Matías Nicolás Rodríguez
Expediente 923/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Matías Nicolás Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se le notificó el la sentencia a la autoridad responsable foránea, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el oficio 1111/2022 de la Magistrada Tercera y Presidenta de la segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio 20442/2022, con el que le fue devuelto el toca ********************, de su índice. Ahora bien, toda vez que de la lectura del oficio de referencia, se advierte que la autoridad oficiante solicita la devolución del disco compacto en formato DVD que obra glosado a estos autos, mismo que acompañara en su oportunidad al oficio 1278/2021. Al efecto, no habiendo impedimento alguno al respecto, proceda la Secretaría a extraer el disco compacto antes señalado y envíese a la Magistrada ocursante, para los efectos legales conducentes; debiendo acusar el acuse de recibo correspondiente, como constancia de su recepción. Notifíquese y cúmplase.
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ELECTR.V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 2053/2021-VII-B, promovido por ALEJANDRO DAVID GALERA SOSA, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este Órgano de Control Constitucional, compareció ALEJANDRO DAVID GALERA SOSA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo de cuatro de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 2053/2021-VII-B; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que le compete; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado: El auto de vinculación a proceso decretado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 230/2021. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, pues así lo admitió al rendir su informe justificado, por conducto del Juez en turno; lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias y del disco óptico "DVD", que remitió en apoyo a su informe. CUARTO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, con relación al auto de vinculación a proceso emitido en su contra, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse la protección constitucional solicitada. Así es, el peticionario del amparo reclama en el presente juicio, la resolución de vinculación a proceso dictada en su contra el seis de octubre de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 230/2021, por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, por el delito de robo calificado cometido con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por el artículo 330, en relación con el numeral 333 fracción IV, 335 fracción I, 336 y 165, todos del Código Penal del Estado. Como conceptos de violación, el promovente de este juicio alega en su demanda de amparo que la resolución reclamada vulneró en perjuicio de su representado, sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el material probatorio que se tomó en consideración para tener por acreditada su probable responsabilidad resulta insuficiente para sustentar el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso (que dio origen al acto que se reclama a la Juez responsable) se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." (Décima Época. Registro: 160331. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Materia(s): Penal. Tesis: XVII.1o.P.A. J/26 (9a.). Página: 1940). En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Aplica al caso concreto la jurisprudencia: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." (Décima Época. Registro: 160330. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Materia(s): Penal. Tesis: XVII.1o.P.A. J/25 (9a.). Página: 1942). En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza, el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, a las 10:24:36 horas, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, a las 10:29:28 horas, se le dio el uso de la voz y manifestó que entendió los hechos que se le imputan; posteriormente, a las 10:29:41, se reservó el derecho de declarar (316, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales (reservados) del imputado (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por la fiscal adscrita al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, permiten establecer que tal como lo consideró la Juez responsable, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, participó en su comisión. Ya que si bien no existe prueba directa de que se haya apoderado de los bienes muebles propiedad de las víctimas, ni haber golpeado o causado lesiones a ellas, lo cierto es que realizó conductas indispensables para la materialización en la comisión de los hechos, tal como rentar el predio en el que fueron encontrados los objetos relacionados con el robo y de que en ese lugar se encontraron huellas de él, y que de los números de los celulares del cual es titular se realizó la renta del predio donde se hospedaron sus coimputados y la renta de los vehículos Hyundai i 10, Dodge acttitude y Spark, que intervinieron en los hechos delictivos. De ahí que el auto de vinculación a proceso de seis de octubre de dos mil veintiuno, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Así, los datos de prueba enunciados por la