Martín José Herrera Valdez

Expediente 1459/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1459/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Martín José Herrera Valdez
  • Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1459/2019-VII-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Se abre el período de pruebas, en el que la secretaría da cuenta con la copia certificada de la resolución firmada el treinta y uno de enero de dos mil trece, dictada en el juicio de amparo 1111/2012-III, del índice de este juzgado federal, remitida por el Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, en su informe justificado; con lo anterior se concluye la referida fase (cuaderno auxiliar I). El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza la prueba de mérito. Con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 760/2019 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo o se sobresea en el presente juicio de amparo (fojas 33 a 36). En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1459/2019-VII-II, promovido por Martín José Herrera Valdez contra actos que reclama al Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el quince de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Martín José Herrera Valdez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid y otras autoridades, los cuales los hizo consistir en: "Señalo como acto reclamado de la autoridad responsable ordenadora, la indebida e ilegal orden de aprehensión y/o reaprehensión girada en mi contra sin haber cometido delito alguno que merezca pena corporal, que indebida e ilegalmente pretenden ejecutar las autoridades responsables ejecutoras, por medio de los agentes de la policía a su cargo, ya que sin causa justificada pretenden privarme de mi libertad a que, como ha sido señalado, no he cometido delito alguno que merezca ser sancionado con pena corporal." Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión de dos de junio de dos mil once dentro de los autos de la causa penal 344/2010 del índice del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid. Tercero. El Vice Fiscal de Investigación y control de procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad (foja 16), al rendir su informe previo, negó expresamente el acto que se le atribuye, sin prueba en contrario de la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid (foja 20), al rendir su informe justificado, aceptó la certeza de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión emitidas en contra del aquí quejoso, toda vez que el dos de junio de dos mil once, se emitió la referida orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado dentro de los autos de la causa penal 344/2010, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado (cuaderno auxiliar I), las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que los mismos deban considerarse como existentes, al tenor de lo señalado en la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en la página 231, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Igual consideración debe hacerse respecto del Director de la Policía Estatal de Investigación en su correcta denominación (foja 13), el cual, en su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman, sin embargo, dado el carácter de ejecutora con el que fue señalada y la certeza del acto reclamado al Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, autoridad ordenadora, los actos que se le atribuyen se consideran de inminente ejecución y por ende deben tenerse por ciertos. Quinto. Sobreseimiento por actualizarse una causal de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, en relación con la fracción X de la Ley de Amparo aplicable. El artículo 61 de la citada ley de la materia, en sus fracciones X y XI, establece que el juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; .XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Del contenido de las fracciones X y XI del citado precepto legal, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las hipótesis siguientes: a). Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo; b). Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Establecido lo anterior, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo, pues la cosa juzgada es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar examen alguno relacionado con las cuestiones que ya fueron debatidas, pues ello atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En el asunto se estima que se actualizan dichas causales de improcedencia pues del informe justificado rendido por el Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, se evidencia que con antelación a este juicio de amparo, la parte quejosa solicitó ante este juzgado federal, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la orden de aprehensión de dos de junio de dos mil once, dictada en su contra en autos de la referida causa penal 344/2010 del índice del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que remitidas por la autoridad responsable que integran el juicio de amparo 1111/2012-III del índice de este juzgado federal (cuaderno auxiliar I), en las que se advierte la sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil trece, en los autos del referido juicio de amparo del índice de este juzgado federal, la cual causó ejecutoria el quince de marzo de dos mil trece, esto en relación con la orden de aprehensión emitida el dos de junio de dos mil once, dentro de la causa penal 344/2010 del índice del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid (235 a 267, 299 a 310 y 312 del cuaderno auxiliar I). Las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, como los actos reclamados por Martín José Herrera Valdez, ya fueron sometidos a la consideración de un órgano de control constitucional (Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad) en el diverso juicio en el que se resolvió no amparar a la parte quejosa respecto de la orden de aprehensión dictada en la causa 344/2010 del índice del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, por tanto, el presente juicio de amparo que promueve contra los mismos actos reclamados pronunciados por las mismas autoridades responsables, resulta improcedente dado que se pretende someter al análisis constitucional una cuestión resuelta con antelación y por ende este juzgador federal no se encuentra en posibilidad legal de hacer un nuevo pronunciamiento sobre temas que ya fueron resueltos por la Justicia Federal y que han quedado firmes. Esto es así, como ya se adelantó, en virtud que los actos reclamados en estos autos, constituyen los mismos actos de autoridad, que ya