Marycruz Euan Ayala

Expediente 1122/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1122/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Marycruz Euan Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, el veinticinco y treinta de abril año en curso, respectivamente, sin que a la fecha alguna de ellas desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se concedió a MARYCRUZ EUAN AYALA el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, dejara insubsistente el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictado en autos de la carpeta de investigación A3-A3/000580/2016, y de manera fundada y motivada, se pronunciara de inmediato en relación con las peticiones formuladas por la aquí quejosa. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio sin número, signado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, remitió copia certificada de la carpeta de investigación A3-A3/000580/2016, documentales que fueron agregadas por auto de veintiséis de febrero del año en curso y se reservó acordar hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia de amparo. Posteriormente, en auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la resolución de mérito, y se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable hizo del conocimiento que en fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete a las once horas, compareció la aquí quejosa MARYCRUZ EUAN AYALA a manifestar y poner del conocimiento de esa autoridad, que no tenía interés jurídico en continuar con la integración de la carpeta de investigación A3-A3/000580/2016, esto en virtud de que por lo que respecta al fallecimiento de su hija, ya había llegado a un acuerdo satisfactorio con el aquí tercero interesado MIGUEL ÁNGEL PAREJA CHALE; así como también manifestó la quejosa que no tenía inconveniente en que la aludida carpeta de investigación fuera archivada como asunto totalmente concluido. Y toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable relativas a la carpeta de investigación A3-A3/000580/2016, no se desprendía si se encontraba o no archivada. En consecuencia, NO fue posible resolver en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesora de amparo, razón por la cual se requirió al Fiscal Investigador del Ministerio Público Titular de la Agencia Vigésimo Séptima del Ministerio Público del Estado, con sede en Umán, Yucatán, para que informara y acreditara, en su caso si la carpeta de investigación se encontraba o no archivada. A fin de cumplir con lo anterior por oficio sin número, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación A3-A3/000580/2016, en el que determinó el archivo temporal de la citada carpeta de investigación, subsistiendo dicho archivo en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal, en razón de que las manifestaciones realizadas por la víctima indirecta en cuanto a su falta de interés jurídico para continuar la integración de dicha carpeta, no las consideró suficientes para concluir que se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento a que hace referencia el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el delito de homicidio cometido por culpa es perseguible de oficio. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable, se encuentra imposibilitada materialmente para acatar la ejecutoria de amparo, pues tal como se demuestra con las constancias que el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán remitió, ha cambiado la situación jurídica que imperaba al momento de dictarse la sentencia correspondiente, en virtud del archivo temporal decretado. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para acatar estrictamente el fallo protector, pues al haberse determinado el archivo temporal ante la falta de interés expresada por la ofendida al haber llegado a un acuerdo con el imputado, dicha autoridad ya no realizará alguna actuación en la carpeta administrativa de origen; por tanto, se declara que EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO SIN MATERIA. Norma el anterior criterio, la tesis 2ª. CXXIV/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 586, del Tomo X, octubre de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso." También es aplicable al caso, la tesis 1a. III/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 216, del Tomo XVII, febrero de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, y por cuanto no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado las copias certificadas de la carpeta de investigación A3-A3/000580/2016 que el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, en su momento remitió como apoyo a su informe justificado, mediante oficio que al efecto se le dirija, devuélvanse los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, el veinticinco y treinta de abril año en curso, respectivamente, sin que a la fecha alguna de ellas desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se concedió a **** el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, dejara insubsistente el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictado en autos de la carpeta de investigación ****, y de manera fundada y motivada, se pronunciara de inmediato en relación con las peticiones formuladas por la aquí quejosa. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio sin número, signado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, remitió copia certificada de la carpeta de investigación A3-****, documentales que fueron agregadas por auto de veintiséis de febrero del año en curso y se reservó acordar hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia de amparo. Posteriormente, en auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la resolución de mérito, y se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable hizo del conocimiento que en fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete a las once horas, compareció la aquí quejosa **** a manifestar y poner del conocimiento de esa autoridad, que no tenía interés jurídico en continuar con la integración de la carpeta de investigación ****, esto en virtud de que por lo que respecta al fallecimiento de su hija, ya había llegado a un acuerdo satisfactorio con el aquí tercero interesado ****; así como también manifestó la quejosa que no tenía inconveniente en que la aludida carpeta de investigación fuera archivada como asunto totalmente concluido. Y toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable relativas a la carpeta de investigación ****, no se desprendía si se encontraba o no archivada. En consecuencia, NO fue posible resolver en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesora de amparo, razón por la cual se requirió al Fiscal Investigador del Ministerio Público Titular de la Agencia Vigésimo Séptima del Ministerio Público del Estado, con sede en Umán, Yucatán, para que informara y acreditara, en su caso si la carpeta de investigación se encontraba o no archivada. A fin de cumplir con lo anterior por oficio sin número, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación ****, en el que determinó el archivo temporal de la citada carpeta de investigación, subsistiendo dicho archivo en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal, en razón de que las manifestaciones realizadas por la víctima indirecta en cuanto a su falta de interés jurídico para continuar la integración de dicha carpeta, no las consideró suficientes para concluir que se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento a que hace referencia el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el delito de homicidio cometido por culpa es perseguible de oficio. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable, se encuentra imposibilitada materialmente para acatar la ejecutoria de amparo, pues tal como se demuestra con las constancias que el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán remitió, ha cambiado la situación jurídica que imperaba al momento de dictarse la sentencia correspondiente, en virtud del archivo temporal decretado. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para acatar estrictamente el fallo protector, pues al haberse determinado el archivo temporal ante la falta de interés expresada por la ofendida al haber llegado a un acuerdo con el imputado, dicha autoridad ya no realizará alguna actuación en la carpeta administrativa de origen; por tanto, se declara que EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO SIN MATERIA. Norma el anterior criterio, la tesis 2ª. CXXIV/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 586, del Tomo X, octubre de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso." También es aplicable al caso, la tesis 1a. III/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 216, del Tomo XVII, febrero de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, y por cuanto no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado las copias certificadas de la carpeta de investigación **** que el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, en su momento remitió como apoyo a su informe justificado, mediante oficio que al efecto se le dirija, devuélvanse los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por la Fiscal Investigador de la Agencia Vigésimo Séptima del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Umán, Yucatán, así como el anexo que acompaña; que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por la Fiscal Investigador de la Agencia Vigésimo Séptima del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Umán, Yucatán, así como el anexo que acompaña; que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.

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