Fiscalía Estatal, permiten establecer que entre las veinte horas y las veintitrés horas del día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, al menos trece personas se apersonaron al predio ubicado en la calle cuarenta y tres, número doscientos dieciocho, por veintidós, del fraccionamiento Monterreal de esta ciudad, encontrándose a las afueras del citado predio los vehículos Hyundai i10 con placas YXG - 329 C del Estado de Yucatán, Renault Stepway con placas C58-TZ y Dodge Attitude con placas GMD-449B del Estado de Guanajuato, siendo que alguno de los activos ingresaron al predio mientras otros permanecieron en los vehículos realizando labores de auxilio y vigilancia a los sujetos que se encontraban en el interior, pues se les pasaban maletas, bultos y herramientas que se utilizaron para sustraer objetos del interior de dicha casa habitación, advirtiéndose un reparto de funciones entre los activos. Siendo que los sujetos que ingresaron al predio se dirigieron al cuarto principal donde se encontraba la víctima Lizbeth Hesperia Pérez Mendoza, a quien haciendo uso de la violencia física y moral golpearon, amagaron y amarraron a una silla con cintas adhesivas tipo industrial, siendo que minutos después arriba al lugar en su vehículo Elías Nazer Metri Duarte y al ingresar el mismo es abordado por los activos quienes también lo golpean y amagan y lo llevan al cuarto principal donde también lo amarran con cintas adhesivas tipo industrial a otra silla. También es el caso que los activos sin derecho ni consentimiento sustrajeron de dos cajas fuertes que se encontraban en la casa la cantidad de $115,950 dólares americanos, $650,000 en moneda nacional, cuatro centenarios, así como múltiples artículos de joyería de oro y piedras preciosas pertenecientes a las víctimas y una vez hecho lo anterior los activos se dieron a la fuga en los mismos vehículos en los que arribaron al lugar, para posteriormente trasladarse hasta el predio ubicado en la calle veintitrés, número doscientos treinta y ocho, por treinta y treinta y dos, del fraccionamiento "La Florida", de esta ciudad. Que días previos a los hechos el diverso imputado Rafael Alfonso Sánchez Gamboa, realizó conductas indispensables para la comisión de este hecho, pues fue el encargado de obtener en renta los vehículos Hyundai i10 con las citadas placas del Estado de Yucatán, el vehículo Dodge actitud con las placas también ya citadas del Estado de Guanajuato, mismo en el cual arribaron los activos al lugar de los hechos para desplegar la conducta delictiva, así como también obtuvo en renta un diverso vehículo Spark negro, con placas ZAZ - 205 B del Estado de Yucatán, vehículo que acudió posteriormente al predio del fraccionamiento de la Florida de esta ciudad, donde se encontraron posteriormente objetos relacionados con la citada conducta de robo. Siendo que el quejoso, ahora imputado, Alejandro David Galera Sosa, días antes a los mismos rentó el predio donde los activos se hospedaron, y en el que también él estuvo, lugar en el que se encontraron objetos relacionados con la citada conducta delictiva de robo. Así como también estuvo en contacto con el citado vehículo Dodge Attitude con las placas GMD-449-B del Estado de Guanajuato que acudió al lugar de los hechos en la temporalidad ya referida en la cual se desplegó esa conducta delictiva, lo anterior debido a que existen datos de prueba de origen lofoscopico que permiten así establecerlo. Conducta que desplegó el imputado, hoy quejoso, en su calidad de coautor de conformidad con el numeral 15 fracción I del código punitivo del Estado de Yucatán. Hechos que materializan el delito de robo calificado cometido con violencia y en pandilla, previsto y sancionado con pena privativa de libertad en los numerales 330 en relación con el 333 fracción IV, 335 fracción I, 336 y 165 del Código Penal del Estado de Yucatán en vigor. En efecto para llegar a esa conclusión, la Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la Fiscalía Estatal, y que en el caso concreto resultan: a) Aviso telefónico de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace constar que siendo las veintitrés horas con treinta y tres minutos de ese día, el fiscal investigador recibió aviso telefónico de Jesús Manuel Cauich Euán, elemento de la Policía Estatal Investigadora de la Secretaría de Seguridad Pública quien le informó de un robo reportado por Elías Nazer Metri Duarte en donde refiere el ingreso de diversas personas a su predio que se llevan diez millones de pesos. b) La denuncia de Lizbeth Hisperia Pérez Mendoza, en fecha veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que refiere que habita el lugar señalado como de hechos el cual es propiedad de su hijo Elías Joseph Metri Pérez y que el día de los hechos alrededor de las veintiún horas con quince minutos escuchó ruidos que provenían de la planta baja de su predio y pensó que se trataba de su esposo Elías Nazer que había llegado al domicilio, por lo cual refiere que no le dio importancia a esos ruidos; que estuvo esperando a que su esposo subiera a su habitación cuando segundos después entraron a la habitación tres sujetos de cuando mucho treinta a treinta y cinco años de edad, que uno de los sujetos la agarra y