Mauricio Nava Diaz

Expediente 440/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
440/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • No Existe
  • Mauricio Nava Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 440/2018, promovido por Mauricio Nava Díaz, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Mauricio Nava Díaz, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y de otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1°, 5º, 14 y 16 de la Constitución. Segundo. Admisión de la demanda. En auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, este juzgado admitió la demanda; solicitó los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; con posterioridad ordenó emplazar al Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Michoacán, así como al tercero interesado Comercializadora y Construcciones Catos, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, así, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la orden de aprehensión reclamada es susceptible de tener ejecución material en el ámbito territorial sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Mauricio Nava Díaz, por su propio derecho reclama lo siguiente: Del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia: La orden de aprehensión dictada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la causa penal 198/2018, instruida en su contra, por el delito de fraude especifico, previsto y sancionado por los artículos 19 fracción I, 20 fracción I, 24 fracción III, del Código Penal del Estado, en agravio de Comercializadora y Construcciones Cato, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variables. Del Jefe del Departamento de Órdenes de Aprehensiones o de Mandamientos Judiciales, dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y Coordinador de la Policía Ministerial del Estado dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. La ejecución de dicha orden de captura. Tercero. Certeza de los actos. El Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y el Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con los discos magnéticos que remitió la primera de las autoridades como complemento a su informe justificado, en los que obran algunas constancias por escrito, así como la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión desahogada el ocho de mayo de dos mil dieciocho. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, las partes no invocaron alguna causal de improcedencia y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Análisis de fondo. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados tales conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." El peticionario de amparo manifiesta en esencia, que el juez responsable vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución; en virtud de que la orden de aprehensión emitida en su contra no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Como ya se adelantó los conceptos de violación devienen infundados. Para estar en condiciones de afirmar lo anterior, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 141 143 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.". "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código." Preceptos de cuya integral interpretación se sigue en primer orden, que como regla general que se citará al indiciado a la audiencia de formulación de la imputación; sin embargo, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control, la medida cautelar consistente en el libramiento de la orden de aprehensión, para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación, en alguno de los siguientes casos: a) Cuando el Ministerio Público advierta la necesidad de cautela; o b) Cuando la persona contra quien se sigue la investigación inicial, se resista o evada la orden de comparecencia judicial, y el delito amerite sanción privativa de libertad; o c) Cuando el imputado sea declarado sustraído a la acción de la justicia, esto es, que por causa injustificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo; o d) Cuando el imputado incumpla una medida cautelar. En el caso justiciable, del registro audiovisual de la audiencia privada en que se emitió la orden de aprehensión señalada como acto reclamado, se advierte que al solicitar ese mandamiento judicial contra el aquí recurrente, el Ministerio Público invocó la primera hipótesis a que se hace referencia, esto es, señaló la necesidad de cautela. De tal modo que en este asunto, los requisitos que deben concurrir para acceder a la petición de aprehensión formulada por el Ministerio Público en contra del quejoso aquí recurrente son: Que el mandamiento se emita por autoridad competente; Que preceda denuncia o querella. Que los datos de prueba expresados por el fiscal, determinen la acreditación de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; Que los datos de prueba hagan probable la intervención del imputado en la comisión de aquéllos hechos señalados por la ley como delitos; y, Que exista necesidad de cautela. Deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Que el