Mauricio Larrauri Hernández y Otros.

Expediente 40/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
40/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Mauricio Larrauri Hernández
  • Mauricio Larrauri Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    Ciudad de México, uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Ahora bien, se advierte que la suspensión PROVISIONAL y DEFINITIVA SE NEGARON; por lo que si bien el ORIGINAL del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Por otro lado, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General aludido, se considera que el DUPLICADO del incidente de suspensión, debe ser DESTRUIDO; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a la autoridad responsable. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, uno de agosto de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Número 1 Sin Detenido, de la Agencia Investigadora Cuajimalpa-02, de la Fiscalía Territorial en Cuajimalpa, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se cumple con la ejecutoria de amparo, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional consistió en: El acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, en el que se negó la expedición de copias de la carpeta de investigación***************. Mediante sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal (fojas 48 a 56), para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: i). Deje sin efectos el acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación **************, que contiene la negativa de otorgarle copia de dicha carpeta al quejoso. ii). Dicte un nuevo pronunciamiento en el que autorice la expedición de las copias simples solicitadas, de manera gratuita. iii). Haga entrega de las mismas a la parte quejosa, por sí o por conducto de persona legalmente autorizada para ello. La sentencia causó ejecutoria el diecinueve de abril del año en curso (fojas 73 a 75), por lo que se requirió a la responsable para que en el término de tres días informara sobre su cumplimiento. Mediante oficio registrado con folio 8677 (foja 90), la autoridad responsable remitió copia autentificada de dos acuerdos, ambos datados el veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictados en la carpeta de investigación **************, en los que, en el primero de ellos, dejó sin efectos el diverso de tres de enero del mismo año, y en el mencionado en segundo término, acordó favorable la expedición de copias simples gratuitas de todas las constancias que integran la carpeta de investigación de marras (fojas 91 y 92). En trece de mayo de dos mil veintidós (foja 108), se integró el oficio con folio 9675 (foja 102), al que el Ministerio Público responsable anexó el acuse de recibo de diez de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual se hizo entrega a la parte quejosa de las copias de la carpeta de investigación ************** (foja 104). A más de ello, por oficio con folio 14694 (foja 163), la responsable remitió copia autentificada de la comparecencia de cinco de julio actual, en la que el Defensor Privado del quejoso *********** compareció ante la representación social a efecto de verificar una a una las fojas que integran la carpeta de investigación ************, y cotejarlas con las que recibió en fechas pasadas; por lo que después de verificar y cotejar foja por foja, por ambas caras, manifestó recibir a su entera satisfacción copia completa, ordenada, legible y secuencial de la carpeta antes referida. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, las que, al no haber sido objetadas, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos de su artículo 196, esto es, sin excesos ni defectos, ya que como se desprende de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Merece invocarse por las razones que informa, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.". Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones del autorizado del quejoso en el sentido de no tener por cumplida la sentencia de amparo, pues como se dijo en párrafos que anteceden, se estima que el fallo protector ha quedado cumplido por las razones apuntados, máxime que la parte quejosa, después de revisar las constancias que integran la carpeta de investigación, de donde emana el acto reclamado, manifestó haber recibido los facsímiles de mérito, a su entera satisfacción. Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, por medio del cual la parte quejosa realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al amparo otorgado en este procedimiento, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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