Matilde Amalin Puerto Maldonado

Expediente 247/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
247/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Matilde Amalin Puerto Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese el oficio firmado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al respecto exhibe la constancia relativa a la devolución del vehículo realizado a la quejosa. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a la parte quejosa, por el término de TRES DÍAS hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Seguridad Pública del Estado, residente en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, como dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 247/2023-IV-A, promovido por ********************, contra el acto que atribuye a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que estimó violatorio del artículo 8° de la Constitución Política Federal; y, R E S U L T A N D O: RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintidós de febrero de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número 247/2023-IV-A; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal correspondiente. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta capital: La omisión de dar contestación al escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que solicitó la devolución del automotor marca Chevrolet, modelo dos mil catorce, línea Spark PAQ B/LT M, con número de serie KL8CJ6AD9EC465177 y placas de circulación YZN-565-E del Estado de Yucatán, que le fue retenido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión que se atribuye a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad (promoción 3124), pues así lo señala expresamente al rendir su informe justificado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe precepto alguno que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En esencia, la parte peticionaria del amparo se queja que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que ha omitido dar contestación al escrito que presentó el diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Al respecto, es pertinente analizar el contenido del dispositivo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente señala: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la lectura del precepto constitucional de mérito se advierte que los requisitos que deben de reunir las peticiones que los particulares dirijan a las autoridades, deben de ser: Por escrito, En forma pacífica, y De manera respetuosa, lo que sólo implica que el particular se dirija a la autoridad con toda atención y miramiento. Además, el dispositivo constitucional establece obligaciones a cargo de las autoridades, al momento de dar contestación a las citadas peticiones, mismas que son: Contestar por escrito; y Dar a conocer dicha respuesta al interesado en breve tiempo. En efecto, del artículo 8° de la Constitución Federal y de los criterios jurisprudenciales que lo han interpretado, se desprende que en torno al derecho de petición deben actualizarse las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. En ese contexto, la autoridad responsable tiene la obligación de contestar congruentemente la solicitud de la hoy parte quejosa que le fue formulada mediante el ocurso de mérito; por lo que debe acreditar la constitucionalidad del acto combatido, ya que al ser de carácter negativo, en ellas recae la carga de la prueba. Al caso, tiene aplicación la tesis VI.1°.230, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, así como la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que en su orden son de la literalidad siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." (S.J.F., 8ª Época, tomo XV- febrero, página 189). "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." (S.J.F., 8ª Época, tomo XIII marzo, página 301). Sobre el particular, la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, a través del Director Jurídico, señala y reconoce que no ha dado contestación alguna al escrito que la parte quejosa presentó el diecisiete de enero del año en curso. Lo anterior, señala que deriva de la excesiva carga de trabajo que tiene la Secretaría. Circunstancia particular que no la exime de su obligación constitucional de emitir acuerdo en el que se le dé a la parte justiciable contestación de manera congruente a la petición formulada. De lo anterior expuesto y con base a lo precisado por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, quien admite no haber contestado la solicitud realizada por la parte quejosa, pese a que ha transcurrido tiempo suficiente y prudente, pues la fecha de presentación de la aludida petición (diecisiete de enero de dos mil veintitrés) a la que se resuelve este juicio de amparo (veintidós de marzo de dos mil veintitrés) han transcurrido más de dos meses sin que se le haya dado respuesta. Lo que evidencia la violación al derecho fundamental de petición que protege el numeral 8° Constitucional, que amerita otorgar la protección constitucional a la impetrante, a fin de que sea restituida, ya que uno de los medios por los cuales se garantiza que las relaciones entre la administración pública y los gobernados se conduzcan dentro del marco de legalidad lo constituye precisamente el derecho de petición, consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta manera, todo gobernado puede dirigirse a las autoridades con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito (completa y congruente) a la solicitud que formula. En realidad, el derecho de petición no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, ya que tal derecho de respuesta, o dicho de manera más precisa, derecho constitucional de recibir respuesta, otorga la facultad de exigir jurídicamente que la autoridad responda a la petición que se le hace; en términos generales, el derecho de petición se refiere al requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad, de modo congruente