mandamiento se emita por autoridad competente. El requisito identificado con el inciso a), se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama la emitió una autoridad judicial competente, siendo el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Se estima lo anterior, porque para emitir la orden de aprehensión reclamada, la mencionada autoridad fundó su competencia en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vinculación con el artículo 141, párrafo primero, fracción III, en relación con el 20 fracción I y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los numerales 37 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán; de los que se desprende, en esencia, que los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; que el Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que ese Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que son atribuciones del Juez de Control; la forma en que se encuentran integradas las regiones judiciales para el sistema de justicia penal acusatorio y oral; resolver sobre la aplicación, suspensión, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; presidir las audiencias que legalmente le corresponda y asumir las decisiones atinentes al caso, entre otros. Además, si se toma en consideración que el hecho delictivo aconteció en esta ciudad de Morelia, Michoacán, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que el Juez de Control de la Región de Morelia, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. Que preceda querella o denuncia. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, se cumplió en el caso, ya que la carpeta de investigación que se integró en contra de Mauricio Nava Díaz, fue por el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 218 fracción II y 217 fracción V, en relación con el artículo 19 fracción I, 20 fracción I, 24 fracción III, del Código Penal del Estado, con pena privativa de libertad. Además, existió la denuncia formulada por Benhur Villagrán García en su carácter de representante legal de la moral ofendida "Comercializadora y Construcciones CATO", Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital variable". Que los datos de prueba expuestos por el fiscal, determinen la acreditación de un hecho señalado por la ley como delito. Para justificar que en efecto de justificar que se actualiza el cumplimiento del requisito del inciso c), es importante mencionar que los numerales que prevén y sancionan el hecho delictivo que nos ocupa disponen lo siguiente: "Artículo 218. Fraude específico Las mismas sanciones señaladas en el artículo anterior se impondrán: [.] II. Al que a título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente;." "Artículo 217. Fraude [.] V. Prisión de ocho a quince años y de mil a mil quinientas días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y,." A fin de afirmar que efectivamente existe un hecho previsto y sancionado por los numerales transcritos, los datos expuestos por el Ministerio Público, son los siguientes: Querella presentada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete por Benhur Villagrán García, en su carácter de representante legal de la empresa denominada "Comercializadora y Construcciones Cato, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de capital Variable" (minuto 9:40:45 del registro de audio y video). Copia certificada de la escritura pública 1046, con la cual acredita la representación del querellante (minuto 9:46:38 del registro de audio y video). Copia certificada de las cartas poder para actos de administración y dominio de diez de julio de dos mil diecisiete 25960 y 25961 otorgadas ante la fe del Notario Público Número 6, con residencia en Uruapan, Michoacán (minuto 9:44:15 del registro de audio y video). Escrituras 4185 y 4186 de catorce de julio de dos mil diecisiete, que amparan los contratos de compraventa celebrados el catorce de julio de dos mil diecisiete, ante la fe del Notario Público número 179 de esta ciudad de Morelia, como vendedora María Esther Villacaña Maldonado a través de su apoderado legal Mauricio Nava Díaz, y como compradora la empresa Comercializadora y Construcciones Cato Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a través de su presidente del Consejo de Administración y representante legal Benhur Villagrán García (minuto 9:52:01 del registro de audio y video). Impresión folio de internet respecto de la transferencia bancaria 0080712011 de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, a la cuenta de depósito 0460247618 a nombre de Mauricio Nava Díaz, por la cantidad de $350,000.00 (trecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) (minuto 9:53:32 del registro de audio y video). Recibo por la cantidad de $100,000.00 cien mil pesos en favor de Margarita Tatiana Torres Puente, por concepto de depósito en garantía para el apartado de inmuebles (minuto 9:54:28 del registro de audio y video). Copia certificada de las escrituras 32442 y 32443, de diecinueve de diciembre de dos mil doce, en donde se hace constar, la compraventa que realizó María Esther