Martina del Carmen Escalante Marin
Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 39 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Martina del Carmen Escalante Marin
- Martina del Carmen Escalante Marin y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de amparo aplicable a diversas autoridades señaladas como responsables, las cuales tienen su domicilio fuera de la residencia de este juzgado, para que cause estado el presente juicio de amparo, por cuanto que en este caso se sobreseyó el presente juicio de amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se le vulnera a las demás partes sus derechos con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a dichas autoridades el transcurso del término indicado. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, del cual se puede advertir que mediante proveído de esta propia fecha causo estado el acuerdo dictado por este Juzgado Federal el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el principal del juicio de amparo 401/2021; consecuentemente, se declara sin materia el presente incidente de suspensión y como consecuencia de ello, se deja sin efecto la audiencia incidental señalada para las nueve horas con cuatro minutos del día de hoy; y todas las providencias decretadas en el mismo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional de los actos reclamados y en esta propia fecha se dejó sin efecto la audiencia incidental señalada para las nueve horas con cuatro minutos del día de hoy. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, del cual este órgano de control constitucional considera importante traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se desechó el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del acuerdo de veinticuatro de febrero del citado año, en el cual se ordenó suspender el procedimiento en la expedientillo 115/2018 relacionado en la carpeta de investigación P4-A4/000475/2017, así como su ejecución. Precisado el acto reclamado, se advierte que en el presente caso se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo aplicable, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la citada fracción XVII, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica, en torno a la resolución que reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En efecto, la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se desechó el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del acuerdo de veinticuatro de febrero del citado año, en el cual se ordenó suspender el procedimiento en la expedientillo 115/2018 relacionado en la carpeta de investigación P4-A4/000475/2017, así como su ejecución. Sin embargo, de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable y las que remitió con posterioridad, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, determinó dejar sin efecto la suspensión del procedimiento en el expedientillo 115/2018 relacionado en la carpeta de investigación P4-A4/000475/2017, y ordenó la continuación de los actos de investigación, lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Pena Acusatorio, del Tribunal de Justicia del Estado de Yucatán. De lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualizó un cambio de situación jurídica, el cual por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De lo anterior se determina, que si en el presente juicio de amparo, se combatió la resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se desechó el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del acuerdo de veinticuatro de febrero del citado año, en el cual se ordenó suspender el procedimiento en la expedientillo 115/2018 relacionado en la carpeta de investigación P4-A4/000475/2017, así como su ejecución; y con posterioridad que mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, determinó dejar sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en el expedientillo 115/2018 relacionado en la carpeta de investigación P4-A4/000475/2017, es evidente que en el presente caso ocurrió un cambió la situación jurídica en los autos del juicio de origen. En esas condiciones, al aparecer un cambio de situación jurídica en el presente asunto, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente ya que se surte la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo aplicable, y se debe sobreseer el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Asimismo resulta aplicable por igualdad de razón la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Finalmente, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que hasta la presente fecha el Fiscal Investigador adscrito a la Agencia Vigésimo Tercera, con sede en Kanasín, Yucatán, autoridad señalada como responsable que tiene su residencia fuera de la de este juzgado, no ha rendido su respectivo informe previo, ni obra en autos la boleta de acuse de recibo relativo al oficio con el que se le solicitó; en consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cuatro minutos del dieciocho de abril de dos mil veintidós, lo anterior tomando en cuenta la residencia de la referida responsable. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 2ª./J. 137/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro siguiente: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
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