y completo, atienda y dé contestación por escrito a la solicitud del peticionario. Apoya lo anterior, la jurisprudencia establecida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable con el Registro IUS 160206, página 931, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Así las cosas, a fin de restituir a la parte impetrante en el goce de su derecho humano violado, se impone CONCEDER el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad: Emita dentro del término tres días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, respuesta al ocurso presentado por ********************, el diecisiete de enero de este año; destacando que dicha respuesta debe ser emitida de manera completa y congruente con lo solicitado en dicho libelo; y, Notifique personalmente a la parte quejosa la respuesta que resulte, cumpliendo con las formalidades de la ley aplicable. Fundamenta lo anterior el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son del contenido siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. Este Tribunal no encuentra justificación a la pretensión de las autoridades responsables de que se sobresea un juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición, no con el argumento de haber dado ya la respuesta constitucionalmente obligada para ellas, sino mediante defensas y argumentos que sólo hacen que transcurra aún mas tiempo antes de acatar el mandato constitucional. La defensa constitucional aceptable a la violación del artículo 8o., es la demostración de que se ha notificado al quejoso la respuesta a su petición. Lo contrario puede dar la impresión de que las autoridades responsables procuran entorpecer, por vía de litigio, la obtención por el particular de una resolución negativa que dichas autoridades desearían dar, pero que no pueden fundar correctamente en derecho, y que sería más rápidamente anulada por medio de las defensas conducentes si se contesta, que si se acude a la evasión de la respuesta como primera providencia. Y los tribunales se harían partícipes, en alguna forma, de esa posible conducta, si aceptaran que con sutilezas procesales las autoridades se abstengan de dar respuestas rápidas, formales y oportunas, a las peticiones que les son elevadas." (S.J.F., 1917-1995, Tomo VI, parte TCC, pág. 616). En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 130, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 89 del tomo III, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en la parte final del mismo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  4. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 247/2023-IV-A, promovido por ******; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, *****, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintidós de febrero de este año, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que hace consistir en: - La omisión de dar contestación al escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que solicitó la devolución del automotor marca Chevrolet, modelo dos mil catorce, línea Spark PAQ B/LT M, con número de serie KL8CJ6AD9EC465177 y placas de circulación YZN- 565-E del Estado de Yucatán, que le fue retenido. SEGUNDA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe previo (promoción 3125). TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada en relación con el referido acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, el cual tiene el carácter de omisivo con efectos positivos, y por ende es sobre estos últimos que procede hacer el análisis sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada. En este sentido, en primer lugar, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En este caso, se colma el primero de los requisitos del citado artículo 128 de la ley de la materia, ya que la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó expresamente la suspensión definitiva del acto reclamado. Además, en la especie el interés suspensional de la parte justiciable se encuentra acreditado con las documentales que adjuntó a su escrito de demanda las cuales se encuentran cotejadas y que obran en estos autos incidentales. Documentales consistentes en: 1. Copia certificada de la tarjeta de circulación expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa, el catorce de septiembre de dos mil veintidós, con vigencia hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, respecto del vehículo marca Chevrolet, modelo 2014, línea Spark PAQ B/LT M, con número de serie KL8CJ6AD9EC465177 y placas de circulación YZN-565-E del Estado de Yucatán. 2. Copia de la factura expedida por Chevrolet, Automotriz Montecristo, Sociedad Anónima de Capital Variable, del vehículo marca Chevrolet, modelo 2014, línea Spark LT, con número de serie KL8CJ6AD9EC465177, endosado a nombre de la quejosa, que contiene el folio y sello digital, así como la cadena del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 3. Copia del escrito presentado ante el Secretario de Seguridad pública del Estado, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés; y, 4. Copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), expedida a nombre de la quejosa Matilde Amalin Puerto Maldonado. Documentos a los que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 133, 136 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, con los cuales, como ya se adelantó, se estima que la parte quejosa acredita indiciariamente su interés suspensional sobre el vehículo retenido por parte de la autoridad responsable. Por aplicable, en lo referente a la probanza marcada con el número dos (2), la tesis XXI.1o.P.A.11 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2434; con registro digital: 2015428; del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla." En cuanto al segundo de los requisitos aludidos (artículo 128, fracción II, de la legislación aplicable), se tiene que la medida cautelar puede concederse, siempre y cuando no se contravengan el