requiere para dichos padecimientos, específicamente los denominados "metoprolol tableta 100.00 MG, clopidogrel gragea o tableta 75.00 MG, atovastatina tableta 20.00 MG, pantozol rabeprozol 20.00 MG, Nilotinib 200 MG"; y, 4. Remita copia certificada de las constancias que acrediten tales circunstancias. En la inteligencia que la medida cautelar que se concede, NO desconoce la autoridad de los médicos tratantes del quejoso para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; entendiendo a la primera (praxis médica) como la facultad que tiene el experto de la salud en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o la recuperación, conservación, y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado, así como las pericias que practican. Y por la segunda (lex artis ad hoc) como el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; dicho concepto puede resumirse en el deber de ajustar la actuación a las reglas técnicas, normas legales y principios deontológicos, el deber de preparación adecuada para adaptar los conocimientos al progreso científico y a la experiencia profesional, y el deber de omitir acciones peligrosas, es decir, actos para los que no se está suficientemente capacitado, atendiendo a las circunstancias del estado de la ciencia, de tiempo y lugar; sobre todo porque en materia sanitaria, es el médico tratante quien responde por el acto médico que realice. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas rindan a este órgano jurisdiccional informe sobre el cumplimiento que den a la suspensión otorgada, en el entendido que esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las responsables, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido se tramitara el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con las fracciones III y IV del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo, que imponen incluso penas privativas de la libertad e inhabilitación para ejercer cargos o comisiones públicas. Asimismo, con fundamento en el normativo 237, fracción III, de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables que de no informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar o de las razones por las que se encuentren imposibilitadas para hacerlo, se hará del conocimiento de su superior jerárquico, para los efectos legales correspondientes. Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física y salud del quejoso, a fin de que no sufra algún atentado contra su salud o su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido de que si la autoridad respectiva o sus subordinados, se niegan a recibir el oficio derivado del presente auto, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación de acuerdo con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con lo que se dará cuenta al juez para derivar la responsabilidad penal y administrativa que corresponda. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía fax al número 443 3 21 54 41 (fax directo), o bien, al correo del secretario de guardia isela.bueno.gallegos@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirmen su recepción en el propio número telefónico de fax directo, o en su caso, en teléfono móvil de dicha secretaria con número 44 35 28 11 22, en caso de enviarse por vía electrónica. Lo anterior, ya que, si bien es cierto que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho a la salud, lo hace de una forma general; y, en el presente caso lo que se está reclamando es una posible vulneración al derecho a la salud, pero, como una omisión por parte de las autoridades responsables de brindar atención médica, esto es, se trata de una condición específica que requiere de un marco de protección especial o particular. En relación con lo anterior, cabe destacar que de la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto), de los artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o, fracción I, de su ley reglamentaria, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto la protección de los derechos humanos reconocidos en la Ley Suprema de toda la Unión, salvo los que se refieren a cuestiones político electoral, y resolver en su caso toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los artículos 1°, párrafo quinto y 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que en la República Mexicana, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; que queda prohibida toda discriminación motivada entre otras cosas por las condiciones de salud; y que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, conforme a las bases y modalidades que defina la ley para el acceso a los servicios de salud, servicio en el que concurrirá la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. Además, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, ya que la salud es un bien público, como lo establece el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por ende, el Estado tiene el deber de proporcionar a los gobernados revisión médica regular, atención y tratamientos médicos adecuados, cuando así se requiera. Que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Una vez establecido lo anterior, conviene precisar que tratándose de medidas cautelares, como la que es solicitada por el quejoso, operan dos principios fundamentales, como son: 1) Apariencia del buen derecho: que apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y, 2) Peligro en la demora: que consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Por tanto, la suspensión de plano concedida tiene como base que en el caso concreto existe un derecho a favor del quejoso como lo es el derecho a la atención médica, cuya omisión de cumplimiento a simple vista resultaría inconstitucional -apariencia del buen derecho- y que de vulnerarse éste haría prácticamente imposible su restitución -peligro en la demora-. Sustenta lo anterior la tesis P. XIX/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 112, del rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." Así, como la diversa tesis P. XVI/2011, del propio Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, del rubro: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN.". En virtud de lo anterior, resulta innecesario ordenar la apertura del incidente de suspensión respectivo, pues con el otorgamiento de la suspensión de oficio, se suspenden los actos reclamados, así como su ejecución, por lo que no procede decretar la medida cautelar provisional, ya que ésta se concede de plano de acuerdo con los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en su escrito de demanda el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que tiene su domicilio particular en la calle Bisonte No. 20 casa 22, Colonia La Pradera Municipio del Marques, Querétaro, Querétaro, con número de teléfono celular (442) 5255236. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De lo anterior tenemos que, si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado y en la especie, éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona contra la cual se dictó dicha orden. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados si bien -esencialmente- consisten en la omisión de brindar atención médica al impetrante de amparo, el suscrito considera que la competencia para conocer del presente asunto recae en el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tiene su domicilio y residencia el inconforme, al ser actos negativos con efectos positivos. Máxime que, que este juzgador estima que a fin de otorgar la más amplia protección de los derechos humanos del peticionario de amparo, el controvertido que nos ocupa debe tramitarse en la ciudad de Querétaro, Querétaro, para garantizarle el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como se dijo los actos son negativos con efectos positivos, mismos que tendrán ejecución en aquella localidad; por lo que, se sostiene que tiene aplicación el precepto 37, párrafo primero de la ley de la materia. Por tanto, como el domicilio en que reside el quejoso se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declina de plano la competencia al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad el mismo nombre, en turno, por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor, en términos del segundo párrafo del artículo en cita. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 254 del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias común, con número de registro digital 2021191, que dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo.". En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de manera inmediata vía "SISE interconexción" al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en la ciudad el mismo nombre, en turno, solicitándole de la manera más atenta al Juzgado de Distrito que corresponda conocer por turno, se sirva enviar el acuse de estilo respectivo y haga del conocimiento de este juzgado la determinación que emita al respecto. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente y se les proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a designar en autos. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Asimismo, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario", registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal que proporciona para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Se tiene como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídase a la parte quejosa copia certificada del presente asunto, previo recibo que de ello se deje en autos. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista; electrónicamente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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