la avienta a la cama, por lo cual ella empieza a defenderse a dar manotazos a esta persona que la arrojó a la cama y luego este sujeto que cargaba un objeto que parecía una espada de plástico la empieza a golpear lastimándole la mano izquierda; luego le amarra las manos y pies con cintas de color gris adherible y la amarra a una silla en su habitación tapándole la cara con una ropa. Que aproximadamente a las veintitrés horas escuchó la voz de su esposo Elías Nazer Metri Duarte, a quien también amarraron y llevaron a la habitación en que se encontraba; que en un momento dado se logró desatar Elías Nazer, quien después la desata; posteriormente, se da cuenta de que habían sustraído de su domicilio una bolsa sin marca de color café con naranja, la cual en su interior contenía también diversas alhajas, anillos de oro con brillantes, cadenas y aretes; que al entrar a la bodeguita en que se encontraban las cajas fuertes se dio cuenta que les habían robado todo su dinero y sus alhajas que se encontraban en el interior de las mismas ya que dichas cajas se encontraban vacías y dañadas en sus cerraduras. c) Denuncia de Elías Nazer Metri Duarte, quien refiere que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, alrededor de las veintidós horas con treinta minutos, arribó a su domicilio y al ingresar a su casa fue interceptado por tres personas que por sus condiciones pudo ver que se trataban del sexo masculino los cuales empezaron a golpearlo en diversas partes del cuerpo por lo cual empezó a gritar y a preguntar qué es lo que estaba pasando; que en ese momento uno de los sujetos le tapa la boca con su mano, para que no gritara; posteriormente lo suben a una habitación y en ese momento se percata que se encontraba también en esa habitación su esposa Lizbeth quien se encontraba sentada en una silla amarrada de las manos con cintas de color gris con los pies también amarrados con esta cinta; que le quitaron un pulso de oro de 10 kilates y pasados aproximadamente quince minutos baja de la habitación el sujeto que los estaba cuidando y posteriormente ya no escucha ningún ruido, por lo cual con cuidado entra al baño de su habitación y logra agarrar una tijera que estaba ahí a su alcance y se libera, así como también procedió a liberar a su esposa y enseguida hablan a la Secretaría de Seguridad Pública. Que al bajar a la primera planta se dan cuenta que ya no había nadie en el lugar y que las cajas fuertes estaban abiertas y dañadas y habían sustraído de esas cajas fuertes las cantidades ya referidas por la denunciante Lizbeth, dólares y pesos mexicanos, que también les robaron diversas alhajas, refiriendo rosarios, aretes de filigrana, otras alhajas de tipo yucateco y varias alhajas que eran collares antiguos semanarios y demás alhajas propiedad de su esposa. d) Diversa comparecencia de Elías Nazer Metri Duarte, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que señaló que de las cantidades sustraídas de las cajas fuertes sesenta mil dólares americanos y trescientos cincuenta mil pesos eran de su propiedad y el resto propiedad de su esposa, y que la pulsera que le fue robada es de oro tipo Cartier de eslabones y barras de oro dorado y blanco de 10 kilates de aproximadamente diecinueve centímetros de largo y con un peso aproximado de quince gramos. e) Informe policial homologado de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el agente Jesús Manuel Cauich Euán de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que refiere que el día de los hechos aproximadamente a las veintitrés horas con veinte minutos, estando en labores de vigilancia se enteró por vía frecuencia radio de Umipol de un robo en el lugar de los hechos, por lo que se trasladó a ese lugar en donde se entrevistó con la víctima Lizbeth Pérez, quien indicó de manera general de ese robo ocurrido en su predio por al menos tres personas que se llevaron cantidades de dólares americanos y pesos mexicanos, cuatro centenarios, diversas prendas de oro, así como también se entrevistó con Nazar Metri, quien dijo ser esposo de Lizbeth; que al percatarse el elemento policiaco que en el predio habían cámaras de seguridad los denunciantes accedieron a facilitar esos vídeos a la autoridad por lo cual se requirió la presencia en el lugar de un especialista. f) Informe de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por Rocky Manuel Balboa Canul, policía primero de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que remite el resultado del análisis del equipo DVR, relativas a las cámaras de seguridad externas del predio señalado como lugar de hechos del que se advierte la intervención de los vehículos Hyundai modelo i10, Renault Stepway y Attitude de la marca Dodge y que fueron en total trece personas que intervinieron. g) Diverso informe de Rocky Manuel Balboa Canul, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que remite el resultado del análisis del equipo DVR, relativas a las cámaras de seguridad dentro del predio señalado como lugar de hechos, en el que básicamente expuso lo relativo al apoderamiento de los objetos muebles sin derecho valiéndose de la violencia física y moral y relata cómo amagaron a la pasivo de sexo femenino tratando de que les brindará información