interés social y el orden público. En el caso, también se satisface dicho supuesto, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que el acto reclamado recae sólo sobre intereses particulares, además, no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia. Además, de no concederse la suspensión de referencia, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, los que se traducirían en seguirla privando de la posesión de su citado vehículo. En este orden de ideas, con fundamento en los artículos 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128, 129 y 150, de la Ley de Amparo, ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, así como encontrarse cubiertos los referidos requisitos de procedibilidad, SE CONCEDE la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que se proceda de inmediato a realizar la contestación al escrito presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, que versa sobre la devolución a la aquí quejosa del vehículo retenido. En el entendido que dicha medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal ni material alguno, si la desposesión del vehículo se sustentó en alguna infracción de tipo administrativo, de tránsito, de transporte público, decomiso, aseguramiento, procedimiento administrativo, o si con dicho vehículo se infringieron disposiciones de tránsito del Estado o Federales, o se le sorprendió prestando un servicio público que no tiene autorizado, hubiera sido utilizado en la comisión de un delito o si la orden de detención y desposesión proviene de una autoridad judicial diferente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad responsable previo el cumplimiento de los requisitos constitucionales, establezca las sanciones que legalmente procedan y, en su caso, formule las denuncias ante las autoridades competentes o integren los procedimientos que válidamente resulten conforme a sus atribuciones. Medida cautelar que surte sus efectos hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva en el juicio principal de donde emana este incidente. Sirve de apoyo por identidad de razón la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2024727 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.III.A. J/13 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO "SALVANDO VIDAS", AL NO SEGUIRSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones disímbolas al analizar la procedencia de la suspensión provisional en el amparo, contra la retención del vehículo que se generó con motivo de la aplicación de sanciones administrativas derivadas de la aplicación del programa "Salvando Vidas" a que se hicieron acreedores los quejosos en los procesos constitucionales de origen, por conducir el automotor bajo los influjos del alcohol. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que sí procede otorgar la suspensión provisional en contra de la retención del vehículo automotor con motivo de la aplicación del programa operativo "Salvando Vidas", para el efecto de que le sea devuelto, pues con base en el análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se obtiene que con esa medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que no se deja sin materia el juicio principal ni se constituyen derechos a favor del quejoso. Justificación: El estudio funcional de los artículos 20, 48, 72, 73 y 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y 170 a 174 de su Reglamento, que sustentan el objeto del programa denominado "Salvando Vidas", así como las medidas de seguridad que pueden implementar las autoridades a cargo de los operativos, a fin de salvaguardar distintos bienes jurídicos, permite descubrir que el "arresto administrativo" pretende salvaguardar la vida y la seguridad de los conductores en estado de ebriedad, así como de terceros, aunque sea de carácter momentáneo (durante el lapso que dura el estado de ebriedad); en cambio, la "retención del vehículo" tiende a prevenir accidentes por manejar en ese estado, riesgo que finaliza cuando el conductor recupera la sobriedad. En esa medida, aunque ambas medidas de seguridad se encuentran relacionadas, ya que esta última es consecuencia de la primera, lo cierto es que el inminente riesgo que comporta que una persona conduzca en estado de ebriedad desaparece por meras razones de temporalidad y, por tanto, la retención del vehículo ya ha dejado de cumplir con su finalidad, puesto que no existe razón material o legal que sustente que el automóvil deba mantenerse en el depósito vehicular. Consecuentemente, con base en un análisis ponderado entre la afectación al interés social, así como la contravención a disposiciones de orden público frente a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, es posible establecer con certeza que en el juicio de amparo indirecto sí procede otorgar la suspensión provisional para el efecto de que se libere el vehículo y se permita su circulación, porque con ello no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social; en cambio, con esa medida cautelar únicamente se busca paralizar momentáneamente las consecuencias jurídicas que surgen con motivo de la retención vehicular, como pudiera ser una afectación desmedida de índole económica como resultado del resguardo del bien mueble. Finalmente, es propio establecer que en ese caso, la suspensión en el amparo se encuentra condicionada a que se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, únicamente en relación con las multas que se hubieren generado con motivo de la infracción cometida por el conductor, así como del pago de los servicios de arrastre y de pensión en los depósitos vehiculares." Finalmente, no se está en el caso de fijar garantía al no existir hasta este momento algún tercero al que se pueda ocasionar daño o perjuicio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a *******, contra el acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.

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