fueron analizados en el citado juicio de amparo 1111/2012-III del índice de este juzgado federal y respecto de los cuales ya existe un pronunciamiento. Por tanto, existiendo identidad en este juicio de amparo con el diverso 1111/2012-III del índice de este Juzgado primero de Distrito, con residencia en esta ciudad, en cuanto a que fueron promovidos por el mismo quejoso y que los actos reclamados fueron dictados por las mismas autoridades responsables, la orden de aprehensión reclamada no pueden ser considerada nuevo acto de autoridad desde el punto de vista material, que hagan procedente el amparo, pues ya fue materia de estudio por sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo antes citado, de tal manera que dicho extremo no puede nuevamente ser materia de estudio, por constituir cosa juzgada; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO SU LEGALIDAD YA FUE ANALIZADA EN DIVERSA EJECUTORIA, AUNQUE FORMALMENTE NO SE TRATE DEL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El hecho de que el auto de formal prisión reclamado en un juicio de garantías, constituya un nuevo acto de autoridad desde el punto de vista formal, y por ello diverso al dictado con fecha anterior, por la misma autoridad responsable, por el mismo delito y en contra del mismo quejoso, no es obstáculo para que se actualice la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que, la finalidad de dicho precepto legal es proteger la institución jurídica de la cosa juzgada, y por ello basta que exista identidad del quejoso (sujeto activo), de la autoridad responsable (sujeto pasivo) y de la causa de pedir en ambos juicios de amparo. Ahora bien, si el quejoso en su demanda de garantías reclama el nuevo auto de formal prisión por considerar, en esencia, que no se encuentran demostrados los elementos del cuerpo del delito ni su probable responsabilidad, y ello fue materia de estudio en diversa ejecutoria, en la que el Tribunal Colegiado, al conocer en revisión, revocó la sentencia constitucional, y en parte negó la protección federal solicitada respecto del aludido auto de formal prisión, al estimar que las pruebas aportadas al proceso penal eran suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, y en otra, concedió el amparo por falta de fundamentación y motivación de la orden de identificación administrativa también reclamada, debe concluirse que el pronunciamiento del nuevo auto constitutivo del acto ahora reclamado fue emitido en cumplimiento de la mencionada ejecutoria de amparo, al dejar intocado lo relativo a la formal prisión inicialmente pronunciada, dada la negativa de la protección constitucional decretada, omitiendo ordenar la identificación administrativa del inculpado, reparando con ello las garantías individuales violadas al quejoso; y por ello, de ninguna manera puede considerarse como un acto nuevo desde el punto de vista material, que haga procedente el juicio de amparo promovido en su contra, dado que en observancia de los principios procesales de congruencia, exhaustividad y continencia de la causa, el Juez responsable al dictar dicho auto de plazo constitucional reiteró las consideraciones que se expresaron en la mencionada ejecutoria, relativas a la demostración de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, dado que, desde el punto de vista jurídico, en un proceso penal no pueden coexistir dos autos de formal prisión, respecto de los mismos hechos imputados a la misma persona, ya que el análisis de aquellos aspectos debe realizarse en un solo acto jurisdiccional y de manera integral." Asimismo sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 225, Tomo XII, julio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". También sirve de orientación la Jurisprudencia I.6o.T.J/86, visible en la página 1532, Tomo XXVI, de Diciembre de 2007, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual en su rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA". Asimismo, sirve de sustento a la presente resolución en lo que interesa, la jurisprudencia 131, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 107, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, Año 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que refiere: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Y la tesis aislada XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." En las narradas consideraciones, y toda vez que en el caso concreto se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI con relación a la fracción X de la Ley de Amparo, respecto de las orden de aprehensión dictada por el Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, en contra del aquí quejoso Martín José Herrera Valdez, en la causa penal 344/2010, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, según lo dispone la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página 335 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman al Director de la Policía Estatal de Investigación (en su correcta denominación), por no haberse reclamado por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión reclamada. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 647 del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, parte TCC, página 434, Séptima Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, según lo dispone la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página 335 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sin que pase inadvertido que no se haya ordenado el emplazamiento de los terceros interesados en el presente juicio de amparo, sin embargo, por el sentido en que se resuelve no se les vulnera derecho alguno. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Martín José Herrera Valdez, en contra de los actos que reclama a las autoridades que han quedado relacionadas en los considerandos tercero y cuarto y por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el alegato ministerial 760/2019 signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, el cual se ordena agregar a este expediente, con el que solicita se niegue el amparo o se sobresea en el presente juicio; así como que se le expida copia de la sentencia que se dicte. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos vertidos en el pedimento de mérito, para ser tomados en cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrian Fernando Novelo Pérez, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, con quien actúa y da fe, se procedió a celebrar la audiencia incidental en los presentes autos, sin contar con la asistencia de las partes. La secretaría da lectura al escrito de demanda, a las constancias de autos y da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables los cuales obran agregados a los presentes autos. En atención a lo anterior, el secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar y celébrese la presente audiencia incidental. Se abre el período de pruebas, en el que la secretaría da cuenta con la copia certificada de la resolución interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil doce, dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1111/2012-III, del índice de este juzgado federal, remitidas por el Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid; con lo anterior se concluye la referida fase (foja 41). Seguidamente, se apertura la etapa de alegatos, en la cual la secretaría no da cuenta con promoción alguna, con lo que se cierra. Finalmente, al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1459/2019-VII-II, promovido por Martín José Herrera Valdez contra actos que reclama al Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. En la correspondiente demanda de amparo Martín José Herrera Valdez, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama al Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid y otras autoridades, consistentes en: "Señalo como acto reclamado de la autoridad responsable ordenadora, la indebida e ilegal orden de aprehensión y/o reaprehensión girada en mi contra sin haber cometido delito alguno que merezca pena corporal, que indebida e ilegalmente pretenden ejecutar las autoridades responsables ejecutoras, por medio de los agentes de la policía a su cargo, ya que sin causa justificada pretenden privarme de mi libertad a que, como ha sido señalado, no he cometido delito alguno que merezca ser sancionado con pena corporal." Segundo. Por resolución interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió lo conducente respecto de la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables, todas con sede en esta ciudad, precisadas en dicha resolución (foja 20 y 21). C o n s i d e r a n d o: Primero. El Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid (foja 30 y 31), al rendir su informe previo manifestó que es cierto el acto reclamado, toda vez, que cuenta con la orden de aprehensión emitida en contra del aquí quejoso, el quince de octubre de dos mil diez, en la causa penal 344/2010, como probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, por lo tanto, se tiene por cierto el mismo. Segundo. En relación con las medidas cautelares instadas respecto de la orden de aprehensión, dictada en la causa penal 344/2010, se advierte que con antelación a este juicio, el quejoso promovió el juicio de amparo 1111/2012-III del índice de este juzgado, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, por lo que dichos actos ya fueron materia de suspensión en el juicio de amparo de mérito, como se aprecia de las copias certificadas que obran agregadas al presente incidente, derivadas del juicio de amparo 1111/2012-III, que fueron remitidas por el Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, pruebas que se reciben en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 145 de la Ley de Amparo, a fin de impedir que se dicten dos resoluciones sobre suspensión respecto de los mismos actos reclamados atribuidos a las mismas autoridades responsables, lo procedentes es declarar que el presente incidente de suspensión ha quedado sin materia, por lo que refiere a los actos restrictivos de libertad reclamados al Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid. Tiene aplicación al caso, por similitud de método, la tesis XXI.1o.31 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en las páginas 622 y 623, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, REQUISITOS PARA DECLARAR SIN MATERIA EL INCIDENTE DE. De la recta interpretación del artículo 134 de la Ley de Amparo, se desprende que para declarar sin materia un incidente de suspensión, el Juez del conocimiento habrá de verificar que se reúnan las siguientes consideraciones: a). Que exista otro juicio de amparo; b). Que dicho juicio haya sido promovido por el mismo quejoso, o por otra persona en su nombre o representación; c). Que se intente en contra del mismo acto o actos reclamados; e). Que en dicho juicio ya se haya resuelto acerca de la suspensión definitiva; y, f). Que todo ello quede debidamente probado en autos. En este orden, debe señalarse que el objeto de tales requisitos, es impedir que se dicten dos resoluciones sobre suspensión, respecto del mismo acto reclamado, pues una de ellas resulta inútil, y además, pueden ser contradictorias aquéllas." Así como la tesis 1ª./J23/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 776, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, AUN CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA EN EL PRINCIPAL. El artículo 134 de la Ley de Amparo en vigor prevé que debe declararse sin materia el incidente de suspensión cuando en la audiencia incidental se demuestre que se resolvió sobre la definitiva en un diverso juicio de amparo promovido por el propio quejoso, o su representante, contra las mismas autoridades y por los mismos actos; lo cual tiende a desalentar una conducta dolosa, en tanto se presume que la interposición del segundo juicio de garantías sólo tiene como fin obtener la suspensión del acto para retardar injustificadamente su ejecución. Por tanto, la circunstancia de que en el primer juicio de amparo se haya dictado sentencia ejecutoria en el principal, no es óbice para proceder en los términos indicados, pues si bien es cierto que ello conlleva la insubsistencia de lo decidido sobre la medida cautelar, también lo es que el pronunciamiento relativo a la constitucionalidad o la inatacabilidad del acto, en tanto adquiere la calidad de cosa juzgada, genera la improcedencia del segundo juicio de garantías y, por ende, la presunción válida de que éste se promovió con el único propósito de obtener la suspensión del acto para retrasar injustificadamente su ejecución o evitar sus efectos." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión promovido por el quejoso Martín José Herrera Valdez, en contra de los actos que reclama a la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando primero y por los motivos expuestos en el considerando segundo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el informe previo rendido por el Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, el cual se agrega únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de trece de noviembre del año en curso, fue acordado el mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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