Villicaña Maldonado, respectivamente de los lotes materia de la controversia (minuto 9:55:00 del registro de audio y video). Entrevista de José Francisco González Martínez de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, recabada por el Policía Investigador Arturo Villegas Ramírez (minuto 9:57:00 del registro de audio y video). Entrevista a Jorge Martínez Vega de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recabada por el Policía Investigador Arturo Villegas Ramírez (minuto 10:01:02 del registro de audio y video). Dictamen sobre inspección pericial a inmueble y avalúo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el perito oficial en materia de arquitectura Sandino Frías Saldaña (minuto 10:04:25 del registro de audio y video). Dictamen pericial contable de doce de enero de dos mil dieciocho, emitido por la perito oficial Laura Martínez Camarena (minuto 10:05:24 del registro de audio y video). Dictamen en grafoscopía y documentoscopía de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, rendido por la perito oficial Aranza A. García Monreal (minuto 10:05:50 del registro de audio y video). Ampliación del dictamen de grafoscopía de trece de abril de dos mil dieciocho (minuto 10:10:21 del registro de audio y video). Copia certificada de la carpeta de investigación 1003/2017/31932 y acumulada 1003/2017/32004, integrada por el representante social por el delito de alteración de documentos en agravio de María Esther Villacaña Maldonado (minuto 10:17:02 del registro de audio y video). De los anteriores datos de prueba se aprecia, que aportan información apta, idónea y suficiente que permiten establecer razonablemente, como destacó la juez responsable, que el día siete de julio de dos mil diecisiete, Benhur Villagrán García, tuvo conocimiento a través de Margarita Tatina Torres Puente, de la venta de los lotes 3 y 4 de la manzana 12, de la calle Nahuas del Fraccionamiento Lomas de Vista Bella de esta ciudad; que Torres Puentes contactó a Benhur Villagrán con Mario Moreno Villicaña y Mauricio Nava Díaz, quienes se ostentaron como sobrino y apoderado respectivamente de la propietaria y acordaron comprar los inmuebles; que pactaron como precio de cada lote las cantidad de $1,100,00.00 (un millón cien mil persos), siendo un total por los lotes de $2,200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos); que para apartar los lotes, Benhur Villagrán entregó a la citada Torres Puente, la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N) quien les firmó un recibo por dicho concepto. Que el catorce de julio de dos mil diecisiete ante la fe del Notario Público 17 de esta ciudad, se elaboraron las escrituras 4185 y 4186 que amparan los contratos de compraventa celebrados como parte vendedora María Esther Villicaña Maldonado a través de su apoderado Mauricio Nava Díaz, y como compradora la empresa Comercializadora y Construcciones Cato Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, a través de su presidente del Consejo de Administración y representante legal Benhur Villagrán García. Como precio se acordó anotar el valor catastral de $175,000 (ciento setenta y cinco mil pesos), aunque realmente pagó por cada uno $1,100,000.00 (un millón cien mil pesos M.N) de la siguiente manera: $100,000.00 (cien mil pesos) pesos que fueron entregados a Margarita Tatiana Torres Puente, por concepto de depósito de garantía para el apartado de los inmuebles; $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos M.N.) mediante transferencia electrónica a favor de Mauricio Nava Díaz a la cuenta de depósito 0460247618 el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, con folio de internet 0080712011; y finalmente $1,750,000.00 (un millón setecientos cincuenta mil pesos M.N.) entregados en efectivo a Mario Moreno Villicaña, en las instalaciones de la Notaria Pública 179, con ejercicio y residencia en esta ciudad, estando presentes José Francisco González Martínez, Javier Calderón García, Mauricio Nava Díaz, Margarita Tatiana Torres Puente y José Luis Machado Coria. Que el contrato de compraventa lo llevó a cabo Mauricio Nava Díaz en cuanto apoderado de María Esther Villicaña Maldonado, quien supuestamente le otorgó los poderes correspondientes, para actos de administración y de dominio el diez de julio de dos mil diecisiete, ante la fe del Notario Público Número 6 con residencia en Uruapan, Michoacán y que se hizo constar en los poderes notariales 25960 y 25961. Que María Esther Villicaña Maldonado presentó denuncia por el delito de falsificación de los poderes con los que Mauricio Nava Díaz, llevó a cabo la venta de los inmuebles a favor del querellante, y en la investigación se dictaminó por perito oficial que María Esther Villicaña Maldonado, no firmó las cartas poder. En conclusión, el juez responsable correctamente tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de fraude específico en agravio de "Comercializadora y Construcciones CATO", Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital variable". Probable participación. La juez responsable estimó con base en