Mauricio Manuel Correa
Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mauricio Manuel Correa
- Brenda Elizabeth Acosta Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.65.f4 JAVIER MORALES GUZMAN años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso b) del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservación, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y el incidente de suspensión, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen el artículo 17, fracción III, inciso a) del aludido Acuerdo General. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el oficio suscrito por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, dado que este se remitió de forma errónea a dicho juzgado. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio que remite Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, mediante el cual informa que se cumplimentó la orden de aprehensión reclamada y se vinculó a proceso a la parte quejosa, sin mayor pronunciamiento en virtud de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.65.f4 JAVIER MORALES GUZMAN ??????????????? Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, mediante el cual informa que el veintinueve de septiembre del presente año, se vinculó a proceso a Mauricio Manuel Correa y Brenda Elizabeth Acosta Hernández, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado grave, previsto por los artículos 199, 203, 204 fracción II y 205 fracción I, en relación con el 19, fracción I, y 20 fracción I y 24 fracción III, todos del Código Penal del Estado, en agravio de Jaqueline Meza Ramírez, por lo que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio que remite el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, dado que el trece de septiembre del presente año, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Mauricio Manuel Correa y Brenda Elizabeth Acosta Hernández. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, mediante el cual informa que el veintiséis de septiembre del presente año, se ejecutó la orden de aprehensión en contra Mauricio Manuel Correa y Brenda Elizabeth Acosta Hernández, por lo cual se señalaron las doce horas del veintisiete de septiembre del presente año, para la celebración de la audiencia inicial. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio que remite el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, dado que el trece de septiembre del presente año, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Mauricio Manuel Correa y Brenda Elizabeth Acosta Hernández. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 107/2023, promovido por Brenda Elizabeth Acosta Hernández y Mauricio Manuel Correa, por conducto de su defensor Said Gerardo Tercero Ramírez; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (fojas 2-5), a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Brenda Elizabeth Acosta Hernández y Mauricio Manuel Correa, por conducto de su defensor Said Gerardo Tercero Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de la región Morelia, del Coordinador General de la Policía de Investigación y del Jefe de Grupo de la Policía Investigadora, últimas dos autoridades adscrita a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 16, 17, 18, 19 y 20 apartado A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 107/2023 y en proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés (foja 6), la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Inexistencia de autoridad responsable. En proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés (foja 23), con apoyo en la razón actuarial de la que se advierte que no le fue posible hacer la entrega del oficio 2028 dirigido al "Jefe de Grupo de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán", toda vez que le fue informado que dicha autoridad no existe; se hizo efectivo el apercibimiento formulado en el auto admisorio; se tuvo por no señalada como responsable y se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Cuarto. Reconocimiento de carácter de tercero interesado. En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (foja 34), se reconoció el carácter de tercera interesada a Jacqueline Meza Ramírez y se ordenó su emplazamiento; asimismo, se ordenó emplazar a Caín Uriel Patiño López, agente del Ministerio Público; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado se pretende ejecutar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por los quejosos al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de la región Morelia y al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, son: La orden de aprehensión emitida el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 76/2023, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado grave previsto y sancionado por los artículos 199, 203, 204 fracción II y 205 fracción II, en relación con el 19, fracción I y 20 fracción I, del Código Penal del Estado, en agravio de Jacqueline Meza Ramírez [como medio de conducción a proceso]; así como su ejecución. