Mauricio Larrauri Hernández

Expediente 754/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
754/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Mauricio Larrauri Hernández
  • MAURICIO LARRAURI HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se desprende que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 754/2021-II, promovida por el quejoso Mauricio Larrauri Hernández. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, por medio del cual el autorizado de la parte quejosa solicita se le informe el tramite dado a la incompetencia planteada en el presente asunto; en virtud de ello, hágase de que mediante auto de seis de los corrientes, se ordenó remitir los autos originales del presente sumario al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para los efectos legales conducentes, lo cual aconteció el trece siguiente, según se advierte de la constancia que obra agregada en autos, sin que a la fecha se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional a quien por razón de turno haya correspondido conocer del asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***************** por derecho propio, contra actos del Titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Regístrese con el número de juicio 754/2021-II Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de litis De la lectura del escrito que se atiende se desprende que el promovente de amparo reclama lo siguiente: La omisión de acordar y notificar el acuerdo recaído a la petición que fue presentada al Titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual formuló queja administrativa en contra del funcionario que ahí menciona. Incompetencia Este juzgador federal estima carecer de competencia por razón de materia para conocer del presente asunto, ya que le corresponde conocer de la misma a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, pues se advierte que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y se lo atribuye al Titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 48 de la Ley de Amparo y el diverso 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo.". De los preceptos transcritos se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el suscrito estima que el acto reclamado consistente en la omisión de acordar y notificar el acuerdo recaído a la petición que fue presentada al Titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual formuló queja administrativa en contra del funcionario que ahí menciona, no se ubica en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden, ya que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, ni mucho menos se trate de una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general en materia penal. Por su parte, se destaca que el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala los supuestos en los cuales les compete conocer de un asunto a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, que dice: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo. IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente.". (lo destacado es nuestro) De lo anterior, se desprende que dentro de las atribuciones de los jueces de distrito en materia de administrativa, se encuentran los supuestos que se relacionan con un procedimiento seguido por autoridad administrativa en los que deba decidirse sobre su legalidad o subsistencia de los actos reclamados. Ahora, si el acto reclamado de lo expuesto en el escrito de demanda no se advierte que dicho acto esté relacionado con la carpeta de investigación que señala el promovente, pues tal omisión no guarda relación con dicho proceso penal, o con algún hecho constitutivo de delito, sino que se trata de una petición con la que se pretende incoar un procedimiento de índole administrativo respecto a la revisión del actuar de un servidor público, por lo que es inconcuso que no se justifica la actualización de alguna de las hipótesis que establece el citado artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a ello, resulta menester precisar que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en los referidos artículos 50 fracción I, 51, fracción III, y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativas a los procedimientos de extradición y a los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de lo previsto en la Ley de Amparo, respectivamente. En consecuencia, al tratarse de un acto administrativo, es inconcuso que la competencia le corresponde a un juzgado de distrito especializado en esa materia, pues como se dijo, el procedimiento que, en su caso, se siga en contra del actuar de un servidor público con motivo de la integración de una indagatoria, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal, sino que se refiere únicamente al estudio de la función de un servidor público sujeto a queja o denuncia, la cual puede concluir en la imposición de alguna sanción administrativa por parte de la autoridad competente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia. En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa. En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público. En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa.". En virtud de lo anterior, remítase el presente sumario, junto con las copias de la demanda, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en en la Ciudad de México, en turno con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Expediente y notificaciones vía electrónica Referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que proporciona los nombres de usuario generados por el sistema de consulta de expediente electrónico, y solicita se envíen por el mismo medio las notificaciones respectivas, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dichas autorizaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Solicítese al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese.

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