los datos de prueba, que quien probablemente llevó a cabo el delito de fraude específico, fue -entre otros- el quejoso Mauricio Nava Díaz, toda vez que junto con otra persona y a título oneroso enajenaron los lotes 3 y 4 de la Manzana 12 de la calle Nahuas del Fraccionamiento Lomas de Vista Vella de esta ciudad, no obstante que sabían que no podían disponer de estos por no ser de su propiedad, y que para ello Mauricio Nava Díaz, se ostentó como apoderado jurídico de la propietaria María Esther Villicaña Maldonado, utilizando las cartas poder 25960 y 25961 de diez de julio de dos mil diecisiete, ante la fe del Notario Número 6, con residencia en Uruapan, Michoacán, quien no firmó dichos documento, según la pericial aportada como dato de prueba, y que el quejoso recibió un total de $2,200,000.00,dos millones doscientos mil pesos. Necesidad de cautela. En cuanto a la necesidad de cautela para poder emitir la orden de aprehensión reclamada, debe decirse que fue solicitada por la fiscalía, toda vez que el imputado Mauricio Nava Díaz, incumplió una cita previa y que no fue factible ejecutar una orden de comparecencia, porque se desconocía su paradero; motivo por el que la juez dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Mauricio Nava Díaz, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 218 fracción II y 217 fracción V, en relación con el artículo 19 fracción I, 20 fracción I, 24 fracción III, del Código Penal del Estado, en agravio de "Comercializadora y Construcciones CATO", Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital variable". Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se reitera, que la juez responsable consideró que los datos de prueba son suficientes para establecer razonablemente que, el siete de julio de dos mil diecisiete, el quejoso Mauricio Nava Díaz, se ostentó como representante legal de María Esther Villicaña Maldonado, propietaria de los lotes 3 y 4 de la Manzana 12, de la calle Nahuas del Fraccionamiento Lomas de Vista Vella de esta ciudad, con el objeto de realizar una compraventa con "Comercializadora y Construcciones CATO", Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital variable", acordando como precio la cantidad de $2,200.000.00. Que el catorce de esa misma data, Mauricio Nava Díaz, compareció ante el Notario Público Número 179 de esta ciudad, a formalizar la compraventa pactada, acreditando la representación de María Esther Villicaña Maldonado, con los poderes 25960 y 25961, los cuales no fueron firmados por ésta última. Que primero le entregaron $100,000.00 (cien mil pesos 00/M.N.), por conducto de la corredora; que el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete la ofendida realizó un depósito al quejoso por la cantidad de $350,000.00 (trecientos cincuenta mil pesos M.N.) y el día de la firma le entregaron $1,750,000.00 (un millón setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Esto es, el quejoso, a sabiendas que no podía disponer de dichos inmuebles los enajenó a título oneroso y recibió un total de dos millones doscientos mil pesos. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por el quejoso existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para emitir una orden de aprehensión en su contra, porque con los datos de prueba referidos por el agente del Ministerio Público se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de fraude específico, así como su probable intervención en su comisión. De tal forma, también es infundado el argumento de que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable refirió que la conducta que se imputa al peticionario de amparo, encuadra con lo establecido en los artículos 218 fracción II y 217 fracción V, en relación con el artículo 19 fracción I, 20 fracción I, 24 fracción III, del Código Penal del Estado. Es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Cabe señalar que tal derecho de legalidad se encuentra previsto en el artículo 16 constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad, circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, también resulta infundado el concepto de violación que se analiza, pues en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de esa orden de aprehensión, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñadas por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. En consecuencia al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso Mauricio Nava Díaz, y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dado que no se impugnan por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Mauricio Nava Díaz, contra los actos reclamados al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia, y Director de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy seis de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA MAURICIO NAVA DIAZ por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA CATO SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION CAPITAL VARIABLE por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

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