Martina Guadalupe Solís Novelo

Expediente 339/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
339/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Martina Guadalupe Solís Novelo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA VI. Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán y por la Actuaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, así como con la copia certificada que se adjuntó al primero de los mencionados, los cuales se ordena agregar a este expediente. Así pues, atento el estado procesal que guarda este expediente se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán y de la Actuaria de su adscripción la omisión de continuar con la secuela procesal del juicio laboral 79/2020 de su índice; toda vez que, hasta el día de la presentación de la demanda de amparo de mérito (veinticinco de febrero de dos mil veintiuno) la Junta Laboral responsable no había notificado a las personas morales demandadas (Instituto Mexicano del Seguro Social y la Sección VI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social), respecto de la fecha señalada para la audiencia de ley. Sin embargo, de la copia certificada del expediente laboral 79/2020 que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, remitió en apoyo a su informe justificado a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que continuando con la secuela procedimental en el juicio laboral de origen, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo del cual, entre otras cosas fijó las once horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil veintiuno, para que tenga lugar la audiencia de ley en el juicio laboral 79/2020 de su índice y ordeno al actuario de su adscripción la notificación de dicho auto a las partes; mismo proveído que le fuera notificado de manera personal a la ahora parte quejosa por conducto de su apoderado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno; y a las personas morales demandadas (Instituto Mexicano del Seguro Social y la Sección VI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social) el veintisiete y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, respectivamente; esto con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ocho horas con treinta minutos del día de hoy. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya sido notificada ni emplazada a juicio a la parte tercero interesada Instituto Mexicano del Seguro Social y la Sección VI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente juicio de amparo, es evidente que no se les vulnera derecho alguno.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que hasta la presente fecha el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quienes tienen su residencia fuera de la de este juzgado, no han rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo relativo a los oficios con los que se les solicitó; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy fijándose como nueva fecha y hora para su celebración las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Por otra parte, a efecto de evitar mayores dilaciones en este asunto, mediante oficio que al efecto se gire, con transcripción de este proveído, del auto admisorio y copia de la demanda de amparo, solicítese nuevamente a las referidas autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de quince días siguientes al de la notificación de este proveído rindan su correspondiente informe justificado y remitan la totalidad de las constancias que estimen pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo, a fin de que este Juzgado se encuentre en condiciones de acordar lo que legalmente corresponda. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado o en caso de no remitir las constancias relativas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. En atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que podrán hacer llegar a este Juzgado el informe justificado requerido o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolos al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en virtud de que el contenido del mismo fue acordado en proveído de veinticinco de febrero del año en curso. Notifíquese.

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