respecto a los objetos de mayor valor entre los que se encontraban desde luego las cajas fuertes y posteriormente lo que hicieron con el segundo sujeto pasivo. h) Acta de inspección en el lugar de los hechos realizado el propio día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por la agente de la Policía Estatal de Investigación Especializada en la Escena del Crimen, Diana Juárez Alonso, en el que observó diversos indicios entre los que se encontraron cinta adhesiva color gris denominada cinta industrial una barreta de hierro, múltiples indicios de origen lofoscópicos siendo revelados treinta fragmentos de huellas latentes recabadas en nueve tarjetas formatos que fueron marcadas en su conjunto como indicio número 9, así como se recabaron 290 placas fotográficas relativas al predio inspeccionado. i) Dictámenes de avalúo de fechas uno, catorce y veintidós de abril, veintiocho de mayo y uno de junio, todos de dos mil veintiuno, emitidos por los peritos Dalia Dianore Ortiz Vera, Alejandro Lugo Ávila y Eduardo Bolio González, de los que se advierte que el monto de lo sustraído excede de ochocientas unidades de medida y actualización vigentes en la época de los hechos. j) Informe policial homologado de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el agente Luis Alberto Góngora de la Secretaría de seguridad del Estado, en el que informó del hallazgo de un vehículo Attitude color rojo, en el fraccionamiento Brisas de esta ciudad de Yucatán, señalando que dentro de ese vehículo se encontraban las placas GMDD-449-B del Estado de Guanajuato que estaba siendo investigado. k) Acta de inspección de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, sobre el vehículo Attitude color rojo, realizado por el perito Gonzalo Roberto García Medina, en el lugar del hallazgo que es calle treinta y nueve, por treinta y seis, a la entrada del fraccionamiento Brisas del Norte, de esta ciudad de Yucatán y se recabaron diversos indicios y datos de prueba de origen lofoscópico. l) Comparecencia ante el fiscal investigador el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, de Karla Isabel Rodríguez Hurtado, quien refirió ser propietaria del vehículo Attitude color rojo, señalando en lo medular que la contactó vía whatsapp el investigado Rafael Alfonso Sánchez Gamboa pidiéndole informes de su vehículo que había publicado en Facebook, sin embargo le indicó que no lo podía meter en alguna plataforma digital ya que no tenía las placas de Yucatán; que el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el imputado la contactó y le dijo que vaya a recoger su vehículo el cual había dejado en el fraccionamiento Villa Magna Poniente de esta ciudad de Yucatán. m) Dictamen lofoscópico de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, realizado por Javier Manuel García Sosa quien al valorar los fragmentos de huellas encontrados en la inspección del predio de la Florida señaló que encontró diversas huellas útiles para cotejo siendo que después de realizar sus procedimientos llegó a la conclusión de que fue positivo a los fragmentos de huellas 7-B 7-C 16-D y 16 C identificados con el imputado Alejandro David Galera Sosa. n) Oficio suscrito por Pedro Rodríguez Núñez, analista de la unidad de análisis de información de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que informa que los números telefónicos 9993357930 con el cual entabló comunicación el imputado David Sosa para la renta del predio, y el diverso 9993948698 del que el coimputado Rafael Alfonso Sánchez Gamboa, realizó las llamadas para la renta de los vehículos Hyundai i 10 blanco, Attitude Dodge color rojo así como el diverso vehículo Spark de color negro, su titular es el imputado Alejandro David Galera Sosa. ñ) Valoraciones médicas a los afectados, en las que ambos presentaron lesiones externas que por su naturaleza tardan en sanar menos de 15 días. Ahora bien, tales datos de prueba relatados por la Fiscal Estatal, entendidos como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Juez responsable acertadamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, a los cuales les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. Así, con tales datos de prueba relacionados, se acredita un hecho que la ley señala como delito, esto es, el ilícito de robo calificado cometido con violencia y en pandilla, previsto y sancionado por el artículo 330, en relación con el numeral 333 fracción IV, 335 fracción I, 336 y 165, todos del Código Penal de la entidad, y que el ahí imputado, aquí quejoso, probablemente es la persona que participó en su comisión, junto con otras personas, quienes estaban reunidos de manera habitual, ocasional o transitoria y sin estar organizadas con fines delictuosos (agravante de pandilla), pues no se hizo referencia a dato alguno que fuera de otro modo, pues en el caso particular se genera la convicción de que el solicitante del amparo es quien el día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, entre las veinte a veintitrés horas (tiempo), junto con otras trece personas, de las cuales once se introdujeron (circunstancias de ejecución) en el predio ubicado en la calle cuarenta y tres, número doscientos dieciocho, por veintidós, del fraccionamiento Monterreal, de