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Oral Penal de la región Morelia y al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 29 y 25, respectivamente). Certeza que se corrobora con el discos compacto de audio y video y la carpeta electrónica de la resolución impugnada; las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012 [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito], registro digital 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar a la parte quejosa lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además de que la orden de aprehensión reclamada, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -por las razones que se precisarán más adelante-. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Son infundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos. Para evidenciar dicha calificativa, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". Del precepto transcrito se advierte que, cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: 1. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; 2. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y 3. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. De igual modo, dará lugar a que se emita orden de aprehensión, cuando a autoridad judicial declare sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de las constancias que integran la copia digital que carpeta administrativa correspondiente, se advierte que los quejosos, sin causa justificada omitieron presentarse a la audiencia de formulación de imputación de seis de diciembre de dos mil veintidós, a pesar de haber sido notificados. Derivado de lo anterior; en la propia audiencia, la fiscalía solicitó una diversa privada para plantear medio de conducción [orden de comparecencia], la cual tuvo verificativo en la misma fecha -seis de diciembre de dos mil veintidós- de cuya acta se advierte que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, a las diez horas con once minutos; dictó orden de comparecencia contra Brenda Elizabeth Acosta Hernández y Mauricio Manuel Correa, a fin de que fueran presentados en calidad de libres a las nueve horas del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la sala de oralidad 14, para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. Ello, al estimar justificada la necesidad de la cautela, toda vez que a pesar de haber sido notificados los investigados, no acudieron a audiencia, sin mediar justificación alguna. Mediante oficios 86 y 87, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, informaron al juez de control lo relacionado con las órdenes de comparecencia dictadas a Brenda Elizabeth Acosta Hernández y Mauricio Manuel Correa, cuyas imágenes se insertan a continuación: El veintitrés de enero de dos mil veintitrés, ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden de comparecencia y al no existir condiciones materiales para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, la fiscalía solicitó audiencia privada para orden de aprehensión como medio de conducción, la cual se llevó a cabo en esa misma fecha, en la que el juez responsable al estimar justificada la necesidad de la cautela, al no advertir un modo de localización de Brenda Elizabeth Acosta Hernández y Mauricio Manuel Correa para ser citados, por haber cambiado de domicilio y no haber dado aviso, dictó orden de aprehensión en su contra. En consecuencia, es indudable que el juez estuvo en lo correcto en emitir la orden de aprehensión reclamada. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si los quejosos no se presentaron a la audiencia inicial de formulación de imputación, a pesar de haber sido notificados; además de que los elementos de la policía de investigación tampoco pudieron cumplimentar la orden de comparecencia girada en su contra, toda vez que un vecino le informó que después de los hechos por los que se les investiga se cambiaron de domicilio y no dieron aviso de su cambio de domicilio, entonces el juez estaba obligado a decretar la orden de aprehensión de que se trata. Determinación que -contrario a lo manifestado por los quejosos- se encuentra debidamente fundada y motivada, en razón de que el Juez responsable, refirió e invocó el artículo 141, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales; además señaló las razones por las que ordenó la orden de aprehensión en contra de Brenda Elizabeth Acosta Hernández y Mauricio Manuel Correa, pues al respecto manifestó: "[08:03] Bien entonces, en atención a la solicitud que usted hizo se resuelve procedente de acuerdo al numeral 16 constitucional, 141 primer párrafo fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales y las razones son las siguientes: En primer lugar, se cuenta con la denuncia realizada por la víctima Jacqueline Meza Ramírez de un hecho que la ley señala como delito y que usted de acuerdo a la calificación simple que señaló tiene una sanción de prisión conforme al numeral 203 del Código Penal del Estado, se cumple el primer requisito. El segundo requisito como ya lo había anticipado, es un requisito de fondo el cual se encuentra justificado en términos que se señaló en la audiencia de fecha de seis de diciembre de dos mil veintidós, dado que en aquella hicieron de mi conocimiento los datos de prueba, los cuales valoré de manera libre y lógica sostuve que eran pertinentes, congruentes, suficientes para justificar el hecho en los términos en que usted lo ha señalado con la aclaración correspondiente y que ese hecho además estaba considerado como