Mauricio de Jesús Ramírez Gamboa
Expediente 302/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mauricio de Jesús Ramírez Gamboa
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda amparo promovida por ------------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se provee lo siguiente: RADICACIÓN De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 302/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Establecido lo anterior, debe decirse que de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama, el siguiente acto: La sentencia interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 293/2020, del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, relativo al juicio ordinario civil promovido por Gerardo Antonio Pastrana y Mondragón, en contra de Mauricio de Jesús Ramírez Gamboa, aquí quejoso; en la que se declararon improcedentes dos recursos de revocación interpuestos por el aquí quejoso, en contra de: de los autos de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en los que no se acordó de conformidad las solicitudes de llamar al juicio a un tercero y de requerir un informe a un notario, a fin de acredite la autenticidad de la escritura con la que la parte actora probó su personalidad. Respecto del cual, opera de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.", "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" Sentado lo anterior, es necesario precisar que la resolución reclamada, siendo un acto dictado dentro de juicio, no resulta de imposible reparación para el quejoso, como se verá a continuación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado tanto el incido b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional, como la fracción V, del artículo 105 de la Ley de Amparo, estableciendo que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no podrían destruirse con la resolución del asunto. Es decir que los efectos de dichos actos no pueden ser remediados fácticamente con el sólo hecho de que quien sufre la violación procesal obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que únicamente provocan la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por el contrario, los actos reparables o de posible reparación, son aquellos que únicamente afectan los denominados derechos adjetivos o procesales, es decir, aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, incidiendo en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; en esa línea, cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias de tales actos se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Además es importante resaltar que la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Pues bien, se reitera que el amparo indirecto procede únicamente, contra actos dictados dentro de un juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Expuesto lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto la resolución interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 293/2020, en la cual se resolvieron dos recursos de reclamación relacionados con la negativa de acordar de conformidad las solicitudes del quejoso de llamar a juicio a un tercero para que se incorporara a la relación procesal, y de requerir un informe a un notario, con el fin de desvirtuar la personalidad de la parte actora. Así, se advierte claramente que esa resolución, en la que no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación, que transgreda materialmente en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional, es decir, no afectan materialmente de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos establecidos en la Carta Magna. La resolución reclamada resultaría, en su caso, únicamente una violación de carácter adjetivo, lo cual es así, ya que su efecto es no haber llamado a juicio a un tercero para que se incorporara al juicio y no haber requerido un informe al notario público que expidió la escritura con la que la parte actora acreditó su personalidad, cuestiones que no implican violaciones a ningún derecho sustantivo del quejoso, como su privacidad, su honor, vida, libertad o entre otros; sino que únicamente tienen impacto en la posición que las partes van tomando en el procedimiento, por ejemplo que el quejoso siga siendo el único demandado, o que no se recabe una prueba relativa a la personalidad de la parte actora. Así, aun cuando esa resolución pudiera ser adversa a los intereses del quejoso, lo cierto es que por el momento, ésta sólo ocasiona que el procedimiento continúe sin incorporar a otras personas y sin requerir una prueba, lo que, evidentemente, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, los cuales podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia definitiva que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, le sea favorable al quejoso (por ejemplo declarando la improcedencia de la acción en su contra). Además, si dicha resolución definitiva resulta contraria a sus intereses, el quejoso se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente y en su caso una demanda de amparo directo, en el cual se podrán impugnar todas las violaciones procesales que pudieran haber trascendido al resultado del fallo. Siendo así, es claro que las consecuencias de la posible irregularidad del acto reclamado, son susceptibles de extinguirse sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo tanto es evidente que dicho acto no resulta irreparable, ya que sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Lo cual evidencia que los derechos que aduce el quejoso fueron violados, no revisten la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, pues únicamente se alegan violaciones al debido proceso y a los principios de legalidad en su vertiente de debida fundamentación y motivación. En ese sentido la afectación que pudiera resentir derivado de la violación de la que se duele (que una persona que no acredite su personalidad obtenga una sentencia favorable), no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1220, Materia Común, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE ARGUMENTA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y/O MOTIVACIÓN, LO QUE GENERA LA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DEFENSA, PUES ÉSTAS NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS. El hecho de que la resolución reclamada en el amparo no se encuentre debidamente fundada y/o motivada, y ello derive en la violación a las garantías de legalidad y defensa, no hace procedente el juicio de garantías en la vía indirecta, en términos del artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, ya que tal precepto exige para la procedencia de la acción constitucional que el acto se realice dentro del juicio y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, sólo sería procedente el amparo en esta vía, si se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado, y las garantías individuales no son derechos sustantivos sino un instrumento constitucional establecido para salvaguardarlos." Así como, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, página 1064, Materia Común, Novena Época, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA GARANTÍA DE, NO ES UN DERECHO SUSTANTIVO. Si el quejoso esgrime en sus conceptos de violación que el acto reclamado carece de fundamentación, por lo que al transgredir la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional se le afectan derechos sustantivos, debe determinarse que el hecho de que la resolución reclamada no se encuentre debidamente fundada, no hace procedente el amparo indirecto, acorde a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, ya que tal precepto exige, para la procedencia de la acción constitucional, que el acto se realice dentro del juicio y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, sólo sería procedente el amparo en esta vía, si se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado, y las garantías individuales no son derechos sustantivos sino un instrumento constitucional establecido para la salvaguarda de éstos." Por lo tanto, es evidente que en el caso, el acto reclamado por el quejoso, no quebranta materialmente en su perjuicio algún derecho fundamental ni sus garantías, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por lo cual, este Juzgador Federal arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en correspondencia con el numeral 107, fracción V, de la citada legislación de la materia, en esas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada por notoriamente improcedente. AUTORIZADOS, DOMICILIO Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Toda vez que el promovente proporcionó el usuario "-----", para la consulta vía internet del expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al ocursante la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, al haber solicitud expresa en ese sentido, se autoriza la práctica de notificaciones electrónicas por ese medio; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias. En ese sentido, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Ahora bien, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que señala para los efectos que precisa, esto es, para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. INFORMACIÓN PARA LAS PARTES En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Así mismo se hace de su conocimiento que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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