Mauricio de Jesús Ramírez Gamboa
Expediente 705/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mauricio de Jesús Ramírez Gamboa
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida Mauricio de Jesús Ramírez Gamboa, por propio derecho, en el juicio de amparo 705/2021-V, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: "CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es destruible, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a la parte quejosa de manera electrónica.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por -------------------, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 705/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Por tanto, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente conforme al artículo 62 del mismo ordenamiento legal, deben analizarse de oficio, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Luego, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, esencialmente es: La sentencia interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 293/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por --------------, en contra del suscrito quejoso --------------, expediente que fue radicado en el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, mismo que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones en contra de los autos de cinco de abril de dos mil veintiuno (que señalaron fecha para la audiencia de conciliación y depuración procesal), y sus subsecuentes actos, al considerarlo extemporáneo. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado en estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, dado que el citado acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen:. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.). Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.) En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales de la parte quejosa, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de los llamados derechos humanos, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Luego entonces, si la parte quejosa reclama en este asunto la sentencia interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 293/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por --------------, en contra del suscrito quejoso --------------, expediente que fue radicado en el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, mismo que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones en contra de los autos de cinco de abril de dos mil veintiuno (que señalaron fecha para la audiencia de conciliación y depuración procesal), y sus subsecuentes actos, al considerarlo extemporáneo. En ese sentido, dicho acto reclamado no constituye para la parte quejosa, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, pues actuación reclamada, no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de un acto que carece de una consecuencia de imposible reparación. En ese sentido, el acto reclamado analizado no reúne las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación. En efecto, el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos de la justiciable, ya que sólo puede considerarse como una violación al procedimiento, encuadrable en el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; Como se aprecia, se considera violada la ley del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, en consecuencia, de no obtener una sentencia favorable, el quejoso tendrá la posibilidad de controvertir el acto reclamado como violación procesal al promover amparo directo, por ende, no se le deja en estado de indefensión, pues aun cabe la posibilidad que pueda impugnar la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256, de rubro: NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De igual manera, es orientadora al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 593, de rubro: NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. En esas condiciones, al resultar actualizada la causa de improcedencia previstas en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y relacionada con los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional, procede desechar la demanda de amparo promovida por ------------------, por propio derecho. Ahora bien, toda vez que el promovente proporcionó el nombre de usuarios -----, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto, así como la práctica de notificaciones vía electrónica, por así haberlo solicitado; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias.---- De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, a saber 55 53870500, extensión 1384, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En ese sentido, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito, para que de ser necesario, en días y horas inhábiles practique las diligencias que deriven de este asunto. Se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, únicamente se tienen por autorizadas a las personas que señaló la parte quejosa en su escrito de demanda, esto es, para oír y recibir notificaciones, por así haberlo manifestado expresamente. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa de manera electrónica.
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