delito de robo calificado conforme al artículo 199, 203, 204 fracción II y 205 fracción II en relación con el 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción tercera del Código Penal del Estado y que se justificaba además la probabilidad de que los imputados Mauricio Manuel Correa y Brenda Elizabeth Acosta Hernández son quienes probablemente cometieron los hechos con apariencia de delito, con lo cual se cubre entonces el requisito de fondo. Reitero no es indispensable que en esta audiencia se vuelva a valorar y a generar derivado de que esto ya se realizó en la audiencia de seis de diciembre y que guarda una estrecha relación, porque si vemos el numeral 141 establece las formas de conducción a proceso en un orden prelativo, ya se citó no se acudió, ya se generó la orden de comparecencia, no se cumplimentó, por eso es que esa decisión sí sigue permeando en torno al fondo porque no ha variado hasta este momento nada en cuanto al hecho, los datos de prueba y lo que ahí se resolvió. Ahora finalmente, la necesidad de cautela como elemento novedoso en esta solicitud, considero que está cubierta derivado de que primero que nada usted lo ha señalado se agotaron las formas de conducción al proceso, en el domicilio ya no se ubicaron, se fueron del lugar según lo que señaló un vecino incluso y se corroboró porque los elementos policíacos visualizaron que no había nadie, nadie los atendió, la casa se advertía deshabitada. Esto implica que esas personas cambiaron de domicilio y si aquí hay constancia de que incluso fueron remitidos al centro de mecanismos es decir que tenían conocimiento del hecho de que se les estaba investigando, tenían la obligación entonces de haber informado cualquier cambio de domicilio, si tuvieran interés en comparecer de manera libre y si no lo hicieron ¿qué implica ello? pues que no hay interés de presentarse que no hay interés de someterse a la acción de la justicia y que el ministerio público no tiene por qué andarlos localizando o buscando, es obligación de éstos realizarlo. Entonces, bajo esas circunstancias lo que procede es sostener que sí se actualiza la necesidad de la cautela, porque se desconoce su paradero y no hay entonces a dónde citarlos o a dónde ordenar una comparecencia para que sean presentados en forma o por fuerza pública. Entonces necesariamente ellos mismos se situaron en la circunstancia de generar condiciones de que se les conduzca a través de la fuerza pública pero en donde se les localice a través de la orden de aprehensión. Adicional a ello como se está estableciendo otro hecho a considerar es que este hecho con apariencia de delito implica una cuestión de prisión preventiva oficiosa porque fue una casa habitación y esto implicará entonces que en su momento esa persona puede ser detenida y que permanezca bajo esa condición. Entonces este es un aspecto adicional que se toma para efecto de la necesidad de cautela, máxime si atendemos a la conducta por ellos asumida y a la sanción que se establece en el numeral 203 del Código Penal del Estado. Considero que son razones suficientes para establecer la necesidad de que sean conducidos a través de la orden de aprehensión". Por tanto, basta imponerse de lo manifestado por el juez para advertir que la orden de aprehensión es legal, toda vez que, como lo señaló dicha autoridad, no existió voluntad de parte de los quejosos para asistir a la audiencia inicial de formulación de imputación, no obstante fueron debidamente citados sin presentar causa alguna que lo justificara aunado a que no dieron aviso de su cambio de domicilio, Además, sí tenían conocimiento de la investigación seguida en su contra -como lo precisó el juez- como se advierte del escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el que la Agente del Ministerio Público, en el que además de solicitar la audiencia para formular imputación, le hizo de su conocimiento lo siguiente: "Así mismo se le hace del conocimiento que de acuerdo a la clasificación jurídica planteada, el hecho sí admite acuerdo reparatorio; remitiendo la carpeta al Centro Alternativo de Solución de Controversias, obra constancias en la que fue remitida a la suscrita, en atención a que no pudieron llegar a un arreglo". Por lo que, como acertadamente determinó el juez de control, tenían la obligación de informar su cambio de domicilio sin que lo hubieran hecho. Máxime, que para la emisión de ese tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie de manera exhaustiva en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Es aplicable la tesis aislada III.2o.P.153 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 2133 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Décima Época, Materia Penal, registro digital 2020291, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL. PARA DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, PÁRRAFO CUARTO, IN FINE, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONTRA EL IMPUTADO DECLARADO SUSTRAÍDO A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ES INNECESARIO HACER UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA PROBABLE INTERVENCIÓN DE AQUÉL EN SU COMISIÓN. Cuando el imputado es declarado sustraído de la acción de la justicia por evadir una citación judicial, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 141, fracción III, párrafo cuarto, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia.