Mauricio Larrauri Hernández
Expediente 712/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/01/2022
Partes del expediente
- Mauricio Larrauri Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra actos de la LICENCIADA GUILLERMINA JIMENEZ MARTÍNEZ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 1 SIN DETENIDO DE LA AGENCIA INVESTIGADORA CUAJIMALPA 01 DE LA FISCALÍA TERRITORIAL EN CUAJIMALPA DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 712/2021-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis Del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que los actos reclamados por el quejoso son: El tener con el carácter de imputado o investigado al quejoso en la carpeta de investigación ****************. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano la demanda, por las siguientes consideraciones: Improcedencia De la lectura íntegra de la demanda se desprende que el quejoso se duele esencialmente de que la autoridad responsable le otorgó el carácter de imputado y/o investigado en la indagatoria aludida, lo que conlleva que sea sujeto de una investigación ministerial. En ese sentido, se estima que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta, al no afectar el interés jurídico del quejoso. En relación con ello, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., fracción I, 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En la especie, como se señaló, el quejoso reclama que el Ministerio Público responsable le otorgó la calidad de imputado y/o investigado en la indagatoria ****************, a partir de un informe de la "Plataforma México" en la que aparece como propietario del vehículo Audi, placas ************ del Estado de Morelos. Sin embargo, se estima que esa circunstancia por sí sola no irroga perjuicio al interés jurídico del promovente, pues los efectos que conlleva otorgarle ese carácter implican que se integre en su contra la citada carpeta de investigación, lo cual de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incumbe al Ministerio Público. Además, dicho precepto constitucional faculta al Ministerio Público para que tramite, integre y ejercite la acción penal inmediatamente que aparezca que en la carpeta de investigación se hubieren satisfecho los requisitos del artículo 16 de la carta magna; por ende, los actos como ente de derecho social, atribuidos constitucionalmente al Ministerio Público, persecutor de delitos, que incluyen la integración de la carpeta de investigación con todas sus actuaciones, incluso cuando ejerce acción penal, no pueden constituir violaciones a los derechos constitucionales, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable de esos actos de naturaleza procesal a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que de existir alguna violación de los derechos adjetivos puede ser subsanado si se obtiene una resolución favorable a sus intereses. En ese sentido, cabe precisar que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, entre las que se incluye recabar denuncias, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. Por tanto, el hecho de que la responsable haya otorgado al justiciable la calidad de imputado y/o investigado, en sí mismo, no es un acto que vulnere la esfera de derechos del aquí quejoso, pues como se dijo, la integración de la carpeta de investigación en su contra, no lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos una cuestión de orden público conforme al citado precepto constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que se considera que el acto reclamado, no transgrede de manera alguna derechos sustantivos de la parte quejosa; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Por tanto, se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Expediente y notificaciones vía electrónica Referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que proporciona los nombres de usuario generados por el sistema de consulta de expediente electrónico, y solicita se envíen por el mismo medio las notificaciones respectivas, instrúyase al Oficial Judicial "A", para que capture dichas autorizaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Solicítese al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente y al Oficial Judicial "A".
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