Mauricio Guzmán Orozco
Expediente 269/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mauricio Guzmán Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento inserto en proveído de quince de octubre último, acusa recibo de las constancias que se devolvieron.En mérito de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento y deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se le conminó a la autoridad oficiante...
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la determinación dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, promovido por Mauricio Guzmán Orozco, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fue de audiencia el juicio de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otro lado, toda vez que ya no es necesaria la retención de las copias certificadas del expediente número 1253/2020 y dos discos en formato DVD, exhibidos por el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México, en apoyo a su informe justificado, en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que en el plazo de TRES DÍAS computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le envían. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o de omitir informar la imposibilidad legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días de unidades diarias de medida y actualización, en el supuesto de incumplimiento, equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N). Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México; mediante el cual, en cumplimiento al auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, exhibe las copias certificadas solicitadas y un disco en formato DVD, que contiene la audiencia de tres de junio de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en autos y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se le conminó. De lo anterior, sin que haya lugar a otorgar vista a las partes con el contenido de las constancias; pues, se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente, debido a que las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. En el caso, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que aduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. Para una mejor comprensión de la causal de improcedencia advertida de oficio por este Juzgado, resulta necesario tener presente lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios que se citan a continuación. El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado, se traducen en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso, el quejoso señaló como actos reclamados en esencia: a) La determinación dictada en la audiencia principal de once de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente 1253/2020, de su índice, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda y custodia), en donde confirmó la medida provisional de pensión alimenticia, por el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del sueldo del quejoso y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias en favor de sus menores hijos; y, b) La resolución emitida por el Juez responsable, en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso dentro de la audiencia principal, con motivo de la confirmación de la medida provisional de pensión alimenticia, medio de impugnación que estimó improcedente. Sin embargo, de las documentales que ahora exhibe la autoridad responsable, la cuales merecen eficacia probatoria plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace del conocimiento de este Juzgado, que mediante escrito registrado con el número de promoción 9239/2021, el quejoso y la tercera interesada exhibieron un convenio para dar por terminada la controversia natural, el cual fue ratificado ante la presencia judicial, y se aprobó en definitiva homologándolo como una sentencia de autoridad de cosa juzgada por proveído del tres de junio del año en curso. Para configurar la causal en estudio, es menester citar los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Civil y Familiar de Cuautitlán, Cinthya Berenice Carvajal Patiño, formuló demanda civil (Controversia del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar) contra Mauricio Guzmán Orozco (fojas 1 a 12 del tomo de pruebas). 2. Mediante auto de dieciséis de octubre de ese año, fue admitida a trámite, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, emitiendo de igual modo pronunciamiento respecto de las medidas provisionales, particularmente, por concepto de pensión alimenticia el Juez natural determinó que el ahora quejoso debía proporcionar por tal concepto, el cincuenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias (foja 26 a 28 del tomo de pruebas). 3. Posteriormente, se fijaron las diez horas del once de marzo de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia inicial (foja 55 del tomo de pruebas), el día y hora antes precisada, al resolver sobre la revisión de medidas provisionales, el Juez responsable determinó: "En relación al pago de la PENSIÓN ALIMENTICIA este juzgado no tiene un alcance suficiente o insuficiente para poder determinar que el porcentaje decretado de forma provisional sea suficiente o insuficiente para cubrir las necesidades de los menores por lo tanto esta medida deberá de permanecer todo el tiempo del juicio hasta su conclusión, en donde conforme al estudio socioeconómico que se ha ordenado en esta audiencia, este juzgador tendrá las bases suficientes para determinar si esta pensión alimenticia, disminuye, se confirma o aumenta, por lo tanto esta medida se confirma". 4. Inconforme con esta resolución el demandado, aquí quejoso, interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto en la misma audiencia por el Juez del conocimiento y declaró improcedente. En ese contexto, toda vez que en el presente juicio constitucional, los actos reclamados quedaron sin efectos al haber convenido las partes en el juicio de origen, y ratificado su ocurso de mérito, dirimiéndose la Litis del conflicto, restituyendo así a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violentado, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Aspecto que se demuestra con la diligencia de tres de junio de este año, celebrada ante el Juez responsable, con la presencia de las partes (quejoso y tercera interesada), que remitió en copia certificada y disco óptico, del cual se da fe de su reproducción y se observa que se resolvió la guarda y custodia de los menores, régimen de convivencias y el pago de pensión alimenticia en favor de los acreedores alimentarios del cuarenta por ciento de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, Página 703, de rubro: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por tanto, este Juzgado actúa en los términos apuntados, toda vez que el estudio del acto debe limitarse a lo que señala el quejoso, y con motivo del convenio aludido y ratificado cesaron los actos impugnados. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓ DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, se configura dicha hipótesis analizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y comuníquese a las partes que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, en razón de la determinación anterior. Finalmente, para un mejor manejo del disco exhibido, se ordena formar un anexo de pruebas con carátula de identificación correspondiente. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y al quejoso; y, personalmente por lista a la tercera interesada, así como, a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México; mediante el cual, en cumplimiento al auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, exhibe las copias certificadas solicitadas y un disco en formato DVD, que contiene la audiencia de tres de junio de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en autos y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se le conminó. De lo anterior, sin que haya lugar a otorgar vista a las partes con el contenido de las constancias; pues, se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente, debido a que las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. En el caso, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que aduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. Para una mejor comprensión de la causal de improcedencia advertida de oficio por este Juzgado, resulta necesario tener presente lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios que se citan a continuación. El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado, se traducen en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso, el quejoso señaló como actos reclamados en esencia: a) La determinación dictada en la audiencia principal de once de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México, en el expediente 1253/2020, de su índice, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda y custodia), en donde confirmó la medida provisional de pensión alimenticia, por el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del sueldo del quejoso y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias en favor de sus menores hijos; y, b) La resolución emitida por el Juez responsable, en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso dentro de la audiencia principal, con motivo de la confirmación de la medida provisional de pensión alimenticia, medio de impugnación que estimó improcedente. Sin embargo, de las documentales que ahora exhibe la autoridad responsable, la cuales merecen eficacia probatoria plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace del conocimiento de este Juzgado, que mediante escrito registrado con el número de promoción 9239/2021, el quejoso y la tercera interesada exhibieron un convenio para dar por terminada la controversia natural, el cual fue ratificado ante la presencia judicial, y se aprobó en definitiva homologándolo como una sentencia de autoridad de cosa juzgada por proveído del tres de junio del año en curso. Para configurar la causal en estudio, es menester citar los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Civil y Familiar de Cuautitlán, Cinthya Berenice Carvajal Patiño, formuló demanda civil (Controversia del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar) contra Mauricio Guzmán Orozco (fojas 1 a 12 del tomo de pruebas). 2. Mediante auto de dieciséis de octubre de ese año, fue admitida a trámite, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, emitiendo de igual modo pronunciamiento respecto de las medidas provisionales, particularmente, por concepto de pensión alimenticia el Juez natural determinó que el ahora quejoso debía proporcionar por tal concepto, el cincuenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias (foja 26 a 28 del tomo de pruebas). 3. Posteriormente, se fijaron las diez horas del once de marzo de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia inicial (foja 55 del tomo de pruebas), el día y hora antes precisada, al resolver sobre la revisión de medidas provisionales, el Juez responsable determinó: "En relación al pago de la PENSIÓN ALIMENTICIA este juzgado no tiene un alcance suficiente o insuficiente para poder determinar que el porcentaje decretado de forma provisional sea suficiente o insuficiente para cubrir las necesidades de los menores por lo tanto esta medida deberá de permanecer todo el tiempo del juicio hasta su conclusión, en donde conforme al estudio socioeconómico que se ha ordenado en esta audiencia, este juzgador tendrá las bases suficientes para determinar si esta pensión alimenticia, disminuye, se confirma o aumenta, por lo tanto esta medida se confirma". 4. Inconforme con esta resolución el demandado, aquí quejoso, interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto en la misma audiencia por el Juez del conocimiento y declaró improcedente. En ese contexto, toda vez que en el presente juicio constitucional, los actos reclamados quedaron sin efectos al haber convenido las partes en el juicio de origen, y ratificado su ocurso de mérito, dirimiéndose la Litis del conflicto, restituyendo así a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violentado, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Aspecto que se demuestra con la diligencia de tres de junio de este año, celebrada ante el Juez responsable, con la presencia de las partes (quejoso y tercera interesada), que remitió en copia certificada y disco óptico, del cual se da fe de su reproducción y se observa que se resolvió la guarda y custodia de los menores, régimen de convivencias y el pago de pensión alimenticia en favor de los acreedores alimentarios del cuarenta por ciento de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, Página 703, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Por tanto, este Juzgado actúa en los términos apuntados, toda vez que el estudio del acto debe limitarse a lo que señala el quejoso, y con motivo del convenio aludido y ratificado cesaron los actos impugnados. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓ DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, se configura dicha hipótesis analizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y comuníquese a las partes que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, en razón de la determinación anterior. Finalmente, para un mejor manejo del disco exhibido, se ordena formar un anexo de pruebas con carátula de identificación correspondiente. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y al quejoso; y, personalmente por lista a la tercera interesada, así como, a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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