-El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido.-El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.", que permite girar orden de aprehensión contra la persona que fue declarada sustraída de la acción de la justicia, siendo suficiente para ello, que el agente del Ministerio Público justifique que existe la necesidad de cautela, sin que se requiera realizar un estudio exhaustivo de los elementos del delito y de la probable intervención del imputado en su comisión; nivel de exigencia que es acorde con los efectos que genera dicha resolución, habida cuenta que la orden de aprehensión es una medida cautelar y provisional que tendrá vigencia desde el momento en el que se expide hasta que se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que la persona es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, el auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada; de ahí que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre por el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; es por ello que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, sólo constituye un acto mediante el cual se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de, en su caso, pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso; máxime que cuando se le atribuye un delito que no exige prisión oficiosa, en su caso, podrá dictársele una diversa medida cautelar". Por otra parte, en sus conceptos de violación señalan los quejosos que en audiencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se dio cuenta al juez de los oficios 86 y 87 en los cuales los agentes de la policía ministerial informaron que no había sido posible cumplimentar orden de comparecencias al no encontrar a nadie en el domicilio; por lo que el agente solicitó audiencia privada para pedir orden de aprehensión en contra ellos, como medio de conducción; que ante ello, su defensa se opuso al estimar no se cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera manifiestan que no comparten la decisión del juez responsable al determinar que se cumplen los requisitos establecidos en la ley para efecto de notificar a los investigados, pues en el domicilio que se les tenía que notificar no se encontró a persona alguna, por lo que se dejó fijada en la puerta el citatorio, así como el instructivo al día siguiente, lo que contraviene el artículo 82, apartado I, inciso d) apartado 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no se cumplió con el requisito de entregar a cualquier persona el citatorio, para que los investigados lo esperaran al día siguiente, por lo que es claro que tenía que ser nula, tal y como lo establece el diverso 88 del mismo ordenamiento Como sustento de dicho argumentos, los quejosos citaron la tesis aislada I.9o.P.19 P (11a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Primer Circuito, registro digital 2023925, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN POR DESACATO DEL IMPUTADO A UNA ORDEN DE COMPARECENCIA. PREVIAMENTE A SU LIBRAMIENTO, COMO FORMA DE CONDUCIRLO A PROCESO, DEBE CONSTATARSE LA DEBIDA NOTIFICACIÓN DE ÉSTA, AL SER UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO". Motivos de inconformidad que también son infundados, porque como se advierte de la transcripción realizada en párrafos anteriores, el juez emitió la orden de aprehensión al estimar justificada la necesidad de la cautela, porque ya se habían agotado las formas de conducción al proceso; que los aquí quejosos se fueron de su domicilio [como lo señaló un vecino] y se corroboró con los elementos policíacos; esto es, porque cambiaron de domicilio y no lo informaron, lo que implicaba que no había interés en someterse a la acción de la justicia y el que el ministerio público no tenía obligación de localizarlos o buscarlos; que se desconocía su paradero y no había en dónde citarlos o a dónde ordenar una comparecencia para que fueran presentados en forma o por fuerza pública. Por lo que si los quejosos no avisaron del cambio de su domicilio, no pueden alegar que no fueron debidamente notificados y tampoco que el juez tenía la obligación de analizar si la notificación de lo orden de comparecencia cumplió con los requisitos de los artículos 82, fracción I, inciso d), último párrafo, 84, 85, 91 y 92, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Razón por la cual resulta inaplicable el criterio invocados por los quejosos, aunado a que tampoco es obligatorio por ser tesis aislada y por haber sido emitido por un Tribunal Colegiado del Primer Circuito y el juzgado a mi cargo pertenece al Décimo Primer Circuito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1°, 16, 17, 18, 19 y 20, apartado A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 207616, de rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Brenda Elizabeth Acosta Hernández y Mauricio Manuel Correa, por conducto de su defensor Said Gerardo Tercero Ramírez, por los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo, por la razones expuestas en el diverso que respecta al acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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