esta ciudad (lugar), el cual está habilitado como casa habitación, pues en ella se encontraron enseres domésticos (calificativa), de donde sustrajeron diversas cantidades de dinero en moneda nacional y dólares americanos, propiedad de Lizbeth Hesperia Pérez Mendoza y Elías Nazer Metri Duarte, así como diversas alhajas, propiedad de la primera nombrada y una pulsera de oro tipo Cartier de eslabones y barras de oro dorado y blanco de 10 kilates, propiedad del segundo mencionado; además que para ello ejercieron violencia en contra de las víctimas a quienes golpearon y amararron de pies y manos a una silla, ocasionándole lesiones externas que tardan en sanar menos de quince días (agravante). Conducta delictiva que como acertadamente lo estimó la juez responsable, si bien no hay un señalamiento directo de los denunciantes de que el imputado, hoy quejoso, hubiera participado el día de los hechos en el apoderamiento de los objetos y la violencia hacia ellos, también lo es que su posible participación en los mismos se encuentra acreditada por el señalamiento de que fue él la persona que dos días antes del evento rentó el predio número doscientos treinta y ocho, de la calle veintitrés, por treinta y treinta y dos, del fraccionamiento "La Florida", de esta ciudad, en el que se hospedaron sus coimputados y en el que fueron encontrados objetos relacionados con el robo, además de que estuvo presente en dicho predio y en contacto con el vehículo Dodge Attitude con placas de circulación GMD-449-B del Estado de Guanajuato, de acuerdo con los datos de prueba de origen lofoscópico que permiten establecerlo, así como que de su celular 9993357930 entabló comunicación para la renta del predio en mención, mientras que del diverso 9993948698, cuyo titular resultó ser él, se hizo la renta de los vehículos Hyundai i 10 blanco, Attitude Dodge color rojo, que intervinieron en el robo, así como el diverso vehículo Spark de color negro. Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso, pues en el caso concreto no se hizo valer. En efecto, contrario a la apreciación del defensor del directo quejoso, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado participo en la comisión del hecho, pues como se apuntó, existen las denuncias formuladas por Lizbeth Hisperia Pérez Mendoza y Elías Nazer Metri Duarte, la diversa comparecencia de Elías Nazer Metri Duarte; el Informe policial homologado suscrito por el agente Jesús Manuel Cauich Euán de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública; el informe de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por Rocky Manuel Balboa Canul, policía primero de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que remite el resultado del análisis del equipo DVR, relativas a las cámaras de seguridad externas del predio señalado como lugar de hechos. El diverso informe de Rocky Manuel Balboa Canul, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que remite el resultado del análisis del equipo DVR, relativas a las cámaras de seguridad dentro del predio señalado como lugar de hechos. El acta de inspección en el lugar de los hechos realizado el propio día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por la agente de la Policía Estatal de Investigación Especializada en la Escena del Crimen, Diana Juárez Alonso. Acta de inspección de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, sobre el vehículo Attitude color rojo, realizado por el perito Gonzalo Roberto García Medina. La comparecencia ante el fiscal investigador el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, de Karla Isabel Rodríguez Hurtado, propietaria del vehículo Attitude color rojo. El dictamen lofoscópico de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, realizado por Javier Manuel García Sosa quien concluyó que fueron positivos los fragmentos de huellas 7-B 7-C 16-D y 16 C identificados con el imputado Alejandro David Galera Sosa. El oficio suscrito por Pedro Rodríguez Núñez, analista de la unidad de análisis de información de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que informa que los números telefónicos 9993357930 y 9993948698 su titular es el imputado Alejandro David Galera Sosa; y las valoraciones médicas a los afectados. Los anteriores datos de prueba, aunque fueron controvertidos por el aquí quejoso, son suficientes e idóneos para sustentar la determinación de la Juzgadora responsable. No es obstáculo a lo anterior, como correctamente lo consideró la juez responsable, el video relativo a una cámara de vigilancia del predio número quinientos sesenta y dos, de la calle noventa y dos por sesenta y siete y sesenta y nueve, que fue puesto a disposición del Ministerio público, reproducido en la audiencia de vinculación, así como las testimoniales a cargo de Adriana Lizeth Sulub Noh y Yuri Maite Góngora Tzec, porque básicamente esas personas no se refieren a los hechos que se le atribuyen al investigado, ya que la juez no le atribuyó al hoy imputado ejecución de los hechos del día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el predio de las víctimas, sino conductas indispensables en días previos a los mismos. Además que el vehículo de que se trató el vídeo no tiene relación precisamente con los hechos, pues el vehículo se trata de un Kia color rojo cuando el que se mencionó y tiene relación con el imputado es un Dodge Attitude con placa GMD-449-B del Estado de Guanajuato, aunado a que no se desvirtúa con dichas probanzas que el imputado no haya estado desde luego en contacto con el vehículo Dodge attiitude o que no haya acudido al predio del fraccionamiento "La Florida" o que sea falso que se hayan encontrado en ese inmueble fragmentos de huellas latentes útiles que coinciden precisamente con huellas del imputado Galera Sosa. Por otra parte, resulta infundado lo alegado por el defensor del quejoso en su escrito de demanda, cuando refiere que no se advierte que los objetos sustraídos hayan sido valuados de manera idónea, pues de los datos de prueba aportados en la audiencia de vinculación obran los avalúos emitidos por peritos en la materia, en los que se expusieron las fuentes de investigación y si bien el quejoso considera que son extremadamente alta las cantidades en que se valuaron y que por ello carecen de veracidad, está en la aptitud de aportar en la etapa intermedia los medios de prueba para contrarrestar esos dictámenes. Sin que resulte aplicable al caso que nos ocupa, las tesis de rubros: "ROBO, SI POR INEXACTITUD EN LOS DICTÁMENES PERICIALES O POR FALTA DE PRUEBA NO PUEDE DETERMINARSE EL VALOR INTRÍNSECO O DE REPOSICIÓN DEL OBJETO MATERIA DEL APODERAMIENTO, PERO POR SU NATURALEZA SEA POSIBLE FIJARLE UNO POR SER ESTIMABLE EN DINERO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO, DEBE APLICARSE LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 367, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL SER MÁS BENÉFICA" y "ROBO, LA PENALIDAD APLICABLE EN CASO DE INDETERMINACIÓN DEL MONTO DEL OBJETO DEL DELITO POR CAUSAS AJENAS A LA IMPOSIBILIDAD EMANADA DE SU PROPIA NATURALEZA, ATENTO EL PRINCIPIO DE LO MÁS FAVORABLE AL REO, ES LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO", que cita el promovente, ya que en el caso no se está en el supuesto a que aluden esas tesis, ya que no se advierte de los datos de prueba una indeterminación en cuanto al monto del avalúo de los objetos robados o que no existan pruebas para determinarlo, por lo cual estuvo en lo correcto el actuar de la juez responsable al ubicar la sanción a imponer por el delito básico en la fracción IV del numeral 333 del Código Penal del Estado, basándose en los dictámenes rendidos por los peritos valuadores. Y si bien quedaron objetos pendientes de avaluar, como así lo manifestó la juez de la causa, estos podrán evaluarse con los medios de pruebas pertinentes en la etapa correspondiente. Asimismo, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que únicamente se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, la juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifica el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por la juez responsable. En consecuencia, el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía es acorde al precepto 16 Constitucional, pues se encuentra fundado y motivado; entendiéndose por lo primero, que se expresen con precisión los preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo, que se señalen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se demuestre la configuración de las hipótesis normativas para el caso concreto. Para que una autoridad cumpla con los extremos del párrafo primero del artículo 16 Constitucional, como en el caso acontece, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y además, que exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Por tanto, se insiste, en la causa penal seguida en contra del quejoso, sí existen datos de prueba suficientes para generar la convicción de la existencia de un hecho que la ley tipifica como delito, así como la probabilidad de la participación del aquí quejoso en la comisión del mismo; por tanto, debido a que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por los numerales 16 y 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional, y no se advierte motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar al aquí quejoso ALEJANDRO DAVID GALERA SOSA, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública;. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ALEJANDRO DAVID GALERA SOSA, en contra de los actos que reclama a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando quinto del presente fallo constitucional. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente expediente, se desprende que mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, causó estado el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio constitucional. Asimismo, que en proveído de la misma fecha dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio constitucional en que se actúa, se dejó sin efectos la audiencia incidental señalada para las once horas con dos minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo pronunciado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se dejó sin efectos todas las providencias dictadas en el cuaderno de suspensión, lo que genera la misma consecuencia jurídica a que hubiera sido negada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
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